El descenso de River y el mercado televisivo

El descenso de River ha traído aparejado, entre otros, al problema de reformular la distribución de los derechos de televisión del fútbol argentino. Es interesante detallar que este problema existe, precisamente, porque la comercialización de los derechos de televisión del fútbol no está regido por el principio del libre mercado y se aplica un sistema colectivista.

El estatuto de AFA establece, en su Artículo 94, que

“Los ingresos que se produzcan para cada una de las Categorías profesionales, en concepto de derechos de televisación, en directo y/o diferido, corresponden íntegramente a la Asociación del Fútbol Argentino, y su forma de distribución dentro de cada Categoría, será establecida a través del Comité Ejecutivo”

Esto significa que los clubes no están autorizados a comercializar individualmente los derechos de televisación sino que quien está legitimada para hacerlo es la AFA. Se trata, claramente, de un caso de propiedad colectiva. Y, como en todo caso de propiedad colectiva, se plantea el problema de la distribución de los ingresos. En AFA, es habitual que haya encarnizadísimas discusiones por el reparto de los fondos recibidos en concepto de derechos de televisión. Los clubes más importantes, que tienen más hinchas y, por lo tanto, más audiencia televisiva, reclaman una parte más grande de la “torta” y los clubes más modestos, que son más cantidad, suelen hacer valer su mayoría numérica y así obtienen una retribución superior a la que derivaría de su audiencia televisiva genuina.

El descenso de River pone este problema nítidamente en evidencia. La AFA tiene firmado un contrato con el programa “Fútbol para Todos”, de la Jefatura de Gabinete, que incluye a las tres categorías profesionales. Dentro de ese contrato quedó subsumido un contrato preexistente de AFA con una subsidiaria del Grupo Clarín para emitir los partidos del fútbol de ascenso, de modo que Clarín compra a “Fútbol para Todos” el derecho a emitir el los partidos de la Primera B Nacional y el estado liquida a la AFA el total del monto acordado en el contrato. Es decir, de los 600 millones de pesos acordados en la Claúsula tercera del contrato con “Fútbol para Todos”, hay 42 millones que el estado los recibe del Grupo Clarín en concepto de pago de los derechos de emisión de las categorías de ascenso.

Cuando se definió la forma de distribuir el dinero, las autoridades de AFA dispusieron, unilateralmente, que de los 600 millones del contrato, 415 millones se distribuirían entre los clubes de Primera y 70 millones se repartirían entre los equipos de la Primera B Nacional. El resto del dinero quedaba para otras categorías y 35 millones eran para gastos generales de organización de los torneos. Todas estas asignaciones fueron completamente arbitrarias. No hubo absolutamente ningún tipo de mecanismo que permitiera determinar valores por medio de criterios de mercado. Estas decisiones fueron adoptadas unilateralmente por Grondona y sus colaboradores más estrechos y los dirigentes de los clubes, sumidos en la euforia por el incremento del dinero recibido por el nuevo contrato, las aceptaron sin mayores objeciones.

Luego, los clubes de Primera debatieron como distribuir el dinero que tenían asignado y se determinaron tres escalas. En la primera están River y Boca, en la segunda cuatro clubes y en la tercera el resto. Esta distribución también fue completamente arbitraria, no hubo ningún criterio de mercado que determinara cuanto valía la emisión de los partidos de cada uno de los equipos. A River y Boca les correspondieron alrededor de 30 millones simplemente “porque sí”.

Los clubes de la B Nacional se distribuían los 70 millones en forma absolutamente equitativa y de ahí salen los 3,5 millones que les corresponden a cada uno. Teóricamente, River debería bajar de los 30 millones que cobraba en Primera a los 3,5 millones que le corresponderían en la B Nacional y que Grondona ya se encargó de decir que no serán de aplicación en este caso específico porque, según dijo “es un caso atípico”. No se sabe aún cuanto cobrará River en esta temporada pero, en cualquier caso, será una cifra determinada arbitrariamente, no un precio surgido de ningún mercado.

Y acá es donde surge una reflexión liberal respecto de este tema. Obsérvese que hemos mencionado muchos números, todos los cuales fueron establecidos en forma discrecional por la AFA o por tironeos entre clubes pero no hay un solo precio que haya sido establecido por medio de la oferta y la demanda. ¿Por qué sucede esto?

El origen del problema hay que ubicarlo en la disposición estatutaria que transcribimos al principio, donde se establecía una propiedad colectiva de los derechos de televisación del fútbol... Porque ¿quiénes son los proveedores de la “materia prima” para que existe el producto “fútbol por TV”? La respuesta es: los clubes... La TV paga para emitir a Boca, a River, a Lanus, a San Martín de Tucumán, hasta Atlas, que está en la Primera D recibe dinero de “La otra pasión”, que se emite por Fox Sports. Entonces, si la TV paga por emitir los partidos de los diferentes clubes ¿Por qué entonces la propiedad de los derechos de TV es de la AFA y no de cada club en particular?

En verdad, esto sucede porque los clubes más modestos consideran –y tal vez tengan razón- que les conviene esta forma de propiedad y no otra. De ese modo, pueden apoderarse del dinero que la TV paga por emitir a los clubes más poderosos. El argumento que esgrimen es que “a la TV sólo le interesan Boca y River y no pagaría nada por emitir los partidos de los demás equipos”. Sin embargo, este argumento omite considerar el escenario alternativo que se generaría si la televisación del fútbol se abriera al sistema de libre mercado. Un torneo de fútbol lo disputan veinte clubes y comprende 38 partidos, 19 como local y otros tantos como visitante. La forma lógica de distribuir la propiedad de los derechos de TV no es que la AFA sea colectivamente dueña de todo el torneo sino que cada club sea titular de los derechos de televisión de los partidos que disputa en su estadio. Y que cada uno venda el derecho a emitir esos partidos como mejor le convenga.

Lógicamente, Boca y River obtendrán por sus partidos más dinero que Lanus o Argentinos Juniors. Pero cuando consideramos a un equipo debemos considerar también al rival. Cuando Argentinos Juniors juegue como local contra Boca o River, podrá vender los derechos de televisación de esos partidos al valor de mercado de sus adversarios y disponer para sí de esos recursos. Es claro que si el rival de Argentinos Juniors es Arsenal ese partido valdrá menos que si el adversario es Boca o River.

Los dirigentes de los clubes más modestos suelen sostener que si el torneo no se vendiera en bloque, nadie tendría interés en televisar los partidos donde no participen los clubes más poderosos. Pero ese argumento omite considerar el modo de operar de un sistema de mercado. Es cierto que, en las condiciones actuales, no hay canales interesados en televisar los partidos menos importantes a menos que estos vengan como parte de un “lote” con los cotejos más convocantes. Pero las circunstancias vigentes son la consecuencia de la aplicación de un sistema cerrado, donde no se ofrece la oportunidad de una explotación del negocio en condiciones de mercado. Es obvio que si los partidos no están disponibles para ser adquiridos, ninguna señal tendrá interés en comprarlos. Es necesario que los partidos estén a la venta para que aparezcan empresarios dispuestos a invertir en ese negocio. En los casos de los clubes más importantes, la retribución será más elevada y para los clubes más modestos el pago será menor, siempre ligado a las condiciones de mercado. Un sistema abierto de este tipo podría hacer, por ejemplo, que aparezcan canales locales interesados en emitir los partidos de equipos de cada ciudad. A San Martín de San Juan, recientemente ascendido, probablemente tenga más interés en televisarlo un canal de San Juan que uno de Capital Federal. El mercado siempre tiene derivaciones imprevisibles.

Y este sistema resolvería el problema que le plantea ahora a los dirigentes del fútbol el descenso de River en lo referido a la distribución de los derechos de TV. Si River fuera el dueño de los derechos de televisación de sus partidos como local, quizá ganaría lo mismo –o sólo un poco menos- en la B Nacional que lo que podría recaudar en Primera porque, en definitiva, a los hinchas de River siempre les seguirá interesando ver los partidos de su equipo, sin perjuicio de que juegue en una categoría inferior. Para los rivales de River, el hecho de que River haya descendido será beneficioso porque, cuando jueguen con el Millonario, podrán vender la televisación de sus partidos por un monto sustancialmente mayor.

Por supuesto, en AFA, una organización corporativa y colectivista como pocas, no se hará nada de esto. Pero, dado que se viene debatiendo acerca de cómo se reasignarán los derechos de televisación del fútbol a raíz del descenso de categoría de River, no está mal que los liberales ofrezcamos una solución racional a este problema. Seguramente nuestra propuesta será desechada pero cuando se encuentren con problemas que no pueden solucionar satisfactoriamente, sepan que el mercado siempre ofrece caminos alternativos.

Los problemas de la economía argentina requieren soluciones simples

Empieza a cobrar cuerpo la idea de que, después de las elecciones presidenciales de octubre, el gobierno que emerja deberá adoptar medidas para resolver el problema del supuesto desfasaje que afecta al tipo de cambio como consecuencia de la persistente inflación. Ante este cuadro de situación los diferentes economistas tienen, cada uno de ellos su respectiva receta. En general, todos oscilan en la duda entre promover una devaluación de la moneda o no hacerla para no exponerse al riesgo de que se produzca una estampida inflacionaria aún mayor a la que hay actualmente. Entonces, proponen, cual grandes maestros de la cocina financiera, una devaluación gradual y un programa antiinflacionario...

El problema de fondo es que nadie plantea el problema en su correcta consideración. Lo que se debe hacer, sencillamente, es equilibrar las cuentas fiscales, cortar de cuajo la emisión de pesos, dejar flotar el tipo de cambios y garantizar plenamente el derecho de propiedad. Con ese simple paquete de medidas, que involucra una sustancial reducción de impuestos –que quizá no pueda ser abrupta pero que debe ser persistente- la propia dinámica del sistema resuelve todos los problemas. No hacen falta tantas alquimias pseudo-intelectualoides para resolver un problema que, en rigor, es sencillo. Con este esquema de gestión, la calidad de vida de la población irá mejorando gradualmente y el crecimiento y el desarrollo de la economía serán sustentables en el tiempo, sin necesidad de tener que estar constantemente dedicándole esfuerzos y energías a tratar de actualizar los salarios y los precios, tratando de no aumentar demasiado para que la inflación no se descontrole por completo y que los costos no sean excesivamente altos para que la actividad económica sea posible.

Por cierto que el próximo gobierno deberá adoptar medidas económicas para corregir las tonterías que realiza el actual. Pero sería bueno que no reemplace los disparates de este gobierno por otros desaguisados diferentes. Lo que necesitamos es un gobierno que se atenga a la realidad, no uno que sueñe con utopías absurdas. Tal vez se podría definir a la economía como “el arte de atenerse a la realidad”. De eso se trata el problema, esencialmente. El punto de partida, por supuesto, es sincerar los números. El INDEC debe volver a decir la verdad. De allí en adelante sobrevendrá, espontáneamente, la posibilidad de reordenar todo la dinámica de la economía.

Es indudablemente cierto que, durante algún tiempo, como consecuencia de los elevados índices de pobreza existentes, será necesario sostener algunas políticas de asistencialismo del estado por el sencillo motivo de que la gente necesita comer todos los días, los niños deben ir a la escuela, quienes tengan problemas de salud deben ser atendidos. Pero en la medida en que se sinceren las variables económicas y se apliquen los mecanismos institucionales que favorecen la inversión productiva de riesgo en el marco de un sistema de competencia abierta, los problemas que hay actualmente irán desapareciendo sin necesidad de estar pensando en el tipo de cambio, en esta o aquella variable macroeconómica, en las idas y vueltas de los índices estadísticos, etc.

La economía crece y la calidad de vida de las personas mejora merced a las inversiones que se producen como consecuencia del afán de lucro de los empresarios. Esta es la clave de toda la cuestión. Dejen que los empresarios ganen dinero y todo lo demás se produce por añadidura. Creemos las condiciones para que la gente se capacite porque eso es lo que ayuda a que cada individuo se incorpore al mercado laboral con calificaciones que le permitan aspirar a mejores retribuciones y naturalmente, sin forzarlo, todo el sistema económico se irá reacomodando con beneficios para todos.

El próximo gobierno deberá realizar, en todos los ámbitos de su gestión, una tarea de reordenamiento del sistema social. La economía es uno de los aspectos centrales de su gestión porque de ella dependen la disponibilidad de recursos para todas las demás actividades. Pero la solución no es tan compleja ni tan rara. Sólo se trata de volver a los principios clásicos. Lo demás viene solo. Porque cuando se quieren intentar maniobras antinaturales es cuando se generan los conflictos que luego derivan en crisis inmanejables.

El déficit en la producción de energía es la consecuencia del intervencionismo estatal

Un informe presentado por ocho ex secretarios de energía indica que, a lo largo de la gestión del kirchnerismo, el aumento de la demanda de energía está fuertemente por encima de la capacidad de generación actualmente existente. Señala el documento que “esta circunstancia provoca aumento de costos de funcionamiento y restricciones de oferta. Si esto no se corrigiera en el futuro conspiraría contra el funcionamiento del sistema productivo”. La prueba de que el sistema energético no está a la altura de la demanda se encuentra en el hecho de que todos los inviernos, cuando se producen picos de consumo de energía, el gobierno debe solicitar a la industria que modere la producción para no sobreexigir al sistema.

Este es un nuevo ejemplo –uno más entre tantos- de las consecuencias de los enfoques intervencionistas sobre cualquier área del proceso productivo. La energía es un bien como cualquier otro. Hay consumidores de energía –grandes medianos y pequeños- que están dispuestos a pagar por el suministro de ese servicio. Este hecho configura la existencia de un mercado. ¿Cuál es entonces la forma de satisfacer esa demanda? Pues, sencillamente, dejar que los empresarios interesados en prestar el servicio realicen las inversiones destinadas a responder a esa demanda y que obtengan una ganancia en el marco de un mercado competitivo.

En ese contexto, la oferta y la demanda de energía se coordinarían espontáneamente. Se produciría el tipo de energía que cada segmento del mercado demande, se organizaría la distribución para responder a esos requerimientos y se optimizaría el aprovechamiento de la capacidad de generación instalada para responder a las exigencias del mercado con el propósito de lograr la mayor eficiencia en la prestación del servicio. Nada de esto requiere la intervención del estado, es un fenómeno que se produce de manera natural por medio de la información que el sistema de precios entrega tanto a productores como a consumidores, que hace que cada uno se adapte a las condiciones vigentes del modo que individualmente más le convenga.

En este contexto, si el crecimiento de la economía provoca una perspectiva de aumento en la demanda de energía, esa circunstancia opera como un incentivo para la realización de nuevas inversiones a los efectos de dar respuesta a esa mayor demanda porque se abre la oportunidad de aprovechar el negocio sobreviniente. Precisamente este proceso de inversiones en infraestructura energética es lo que no se produce cuando el estado interfiere el mercado porque la señales emitidas por el sistema de precios no llevan a los empresarios a la visión de que pueda haber una oportunidad de negocios ni tampoco existe confiabilidad en que se habrá un marco normativo estable que permita evaluar la conveniencia o no de la inversión y en qué condiciones.

La respuesta del gobierno frente a la publicación de este documento fue la descalificación lisa y llana de los autores. "Parecen cronistas del diario Clarín”, expresó el secretario de energía, Daniel Cameron. Pero esto no es una respuesta válida. La descalificación de las personas que elaboraron el informe no refuta la argumentación contenida en el documento ni desmiente el hecho de que es usual que existan dificultades para garantizar el suministro de energía cuando se producen picos de consumo.

Una de las consecuencias –entre muchas- del intervencionismo del estado en los mercados es la aparición de espacios para la práctica de la corrupción. El documento denuncia ejemplos de corrupción en la concesión de obras. “Del total de las nuevas áreas petroleras licitadas en la provincia de Santa Cruz todas se adjudicaron a empresarios amigos del Gobierno luego de ser descalificadas o desalentadas empresas petroleras nacionales e internacionales con probados antecedentes en la actividad", expresa el trabajo. En un mercado competitivo, donde cada uno asume el riesgo de su propia inversión, no hay espacio para que estas prácticas se puedan producir. Pero es precisamente por eso, para encontrar el modo de favorecer a sus amigos, que el gobierno interfiere los mercados. Cuando son los consumidores y no el gobierno quien toma las decisiones, no hay modo de que aparezcan las concesiones a los empresarios amigos. Un fuerte argumento en favor del libre mercado es que contribuye a la mayor transparencia y honestidad de la gestión económica. No es casual que el kirchnerismo lo fustigue con tanto encono...

El saneamiento del Riachuelo y la economía de mercado

Probablemente si hubiera que elegir un ejemplo que exprese de manera visible la ineptitud de los argentinos para organizarnos socialmente en nuestro propio beneficio, difícilmente podría elegirse otro mejor que el estado del Riachuelo que marca el límite sur de la Capital Federal con la Provincia de Buenos Aires. Este no es un problema ideológico, da lo mismo que uno sea liberal o dirigista, de izquierda o de derecha, rico o pobre... La suciedad del Riachuelo es la misma para todos, se trata de un tema donde no hay diferencias de ninguna índole.

Se han hecho infinidad de intentos de sanear el Riachuelo. El más famoso, por lo ridículo, es el de los “mil días” de la señora María Julia. Pero hubo otros antes y los hay actualmente, siempre fallidos. En general, todos los intentos fracasan porque se comete un error de estrategia en la forma de abordar el tema. El saneamiento del Riachuelo empieza por una medida muy poco atractiva y rentable en términos políticos. El paso inicial es interrumpir el proceso de contaminación, algo que no da lugar para la imagen “histórica” del funcionario que quiere lucirse ante las cámaras.

Si no se empieza por dejar de lanzar desechos contaminantes al cauce de la cuenca Matanza-Riachuelo, ninguna acción ulterior de saneamiento será efectiva. La razón de esto es simple y obvia: si se aplica un plan de limpieza de las aguas –por el método técnico que sea- pero antes no se eliminó el vertido de efluentes, todo el trabajo de depuración será inútil porque la contaminación reaparecerá. Esto seguramente parece muy obvio pero nadie lo menciona cuando se hacen los ostentosos anuncios referidos al saneamiento del Riachuelo. Parece obvio ahora porque lo estamos diciendo nosotros pero no se conoce ningún funcionario que lo haya tenido en cuenta.

Si se logra que las fábricas situadas en las márgenes de la cuenca Matanza-Riachuelo dejen de contaminar, la aplicación de alguna metodología de saneamiento pasa a ser una cuestión secundaria porque la propia circulación de agua pura irá haciendo que la contaminación disminuya de manera espontánea y gradual. Eventualmente, la acción humana puede proceder a aplicar algún proceso de purificación que aceleraría todo el proceso pero lo esencial es atacar la causa del problema, que es el vertido de desechos contaminantes en el cauce de agua.

Contrariamente a lo que muchos suponen, la aplicación de medidas que penen el vertido de efluentes contaminantes en los cauces de agua no es en absoluto incompatible con la economía de mercado, en tanto y en cuanto la aplicación de esas sanciones sea absolutamente pareja y equivalente para todas las empresas que incurran en esa práctica. Este es un caso donde la activa intervención del estado es legítima y vale la pena mencionarla para desmentir las acusaciones de que los liberales reivindicamos un estado ausente o inactivo. Lo que los liberales cuestionamos es que el estado incida en acciones donde ejerza su influencia en favor de unos y en desmedro de otros. Pero la preservación del medio ambiente es una acción en beneficio de cualquier persona por el solo hecho de vivir o incluso estar de visita en un lugar cualquiera. En un caso así, la intervención estatal es legítima porque el beneficio que proporciona es universal. Lo que sí es esencial desde un punto de vista liberal es que las normas que exijan “contaminación cero” sean absolutamente parejas y tengan vigencia general y equitativa para todas las compañías que operen en las cercanías de cualquier curso de agua e incluso en cualquier otro lugar. Si se permite a unos echar sus residuos en el Riachuelo –o en cualquier otro espacio donde se esté provocando contaminación- y no se les permite lo mismo a otros, sí se estarían vulnerando los fundamentos del libre mercado porque las reglas dejarían de ser equitativas. El tratamiento de efluentes contaminantes tiene un costo y es obvio que ese costo se trasladará a los precios finales de los productos desarrollados por cada empresa. Si se permite que unas firmas no estén obligados a realizar ese proceso y a otras sí se las obliga a ejecutarlo, se estará vulnerando el principio de equidad jurídica que es esencial para que la economía de mercado opere satisfactoriamente. Como se ve, la preservación del medio ambiente no es una práctica contradictoria con los fundamentos de la economía de mercado. Lo esencial es que absolutamente todos dejen de contaminar. Así, el doble propósito de preservar la limpieza y la transparencia del mercado y de conservar la salubridad ambiental quedarán debidamente complementadas y se sustentarán mutuamente de manera armónica.

El fallo en favor de Fibertel muestra el camino en dirección al libre mercado

La Cámara Civil y Comercial Federal rechazó los planteos del gobierno contra la prestadora de servicios de internet Fibertel en base al argumento de que se debe proteger “la libre competencia” y para evitar “la distorsión en el mercado”. El fallo del tribunal debe ser aplaudido porque implica ponerle un freno a los intentos de avasallamiento del gobierno contra un grupo empresarial (no importa el hecho de que sea Clarín particularmente; el mismo concepto sería válido si se tratara de cualquier otra compañía). Pero más interesante aún que el rechazo propiamente dicho son los argumentos esgrimidos por la Cámara.

Es sumamente positivo que los fundamentos de un fallo estén basados en la conveniencia de que se respeten los principios de la libre competencia, el fluido desenvolvimiento de los mercados, el resguardo de los derechos vigentes, la aplicación de contratos libremente pactados y se priorice la pluralidad de alternativas de elección para los consumidores. Todos estos principios están consagrados en los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional.

Es interesante subrayar que todos estos principios no fueron sostenidos –como diría la señora- por “los poderes concentrados” sino por un tribunal de segunda instancia del estado, el cual, por lo demás, ratificó fallos de niveles inferiores que ya se habían pronunciado en el mismo sentido. Es bueno, asimismo, destacar de qué modo este fallo aporta elementos para demostrar la significación que un sólido ordenamiento jurídico resguardado por la acción del estado tiene, a los efectos de garantizar el fluido desenvolvimiento de los mercados. Esta sentencia refuta al mismo tiempo a quienes, desde diversos matices de la izquierda, acusan al liberalismo de propugnar “un estado ausente” y también a algunos liberales extremos que, precisamente, sostienen que la vigencia de un ordenamiento liberal es incompatible con la existencia del estado porque el estado tiende por naturaleza a vulnerar los derechos y libertades consagrados por la doctrina liberal.

Dentro del contexto de confusión generalizada en el que nuestro país está inmerso, este fallo aporta luz, claridad y, fundamentalmente, equilibrio. Se trata de un fallo que defiende enfáticamente el libre mercado pero no en un marco de anarquía sino de orden jurídico-institucional. No se trata de una sentencia con una gran significación en términos jurídicos porque los fundamentos no contienen novedades en términos doctrinarios pero sí es un fallo que resulta políticamente oportuno porque establece un criterio válido y legítimo para abordar situaciones contenciosas en diversos ámbitos del quehacer económico-empresarial. Sería altamente deseable que similares criterios se aplicaran para regir actividades que actualmente están vedadas a la libre competencia, como la telefonía fija o la navegación aerocomercial, entre muchas otras más.

El fallo que resguarda el derecho de Fibertel está fundado, entre otras normativas, en los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional. Allí se garantiza “ la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados” (art. 42) y se legitima el recurso a la justicia para resguardar “derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley”. En la práctica, por supuesto, todos estos principios son muchas veces vulnerados, avasallados o desnaturalizados, incluso por otras disposiciones contenidas en la propia Constitución que son antagónicos o incompatibles con estas mismas disposiciones.

Pero aún en el contexto de todas estas contradicciones e inconsistencias, el fallo de ayer es positivo y aporta un antecedente válido a los efectos de futuros debates no sólo judiciales sino políticos. La fijación de un ordenamiento económico basado en el libre mercado es, esencialmente, un problema político. Este fallo contribuye a consolidar el soporte jurídico para ese debate político. Es altamente probable que, si a fin de año se acaba el gobierno K, de allí en más ese debate comience a plantearse abiertamente. Y en ese contexto siempre es bueno sumar elementos que aporten argumentos favorables para dar respaldo institucional a la defensa de la economía de mercado.