Mendiguren es un símbolo del empresariado prebendario

Las palabras empleadas por el presidente de la Unión Industrial Argentina, José Ignacio de Mendiguren, para expresar su alineamiento político con el gobierno nacional, sonaron oprobiosas, aún si quisiéramos mirarlas desde el prisma de la “corrección política”. Puede entenderse, dentro de ciertos límites, que un dirigente empresarial a veces eluda la confrontación innecesaria con el gobierno de turno. Es aceptable la visión de que, para los empresarios, suele ser más beneficioso llevarse bien que mal con cualquier gobierno. Pero las palabras de Mendiguen exceden el límite de lo políticamente correcto y entran en el terreno de la obsecuencia obscena. Que la dirigencia empresarial procure evitar confrontaciones y mantener relaciones fluidas con el gobierno, aún con el kirchnerismo, es aceptable. Pero que compita con La Cámpora por el premio al alineamiento automático con el oficialismo resulta vergonzoso.

Aún así, y sin ánimo de justificarlo, es necesario entender el exabrupto de Mendiguren. El kirchnerismo ha generado un clima de zozobra entre los empresarios porque los tiene bajo la constante amenaza de provocar cambios imprevistos en las reglas jurídicas. Ese hecho ha puesto al empresariado a la defensiva y a tratar, por todos los medios, de evitar conflictos con el gobierno para no generar roces que deriven en “represalias” por parte del kirchnerismo contra los rebeldes. Pero el hecho de que esa circunstancia obligue a actuar con prudencia (lo cual sí es comprensible) no habilita que un dirigente empresarial directamente “bese la mano” y se convierta en un vocero del gobierno.

"Damos por sentado que todas estas políticas tienen que estar por un período mucho más amplio. Estamos hablando de un proyecto a largo plazo, y esta oportunidad que la Argentina tiene, ni el gobernador ni nosotros queremos desaprovecharla", fueron las palabras pronunciadas por Mendiguren en declaraciones periodísticas al término de un almuerzo con el gobernador bonaerense, candidato a la reelección, Daniel Scioli. Dijo también que “estuve con la Presidenta en México y en Italia. Hemos tenido misiones comerciales muy importantes que indudablemente no son para cuatro meses. Una misión como la que tuvimos en Italia está hablando de un panorama que también trasciende a la próxima presidencia. Estamos hablando de un proyecto de la Argentina de largo plazo”.

Mendiguren es, en gran medida, un representante emblemático del empresariado prebendario, siempre especulando con el apoyo del estado para realizar negocios a expensas del conjunto de la población. Mendiguren ha adquirido el carácter de símbolo de ese perfil empresarial que está constantemente tratando de eludir la operatoria en el marco del sistema de libre mercado y que prefiere obtener ventajas y privilegios al amparo de sospechosos acuerdos privados con los funcionarios de todos los gobiernos.

Lamentablemente, en parte por vocación propia de parte de la propia dirigencia empresarial y en parte también porque las políticas de los sucesivos gobiernos y particularmente del actual no han dado margen para otra cosa, el “modus operandi” de Mendiguren está fuertemente arraigado entre los empresarios argentinos y no por nada un personaje con semejante perfil logró encumbrarse, después de un grave conflicto político interno hasta la presidencia de la Unión Industrial Argentina.

Podría decirse, parafraseando una expresión conocida, que “los pueblos tienen los empresarios que se merecen” y, de alguna manera, Mendiguren es la cara visible de ese estilo de gestión de negocios. Un sistema que, desde el estado, prohija las prácticas empresariales prebendarias, en el marco de un sistema dirigista y estatista, evidentemente no estimula la aparición de una clase empresarial con mentalidad competitiva al servicio de las demandas de los consumidores. El origen del problema es político y desde allí tiene que venir la solución. La puesta en vigencia de un sistema de libre mercado es una decisión política. Será en ese contexto donde habría que medir con claridad las capacidades empresariales de personajes tan cuestionables como José Ignacio de Mendiguren.

El gobierno y los industriales debaten por los niveles de protección pero ignoran los intereses populares

La polémica desencadenada entre el gobierno y la Unión Industrial Argentina (UIA) por el nivel de importaciones entraría en el terreno de lo cómico si no fuera porque se trata de cuestiones que involucran el bienestar y el patrimonio de todos los habitantes del país. Según un comunicado emitido por la UIA "el aumento notable de las importaciones durante 2010 (46% interanual) está indicando un fuerte crecimiento tanto de la actividad como de la inversión, pero también muestra que una parte significativa del incremento de la demanda no se está traduciendo en producción nacional". A esto, la ministra de industria, Debora Giorgi respondió que "las exportaciones de manufacturas de origen industrial crecieron US$ 2000 millones en 2010 respecto del año récord que fue 2008 (un 9 por ciento), al tiempo que las importaciones cayeron en ese período casi US$ 1000 millones con una economía que entre 2008 y 2010 creció un 10%, lo que habla de un claro proceso de sustitución de importaciones sustentado en medidas como las licencias no automáticas emitidas desde el Ministerio de Industria”.

Todo esto, que parece una aburrida “guerra de comunicados” en realidad muestra el nivel de ficción en el que la dirigencia argentina de todas las áreas se desenvuelve. Es necesario, por lo tanto, aclarar de qué se trata toda esta cuestión, como para que la ciudadanía lo entienda razonablemente bien.

Básicamente, los industriales se quejan de que, en la llamada “fiesta del consumo”, que el gobierno reivindica como uno de sus grandes logros, una parte de la “torta” no se la están llevando ellos sino que está derivando en adquisiciones de productos importados. Y el gobierno dice que la economía y el consumo han crecido tanto, gracias a las medidas implementadas por ellos, que la industria local protegida se ha beneficiado notoriamente de todo este proceso.

Mientras tanto, el pueblo, los consumidores, son los “convidados de piedra” en todo esto.

Es bastante probable que tanto Giorgi como los industriales tengan técnicamente razón en cuanto a los números. En lo que está absolutamente claro que ninguno de los dos tiene razón es en que no tienen derecho a esgrimir los argumentos que plantean. No tienen derecho los industriales a reclamar que el gobierno los proteja de la competencia extranjera porque eso afecta la competitividad de la economía y, por lo tanto, las posibilidades de los consumidores de adquirir los productos que les ofrezcan las mejores relaciones calidad-precio que estén disponibles y no tiene derecho el gobierno a implementar, como lo hace, políticas proteccionistas que implican, de hecho, privilegios para los negocios de los industriales a expensas de los mismos consumidores que ven restringidas sus opciones de compra porque el gobierno limita el ingreso de productos importados.

Es decir, para “traducirlo al castellano”, que los industriales, a pesar de todas las prebendas que de hecho tienen, se quejan de que no reciben más y el gobierno, en lugar de quitarles esos beneficios, argumenta que ya les ha otorgando lo suficiente. El pueblo, mientras tanto, solventa con sus impuestos los subsidios a esos mismos industriales beneficiados que demandan aún más protección y, para colmo, tiene que pagar, a precios desmesurados, mercaderías que no elegiría si tuviera libertad para hacerlo porque le ofrecen una relación calidad-precio sustancialmente inferior a la que podría tener a su disposición si la industria estuviera abierta a la competencia con productos importados.

Por supuesto, el argumento que se esgrime para justificar estas medidas proteccionistas y contrarias a los intereses populares tienen que ver con el “trabajo argentino”. “Resulta fundamental que las decisiones empresarias y las políticas públicas promuevan los procesos de inversión que aumenten la capacidad productiva, a fin de satisfacer la importante demanda con producción y trabajo argentinos", señala el comunicado de la UIA. "El incremento de la sustitución es el resultado de una política industrial en la que se priorizan la defensa del trabajo argentino y la agregación de valor; porque incentivamos al que produce y exporta a que produzca más y también al que importa para que produzca en el país y también pueda exportar", responde el mensaje del ministerio de industria.

Como se ve, en lo que menos piensan, tanto la UIA (que, al fin y al cabo, no hace otra cosa que priorizar sus intereses, es decir, actúa con un criterio lógico) como el gobierno (que debería tener una visión más abarcativa) es en los consumidores, a quienes condenan a pagar caro por productos malos, simplemente para asegurar los privilegios de un conjunto de empresarios que no desean competir con las mercaderías importadas en perjuicio de los intereses populares. El argumento de que están defendiendo el “trabajo argentino” es una mera falsificación demagógica porque si se abriera la economía en condiciones de competencia equitativa, no habría impedimento alguno para que se produjera un proceso de modernización tecnológica y capacitación de los recursos humanos que pueda poner el “trabajo argentino” en condiciones de ser tan competitivo como el de cualquier otro país, de modo que eso permitiría producir aquí en condiciones similares a las que rigen en el extranjero, dando lugar a que la economía se interrelacione con la de todo el resto del mundo, estimulando el comercio en ambas direcciones, ya que una producción competitiva en el mercado internacional podría ser exportada y eso también sería un estímulo para un “trabajo argentino” de más calidad y por lo tanto mejor remunerado que el “trabajo argentino” de escasa productividad e insuficiente remuneración que tanto los industriales como el gobierno protegen en perjuicio del bienestar del conjunto de la población.