Acompañemos la divulgación de los índices de inflación elaborados por las consultoras

El gesto de los diputados opositores que respaldaron ayer la difusión de un promedio de los índices de inflación medidos por consultoras privadas, simboliza el eje de las disputas políticas de la Argentina de esta época. Como la política del kirchnerismo consiste en mentir sistemáticamente, el acto de respaldar la verdad científica se ha convertido en una postura opositora. El kirchnerismo ha provocado que el concepto de verdad se convierta en sí mismo en un motivo de debate político. El gobierno nos ha transportado en el tiempo a la Edad Media, antes del advenimiento del racionalismo, cuando las teorías más disparatadas adquirían legitimidad porque no se requería la confrontación con los hechos concretos para verificar su autenticidad. Entonces, si alguien sostenía que la tierra era plana, el argumento se tornaba verosímil porque no se le exigían pruebas que lo demostraran. El concepto de verificación no se conocía por aquella época.

Eso, negar la validez de las demostraciones, es lo que el kirchnerismo hace actualmente. Por ese motivo la conducta de los diputados opositores tiene significación política ya que marca la diferencia con el gobierno. Los memoriosos cuentan que, cuando Perón se enfrentó con la Iglesia, hasta los opositores ateos iban a misa. Ahora está ocurriendo algo similar. Como el gobierno ha convertido a la mentira en una política oficial, el acto de decir o respaldar la verdad se ha convertido en un gesto de militancia opositora.

Esto de que la verdad se convierta en objeto del debate político debería entrar en el terreno de lo absurdo y hasta de lo cómico si no fuera porque quien provoca esta situación es un gobierno elegido democráticamente dos veces por el pueblo y que, según todas las encuestas, se perfila como favorito para ganar las elecciones de octubre. Que el gobierno mienta, vaya y pase, todos los gobiernos lo hacen. Pero que el pueblo vote a ese gobierno que hace de la mentira una política sistemática ya es más grave. Por eso mismo el gesto de los dirigentes opositores que respaldaron la difusión de un índice de inflación que desmiente las habladurías del oficialismo tiene un perfilado sentido político.

Sucede que, a los efectos del desenvolvimiento general del país y de cada habitante dentro de ese contexto, la verdad no puede estar sujeta a discusión porque, entonces, todas las decisiones se tornan inciertas. No es lo mismo evaluar una hipótesis de inversión con una inflación mínima que con aumentos de precios descontrolados, por ejemplo. Y de milllones de decisiones de ese tipo depende el progreso general y los bienestares individuales de toda la población. Entonces, que se diga o no la verdad no es una cuestión secundaria o anecdótica sino un problema básico, casi previo a cualquier otro. Una vez que se conoce cuál es la situación real en la que nos encontramos puede debatirse –porque eso es inherente al sistema político- cuáles son los problemas prioritarios a los que hay que atender, cuál es el mejor método para abordarlos, cuáles son las políticas que conviene aplicar, etc.

El kirchnerismo ha llevado al reconocimiento de la verdad al centro del debate político y, en ese sentido, el gesto de los legisladores opositores es valioso porque contribuye a marcar una diferencia con el gobierno y a respaldar a las consultoras privadas que miden la inflación y que el gobierno ha estado acosando por medio de multas y denuncias. Pero es necesario señalar que se trata de un debate muy primitivo, muy básico, muy elemental.

Por cierto que no es por casualidad que hayamos llegado a esto sino que ocurre porque así lo ha decidido el pueblo a través de sus pronunciamientos electorales y en medio de circunstancias de crisis y de angustia que permitieron que aventureros como lo Kirchner se encumbren hasta espacios adonde nunca deberían haber llegado si las etapas políticas anteriores hubiesen tenido desenlaces menos traumáticos. Pero, dentro del cuadro general de deterioro en el que estamos inmersos, no nos queda a los liberales otro camino por seguir que acompañar a los diputados opositores que respaldaron la publicación de los índices que reflejan la inflación real. Por muchas diferencias que tengamos con ellos, no nos queda más alternativa que situarnos del lado de la verdad. Cuando la vigencia de la verdad haya quedado definitivamente restablecida, será el momento oportuno de marcar nuestras diferencias con aquellos a quienes ahora nos corresponde apoyar.

El kirchnerismo ha instituido el "impuesto a la verdad"

La consultora Orlando Ferreres y Asociados fue multada en $ 500.000 por el gobierno por difundir un índice de inflación que no concuerda con la medición del INDEC. Según el gobierno, la consultora vulneró la ley de lealtad comercial. El fundamento de esta sanción es que la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Guillermo Moreno, solicitó al INDEC información acerca de si la metodología empleada por la consultora para medir la inflación es acertada y la respuesta fue que no lo es.

Esto que estamos contando no es un chiste sino una medida aplicada por el ministerio de economía. El INDEC del gobierno kirchnerista ha determinado que los métodos empleados por otra institución para medir el índice de precios son incorrectos y en base a ese dictamen el gobierno le ha aplicado una sanción a esa consultora. La empresa, naturalmente, apelará la medida y es de desear que la justicia rechace la aplicación de esa multa absurda. Pero más allá de cómo concluya todo este descabellado episodio (tan inocuo no es porque le están reclamando a la empresa un pago de $ 500.000.-) nosotros podemos reflexionar acerca de los valores involucrados en la cuestión.

¿Por qué Moreno sanciona a la consultora? Esencialmente, por decir la verdad, por hacer un trabajo profesional y objetivo donde miden las variaciones de precios sin dejarse influenciar por consideración de índole política alguna. Esto, decir la verdad, es lo que el INDEC no hace por decisión del gobierno. Y no sólo el gobierno determina que el INDEC no diga la verdad sino que, además, sanciona a quien sí la expresa. El gobierno kirchnerista ha decidido cobrarle un impuesto a quien dice la verdad...

Resulta bastante cómico que justamente el INDEC, el organismo que representa paradigmáticamente la política de distorsionar la realidad se erija en “dueño de la verdad”. Si esto pasara en otro país, nos reiríamos y nos burlaríamos hasta el cansancio. Pero como sucede entre nosotros debemos analizarlo con alguna precisión.

El gobierno pretende manipular la información y presentar como verídicos hechos que no lo son para justificar la adopción de políticas que, si fueran consideradas en el contexto de la realidad, resultarían injustificables. En el caso particular de la inflación, el gobierno necesita falsear el índice para que toda su política económica no quede invalidada.

Pero la falsificación de los hechos con fines políticos es algo que se conocía y que además es muy frecuente en todas partes y entre nosotros es “el pan nuestro de cada día”, no es algo que, en definitiva, sorprenda demasiado, al margen de que el kirchnerismo ha llevado esa práctica hasta extremos desconocidos por su desmesura.

Lo que no registra antecedentes es que alguien sufra una multa por decir la verdad que el gobierno tergiversa... Esta aplicación del “impuesto a la verdad” en contra de la consultora Ferreres y asociados es un hecho absolutamente inédito. Se conocían persecusiones, aprietes, escraches, calumnias... Pero la aplicación de un “impuesto” por decir la verdad no registra antecedentes conocidos.

Y hay que decir que es una buena técnica (para ellos) la empleada por el gobierno porque es una forma de silenciar a los disidentes por la fuerza pero sin generar demasiado revuelo. Imaginémonos que el gobierno prohibiera la difusión de los índices de las consultoras privadas que desmienten al INDEC... Nadie avalaría esa resolución porque estaría vulnerado el derecho a la libertad de expresión. Pero una multa es algo muy sutil, ya que no se prohíbe que la consultora publique su índice sino que se lo torna tan oneroso que se desincentiva absolutamente su difusión... Es una medida astutísima la que el gobierno ha adoptado. Es mucho más práctico, discreto y efectivo fijar un impuesto que dictar una prohibición... El kirchnerismo ha creado, inventado y puesto en aplicación el “impuesto a la verdad”. Los contadores deberán, de ahora en más, buscar la manera de evadir este nuevo tributo...

Si el gobierno quiere que los precios no aumenten, debería cambiar de política

El conflicto planteado entre la petrolera Shell y el gobierno nacional por la determinación de los precios de venta al público de los productos que la compañía comercializa es un caso particular que pone de manifiesto cuáles son las diferencias entre una economía libre y una economía controlada por el estado y los efectos que estas dos formas de abordar el problema tienen sobre la capacidad de compra de los consumidores.

El eje de la cuestión es si resulta aceptable o no que la compañía aumente los precios. Lo primero que podría decirse es que Shell vende sus propios productos y, por lo tanto, no es legítimo que nadie le cercene la libertad de vender al precio que a la empresa se le antoje. Pero este es un argumento muy principista al cual muchos objetarían diciendo que “los empresarios no tienen derecho a una renta extraordinaria” o conceptos parecidos. Si el debate se planteara en ese terreno la discusión se tornaría interminable. Por eso es conveniente analizar el tema desde un punto de vista más pragmático, ya que eso permite llevar el debate a la ecuación costo-beneficio, que tiene más posibilidades de resultar convincente.

¿Por qué Shell aumenta los precios? Esencialmente, porque evalúa que eso es lo que le conviene a los efectos de optimizar su margen de rentabilidad. ¿Qué le convendría a los consumidores? Evidentemente, que la nafta sea vendida al menor precio posible. Es notorio que los intereses de Shell y de sus clientes son antagónicos: a Shell le conviene vender lo más caro posible y a sus clientes les conviene comprar lo más barato que se pueda. ¿Cuál debe ser la posición del gobierno frente a este conflicto? La posición de cualquier gobierno, absolutamente siempre, debe ser la de defender los intereses del pueblo, lo cual implica, para este caso particular, apoyar el reclamo de que la nafta sea vendida al menor precio que sea posible. Y aquí es donde aparece la situación de controversia conceptual.

Para que la nafta baje de precio, el gobierno, a través de su “paladín de la justicia social”, Guillermo Moreno, ha dado la orden de que se anulen los últimos aumentos establecidos por la compañía. Ante este “apriete”, Shell ha recurrido a la justicia buscando protección jurídica y ha ignorado olímpicamente la orden de Moreno. La nafta se sigue vendiendo en las estaciones de servicio de la compañía al precio que estableció la empresa y no al valor ordenado por el gobierno.

Este hecho, que la nafta no baje de precio, evidentemente, es perjudicial para los intereses populares. Por lo tanto, parecería, a simple vista, que el gobierno tiene razón, ya que demanda que los precios de los combustibles sean más accesibles para el pueblo. Pero ¿es esto así? ¿Es efectivamente cierto que al pueblo le conviene que el gobierno obligue a la empresa a reducir sus precios? ¿No podría suceder entonces que la empresa deje de vender o venda nafta de inferior calidad por falta de rentabilidad? Cuando se evalúan políticas siempre conviene pensar en “el día después de mañana”...

Los precios de la nafta aumentan por las mismas razones que suben los valores de todos los productos: por la política monetaria fuertemente expansiva que practica el Banco Central a instancias del Poder Ejecutivo, vulnerando la independencia de la institución. No habría razones técnicas para que los precios aumenten si el Banco Central fuera circunspecto en el manejo de la variable monetaria. La otra razón por la cual los precios de los combustibles podrían aumentar sería que Shell fuera un monopolio y los automovilistas no tuvieran otra alternativa que comprarle a esa compañía.

En una economía libre, no hay razón para que el gobierno convalide monopolio alguno. Por el contrario, todas las actividades comerciales deben estar regidas por un sistema de libre competencia. Y eso, la competencia, es bueno para el pueblo porque obliga a los empresarios a bajar los precios para atraer más clientes y tener más ventas. Precisamente esto, crear las condiciones para que las empresas compitan en beneficio del pueblo es lo que el kirchnerismo no hace y sí, en cambio, intenta impedir que las empresas aumenten sus precios “por decreto” mientras aplica una política monetaria expansiva que tiene irremediablemente el efecto de impulsar los precios hacia arriba.

El caso de Shell y la nafta es un excelente ejemplo de cómo, bajo el supuesto afán de promover para el pueblo, el gobierno aplica políticas que producen resultados exactamente opuestos a los buscados. Hay infinidad de casos similares. Quizá si aclaramos todos esos casos, podamos encontrar un camino hacia el crecimiento y la prosperidad generalizados.

Consejos a los amigos kirchneristas para refutar a los economistas neoliberales

Aunque declamativamente lo nieguen, es evidente que el gobierno está muy preocupado por la inflación. Si así no fuera, no se explicarían algunas medidas adoptadas en los últimos días, tales como el requerimiento a las consultoras privadas para que expliquen sus métodos para medir el costo de vida y la aplicación de la ley de abastecimientos para impedir los aumentos de precios de varias empresas (Shell, Techint y Cablevisión, más otras que se están anunciando). Dado que nuestros amigos kirchneristas están preocupados por el tema, vamos a tratar, desde nuestra visión liberal de la realidad en general y de la economía en particular, de ayudarlos a entender y por lo tanto resolver el problema.

¿Por qué hay inflación, amigos kirchneristas? Hay inflación porque la señora Marcó del Pont, presidenta del Banco Central y miembro conspicua del elenco gubernamental, emite moneda “a lo pavote” para suministrar fondos para que ustedes afronten todos los gastos en los cuales se han embarcado. Como la plata al gobierno no le alcanza, y dado que tiene la facultad de fabricarla, el gobierno emite indiscriminadamente pesos y así paga los aumentos a los jubilados, los subsidios a las empresas de servicios públicos, el Fútbol para Todos, los planes trabajar, las obras públicas en las provincias y municipios de los amigos, etc, etc, etc.

Esta política sería fantástica si no fuera por el pequeño detalle de que el aumento en volumen de circulante altera toda la ecuación de la economía y provoca que los consumidores, al tener mayor disponibilidad de dinero, ejerzan una presión alcista sobre los precios, es decir, inflación. Veamos cómo opera este aspecto de la economía (amigo Guillermo Moreno, esto va especialmente dedicado para usted).

La cantidad total de moneda circulante siempre vale lo mismo que el conjunto de los bienes disponibles en el mercado. Cuando se aumenta la suma de dinero en curso como consecuencia del proceso emisionista desarrollado por Marcó del Pont para financiar al gobierno, la proporción entre cantidad de dinero y bienes disponibles se modifica. Como hay más dinero por la misma cantidad de bienes, es matemáticamente obvio que cada producto costará mayor cantidad de dinero, es decir, aumentará de precio. A esto, los execrables economistas neoliberales lo llaman, demagógicamente, inflación.

El problema, amigos kirchneristas, compañeros de tantas luchas setentistas, héroes de la resistencia contra la dictadura, críticos irrenunciables de las políticas de los 90, es que ustedes gastan más de lo que tienen y lo resuelven con un llamadito telefónico a “Mechi” Marcó del Pont (véanla en la foto de arriba) que inmediatamente le da “enter” a la maquinita de emitir y así terminan por darle argumentos a los economistas neoliberales (esos que se ganan la vida poniendo consultoras que miden los precios con métodos que ustedes quieren fiscalizar porque no se sabe muy bien de donde sacan los números que publican) para que digan que hay inflación.

Y, para colmo, cuando “Doña Rosa” va al supermecado, se compra unas papas para la ensalada, un paquetito de yerba y un frasco de detergente para lavar los platos, los encuentra más caros que hace unos pocos días, y termina dándoles la razón a los economistas neoliberales y no al gobierno.

El problema no es la inflación. El problema son los economistas neoliberales y las empresas que los financian, que escuchan a esos aprendices, pero en base a sus apreciaciones aumentan los precios. Y como en el mercado hay más dinero disponible porque ustedes lo emitieron, los consumidores terminan pagando lo que los empresarios les cobran bajo la nefasta influencia de los economistas neoliberales.

Y es acá, amigos kirchneristas donde a nosotros se nos ocurre darles un generoso consejo: ¿por qué no bajan un poquito el gasto público, equilibran ingresos y egresos, dejan de emitir y entonces se va a parar la inflación? Si ustedes hacen eso, los economistas neoliberales se la van a tener que aguantar y no podrán decir que sí hay inflación porque cuando Doña Rosa vaya al supermercado encontrará las papas, el bifecito y la yerba al mismo precio que en su visita anterior y entonces les dará la razón a ustedes y no a los economistas. Piénsenlo, tal vez la idea que les estoy dando les venga bien para que Cris pueda ganar las próximas elecciones y así se aseguren cuatro añitos más en el poder. No es mala idea ¿no les parece, amigos kirchneristas?