Ataques del gobierno a los medios: la verdad en entredicho

Los medios de comunicación en general y el Grupo Clarín en particular son blancos usuales de las diatribas y acusaciones de los voceros kirchneristas. Con el propósito de dificultar la libre circulación de información, el gobierno ha impuesto la sanción de una “ley de medios” plagada de inconstitucionalidades y vulneraciones de derechos adquiridos, procura controlar la provisión de papel para diarios, ha atacado verbal y hasta físicamente para tratar de amedrentar a periodistas críticos y ha creado y procura ampliar un multimedios estatal que difunde informaciones deformadas a fin de presentar una imagen favorable al oficialismo. Todas estas maniobras no le han dado mayores resultados al kirchnerismo porque su imagen no ha mejorado sustancialmente y, como consecuencia de ello, el gobierno procura redoblar sus esfuerzos para lograr el control y la manipulación de la circulación de información.

El interrogante que cabe plantearnos es cuánta influencia verdaderamente tienen los medios de comunicación en el estado de ánimo colectivo. El argumento del gobierno es que su pérdida de adhesión por parte de la sociedad se debe al hecho de que los medios y en especial el Grupo Clarín deliberadamente informan falsedades con el propósito de socavar la base de sustentación política del kirchnerismo para defender supuestos intereses económicos contrarios al interés popular.

Según este enfoque, los argentinos somos unos necios que nos dejamos engañar por un grupúsculo de sinvergüenzas que, desde las profundidades de las redacciones, nos manipulan como marionetas e inoculan en nuestros cerebros venenosas creencias destinadas a servir a los oscuros intereses que esos siniestros personajes representan. Resulta oportuno que le dediquemos algunas líneas a analizar si esto es tan efectivamente así.

Nadie puede ser tan ingenuo de desconocer que los medios de comunicación son empresas cuyo desenvolvimiento está condicionado por intereses comerciales que eventualmente pueden ejercer una cuota variable de influencia sobre la línea editorial de las diferentes publicaciones. Esto siempre ha sido así y seguirá siéndolo mientras el periodismo exista. La pretensión de que el periodismo sea impoluto, inmaculado y exento de toda contaminación es una utopía irrealizable. La comunicación social es una realización humana y está sujeta a todas las grandezas y miserias que son posibles dentro del comportamiento humano. Los periodistas no somos “carmelitas descalzas”.

Pero hay un factor que el gobierno omite tener en cuenta y es el que le quita sustentación a los planteos del kirchnerismo. Ese factor es el hecho de que el principal insumo del que la comunicación social se nutre es la verdad. Un medio de comunicación cuyos contenidos dejen de ser verosímiles está irremediablemente condenado a muerte. Por lo tanto, si bien es cierto que el desenvolvimiento de los medios de comunicación está condicionado por intereses comerciales, también es incuestionable que las posibilidades de los medios de presentar informaciones falsas para defender determinados intereses tiene límites bastante acotados, ya que el falseamiento sistemático de los contenidos concluiría por comprometer la credibilidad y, por lo tanto, la propia supervivencia de quien actúa de ese modo.

Frente a este razonamiento, el gobierno podría argumentar que el problema radica en que la influencia de los medios de comunicación engaña al pueblo que, por ese motivo, desconoce cuál es la verdad. Y éste es el punto donde entramos en el terreno de la fantasía. Porque una cosa es que algunas publicaciones puedan sesgar el modo de presentar determinados contenidos para no afectar sus intereses comerciales y otra cosa muy diferente es informar falsedades. Los medios que verdaderamente son influyentes no pueden informar hechos ostensiblemente falsos porque, si lo hicieran, dejarían de ser influyentes.

Y aquí llegamos, finalmente, al núcleo de la cuestión. El propósito del gobierno al descalificar a los medios de comunicación es que los medios dejen de ser influyentes. De ese modo, el kirchnerismo tendrá un obstáculo menos para llevar adelante sus designios políticos. Pero el precio de que los medios de comunicación dejen de ser influyentes es que dejen de decir la verdad. Como los medios más influyentes se niegan a incurrir en el falseamiento sistemático de la verdad que el kirchnerismo intenta imponer, el gobierno no tiene más alternativa que tratar de desactivar a los medios que dan a conocer los hechos que son verídicos pero al gobierno lo incomodan.

La conclusión que se desprende de todo este análisis es que el conflicto que el gobierno mantiene con los principales medios de comunicación del país es, en realidad, una manifestación visible del conflicto que el kirchnerismo mantiene con la verdad. Los medios de comunicación son el vehículo a través del cual la verdad llega al pueblo y eso es lo que el gobierno procura impedir. Afortunadamente, la prédica del gobierno no tiene un eco lo suficientemente amplio como para llegar a desnaturalizar la libre circulación de la información y, por lo tanto, la verdad sigue estando al alcance del conocimiento público.

Quizá una buena forma de ilustrar la concepción que el kirchnerismo tiene de la comunicación social es comparar los programas 6,7,8, del Canal 7 y A dos voces, de TN. En el primero, sólo hay representantes del gobierno, que expresan las posiciones del oficialismo y descalifican sistemáticamente cualquier posición opositora. En A dos voces, los paneles son pluralistas, con representantes del gobierno y de otras corrientes políticas del país, como corresponde en un ordenamiento democrático. 6,7,8 es costeado con los dineros del pueblo, A dos voces es sustentado con los aportes de los abonados al cable y de los anunciantes que publicitan allí. Esta simple comparación es útil para entender cuál es el criterio que el kirchnerismo abriga como fórmula de comunicación social si pudiera imponerla. Lo que está en juego es nada menos que la posibilidad de que se siga conociendo la verdad. Con todos sus defectos, que los tiene y muchos, el sistema de pluralismo periodístico actualmente vigente es ampliamente más confiable que el modelo que propugna el gobierno.