Si no se condena a los adultos, la delincuencia juvenil no disminuirá

El debate que se ha planteado en relación a la posibilidad de reducir la edad de la imputabilidad penal de dieciseis a catorce años está completamente “fuera de foco”. El problema no es la condena a los menores que delinquen sino la sanción a los adultos que cometen crímenes. Aquí se ha abierto un debate acerca de si conviene o corresponde imputar criminalmente a menores de dieciseis años y, cuando el homicidio o el robo lo cometen un adulto de 25 o 30 años, no se lo condena. Un verdadero disparate.

Un menor, si delinque, es altamente probable que lo haga influenciado por el entorno. Vivimos en una sociedad donde el acto de cometer delitos está tácitamente legitimado por la ausencia de sanciones penales, no a los adolescentes sino principalmente a los adultos. En ese contexto, la proclividad de los menores a delinquir puede encontrarse fuertemente estimulada por la percepción –no suficientemente contenida aún por criterios morales completamente formados- de que el delito es un modo de vida socialmente aceptable.

En este cuadro social la apertura de un debate acerca de la edad a la cual corresponde establecer la imputabilidad penal está completamente distorsionada. Si los menores están expuestos al riesgo de verse impulsados a delinquir porque observan a los adultos que practican el crimen y no son sancionados, no se les puede requerir que tengan la suficiente madurez como para discernir claramente la ilegitimidad de esa modalidad de conducta.

El problema de fondo de la justicia penal no es la dureza de las penas sino el hecho de que no se aplican. No tiene el menor sentido abrir debates acerca de qué tan duras serán las condenas nominales para quienes cometan crímenes si luego en la práctica, por ineficiencia de la policía o por chicanas procesales avaladas por los jueces, los delincuentes encuentran la oportunidad de quedar en libertad.

El criterio apropiado para reducir la criminalidad es poner en evidencia que el crimen no queda impune. Ese hecho desalienta la inclinación a delinquir, ya sea porque quienes cometen delitos quedan recluidos y por lo tanto no pueden reincidir, como porque quienes están relacionados con el condenado perciben las consecuencias de la criminalidad y, consecuentemente, se abstienen de atentar contra la propiedad y la seguridad de terceros.

Es importante señalar que, en buena medida, el crimen es “contagioso”. Cuando alquien, por medio de la delincuencia, obtiene beneficios económicos y no recibe sanciones, quienes lo rodean perciben al delito como un medio para ganar dinero de manera más apropiada que el trabajo decente. Así es como se va propagando la epidemia de la criminalidad que, en última instancia, llega hasta los menores. Cuando un joven comete un crimen, como sucedió recientemente, se instala el debate político referido a la edad a partir de la cual corresponde establecer la responsabilidad penal.

Pero en realidad los únicos irresponsables son los políticos que no entienden lo que está sucediendo y suponen que sancionando leyes conseguirán resolver el problema, sin hacerse cargo de que no sirve de nada escribir supuestas condenas si estas luego quedan sin aplicación práctica. Más útil que sancionar normas nominalmente duras de nula aplicación real sería que modifiquen los códigos de procedimientos para que los procesos sean más rápidos y los jueces no tengan la posibilidad de liberar a los criminales para que tengan la oportunidad de volver a delinquir.

La delincuencia juvenil es, esencialmente, una consecuencia de todo el marco social en el que estamos inmersos. Es un efecto de circunstancias anteriores y no habrá solución real al problema en tanto no se modifiquen las causas que lo generan. El debate que se planteó, acerca de la edad de la imputabilidad de los menores, no tiene ningún sentido. Lo que sí tendría sentido es aplicar condenas efectivas a los adultos. Entonces, la criminalidad de los menores comenzará a disminuir sustancialmente de manera espontánea...

La ecuación "delito-condena" es la clave de la política liberal de seguridad

Cuando se debate en círculos liberales acerca de la política de seguridad, no suele haber ideas suficientemente claras, como cuando se tratan las cuestiones económicas. ¿Cuál es la metodología apropiada para reducir de manera efectiva los índices delictivos? Para responder a esta pregunta es importante, ante todo, elaborar un diagnóstico acertado.

¿Por qué ha crecido tanto en los últimos años el índice de delitos? La respuesta es, sencillamente, que el índice delictivo ha crecido notoriamente porque el delito es “rentable”... Esta consideración, que parece muy “economicista”, en realidad, sintetiza si no todo, gran parte del problema. Como la policía y la justicia son ineficaces en la prevención y la represión del delito, quien delinque tiene grandes probabilidades de eludir la condena y beneficiarse del producto de su crimen...

Si el acto de delinquir estuviera penado con dureza de manera efectiva, el delito no sería conveniente porque la pena resultaría más costosa que el beneficio obtenido a través del acto delictivo. Si un individuo comete un asalto y por ese asalto debe purgar una condena de un buen número de años, es mucho menos probable que cometa el asalto porque la perspectiva de sufrir una condena de mucha dureza obraría como un factor inhibitorio a la propensión a delinquir. Actualmente, como la policía es ineficaz y la justicia es permisiva, ese factor inhibitorio no opera y quien comete un delito tiene escasas probabilidades de ser detenido y, en el caso de que lo sea, tiene grandes probabilidades de quedar en libertad. De ese modo, el acto de delinquir se torna “rentable” y quien delinque encuentra, en los beneficios que la actividad delictiva le proporciona, incentivos para seguir delinquiendo.

La conclusión que extraemos de este análisis es que la ecuación “delito-condena” en la Argentina actual es beneficiosa para los delincuentes. El punto de partida para encauzar una solución de este tipo es revertir esa ecuación, de modo tal que se torne desfavorable para los criminales. Por lo demás, este enfoque del tema es consecuente con los principios filosóficos del liberalismo, ya que sitúa la causa del delito en la responsabilidad individual del delincuente y no en una supuesta “exclusión social” que conduce al individuo a delinquir como una forma de reivindicación frente a un ordenamiento social injusto.

Los liberales no estamos de acuerdo, no creemos en ese argumento socialdemócrata o “progre” de que los criminales son “víctimas del sistema”. Esto no es así. Los criminales son personas que, en vista de que han evaluado que eso es lo que les conviene, han elegido delinquir. Y, para desalentar la comisión de delitos, la política apropiada es aplicar sanciones duras de vigencia efectiva. No hay lugar para la “ternura” en el trato con los criminales, lo que no implica avasallar sus “derechos humanos” ni vulnerar su dignidad individual. El sentido de la política penal –de la cual la policía y la justicia son los instrumentos operativos- es producir una ecuación “delito-beneficio” que sea nítidamente desfavorable para el criminal, con el propósito de desalentar la comisión de delitos y, de ese modo, generar una disminución del índice de criminalidad que derivará, naturalmente, en que habrá mayor seguridad para todos los habitantes del país.

Es indudablemente necesario, para poder instrumentar una política de esta naturaleza, que las cabezas políticas del gobierno sean los primeros en practicar la honestidad y la decencia porque, de lo contrario, toda la cadena de órdenes queda desnaturalizada y contaminada por las irregularidades que surgen desde la cúpula. No se le puede pedir al policía barrial que se comprometa plenamente con la lucha contra la delincuencia si el Presidente de la Nación, el Ministro de Justicia, el jefe de policía y el comisario son deshonestos. La delincuencia y la corrupción se combaten “desde arriba para abajo”. De lo contrario, no hay modo de revertir la ecuación “delito-condena” en contra de la conveniencia de los delincuentes...

El empleo de la fuerza y la condena penal no debe estar excluido de la política de seguridad

La llegada de la señora Nilda Garré al Ministerio de Seguridad tendrá como efecto que la policía seguramente acentuará su postura pasiva frente a los ataques al derecho y al orden perpetrados por delincuentes y sediciosos (piqueteros, usurpadores de espacios públicos, vendedores ambulantes ilegales, etc). El resultado de esta política será, previsiblemente, un aumento de las prácticas delictivas e ilegales de toda índole.

El interrogante que a nosotros, los liberales, nos cabe en este contexto es el de determinar qué política podríamos proponer desde el liberalismo para contribuir a resolver el problema de la inseguridad y la ilegalidad tan generalizadas que afectan a nuestra sociedad y por ende los derechos, la propiedad y la vida de cada habitante.

Lo primero que sería oportuno señalar es que la crisis de la seguridad y la legalidad se derivan y son las consecuencias prácticas y apreciables de una circunstancia anterior, que es la renuncia del estado al empleo de la fuerza y la condena penal efectiva como medios para imponer su autoridad. El estado argentino ha renunciado a emplear la fuerza y la condena penal efectiva para desalentar, impedir y eventualmente sancionar los actos delictivos e ilegales. La llegada de Nilda Garré al Ministerio de Seguridad institucionaliza esta política.

Esta renuncia tiene su origen en la descalificación del modo en el que el último gobierno militar reprimió a las organizaciones terroristas. De allí en más, todo empleo de la fuerza y de la condena penal efectiva por parte del estado pasó a ser deslegitimado, circunstancia que, naturalmente, favorece a aquellos que eligen transgredir las normas en favor de sus propios intereses y en perjuicio de los derechos ajenos.

Pero esta situación nos coloca a los liberales en una posición paradójica. El liberalismo es un movimiento que, tradicionalmente, ha estado en contra de los abusos del estado y, de hecho, los liberales argentinos reclamamos habitualmente que el estado deje de asfixiarnos. Reclamamos menos intevención del estado en el campo de la economía, de la educación, de las prestaciones de salud y muchos etcéteras más.

Pero en el ámbito de la inseguridad y la ilegalidad, el problema, actualmente, no es que el estado se extralimita sino, contrariamente, que el estado se abstiene de actuar. Es paradójico que quienes reclamamos usualmente que el estado actúe menos, tengamos que plantear, en el área de la seguridad y la legalidad, el problema de que el estado actúa demasiado poco.

En lo referido al problema de la seguridad y la

ilegalidad, el problema al que el liberalismo debería encontrarle una respuesta satisfactoria es de qué modo es posible ejercer la autoridad del estado en un contexto donde las fuerzas de seguridad y la justicia penal garanticen los derechos de los ciudadanos decentes y repriman con severidad pero sin excesos a los delincuentes y a los sediciosos. El ejercicio de la autoridad por parte del estado no debe excluir el uso de la fuerza y de la condena penal para reprimir a delincuentes y sediciosos. Lo que el estado no debe hacer es excederse en el empleo de la fuerza para imponer la soberanía de la ley. La fuerza y la condena penal deben ser instrumentos al servicio de los derechos de los ciudadanos y, por lo tanto es enteramente legítimo emplearlos cuando esos derechos se vean vulnerados por delincuentes y sediciosos. La política de Garré está orientada en una dirección opuesta a la aquí indicada y por eso está destinada a fracasar, ya que los derechos de los ciudadanos no quedarán eficazmente defendidos y eso desencadenará severos cuestionamientos generales.

El problema de la inseguridad y la ilegalidad consiste, por lo tanto, en evaluar de qué modo es posible encuadrar el uso de la fuerza y la condena penal en una política de seguridad y legalidad destinada a garantizar los derechos de los ciudadanos y que, al mismo tiempo, evite incurrir en abusos policiales que deriven en una descalificación popular del empleo de la fuerza y la condena penal, que terminen favoreciendo el accionar de los delincuentes, como viene sucediendo desde hace tiempo en nuestro país y como seguirá sucediendo bajo la gestión ministerial de Nilda Garré. El liberalismo no debe propugnar la ausencia total del estado sino un estado con funciones muy limitadas pero con presencia muy efectiva en los campos en los cuales sí es recomendable su accionar. Está bien que el estado tenga el monopolio del uso de la fuerza. Pero es responsabilidad de los gobernantes que esa fuerza sea empleada con eficacia y criterio en las circunstancias en las que se la necesite y no que se abstenga de actuar por temor a que el gobierno sea acusado de violar los derechos humanos. Los ciudadanos decentes también somos humanos y tenemos derecho a ser defendidos. La renuncia del estado a cumplir sus genuinas funciones nos ha sumido a todos en la indefensión. En este contexto, los delincuentes y sediciosos tienen más derechos que los ciudadanos decentes. Los liberales debemos promover un cambio en este cuadro de situación.