Macri es el mal menor

La elección por la jefatura de gobierno en la Capital Federal está fuertemente polarizada entre el candidato de PRO, Mauricio Macri y el representante del gobierno nacional, Daniel Filmus. El resto de los candidatos han quedado muy relegados y su participación quedó limitada al plano del carácter testimonial. La razón por la que esto ha sucedido es que las aspiraciones hegemónicas del kirchnerismo han provocado que estas elecciones se “nacionalicen” implícitamente, es decir, estén condicionadas por su impacto en el escenario nacional, que se dirimirá en la elección presidencial del próximo 23 de octubre. Esta elección es una suerte de “prueba piloto” con vistas a los comicios presidenciales.

¿Qué posición cabe asumir, desde un punto de vista liberal, frente a la elección de la Capital Federal, en este contexto político? Si la elección fuera “químicamente pura”, en vista de que no hay candidatos que representen genuinamente al liberalismo, sería cuestión de cada votante que elija a quien quiera o que se abstenga de votar si lo prefiere. Pero la elección no es “químicamente pura” sino que está contaminada con el proceso de nacionalización que le impuso el gobierno. Entonces, el análisis debe ser realizado desde esa perspectiva. Para el liberalismo no es indiferente que el gobierno se convierta o no en una fuerza hegemónica. Las posibilidades de que el liberalismo crezca en la consideración política del pueblo argentino están relacionadas con que haya espacio para que eso suceda. El kirchnerismo se propone impedir la presencia de voces disidentes, entre ellas, la del liberalismo. Este es el marco en el cual hay que analizar la postura del liberalismo respecto de la elección de la Capital Federal.

La clave de la estrategia kirchnerista frente a la elección presidencial es imponer la idea de que “Cristina ya ganó”. Con ese argumento procuran generar desaliento en potenciales adversarios, que se produzca un sentimiento de resignación generalizada y que, de ese modo, se acepte la victoria del oficialismo como un hecho irreversible frente al cual es inútil cualquier resistencia. Una victoria de Filmus en esta elección sería totalmente funcional a esa estrategia. La interpretación –nada descabellada, por cierto- que el kirchnerismo le daría a una victoria del candidato gubernamental en la elección de Capital sería aproximadamente que “es tan evidente que Cristina ya ganó que hasta donde siempre perdimos, como Capital, también ganamos esta vez”.

Pero si esta estrategia del gobierno tiene éxito, el espacio para el liberalismo en el escenario político futuro quedará directamente anulado. Entonces, no es indiferente desde un punto de vista liberal que sea Macri o Filmus el ganador de la elección en Capital porque una victoria de Filmus sería un gran espaldarazo para las aspiraciones hegemónicas del kirchnerismo. A Macri pueden hacérsele innumerables críticas desde un enfoque liberal: que aumentó los impuestos, que su gestión no tiene transparencia, que no redujo la dimensión del aparato estatal del gobierno, que pactó con el sindicato municipal y muchos etcéteras más. ¡Pero Macri es claramente opositor al gobierno nacional! ¡Esta es la cuestión clave en este momento!

El kirchnerismo ha provocado un corte abrupto en el escenario político. De un lado, están ellos y sus aspiraciones hegemónicas, en la otra vereda estamos quienes valoramos el pluralismo. En ese sentido, y sin perjuicio de las innegables críticas que su gestión merece, los liberales debemos estar con Macri. No podemos ser tan dogmáticos de desconocer qué es lo que está en juego en esta elección. El árbol no nos puede hacer perder de vista el bosque. Por eso, en definitiva, la clave del análisis es que, dada la forma en la que los acontecimientos están planteados, Macri es el mal menor. Si en 2013 hay candidatos liberales, como lo promete el Partido Liberal Libertario, tal vez entonces tengamos la oportunidad de votar por nuestras propias posiciones políticas. Por ahora, no hay otra alternativa que acompañar a quienes están en condiciones de oponerse al kirchnerismo con mejores perspectivas.

Usurpaciones: el gobierno nacional está equivocado, Macri tiene razón

En la controversia suscitada a partir de las tomas de predios por parte de sediciosos que reclaman beneficios negados a quienes respetamos las leyes y los derechos ajenos, se han perfilado dos posiciones nítidas: 1) la del gobierno nacional, que es partidario de hacer concesiones a los usurpadores a cambio de que desalojen los espacios que están ocupados; 2) la del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que sostiene que no se debe hacer esas concesiones y se debe exigir el desalojo de los terrenos invadidos, eventualmente mediante el uso de la fuerza.

Es necesario declarar, con la máxima energía, que en esta controversia la razón está del lado de la posición del Gobierno de la Ciudad encabezado por Mauricio Macri y la postura del gobierno nacional representado por Cristina Fernández y su “ministra estrella”, Nilda Garré, es errónea. Esta consideración no es arbitraria sino que está basada en una evaluación racional de la situación...

Si se procede como el gobierno nacional lo propone, es decir, excluyendo por completo el uso de la fuerza y haciendo concesiones a los usurpadores, el resultado práctico será que más personas deseosas de tener una vivienda y alentadas por los buenos resultados obtenidos por los primeros intrusos, utlizarán la misma metodología... El razonamiento es simple: si mi vecino de la villa consiguió una casa cuando ocupó un terreno, yo también voy a ocupar otro terreno (o el mismo que había ocupado antes mi vecino) para que el gobierno me de una casa a mí también... ¿Por qué el gobierno nacional procede de este modo? Porque ése es el único criterio político posible que le permite eludir la responsabilidad de emplear la fuerza –aunque más no sea, como último recurso- para resolver el problema. El gobierno es coherente aunque su política sea errónea. La decisión de negarse absolutamente a emplear la fuerza sitúa al gobierno nacional en una posición de completa debilidad en el trato con los sediciosos, quienes constantemente renuevan y aumentan sus demandas, en la seguridad de que no serán desalojados por la fuerza, con lo cual no tienen inconveniente en que el conflicto se prolongue indefinidamente.

Pero la continuidad del conflicto tiene un costo político muy elevado para el gobierno nacional porque la población del país, que por abrumadora mayoría repudia las ocupaciones de terrenos, tiende a cansarse de que el problema no se resuelva y teme además que se extienda a otras zonas de la Capital y a otras regiones del país. Por eso Macri reclama que no se hagan concesiones a los usurpadores y plantea la posibilidad de emplear la fuerza para desalojarlos si no se retiran ante las intimaciones de las autoridades. Macri argumenta que no se deben dejar precedentes sentados para evitar la multiplicación del problema. La marcha de los acontecimientos, por el momento, le da la razón a Macri y no al gobierno nacional porque el problema no se ha resuelto y amenaza con perpetuarse. Si desde el primer día se hubiera aplicado una política de firmeza, a esta altura las tomas de terrenos probablemente habrían desaparecido.

Pero está claro que las diferencias de criterio político para enfrentar el problema se derivan de una diferencia en la valoración de la conducta de los ocupantes de terrenos ajenos. Para el gobierno, los ocupantes de terrenos son las víctimas de un sistema social injusto, al cual el kirchnerismo se propone corregir, de modo que el reclamo de que se les den beneficios con fondos estatales es legítimo. Para el macrismo –que tiene una posición que al menos en este caso puntual es coincidente con los principios del liberalismo- los intrusos son personas que están infringiendo las leyes y por lo tanto no tienen derecho a presentar reclamo alguno basado en la presión ejercida a través de la ocupación de predios. Los liberales debemos declarar con la mayor energía y convicción que, en relación a este tema puntual, Macri tiene razón y el gobierno está equivocado. Esa es la forma correcta de defender, frente al principal problema político del momento, los valores y principios del liberalismo.