La bancarización forzosa que impulsa el gobierno colisiona con los intereses populares

El Banco Central y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) están trabajando en una iniciativa destinada a obligar a los minoristas que no la posean a que incorporen una terminal para procesar pagos por medios electrónicos. La iniciativa surgió después del faltante de billetes verificado en las últimas semanas y la AFIP, consecuente con su conocida voracidad para aumentar la presión impositiva, adhiere a la idea porque de ese modo espera disponer de mayores elementos para ejercer control sobre los movimientos económicos de empresas, comercios y ciudadanos. El propósito de este proyecto es inducir una mayor bancarización de la economía.

Como de costumbre, coherente con su habitual torpeza, el gobierno ataca los efectos y no las causas de los problemas. Es indudablemente cierto que el índice de bancarización de la economía argentino es bajo. Pero existen múltiples razones para que así ocurra y el hecho de sancionar una disposición para que los comercios tengan la obligación de incorporar terminales electrónicas para procesar pagos con tarjetas no contribuye en nada a resolver el problema. La gente no paga con tarjeta, sencillamente, porque no le conviene. Para pagar con tarjeta hay que tener cuenta en un banco, donde los costos de mantenimiento de las cuentas son muy elevados y además implica blanquear ingresos que luego pueden ser auditados y gravados por la AFIP. Como la presión impositiva es altísima, la gente prefiere manejar en todo cuanto sea posible su dinero por el circuito informal –es decir, en “negro”- de modo de estar fuera del alcance de los recaudadores impositivos, en particular considerando el uso que el gobierno hace de esos fondos de los que se apropia coercitiva y arbitrariamente.

La bancarización es una forma mucho más moderna de organizar la actividad comercial que el pago en efectivo. Pero la aplicación de esa metodología supone un replanteo global de la dinámica de la economía. Lo primero que el gobierno debería hacer para que se logre una mayor bancarización es bajar la presión impositiva. De ese modo, reduciría proporcionalmente los incentivos a la evasión y, por lo tanto, la gente, las empresas, los comercios tenderían a blanquear una mayor proporción de sus movimientos económicos. Si hubiera mayor seguridad jurídica y más eficacia en la operatoria judicial, el negocio bancario se iría modificando gradualmente y, en lugar de cobrar tasas que son usurarias por mantenimiento de cuentas y otros cánones parecidos, los bancos se dedicarían a lo que es específicamente suyo, que es la intermediación financiera. Con un mercado de créditos de mayor volumen, los bancos deberían competir entre sí para captar fondos de los depositantes y eso los induciría a reducir los costos operativos de sus cuentas. Con menores costos por la operatoria bancaria, el nivel de bancarización -que es el efecto que el gobierno busca producir- aumentaría espontáneamente.

El gobierno kirchnerista, ratificando su reconocida ignorancia en lo referido al modo en que opera la economía, intenta nuevamente imponer por decreto y “desde arriba” aquello que, en un orden económico liberal, sucedería con naturalidad. La diferencia entre imponer un orden en forma autoritaria y organizar la economía de manera que eso mismo suceda de forma voluntaria, es que en el orden espontáneo la gente hará lo que evalúe que le conviene, en tanto que en un régimen impuesto coercitivamente hay que apelar a la violencia legalizada para exigir el cumplimiento de las normas, ya que la gente tenderá a oponerse a realizar aquello que no la beneficia. Como siempre sucede, este tipo de proyectos pensados en los escritorios de los burócratas terminan fracasando y el resultado es el empeoramiento generalizado de la situación económica y el deterioro de la calidad de vida del pueblo. El kirchnerismo tiene la mayor de las eficacias en lograr tales objetivos.