El fallo en favor de Fibertel muestra el camino en dirección al libre mercado

La Cámara Civil y Comercial Federal rechazó los planteos del gobierno contra la prestadora de servicios de internet Fibertel en base al argumento de que se debe proteger “la libre competencia” y para evitar “la distorsión en el mercado”. El fallo del tribunal debe ser aplaudido porque implica ponerle un freno a los intentos de avasallamiento del gobierno contra un grupo empresarial (no importa el hecho de que sea Clarín particularmente; el mismo concepto sería válido si se tratara de cualquier otra compañía). Pero más interesante aún que el rechazo propiamente dicho son los argumentos esgrimidos por la Cámara.

Es sumamente positivo que los fundamentos de un fallo estén basados en la conveniencia de que se respeten los principios de la libre competencia, el fluido desenvolvimiento de los mercados, el resguardo de los derechos vigentes, la aplicación de contratos libremente pactados y se priorice la pluralidad de alternativas de elección para los consumidores. Todos estos principios están consagrados en los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional.

Es interesante subrayar que todos estos principios no fueron sostenidos –como diría la señora- por “los poderes concentrados” sino por un tribunal de segunda instancia del estado, el cual, por lo demás, ratificó fallos de niveles inferiores que ya se habían pronunciado en el mismo sentido. Es bueno, asimismo, destacar de qué modo este fallo aporta elementos para demostrar la significación que un sólido ordenamiento jurídico resguardado por la acción del estado tiene, a los efectos de garantizar el fluido desenvolvimiento de los mercados. Esta sentencia refuta al mismo tiempo a quienes, desde diversos matices de la izquierda, acusan al liberalismo de propugnar “un estado ausente” y también a algunos liberales extremos que, precisamente, sostienen que la vigencia de un ordenamiento liberal es incompatible con la existencia del estado porque el estado tiende por naturaleza a vulnerar los derechos y libertades consagrados por la doctrina liberal.

Dentro del contexto de confusión generalizada en el que nuestro país está inmerso, este fallo aporta luz, claridad y, fundamentalmente, equilibrio. Se trata de un fallo que defiende enfáticamente el libre mercado pero no en un marco de anarquía sino de orden jurídico-institucional. No se trata de una sentencia con una gran significación en términos jurídicos porque los fundamentos no contienen novedades en términos doctrinarios pero sí es un fallo que resulta políticamente oportuno porque establece un criterio válido y legítimo para abordar situaciones contenciosas en diversos ámbitos del quehacer económico-empresarial. Sería altamente deseable que similares criterios se aplicaran para regir actividades que actualmente están vedadas a la libre competencia, como la telefonía fija o la navegación aerocomercial, entre muchas otras más.

El fallo que resguarda el derecho de Fibertel está fundado, entre otras normativas, en los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional. Allí se garantiza “ la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados” (art. 42) y se legitima el recurso a la justicia para resguardar “derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley”. En la práctica, por supuesto, todos estos principios son muchas veces vulnerados, avasallados o desnaturalizados, incluso por otras disposiciones contenidas en la propia Constitución que son antagónicos o incompatibles con estas mismas disposiciones.

Pero aún en el contexto de todas estas contradicciones e inconsistencias, el fallo de ayer es positivo y aporta un antecedente válido a los efectos de futuros debates no sólo judiciales sino políticos. La fijación de un ordenamiento económico basado en el libre mercado es, esencialmente, un problema político. Este fallo contribuye a consolidar el soporte jurídico para ese debate político. Es altamente probable que, si a fin de año se acaba el gobierno K, de allí en más ese debate comience a plantearse abiertamente. Y en ese contexto siempre es bueno sumar elementos que aporten argumentos favorables para dar respaldo institucional a la defensa de la economía de mercado.

La ecuación "delito-condena" es la clave de la política liberal de seguridad

Cuando se debate en círculos liberales acerca de la política de seguridad, no suele haber ideas suficientemente claras, como cuando se tratan las cuestiones económicas. ¿Cuál es la metodología apropiada para reducir de manera efectiva los índices delictivos? Para responder a esta pregunta es importante, ante todo, elaborar un diagnóstico acertado.

¿Por qué ha crecido tanto en los últimos años el índice de delitos? La respuesta es, sencillamente, que el índice delictivo ha crecido notoriamente porque el delito es “rentable”... Esta consideración, que parece muy “economicista”, en realidad, sintetiza si no todo, gran parte del problema. Como la policía y la justicia son ineficaces en la prevención y la represión del delito, quien delinque tiene grandes probabilidades de eludir la condena y beneficiarse del producto de su crimen...

Si el acto de delinquir estuviera penado con dureza de manera efectiva, el delito no sería conveniente porque la pena resultaría más costosa que el beneficio obtenido a través del acto delictivo. Si un individuo comete un asalto y por ese asalto debe purgar una condena de un buen número de años, es mucho menos probable que cometa el asalto porque la perspectiva de sufrir una condena de mucha dureza obraría como un factor inhibitorio a la propensión a delinquir. Actualmente, como la policía es ineficaz y la justicia es permisiva, ese factor inhibitorio no opera y quien comete un delito tiene escasas probabilidades de ser detenido y, en el caso de que lo sea, tiene grandes probabilidades de quedar en libertad. De ese modo, el acto de delinquir se torna “rentable” y quien delinque encuentra, en los beneficios que la actividad delictiva le proporciona, incentivos para seguir delinquiendo.

La conclusión que extraemos de este análisis es que la ecuación “delito-condena” en la Argentina actual es beneficiosa para los delincuentes. El punto de partida para encauzar una solución de este tipo es revertir esa ecuación, de modo tal que se torne desfavorable para los criminales. Por lo demás, este enfoque del tema es consecuente con los principios filosóficos del liberalismo, ya que sitúa la causa del delito en la responsabilidad individual del delincuente y no en una supuesta “exclusión social” que conduce al individuo a delinquir como una forma de reivindicación frente a un ordenamiento social injusto.

Los liberales no estamos de acuerdo, no creemos en ese argumento socialdemócrata o “progre” de que los criminales son “víctimas del sistema”. Esto no es así. Los criminales son personas que, en vista de que han evaluado que eso es lo que les conviene, han elegido delinquir. Y, para desalentar la comisión de delitos, la política apropiada es aplicar sanciones duras de vigencia efectiva. No hay lugar para la “ternura” en el trato con los criminales, lo que no implica avasallar sus “derechos humanos” ni vulnerar su dignidad individual. El sentido de la política penal –de la cual la policía y la justicia son los instrumentos operativos- es producir una ecuación “delito-beneficio” que sea nítidamente desfavorable para el criminal, con el propósito de desalentar la comisión de delitos y, de ese modo, generar una disminución del índice de criminalidad que derivará, naturalmente, en que habrá mayor seguridad para todos los habitantes del país.

Es indudablemente necesario, para poder instrumentar una política de esta naturaleza, que las cabezas políticas del gobierno sean los primeros en practicar la honestidad y la decencia porque, de lo contrario, toda la cadena de órdenes queda desnaturalizada y contaminada por las irregularidades que surgen desde la cúpula. No se le puede pedir al policía barrial que se comprometa plenamente con la lucha contra la delincuencia si el Presidente de la Nación, el Ministro de Justicia, el jefe de policía y el comisario son deshonestos. La delincuencia y la corrupción se combaten “desde arriba para abajo”. De lo contrario, no hay modo de revertir la ecuación “delito-condena” en contra de la conveniencia de los delincuentes...