La jueza Cristina Nazar legitimó la toma del Parque Indoamericano

La decisión de la jueza Cristina Nazar, que determinó el archivo de la causa por la toma del Parque Indoamericano en diciembre pasado, pone en evidencia la calidad si no de todo, al menos de una parte significativa del sistema de administración de justicia. En la práctica, el fallo de Nazar implica la convalidación de cualquier avasallamiento de derechos ajenos realizada con el pretexto de que se está expresando una demanda social. Es una forma pseudo-jurídica de aplicar la desafortunada frase de Eva Perón, según la cual “donde hay una necesidad, hay un derecho”.

Esto, por supuesto, no es cierto. Desde un punto de vista liberal deberíamos decir que, donde hay una necesidad, hay una oportunidad empresarial, no un derecho. Pero más allá de este tipo de debates ideológicos, lo que está claro es que, según este fallo, si un grupo de personas, auto-justificadas en una supuesta necesidad social no cubierta, se atribuyen unilateralmente la facultad de avasallar derechos ajenos, esa conducta no es delictiva. Eso es lo que tácitamente se desprende del fallo de Nazar.

El fallo expresa, al referirse a la toma del Parque Indoamericano, que "la cuestión traída a examen excede el marco del derecho penal y se enrola en una cuestión social que debe estudiarse y resolverse"... Conviene que analicemos esta argumentación...

¿Se explica la ocupación del parque Indoamericano como consecuencia de “una cuestión social”, como lo señala el texto? Bueno, admitamos que “la cuestión social” es un factor que estuvo presente entre las motivaciones de la toma del Parque Indoamericano, aunque no podemos desconocer que la política de asistencialismo a cambio de adhesiones que el gobierno aplica ha constituido un fuerte incentivo para que se desbordaran los límites del derecho y se termine empleando a “la cuestión social” como pretexto para justificar la invasión de un terreno ajeno.

Pero aún admitiendo que “la cuestión social” haya sido uno de los factores que estuvo presente en el problema, aún aceptando que esa haya sido la principal razón de la ocupación del parque ¿es esto un motivo suficientemente válido para justificar jurídicamente esa usurpación? ¿Puede la sociedad admitir que una conducta de esa índole quede impune porque en ella va envuelta una “cuestión social”?

Aunque, como dice la jueza, el problema “excede el marco del derecho penal” ¿corresponde, es legítimo que el derecho penal se desentienda del problema y lo traslade a otros campos, como si en el episodio no hubiese habido derechos afectados? Es difícil entender las motivaciones personales que llevaron a Nazar a justificar jurídicamente la usurpación de un predio. Es posible que simpatice ideológicamente con los usurpadores, quizá piense que de ese modo se congraciará con los sectores izquierdistas que apoyaron la ocupación del predio, tal vez imagine que de ese modo podría avanzar más rápido en su carrera en la magistratura...

Lo que está claro es que Nazar ha emitido un fallo que la descalifica rotundamente como jueza. Su legitimidad para continuar estando al frente de un juzgado amerita un enfático cuestionamiento. Una jueza no puede negar la criminalidad de la ocupación de un predio y seguir siendo jueza. Puede, a lo sumo, reconocer la criminalidad y no aplicar sentencia si entiende que existen atenuantes que ameritan la exculpación del reo. Pero la argumentación de que la toma de ese predio no constituye delito es una negación del derecho. En base a ese argumento, cualquier persona que invoque una “necesidad social” se encontrará legitimada para vulnerar cualquier derecho ajeno y la convivencia se convertirá –como de hecho lo es en muchos sentidos- en la ley de la selva.

Evidentemente, estamos ante serios problemas. Si los jueces fallan a favor de quienes violan la ley, se hace difícil imaginar medios para defender a los ciudadanos decentes. Confiemos en que la disparatada sentencia de Nazar sea apelada –el fiscal Luis Cevasco ya anticipó que lo hará- y que los culpables por la toma del parque sean sentenciados. Y que los organismos de contralor de la justicia evalúen la conducta de Nazar. Quien dicta semejante sentencia no puede seguir siendo jueza. La justicia es para condenar a los culpables, no para apañarlos. Pero Nazar no lo entiende así. Por eso no puede ser jueza...

La recuperación del orden republicano es el desafío político del momento

Si hubiese que definir en pocas palabras un programa político sensato y viable para la Argentina de hoy, podría decirse que necesitamos recuperar la República... Se trata de una expresión muy conocida porque se ha empleado en muchas ocasiones (hasta se filmaron dos lamentables películas llamadas La República Perdida I y II) y con múltiples sentidos. En este caso, probablemente, deberíamos darle una significación ortodoxa...

La recuperación de la república implica entender que una nación es un conglomerado de ciudadanos que eligen darse a sí mismos un sistema institucional para regular la convivencia en un marco de libertad. Lo que se debe reflotar es ese sentido republicano que figuraba en el espíritu del restablecimiento de la democracia en 1983 y que luego fue desvirtuado por los hechos. En la realidad, la república está completamente desnaturalizada porque todos los derechos ciudadanos, que son la fuente de la cual emana el poder del estado, resultan completamente avasallados por el mal ejercicio de ese poder por parte de los funcionarios encargados de aplicar sus mecanismos.

La solución no es eliminar el estado porque no existe una república viable sin un ordenamiento estatal apropiado. Pero sí es necesario, claramente, restablecer los límites nítidos entre las austeras atribuciones del estado y las amplias libertades y facultades de los ciudadanos. La clave del concepto de la recuperación de la república es devolver a los ciudadanos, en su condición de tales, todas las atribuciones que el estado, creado por esos mismos ciudadanos, les ha usurpado.

Un ordenamiento republicano es aquel en el cual todo el andamiaje social está estructurado en función del respeto por la figura del ciudadano, que es, en definitiva, el depositario último de la soberanía política. Resulta claro que, a los efectos de darle a la convivencia una armonía apropiada para contribuir al progreso general y para definir un marco que permita dirimir institucionalmente las diferencias, los propios ciudadanos aceptamos ceder, de manera deliberada, parte de nuestra soberanía a esa organización voluntariamente creada, que es el estado. Pero esta cesión de una parte muy limitada de nuestra soberanía no implica, de modo alguno, que el estado tenga facultades para excederse en sus prerrogativas ni a avasallar los derechos de aquellos de quienes emana su propia existencia y sus atribuciones.

Podría decirse, entonces, que la clave de la situación política de la Argentina actual pasa por el hecho de que está en crisis, facturada, la relación entre los ciudadanos, depositarios de la soberanía en el marco del sistema republicano, y el estado, que es una institución que opera por delegación de esos mismos ciudadanos que, a los efectos de dotarlo de capacidad ejecutiva, le ceden una porción limitada de la soberanía que legítimamente les pertenece.

El planteo de que es necesario recuperar la república implica que esa relación deteriorada entre los ciudadanos soberanos y el estado detentador de un poder delegado, debe ser subsanada...

Una vez más debemos apelar a los nunca envejecidos principios fundacionales de nuestra República cuando, al influjo de las ideas de Alberdi, los límites entre los derechos inalienables de los ciudadanos y las atribuciones limitadas del estado, existía un límite preciso, definido y previsible. De eso se trata, con adaptaciones temporales pero respetando los mismos valores filosófico-políticos, el desafío de hoy. Quizá el problema sea más complejo porque los intereses en juego son mayores que hace 150 años. Pero los medios para enfrentar los problemas son también más eficaces. En todo caso, ese es el camino que debemos seguir, por difícil que nos resulte. No sólo está en juego nuestro bienestar material sino, lo que es más importante aún, nuestra dignidad y nuestra condición de seres humanos libres y soberanos. Esa es una condición a la que no estamos moralmente legitimados para renunciar.

El control sobre los gastos con tarjetas de crédito es un abuso sobre los derechos de los ciudadanos

La disposición de la Unidad de Información Financiera (UIF) según la cual los bancos emisores de tarjetas de crédito deben informar acerca de los movimientos de sus clientes, admite un análisis que excede las meras consideraciones economicistas y llega hasta el terreno de la filosofía social. El punto en cuestión es que no hay una razón legítima para que el estado esté sistemáticamente diseñando operativos de investigación sobre las actividades privadas de los ciudadanos y de las empresas –en este caso, los bancos- y de las relaciones comerciales entre unos y otras.

El pretexto para fundamentar estas investigaciones tiene que ver con la cuestión del lavado de dinero. Lo que la UIF pretende determinar es cuál es el origen de los fondos de los ciudadanos que operan con tarjetas de crédito. Y la cuestión que cabe objetar es, sencillamente ¿qué les importa, qué derecho tienen a inmisuirse en la vida privada de ciudadanos de quienes no hay sospechas a priori de que hayan incurrido en ninguna actividad delictiva? Estas preguntas no tienen respuesta satisfactoria y sólo se explican desde una concepción “policialista” y verticalista del ordenamiento social. Parecería que se cree que no hay límites a las facultades del estado a vulnerar los derechos de los ciudadanos.

Este es, más allá de la disposición en sí, el elemento que debería ser el eje del debate. Es necesario entender que el estado no tiene poderes omnímodos, como los que, de hecho, los funcionarios se atribuyen, en este caso, exigiendo a ciudadanos y bancos que informen acerca de las transacciones comerciales que pactan libre y privadamente entre sí.

El Jefe de la UIF, José Sbatella, tuvo el atrevimiento de afirmar, muy orondo que “sin controles, alguien puede utilizar cheques de viajero para hacerse de efectivo en cualquier lugar del mundo, sin que se conozca la procedencia de ese dinero”. Pues bien, efectivamente es así. ¿Por qué cualquier ciudadadno debe estar dándole explicaciones a usted, señor Sbatella, acerca de lo que hace con su dinero? ¿Quién es usted, qué títulos detenta, qué derechos se le han asignado para que haya que responder a sus indagaciones, señor Sbatella?

El principio esencial del derecho liberal es que todo individuo es inocente en tanto se demuestre lo contrario. Puede ser legítimo que, en el caso de que se observen conductas sospechosas, se solicite cierto tipo de explicación acerca de algún comportamiento inusual o misterioso. Pero para que esto sea aceptable, primero debe producirse el hecho que lo amerite. La resolución de la UIF es vulneratoria de los más elementales derechos a la privacidad propios de un ordenamiento republicano donde, por definición, la soberanía política está depositada en los ciudadanos y no en los abusos de los funcionarios. El hecho de consumir y pagar con tarjeta de crédito no es una conducta sospechosa en sí misma, como lo sostiente la resolución de la UIF y lo reafirman las declaraciones de Sbatella.

“Si una persona tiene un gasto desmedido con la tarjeta, supongamos que pasa de financiar gastos por 4000 pesos a 12.000 en un solo mes, es el banco el que debe informar sobre esto a la UIF", ha sostenido descaradamente el jefe de la UIF.

Este tipo de hechos demuestran notoriamente cómo el sistema político se ha desnaturalizado de una manera escandalosa y cómo los derechos y la dignidad de los ciudadanos han quedado vulnerados por los representantes de un sistema político-institucional que ha desbordado todos los límites y se han tomado licencias que ni la ley ni el espíritu del ordenamiento vigente les confieren, y lo han hecho abusando y excediendo las facultades y derechos de los ciudadanos de quienes emana la autoridad que los funcionarios detentan. Se hace necesario un replanteo de los límites al poder que los agentes del gobierno ejercen, no ya por meras razones de conveniencia o rentabilidad económica sino, lo que quizá es aún más importante aunque quizá menos apreciable, porque está comprometida la dignidad personal de todos los ciudadanos de la república.