El conflicto planteado entre la petrolera Shell y el gobierno nacional por la determinación de los precios de venta al público de los productos que la compañía comercializa es un caso particular que pone de manifiesto cuáles son las diferencias entre una economía libre y una economía controlada por el estado y los efectos que estas dos formas de abordar el problema tienen sobre la capacidad de compra de los consumidores.
El eje de la cuestión es si resulta aceptable o no que la compañía aumente los precios. Lo primero que podría decirse es que Shell vende sus propios productos y, por lo tanto, no es legítimo que nadie le cercene la libertad de vender al precio que a la empresa se le antoje. Pero este es un argumento muy principista al cual muchos objetarían diciendo que “los empresarios no tienen derecho a una renta extraordinaria” o conceptos parecidos. Si el debate se planteara en ese terreno la discusión se tornaría interminable. Por eso es conveniente analizar el tema desde un punto de vista más pragmático, ya que eso permite llevar el debate a la ecuación costo-beneficio, que tiene más posibilidades de resultar convincente.
¿Por qué Shell aumenta los precios? Esencialmente, porque evalúa que eso es lo que le conviene a los efectos de optimizar su margen de rentabilidad. ¿Qué le convendría a los consumidores? Evidentemente, que la nafta sea vendida al menor precio posible. Es notorio que los intereses de Shell y de sus clientes son antagónicos: a Shell le conviene vender lo más caro posible y a sus clientes les conviene comprar lo más barato que se pueda. ¿Cuál debe ser la posición del gobierno frente a este conflicto? La posición de cualquier gobierno, absolutamente siempre, debe ser la de defender los intereses del pueblo, lo cual implica, para este caso particular, apoyar el reclamo de que la nafta sea vendida al menor precio que sea posible. Y aquí es donde aparece la situación de controversia conceptual.
Para que la nafta baje de precio, el gobierno, a través de su “paladín de la justicia social”, Guillermo Moreno, ha dado la orden de que se anulen los últimos aumentos establecidos por la compañía. Ante este “apriete”, Shell ha recurrido a la justicia buscando protección jurídica y ha ignorado olímpicamente la orden de Moreno. La nafta se sigue vendiendo en las estaciones de servicio de la compañía al precio que estableció la empresa y no al valor ordenado por el gobierno.
Este hech
o, que la nafta no baje de precio, evidentemente, es perjudicial para los intereses populares. Por lo tanto, parecería, a simple vista, que el gobierno tiene razón, ya que demanda que los precios de los combustibles sean más accesibles para el pueblo. Pero ¿es esto así? ¿Es efectivamente cierto que al pueblo le conviene que el gobierno obligue a la empresa a reducir sus precios? ¿No podría suceder entonces que la empresa deje de vender o venda nafta de inferior calidad por falta de rentabilidad? Cuando se evalúan políticas siempre conviene pensar en “el día después de mañana”...
Los precios de la nafta aumentan por las mismas razones que suben los valores de todos los productos: por la política monetaria fuertemente expansiva que practica el Banco Central a instancias del Poder Ejecutivo, vulnerando la independencia de la institución. No habría razones técnicas para que los precios aumenten si el Banco Central fuera circunspecto en el manejo de la variable monetaria. La otra razón por la cual los precios de los combustibles podrían aumentar sería que Shell fuera un monopolio y los automovilistas no tuvieran otra alternativa que comprarle a esa compañía.
En una economía libre, no hay razón para que el gobierno convalide monopolio alguno. Por el contrario, todas las actividades comerciales deben estar regidas por un sistema de libre competencia. Y eso, la competencia, es bueno para el pueblo porque obliga a los empresarios a bajar los precios para atraer más clientes y tener más ventas. Precisamente esto, crear las condiciones para que las empresas compitan en beneficio del pueblo es lo que el kirchnerismo no hace y sí, en cambio, intenta impedir que las empresas aumenten sus precios “por decreto” mientras aplica una política monetaria expansiva que tiene irremediablemente el efecto de impulsar los precios hacia arriba.
El caso de Shell y la nafta es un excelente ejemplo de cómo, bajo el supuesto afán de promover para el pueblo, el gobierno aplica políticas que producen resultados exactamente opuestos a los buscados. Hay infinidad de casos similares. Quizá si aclaramos todos esos casos, podamos encontrar un camino hacia el crecimiento y la prosperidad generalizados.
