En la controversia suscitada a partir de las tomas de predios por parte de sediciosos que reclaman beneficios negados a quienes respetamos las leyes y los derechos ajenos, se han perfilado dos posiciones nítidas: 1) la del gobierno nacional, que es partidario de hacer concesiones a los usurpadores a cambio de que desalojen los espacios que están ocupados; 2) la del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que sostiene que no se debe hacer esas concesiones y se debe exigir el desalojo de los terrenos invadidos, eventualmente mediante el uso de la fuerza.
Es necesario declarar, con la máxima energía, que en esta controversia la razón está del lado de la posición del Gobierno de la Ciudad encabezado por Mauricio Macri y la postura del gobierno nacional representado por Cristina Fernández y su “ministra estrella”, Nilda Garré, es errónea. Esta consideración no es arbitraria sino que está basada en una evaluación racional de la situación...
Si se procede como el gobierno nacional lo propone, es decir, excluyendo por completo el uso de la fuerza y haciendo concesiones a los usurpadores, el resultado práctico será que más personas deseosas de tener una vivienda y alentadas por los buenos resultados obtenidos por los primeros intrusos, utlizarán la misma metodología... El razonamiento es simple: si mi vecino de la villa consiguió una casa cuando ocupó un terreno, yo también voy a ocupar otro terreno (o el mismo que había ocupado antes mi vecino) para que el gobierno me de una casa a mí también... ¿Por qué el gobierno nacional procede de este modo? Porque ése es el único criterio político posible que le permite eludir la responsabilidad de emplear la fuerza –aunque más no sea, como último recurso- para resolver el problema. El gobierno es coherente aunque su política sea errónea. La decisión de negarse absolutamente a emplear la fuerza sitúa al gobierno nacional en una posición de completa debilidad en el trato con los sediciosos, quienes constantemente renuevan y aumentan sus demandas, en la seguridad de que no serán desalojados por la fuerza, con lo cual no tienen inconveniente en que el conflicto se prolongue indefinidamente.
Pero la continuidad del conflicto tiene un costo político muy elevado para el gobierno nacional porque la población del país, que por abrumadora mayoría repudia las ocupaciones de terrenos, tiende a cansarse de que el problema no se resuelva y teme además que se extienda a otras zonas de la Capital y a otras regiones del país. Por eso Macri reclama que no se hagan concesiones a los usurpadores y plantea la posibilidad de emplear la fuerza para desalojarlos si no se retiran ante las intimaciones de las autoridades. Macri argumenta que no se deben dejar precedentes sentados para evitar la multiplicación del problema. La marcha de los acontecimientos, por el momento, le da la razón a Macri y no al gobierno nacional porque el problema no se ha resuelto y amenaza con perpetuarse. Si desde el primer día se hubiera aplicado una política de firmeza, a esta altura las tomas de terrenos probablemente habrían desaparecido.
Pero está claro que las diferencias de criterio político para enfrentar el problema se derivan de una diferencia en la valoración de la conducta de los ocupantes de terrenos ajenos. Para el gobierno, los ocupantes de terrenos son las víctimas de un sistema social injusto, al cual el kirchnerismo se propone corregir, de modo que el reclamo de que se les den beneficios con fondos estatales es legítimo. Para el macrismo –que tiene una posición que al menos en este caso puntual es coincidente con los principios del liberalismo- los intrusos son personas que están infringiendo las leyes y por lo tanto no tienen derecho a presentar reclamo alguno basado en la presión ejercida a través de la ocupación de predios. Los liberales debemos declarar con la mayor energía y convicción que, en relación a este tema puntual, Macri tiene razón y el gobierno está equivocado. Esa es la forma correcta de defender, frente al principal problema político del momento, los valores y principios del liberalismo.
Es necesario declarar, con la máxima energía, que en esta controversia la razón está del lado de la posición del Gobierno de la Ciudad encabezado por Mauricio Macri y la postura del gobierno nacional representado por Cristina Fernández y su “ministra estrella”, Nilda Garré, es errónea. Esta consideración no es arbitraria sino que está basada en una evaluación racional de la situación...
Si se procede como el gobierno nacional lo propone, es decir, excluyendo por completo el uso de la fuerza y haciendo concesiones a los usurpadores, el resultado práctico será que más personas deseosas de tener una vivienda y alentadas por los buenos resultados obtenidos por los primeros intrusos, utlizarán la misma metodología... El razonamiento es simple: si mi vecino de la villa consiguió una casa cuando ocupó un terreno, yo también voy a ocupar otro terreno (o el mismo que había ocupado antes mi vecino) para que el gobierno me de una casa a mí también... ¿Por qué el gobierno nacional procede de este modo? Porque ése es el único criterio político posible que le permite eludir la responsabilidad de emplear la fuerza –aunque más no sea, como último recurso- para resolver el problema. El gobierno es coherente aunque su política sea errónea. La decisión de negarse absolutamente a emplear la fuerza sitúa al gobierno nacional en una posición de completa debilidad en el trato con los sediciosos, quienes constantemente renuevan y aumentan sus demandas, en la seguridad de que no serán desalojados por la fuerza, con lo cual no tienen inconveniente en que el conflicto se prolongue indefinidamente.
Pero la continuidad del conflicto tiene un costo político muy elevado para el gobierno nacional porque la población del país, que por abrumadora mayoría repudia las ocupaciones de terrenos, tiende a cansarse de que el problema no se resuelva y teme además que se extienda a otras zonas de la Capital y a otras regiones del país. Por eso Macri reclama que no se hagan concesiones a los usurpadores y plantea la posibilidad de emplear la fuerza para desalojarlos si no se retiran ante las intimaciones de las autoridades. Macri argumenta que no se deben dejar precedentes sentados para evitar la multiplicación del problema. La marcha de los acontecimientos, por el momento, le da la razón a Macri y no al gobierno nacional porque el problema no se ha resuelto y amenaza con perpetuarse. Si desde el primer día se hubiera aplicado una política de firmeza, a esta altura las tomas de terrenos probablemente habrían desaparecido.
Pero está claro que las diferencias de criterio político para enfrentar el problema se derivan de una diferencia en la valoración de la conducta de los ocupantes de terrenos ajenos. Para el gobierno, los ocupantes de terrenos son las víctimas de un sistema social injusto, al cual el kirchnerismo se propone corregir, de modo que el reclamo de que se les den beneficios con fondos estatales es legítimo. Para el macrismo –que tiene una posición que al menos en este caso puntual es coincidente con los principios del liberalismo- los intrusos son personas que están infringiendo las leyes y por lo tanto no tienen derecho a presentar reclamo alguno basado en la presión ejercida a través de la ocupación de predios. Los liberales debemos declarar con la mayor energía y convicción que, en relación a este tema puntual, Macri tiene razón y el gobierno está equivocado. Esa es la forma correcta de defender, frente al principal problema político del momento, los valores y principios del liberalismo.
Estoy de acuerdo. Si siguen así, los clientelistas van a pedir que los supermercados privados les regalen la comida; ah, no, perdón, eso ya pasó:
ResponderEliminarhttp://www.clarin.com/politica/Reclamaron-comida-supermercados_0_395360536.html
Lo único que falta es que a la gente se le ocurra reclamar que si no les regalan -porque si- 5000 pesos no trabajan más; ah, no, perdón, eso también pasó:
ResponderEliminarhttp://www.infobae.com/economia/553212-101275-0-Sindicalistas-aceiteros-reclaman-premio-5-mil-y-van-al-paro
Estoy de acuerdo.
ResponderEliminarLo mas sensato es acompañar a Macri.
Lamentablemente muchos liberales que odian a Macri terminan haciéndole el juego a CK.
El hecho de que los liberales tengan diferencias con Macri no es un argumento para decir que Macri es igual a CK.