Es necesaria la apertura de un debate acerca de la legitimidad de la presión impositiva

Entre las muchas cuestiones que demandan un replanteo en la sociedad argentina, el tema referido a la presión impositiva ocupa un lugar relevante. Argentina es un país con una enorme presión impositiva, incluso comparada con otras naciones pero además la calidad de las prestaciones del estado, que se financia con esos impuestos que extrae compulsivamente de los ciudadanos, son de pésima calidad.

Los impuestos son recursos que pertenecen a los ciudadanos de los cuales el estado se apropia por medio de la sanción de leyes que, técnicamente, legitiman su recaudación. Dentro de ciertos límites –que deben ser lo más reducidos que sea posible- es aceptable y entendible que el estado cobre impuestos porque, de lo contrario, sería imposible solventar instituciones tales como la justicia, la seguridad y algunas otras funciones más que son del interés de todos. El problema radica en que el estado argentino cobra unos impuestos brutales por cualquier motivo –en muchos casos, no justificado- y además no los retribuye en servicios eficientes.

Todo esto configura un escenario que requiere un replanteo conceptual. No es aceptable, no es legítimo que el estado ejerza semejante presión impositiva sobre los ciudadanos y encima no devuelva nada. El problema radica en que, para la abrumadora mayoría de los políticos, está bien que haya tanta presión impositiva porque de ese modo el estado ejerce una función de redistribución de los recursos, supuestamente desde los más ricos, beneficiados, privilegiados (y “explotadores”, agregarían algunos) hacia los más pobres y marginados.

El punto crítico de toda esta cuestión es que la presión impositiva es un factor determinante de la pobreza porque desincentiva las inversiones productivas que generan riqueza y permiten aumentar de manera espontánea el nivel de vida de esa misma población a la que se pretende ayudar por medio de la redistribución de los recursos. La presión impositiva no es la única variable que incide en la calidad de vida del pueblo pero es uno de los componentes de la ecuación.

Un punto clave de toda la cuestión es que esos impuestos que el estado cobra a la población no son del estado ni de los políticos sino de los ciudadanos. Por lo tanto, si bien es aceptable, dentro de límites muy acotados, que el estado cobre impuestos para solventar algunas actividades de interés público y general, la presión impositiva debe quedar reducida al mínimo posible porque, si no se cumple ese requisito, se está vulnerando los derechos de los ciudadanos. El hecho de que el estado cobre impuestos para pagar la televisación del fútbol no sólo es inconveniente desde el punto de vista económico sino que es inmoral, es un despojo a los derechos de aquellos ciudadanos cuyos impuestos son empleados para ese fin. Y casos como ese –que es un buen ejemplo porque es muy evidente- hay innumerables. Pero como la televisación del fútbol es “gratis” parecería estar legitimado el empleo de fondos estatales obtenidos a través de impuestos con ese propósito.

Es necesario un replanteo de la cuestión. Está pendiente un debate donde se determine con claridad qué impuestos es legítimo cobrar y para ser imputados a qué partidas presupuestarias. Se trata, por cierto, de un tema polémico y que derivará en acaloradísimos debates políticos e ideológicos. Es seguro que, en un debate de esa naturaleza, los liberales estaríamos en amplia minoría pero, al mismo tiempo, encontraríamos en ese campo un amplio espacio para expresar nuestro pensamiento en términos claros y concretos, poniendo en evidencia –aunque muchos no lo quieran escuchar- de qué modo los políticos estatistas estafan al mismo pueblo al que dicen defender.

La carga impositiva es un lastre que el sistema productivo argentino lleva en su mochila. El tema encierra grandes cuestiones políticas, económicas, ideológicas y morales en todo su desarrollo. Los liberales tenemos mucho para decir al respecto. Tenemos aquí una excelente oportunidad de hacernos escuchar.

Si no se condena a los adultos, la delincuencia juvenil no disminuirá

El debate que se ha planteado en relación a la posibilidad de reducir la edad de la imputabilidad penal de dieciseis a catorce años está completamente “fuera de foco”. El problema no es la condena a los menores que delinquen sino la sanción a los adultos que cometen crímenes. Aquí se ha abierto un debate acerca de si conviene o corresponde imputar criminalmente a menores de dieciseis años y, cuando el homicidio o el robo lo cometen un adulto de 25 o 30 años, no se lo condena. Un verdadero disparate.

Un menor, si delinque, es altamente probable que lo haga influenciado por el entorno. Vivimos en una sociedad donde el acto de cometer delitos está tácitamente legitimado por la ausencia de sanciones penales, no a los adolescentes sino principalmente a los adultos. En ese contexto, la proclividad de los menores a delinquir puede encontrarse fuertemente estimulada por la percepción –no suficientemente contenida aún por criterios morales completamente formados- de que el delito es un modo de vida socialmente aceptable.

En este cuadro social la apertura de un debate acerca de la edad a la cual corresponde establecer la imputabilidad penal está completamente distorsionada. Si los menores están expuestos al riesgo de verse impulsados a delinquir porque observan a los adultos que practican el crimen y no son sancionados, no se les puede requerir que tengan la suficiente madurez como para discernir claramente la ilegitimidad de esa modalidad de conducta.

El problema de fondo de la justicia penal no es la dureza de las penas sino el hecho de que no se aplican. No tiene el menor sentido abrir debates acerca de qué tan duras serán las condenas nominales para quienes cometan crímenes si luego en la práctica, por ineficiencia de la policía o por chicanas procesales avaladas por los jueces, los delincuentes encuentran la oportunidad de quedar en libertad.

El criterio apropiado para reducir la criminalidad es poner en evidencia que el crimen no queda impune. Ese hecho desalienta la inclinación a delinquir, ya sea porque quienes cometen delitos quedan recluidos y por lo tanto no pueden reincidir, como porque quienes están relacionados con el condenado perciben las consecuencias de la criminalidad y, consecuentemente, se abstienen de atentar contra la propiedad y la seguridad de terceros.

Es importante señalar que, en buena medida, el crimen es “contagioso”. Cuando alquien, por medio de la delincuencia, obtiene beneficios económicos y no recibe sanciones, quienes lo rodean perciben al delito como un medio para ganar dinero de manera más apropiada que el trabajo decente. Así es como se va propagando la epidemia de la criminalidad que, en última instancia, llega hasta los menores. Cuando un joven comete un crimen, como sucedió recientemente, se instala el debate político referido a la edad a partir de la cual corresponde establecer la responsabilidad penal.

Pero en realidad los únicos irresponsables son los políticos que no entienden lo que está sucediendo y suponen que sancionando leyes conseguirán resolver el problema, sin hacerse cargo de que no sirve de nada escribir supuestas condenas si estas luego quedan sin aplicación práctica. Más útil que sancionar normas nominalmente duras de nula aplicación real sería que modifiquen los códigos de procedimientos para que los procesos sean más rápidos y los jueces no tengan la posibilidad de liberar a los criminales para que tengan la oportunidad de volver a delinquir.

La delincuencia juvenil es, esencialmente, una consecuencia de todo el marco social en el que estamos inmersos. Es un efecto de circunstancias anteriores y no habrá solución real al problema en tanto no se modifiquen las causas que lo generan. El debate que se planteó, acerca de la edad de la imputabilidad de los menores, no tiene ningún sentido. Lo que sí tendría sentido es aplicar condenas efectivas a los adultos. Entonces, la criminalidad de los menores comenzará a disminuir sustancialmente de manera espontánea...

No nos olvidemos de López Murphy

La situación política en la que Argentina se encuentra actualmente guarda similitudes con la de mediados del año 2000. Por entonces, bajo la presidencia de De la Rúa, estaba aún vigente el modelo económico que Menem había impuesto pero se avizoraba que ese esquema se encaminaba hacia el agotamiento y había que corregirlo para que no desembocara en una crisis. De la Rúa designó en marzo de 2001 a Ricardo López Murphy para impulsar esa corrección del rumbo.

La posición que López Murphy sostuvo, metafóricamente expresada, fue que, para evitar que el barco se hundiera, había que tirar el 10 % del equipaje al agua. Ante este planteo los pasajeros reaccionaron horrorizados, rechazaron la indicación del capitán, quien renunció al cargo quince días después, siendo reemplazado por el Almirante Domingo Cavallo, quien no dijo que hubiera que tirar ningún equipaje al agua.

Pero, como López Murphy lo había anticipado, el barco no podía sostenerse a flote si no se aliviaba la carga que llevaba. Diez meses después de que Cavallo asumiera, se impuso la medida a la que se denominó “el corralito”. Todo lo que sucedió después es historia conocida y no vale la pena detallarla. Lo que importa tener en cuenta es que nos vamos aproximando nuevamente al momento en el que, o tiramos al agua parte del equipaje, o volveremos a naufragar.

Considerando cómo somos los argentinos –no todos pero sí la mayoría- digamos que no sería mala idea ir poniéndonos cada uno un chaleco salvavidas... Nos vamos encaminando, lenta pero inexorablemente, al agotamiento del modelo kirchnerista. Ahora no parece que estemos dirigiéndonos hacia un abismo pero a mediados del 2000 tampoco parecía que un sistema tan sólido como el que Menem insinuaba haber creado pudiera saltar por los aires. Y finalmente eso fue lo que sucedió.

En aquel momento, cuando López Murphy fue designado ministro de economía, tuvimos la oportunidad de corregir el rumbo antes de que todo el sistema colapsara pero la negativa de los pasajeros a reducir la carga del buque impidió que se adoptaran las medidas necesarias para evitar el naufragio.

Si de algo aquella experiencia pudiera servir, que sea para evitar que ahora ocurra lo mismo. Estamos a tiempo de evitar que el barco naufrague pero, para que eso suceda, es necesario aliviar la carga. De lo contrario, volveremos a hundirnos como nos precipitamos la vez anterior.

La ventaja con la que contamos ahora es que ya conocemos las consecuencias. Es dudoso que aprendamos de la experiencia porque los argentinos tendemos más bien a repetir los errores que a corregirlos. Pero, de todos modos, mientras estemos a tiempo, pensemos que podemos evitar lo peor.

Hagámonos cargo de que, efectivamente, podemos tener problemas graves si no se adoptan medidas serias para rectificar el rumbo económico. Esas medidas son del tipo de las que usualmente se consideran “impopulares”. Pero es por tomar medidas “populares” por lo que la flotabilidad del barco va quedando gradualmente más comprometida.

Para que sea posible tomar medidas “impopulares” es necesario que exista consenso político para sostenerlas. Eso fue lo que no tuvo López Murphy. Pero sucede que si esas medidas no se toman “por las buenas” la realidad se encarga finalmente de imponerlas “por las malas” y eso es peor. Si se hubiera aliviado la carga en marzo, como lo había propuesto López Murphy, no hubiese habido “corralito” en diciembre. Nada menos que eso es lo que nos estaremos jugando en los próximos meses. O empezamos a aliviar la carga o el barco se hunde. Por eso, no nos olvidemos de López Murphy.

Si no se corrige el rumbo a tiempo, la economía colapsa el año que viene

Si no se corrige el rumbo, hay un altísimo porcentaje de probabilidades de que la economía argentina colapse en 2012. El riesgo no parece ser inminente pero, como en tantas ocasiones anteriores, la acumulación de distorsiones va sumando peso, hasta que la estructura no resiste y todo el edificio se desploma. Las contradicciones intrínsecas del modelo económico son insostenibles. Hasta ahora, como siempre sucede con todos los regímenes económicos elaborados artificialmente por el voluntarismo estatal, la estructura de la economía viene aguantando porque el gobierno, con un esfuerzo constantemente creciente, logra evitar que se desmorone. Pero esta fantasía no puede durar eternamente. La inflación creciente es un síntoma evidente de que el modelo económico tiende a “hacer agua” por muchos flancos. Durante 2011 es probable que el gobierno logre sostener el andamiaje. Pero ¿alguien se imagina cuál será el escenario económico durante 2012?

Cualquier observación lleva a la percepción de que nos encaminamos hacia un colapso. Es difícil predecir cuál será la chispa que pueda hacer saltar el polvorín. Lo que es evidente es que el clima de tensión que la economía está soportando concluirá por estallar, como una caldera que acumula presión creciente hasta que no aguanta más. Si gana las elecciones de este año, el kirchnerismo intentará, como todos los gobiernos lo hacen, emparchar la situación para tratar de “aguantar” un tiempo más y, mientras tanto, “rezar” que pase algo que le permita salir del atolladero.

Pero estos milagros nunca se producen. La economía es inexorable. Cuando se gasta más de lo que hay, finalmente los números ponen despiadadamente en evidencia las inconsistencias estructurales de la economía y todo el sistema vuela por los aires. Pasó muchas veces antes en Argentina. Se trata de una experiencia que nos es dolorosamente conocida. No tiene sentido soñar con que algo así no ocurre. Sí sucede, lo hemos visto en el pasado y volverá a suceder el año próximo si el rumbo no se rectifica antes.

Es necesario decir, sin eufemismos, que la economía argentina necesita un ajuste, que es necesario recortar los gastos para, al menos, eliminar el déficit del estado. No hay dudas de que las reformas que serían necesarias son mucho más profundas pero, como punto de partida, al menos, es indispensable eliminar el déficit del estado. Sería deseable que el estado gaste mucho menos, que alivie sustancialmente la presión impositiva y que libere globalmente todos los mercados. Pero la crisis que presumiblemente estallará el año próximo puede evitarse, en principio, mediante la supresión del déficit presupuestario del estado. Las reformas de fondo pueden quedar para más adelante y el restablecimiento del equilibrio fiscal es un punto de partida sólido para abrir el debate sobre el rumbo global de la economía.

Sin dudas, si la economía colapsa, eso traerá aparejado un fuerte crecimiento de la pobreza, el hambre y la marginalidad que, de por sí, ya son elevados. Esta es la principal razón por la cual la situación en la que nos encontramos es sumamente preocupante. Estamos aproximándonos no sólo a un quiebre de la dinámica de la economía sino a un agravamiento sustancial de la crisis social. Los efectos políticos e institucionales de este proceso son imprevisibles. Resulta sumamente dudoso que el sistema institucional, con el nivel de desprestigio que tiene, pueda encauzar una solución siquiera provisoria a un descalabro de esta magnitud. A duras penas lo pudo hacer en 2001/02. No parece que ahora pudiera repetirse ese capítulo de la historia.

Dentro de este escanario tan negativo, hay tres factores favorables. El primero de ellos es que tenemos experiencias anteriores que nos permiten anticipar hacia donde nos dirigimos y comprender cuáles son las consecuencias. El segundo elemento que nos ayuda es que el estallido de la crisis no es inminente y que hay tiempo aún para cambiar el rumbo antes de que nos desplomemos por el precipicio. El tercer componente positivo es que este año hay elecciones presidenciales y eso puede promover un replanteo a través de los medios institucionales previstos para este tipo de circunstancias. Se aproximan momentos decisivos. Si no se modifica la orientación de la política económica, se nos viene encima un “sálvese quien pueda”...

La bancarización forzosa que impulsa el gobierno colisiona con los intereses populares

El Banco Central y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) están trabajando en una iniciativa destinada a obligar a los minoristas que no la posean a que incorporen una terminal para procesar pagos por medios electrónicos. La iniciativa surgió después del faltante de billetes verificado en las últimas semanas y la AFIP, consecuente con su conocida voracidad para aumentar la presión impositiva, adhiere a la idea porque de ese modo espera disponer de mayores elementos para ejercer control sobre los movimientos económicos de empresas, comercios y ciudadanos. El propósito de este proyecto es inducir una mayor bancarización de la economía.

Como de costumbre, coherente con su habitual torpeza, el gobierno ataca los efectos y no las causas de los problemas. Es indudablemente cierto que el índice de bancarización de la economía argentino es bajo. Pero existen múltiples razones para que así ocurra y el hecho de sancionar una disposición para que los comercios tengan la obligación de incorporar terminales electrónicas para procesar pagos con tarjetas no contribuye en nada a resolver el problema. La gente no paga con tarjeta, sencillamente, porque no le conviene. Para pagar con tarjeta hay que tener cuenta en un banco, donde los costos de mantenimiento de las cuentas son muy elevados y además implica blanquear ingresos que luego pueden ser auditados y gravados por la AFIP. Como la presión impositiva es altísima, la gente prefiere manejar en todo cuanto sea posible su dinero por el circuito informal –es decir, en “negro”- de modo de estar fuera del alcance de los recaudadores impositivos, en particular considerando el uso que el gobierno hace de esos fondos de los que se apropia coercitiva y arbitrariamente.

La bancarización es una forma mucho más moderna de organizar la actividad comercial que el pago en efectivo. Pero la aplicación de esa metodología supone un replanteo global de la dinámica de la economía. Lo primero que el gobierno debería hacer para que se logre una mayor bancarización es bajar la presión impositiva. De ese modo, reduciría proporcionalmente los incentivos a la evasión y, por lo tanto, la gente, las empresas, los comercios tenderían a blanquear una mayor proporción de sus movimientos económicos. Si hubiera mayor seguridad jurídica y más eficacia en la operatoria judicial, el negocio bancario se iría modificando gradualmente y, en lugar de cobrar tasas que son usurarias por mantenimiento de cuentas y otros cánones parecidos, los bancos se dedicarían a lo que es específicamente suyo, que es la intermediación financiera. Con un mercado de créditos de mayor volumen, los bancos deberían competir entre sí para captar fondos de los depositantes y eso los induciría a reducir los costos operativos de sus cuentas. Con menores costos por la operatoria bancaria, el nivel de bancarización -que es el efecto que el gobierno busca producir- aumentaría espontáneamente.

El gobierno kirchnerista, ratificando su reconocida ignorancia en lo referido al modo en que opera la economía, intenta nuevamente imponer por decreto y “desde arriba” aquello que, en un orden económico liberal, sucedería con naturalidad. La diferencia entre imponer un orden en forma autoritaria y organizar la economía de manera que eso mismo suceda de forma voluntaria, es que en el orden espontáneo la gente hará lo que evalúe que le conviene, en tanto que en un régimen impuesto coercitivamente hay que apelar a la violencia legalizada para exigir el cumplimiento de las normas, ya que la gente tenderá a oponerse a realizar aquello que no la beneficia. Como siempre sucede, este tipo de proyectos pensados en los escritorios de los burócratas terminan fracasando y el resultado es el empeoramiento generalizado de la situación económica y el deterioro de la calidad de vida del pueblo. El kirchnerismo tiene la mayor de las eficacias en lograr tales objetivos.

Un candidato que presente un perfil menos confrontativo podría ser un adversario de riesgo para el gobierno

Probablemente no haya, en la política argentina actual, interrogante más grande que el referido al modo de diseñar un proyecto apto para competir, desde una posición diferenciada, con los intentos de continuidad del gobierno. Considerando, como lo señalábamos en nuestra nota de ayer, que el contenido del discurso kirchnerista es muy popular, es evidente que una línea ideológicamente diferenciada tiene pocas perspectivas en términos electorales. El pueblo no le prestaría su apoyo a quien promueva un “corrimiento a la derecha”. A pesar de eso, el kirchnerismo no tiene una imagen positiva demasiado alta y, en términos de penetración electoral, muestra flancos débiles que hasta ahora nadie ha logrado explotar satisfactoriamente.

Aunque no hay estudios sociológicos que lo muestren fehacientemente, es altamente probable que el factor que explique una posición crítica de amplios sectores de la población hacia el gobierno, tenga que ver con el estilo confrontativo del kirchnerismo. Esto es algo que genera resquemor en sectores muy amplios de la población. El hecho de que el kirchnerismo esté constantemente generando disputas con adversarios elegidos puntualmente con el fin de establecer una línea divisoria entre “ellos y nosotros” resulta muy chocante con los sentimientos populares. Esa proclividad a la confrontación, manifestada en las conductas de personajes como Aníbal Fernández, Hèctor Timermann, Hugo Moyano, Guillermo Moreno y convalidados y enaltecidos por la viuda presidencial (y bendecidos desde el más allá por "él"), constituye el principal punto débil del oficialismo y ofrece, al mismo tiempo, una oportunidad a quien sea capaz de lanzar un proyecto alternativo.

Eduardo Duhalde dijo recientemente que él será “el candidato del orden”. Por supuesto que las promesas de Duhalde son menos creíbles que los índices inflacionarios informados por el INDEC. (Este Duhalde que hace tantas promesas es el mismo que en su momento aseguró que “quien depositó dólares recibirá dólares”. ¿Por qué habría que creer que ahora sí cumplirá sus compromisos después de que incumpliera los de aquel momento?). Pero esa definición de Duhalde abre un espacio para el análisis político. ¿Qué condición debería cumplir un candidato para resultar electoralmente atractivo y al mismo tiempo presentar un perfil diferenciado del que muestra el gobierno?

Quizá una buena propuesta sería la “concordia”. ¿Qué pasaría si alguien, en una versión diferenciada del kirchnerismo, se postula a sí mismo como “el candidato de la concordia”? Por supuesto, todo depende de la credibilidad del candidato. Pero si quien encarnara un proyecto de ese tipo fuera un dirigente confiable, bien podría tener, a través de esa línea discursiva, la posibilidad de desplazar al kirchnerismo del centro de la escena política.

Algunos, en particular desde los sectores más ideologizados del liberalismo, seguramente criticarán una iniciativa de este tipo con el típico argumento de que se trata de una propuesta “ambigua” o “tibia”. Y, efectivamente algo de eso hay. Pero no se trata de la ambigüedad de no saber qué hacer ni de la tibieza derivada de la falta de convicción sino que se trataría de una estrategia deliberada, destinada a marcar claramente una diferencia con el nefasto gobierno kirchnerista.

Argentina necesita, ante todo, dejar atrás la dinámica de la confrontación “a muerte” que ha sido el rasgo determinante de la gestión del actual gobierno. En un marco de mayor tolerancia, concordia y comprensión, habrá, indudablemente, diferencias ideológicas y programáticas que desencadenarán debates intensos y quizá muy acalorados pero, al menos, respetuosos, una característica que el kirchnerismo, por definición no contiene.

La concordia, la tolerancia, la convivencia, la comprensión mutuas son argumentos válidos para marcar una diferencia nítida con el gobierno kirchnerista en el campo de la competencia electoral. Tal vez a partir de estas premisas sea posible imaginar un camino apto para desalojar al actual oficialismo del poder por medios institucionales inobjetables.

La oposición no encuentra un discurso apropiado para competir con el gobierno

Una razón importante para que resulte difícil plasmar proyectos alternativos al kirchnerismo radica en que la gestión del gobierno incluye muchos contenidos que tienen buena imagen popular. El kichnerismo vende la imagen de que es un gobierno que lucha contra los poderosos que procuran oprimir y explotar al pueblo. Ese discurso, sumado a ciertas acciones específicas que el gobierno lleva adelante, tienen buena llegada en sectores muy masivos de la población del país y resulta complejo oponerse a ese curso de gestión porque, quien intente hacerlo, queda expuesto a la diatriba, la descalificación y el aprete de los sectores pertenecientes al campo “nacional y popular”.

En base a ese desarrollo conceptual, la inflación no es la consecuencia de la política monetaria del gobierno sino de la codicia desenfrenada de los formadores de precios; los hechos delictivos no son el producto de la mala política de seguridad sino de la vigencia de un sistema injusto que excluye a la gente del acceso a las necesidades básicas; los medios periodísticos independientes no informan lo que sucede sino que manipulan la información para servir a los intereses de los grupos económicos concentrados, y así sucesivamente.

Por supuesto, todo esto son mentiras pero hay una amplia mayoría de la población del país para la cual estos argumentos son ciertos. Es real que quienes creen en esas patrañas no se preocupan por verificar la autenticidad de los argumentos gubernamentales. Se manejan con prejuicios que vienen siendo alimentados sistemáticamente desde la primera aparición de Perón en el escenario político y los creen y los aceptan como verdades absolutas sin tomarse la mínima molestia de someterlos a ninguna comprobación. Esto es lo que les resulta cómodo, lo que les permite moverse con soltura por la vida y son también las consideraciones en las que basan la orientación de su voto.

El kirchnerismo ha sabido explotar muy hábilmente, con la incomparable flexibilidad dialéctica de sus representantes, estos prejuicios mezclados con ignorancia que son el sustrato de las inclinaciones políticas de la mayoría de la población. No importa que todos estos argumentos sean falsos. Importa que la gente los crea porque esas creencias son las que condicionan las decisiones electorales. La dificultad para montar un proyecto opositor es que, para oponerse al kirchnerismo, habría que decir que aquello que la gente valora positivamente, está mal.

Esta es la razón de fondo por la cual se produce este fenómeno de que la oposición no se estructura para dar la batalla contra el kirchnerismo. La dificultad radica en que no queda claro cuál sería el lugar que la oposición debería ocupar. Si la oposición presenta un discurso demasiado “liberal” pierde chances y queda expuesta a cuestionamientos desde el gobierno o desde la izquierda. Si el discurso de la oposición se vuelca más a la izquierda, queda identificada con el gobierno.


La idea de que pueda haber un gobierno con el mismo perfil del kirchnerismo pero “más prolijo” en términos institucionales a la mayoría del pueblo no le importa. Lo que la gente espera es que los resultados de la gestión de gobierno sean positivos y, en ese sentido, cree más en la propuesta populista que en un discurso moderado con matices “liberaloides”. Para un porcentaje mayoritario de los argentinos el populismo es un buen sistema de gobierno y el kirchnerismo lo practica con la mayor eficacia. Les gustaría que haya un poco menos de inflación pero, por el momento, siguen confiando en que el gobierno logrará resolver el problema. Tampoco les simpatiza mucho que Moyano bloquee a aquellos con quienes está enfrentado pero les parece un mal menor antes que un cambio global de políticas con resultados inciertos.

Por ahora, el futuro político de Argentina sigue estando en manos del kirchnerismo, que ha logrado neutralizar todos los intentos de la oposición por plasmar un plan alternativo. Aún estamos a tiempo de que esta situación se revierta de alguna manera, aunque no se ve cuál sería el camino para que eso suceda. Estamos en problemas y lo grave es que, hasta ahora, no se vislumbran soluciones.

Vargas Llosa realizó un profundo análisis de la realidad latinoamericana en Punta del Este. Acá están todos los detalles

El escritor liberal peruano Mario Vargas Llosa expresó ayer en una conferencia pronunciada en Punta del Este que “por primera vez en la historia los países pueden decidir si quieren ser pobres, o si quieren ser prósperos, si quieren ser libres, o si quieren ser cautivos. Imitemos lo mejor y pongámonos en acción”. Vargas Llosa hizo esa manifestación al final de su alocución, pasaje en el cual se hizo eco de conceptos que había escuchado del pensador Karl Popper, quien poco antes de morir había transmitido al propio literato peruano un mensaje optimista acerca del futuro de la humanidad, según lo relató el propio Vargas Llosa.

A lo largo de su pieza oratoria, Vargas Llosa tocó diversos tópicos, todos ellos relacionados con la realidad latinoamericana. La visión del escritor acerca de la situación de la región es, en el balance, positiva. “Haciendo las sumas y las restas, la situación de América Latina en nuestros días me parece positiva, y mucho mejor que la de antaño. Creo que la comparación no hay que hacerla con la América Latina ideal con la que soñamos, sino con la América Latina que fue, que hemos vivido, y la actual”, expresó.

“Hoy en día tenemos muy pocas dictaduras. Cuba y Venezuela, que no ha llegado todavía a ser una dictadura cabal, pero se acerca cada vez más al modelo cubano. Y luego tenemos regímenes como los de Bolivia, o Nicaragua, que apenas merecen ser llamados democracias. Sin embargo, tanto Venezuela, como Bolivia, como Nicaragua y algunas otras democracias latinoamericanas, que parecen serlo de una manera relativa y caricatural, tiene, y esa es la gran diferencia con las dictaduras militares del pasado, un origen democrático”, reflexionó el escritor.

Vargas Llosa se refirió especialmente al caso de Venezuela y planteó que “no podemos olvidar que el comandante Chávez está donde está porque no una vez, sino dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces los venezolanos lo respaldaron, incluso cuando ya sabían lo que el comandante Chávez quería hacer de su país, de la economía venezolana, de las instituciones venezolanas. ¿Qué pasó?”

El propio orador respondió su pregunta diciendo que “en lugar de ideas hubo pasiones, hubo instintos, hubo un gran desencanto con la democracia, que fue incapaz de satisfacer los anhelos, las expectativas que habían sido puestas por los venezolanos a partir de la liberación. Y eso que ha ocurrido en Venezuela, por desgracia, ha ocurrido en muchos otros países latinoamericanos. Para vergüenza nuestra, la de los peruanos, ha ocurrido en mi país. Un presidente elegido constitucionalmente a los dos años de subir al poder da un golpe de estado, destruye la democracia, y en lugar de ser excretado por la opinión publica, como deberían serlo todos los golpistas, y sobre todo los estadistas que traicionan su origen democrático, una mayoría de peruanos aplaudió y legitimó al golpista”.

Inmediatamente, Vargas Llosa hizo una autocrítica, al señalar que en América Latina hay una cultura autoritaria. Expresó entonces que “las dictaduras en América Latina han caído muchas veces como un accidente natural sobre los países, es verdad. Pero este no ha sido siempre el caso. Ha habido muchos otros casos que los historiadores disimulan, porque significan un baldón en la historia de nuestros países, en que los dictadores fueron recibidos con bombos y platillos, y con fuegos artificiales”

Pero luego el escritor dejó abierto un espacio para el optimismo, al señalar que “hay un fenómeno muy interesante y novedoso respecto al pasado, tenemos una izquierda y una derecha, que creen en la democracia, por lo menos actúan como si creyeran en ella. Eso en el pasado era muy raro. Las izquierdas democráticas, las derechas democráticas eran, generalmente, sectores tan minoritarios que no conseguían imponer la democracia. Eso, hoy en día, ha cambiado. Tenemos unas izquierdas que, en países como Uruguay, como Brasil, desde luego, en el Chile de la concertación, aceptas las reglas del juego democrático, las respetan, dejan abierta siempre la posibilidad de la renovación política. Y lo que es todavía más novedoso, en el campo económico han renunciado, discretamente, sin decirlo, a las recetas tradicionales de la izquierda para el manejo de la economía. Unas izquierdas que aceptan el mercado, que aceptan la disciplina fiscal, que alientan las inversiones, que en lugar de practicar la receta populista del desarrollo para adentro, abren sus fronteras, quieren exportar y quieren la economía del mundo venga a crear industrias y a desarrollar la economía nacional. Esa es una extraordinaria transformación. Hay sectores muy amplios de la izquierda que hoy en día son una garantía democrática y hay también una derecha democrática, que ya no cree que los militares deben resolver los problemas políticos de los países, sino que defienden el estado de derecho, defienden las instituciones democráticas, y están llevando a sus países a unos índices de crecimiento muy notables. Es el caso de Colombia, de Perú, de Chile, con Piñera, desde luego, y quizás lo más sorprendente es el caso de la mayoría de los países centroamericanos, una región del continente que fue como la tierra prometida del autoritarismo”.

Sin embargo, Vargas Llosa inmediatamente dio una voz de alerta, cuando expresó que “la corrupción es una plaga que recorre el continente de un extremo a otro. En algunos países de una manera mucho más acusada que en otros, pero no hay ninguno que se libre de esa plaga. La corrupción es un cáncer para la democracia. Nada desmoraliza tanto a una sociedad como comprobar que quienes han sido elegidos en comicios legítimos dedicados a la responsabilidad política, utilicen ese poder en tráficos ilegales, para enriquecerse, para privilegiar algunas empresas y algunos individuos sobre los demás”.

“El gran problema que tenemos los latinoamericanos para combatir eficazmente la corrupción es el desapego a la ley. Los latinoamericanos no creemos que las leyes están hechas para favorecer al bien común, siempre creemos que las leyes están dadas para favorecer a quienes mandan, a quienes tienen más influencia política, económica, militar, eclesiástica, o poder de cualquier tipo. Y que por lo tanto el respeto a la ley no goza de esa urgencia de tipo moral, cívica, que goza en los países verdaderamente democráticos”, reflexionó luego el Premio Nobel.

Vargas Llosa ratificó luego su conocida posición sobre la legalización del tráfico de drogas. “Un problema suplementario en el caso de la corrupción en América Latina es la industria del narcotráfico. La idea de que la mejor idea de combatir el narcotráfico es la represión es equivocada. Yo creo que hay ya pruebas suficientes en todos los años que llevamos padeciendo esa lacra, de que la represión no acaba con el narcotráfico, que la represión en cierta forma es un apego que permite que el narcotráfico haga cada vez ganancias más extraordinarias, y que sería ya hora de empezar a discutir sobre la posibilidad de una política totalmente distinta, una política de "descriminalización" del narcotráfico”, opinó.

En un terreno más conceptual, el escritor reafirmó su convicción en los valores positivos que contiene la propiedad. “No hay nada que haga sentir tanto la importancia de la legalidad y de la libertad a una persona, como ser propietario. La propiedad es el signo visible de la libertad, y lo es también de la legalidad, si una sociedad respeta la propiedad”, consideró.

Pasó luego Vargas Llosa a tratar el problema de la educación y entonces se refirió a la Argentina. “Una sociedad democrática crea igualdad de oportunidades de muchas maneras, pero principalmente a través de un sistema de educación pública de muy alto nivel. No se necesita ser Suecia ni Suiza para tener una gran educación pública. Lo tuvo un país latinoamericano, lo tuvo la Argentina. Hoy día, cuando vemos las tragedias que vive la Argentina nos olvidamos que alguna vez Argentina fue, no un país subdesarrollado, sino un país del primer mundo. Un país industrializado, cuando tres cuartas partes de la Europa occidental eran subdesarrolladas, un país que tuvo un sistema educativo que fue ejemplar para su tiempo. Un sistema educativo que en un momento logró prácticamente acabar con el analfabetismo en Argentina”, señaló.

Vargas Llosa se refirió, sobre el final de su exposición al concepto de libertad. Señaló al respecto que “la libertad es un proceso, es un quehacer, y nada hace que aumente más esa libertad, como la cultura. La cultura no solamente son los conocimientos determinados, es también el desarrollo de una sensibilidad, de una imaginación, de una fantasía. Todo aquello que viene a través de la educación, de la información, de la prensa, de lo medios, y por supuesto, a través de la familia”.

La solución al conflicto del campo es liberalizar los mercados

La Mesa de Enlace, que nuclea a los líderes de las cuatro centrales empresarias rurales (foto), ha acordado un cese de comercialización de granos por un plazo de una semana en rechazo a las limitaciones impuestas por el gobierno a las exportaciones de trigo. Una vez más, arbitrarias medidas dirigistas impulsadas por el kirchnerismo derivan en un conflicto con los productores rurales, como sucediera durante el resonante conflicto del año 2008. Una vez más, el sector más pujante, dinámico y competitivo de la economía argentina ve limitadas sus posibilidades de desarrollar su capacidad productiva como consecuencia del intervencionismo impuesto autoritariamente “desde arriba” por el gobierno filo-totalitario encabezado por la viuda de Néstor Kirchner, bajo la inspiración intelectual, política y espiritual de la memoria de su fallecido marido.

Una vez más, será el pueblo argentino quien deberá afrontar las conscuencias de este conflicto generado en la voracidad fiscal del gobierno, que aspira a determinar en base a cupos de exportación coercitivamente fijados por funcionarios del gobierno que responden al mandato del despótico secretario de comercio, Guillermo Moreno (foto), quien puede vender cereales, a quien se los debe vender y a qué precio. Las negociaciones de los dirigentes ruralistas con el ministro de agricultura, Julián Domínguez, estaban encaminadas hacia una solución del conflicto pero la intervención de Moreno –al igual que sucedió en muchas oportunidades durante el conflicto de 2008- impidió el acceso a un acuerdo que no era ideal pero que los líderes empresariales estaban dispuestos a aceptar.

Pero todo el problema se deriva de la concepción estatista, intervencionista y dirigista del gobierno nacional, que cree que está facultado para decidir con más eficacia que los operadores libremente en el mercado, las condiciones de las transacciones comerciales. El comunicado emitido por el Partido Liberal Libertario, expresa con exactitud la significación del problema, al señalar que “a pesar de las medidas de liberalización parcial del sector por parte del gobierno, la existencia de cupos, retenciones, regulaciones y prohibiciones, en un marco de persecución impositiva, continúa expropiando impunemente al sector más pujante de la economía nacional”.

Y acá debemos hacer un inciso para congratularnos de que claramente haya aparecido una voz que, en nombre del liberalismo, condene explícitamente la política económica del gobierno, como hace mucho que no se oía en la vida política argentina.

Más contundente aún es el tramo final del comunicado del PL, que señala que “es hora de que el Estado voraz deje en paz al campo que desde hace varios años es víctima constante del saqueo de sus legítimas ganancias con pretextos mentirosos y absurdos como la defensa de la mesa de los argentinos, mientras que en la realidad tienen como único fin incrementar las arcas del clientelismo político”. Desde este espacio donde día a día procuramos aportar una reflexión liberal acerca de la realidad política argentina, debemos decir que nos sentimos gratificados por claridad y la profundidad de la respuesta del Partido Liberal Libertario a este nuevo atropello del kirchnerismo.

Es imposible saber cómo concluirá este conflicto. El gobierno, pese a su declamada política de redistribución del ingreso, está operando a favor de los intereses de unas pocas empresas exportadoras de harina, a las que le pretende garantizar los precios por medio de regulaciones que claramente limitan la competencia en perjuicio de la capacidad de negociación de los productores.

Como siempre, la solución al problema es la liberalización inmediata y absoluta de los mercados, para que los productores agropecuarios puedan evaluar y decidir libremente sus inversiones, sus estrategias de producción y de comercialización y dispongan libremente de sus ganancias para reinvertirlas de acuerdo con sus propias percepciones acerca de las oportunidades comerciales que se presenten, según los datos que el mercado les transmita para determinar cuál es la demanda de los consumidores en cada circunstancia.

El conflicto con los ferroviarios tercerizados es una muestra representativa de la crisis general del país

Entre las cuestiones que han desencadenado conflictos políticos en los últimos tiempos, una de las más resonantes viene siendo la situación de los trabajadores llamados “tercerizados” en las empresas ferroviarias. Este conflicto se cobró ya dos vidas, la de Mariano Ferreira y la de un hombre de 70 años, de identidad no revelada, herido durante los incidentes del 23 de diciembre en Constitución. ¿En qué consiste este conflicto y qué análisis cabe hacer desde un punto de vista liberal?

Los llamados trabajadores “tercerizados” son un conjunto de empleados con los que las empresas ferroviarias cuentan pero que no forman parte del plantel estable de personal de esas empresas y trabajan bajo la modalidad de contratos firmados específcamente, lo que los deja al margen de los acuerdos que el gremio ferroviario establece como norma general de los trabajadores del sector. Las empresas aplican esta modalidad porque les resulta más económico, en particular porque se evitan todos los costos laborales adicionales que les genera el acuerdo con el gremio, que son costos que no suelen llegar al bolsillo de los trabajadores sino a la caja del sindicato y que alimentan la fortuna personal de los jerarcas gremiales. Los trabajadores “tercerizados” aspiran a ser sumados a la planta permanente de la empresa porque eso les da mayor estabilidad laboral y les suma algunos beneficios, tales como aguinaldo, vacaciones, indemnización y cobertura sindical. Inciden además en este conflicto cuestiones políticas porque los trabajadores “tercerizados” están representados por el Partido Obrero, fuertemente enfrentados con el gremialismo tradicional peronista.

Todo este conflicto se desarrolla sobre el trasfondo de la pésima política de privatizaciones desarrollada por el menemismo y por la “nafta” que constantemente arroja a este “incendio” el kirchnerismo. Cuando los ferrocarriles fueron privatizados, la intención era reducir la planta de personal, producir un fuerte proceso de inversión en infraestructura, mejorar el servicio y tornarlo rentable. Para que esto sea posible es necesario que las condiciones generales en las que el país se desenvuelva sean apropiadas. Porque en un país donde suceden los hechos que diariamente nos agobian a todos, resulta difícil imaginar que los ferrocarriles tengan la calidad de un servicio del primer mundo. Y dentro de este esquema se inscriben las relaciones de los concesionarios del servicio con su personal.

Tiene muy poco sentido privatizar las empresas de servicios públicos y, al mismo tiempo, mantener una legislación laboral de extracción tan nítidamente fascista. Seguramente, si la empresa tuviera la posibilidad de elegir, tercerizaría a casi toda su planta de personal para reducir los costos, eliminaría los improductivos gastos sindicales que no llegan al bolsillo del trabajador, probablemente desburocratizaría la organización interna de la compañía y podría disponer de recursos para reinvertir y mejorar la desastrosa calidad del servicio. En el balance global, probablemente habría menos trabajadores pero que ganarían sustancialmente más y habría más trenes –que quizá serían un poco más caros para el usuario en ventanilla aunque no debería pagar los subsidios que paga actualmente el estado- y toda la actividad se regularizaría. En este contexto hay seguramente conductas empresariales, bastante teñidas de prácticas dudosas y cuestionables, que también deberían ser revisadas.

Cabe decir, en síntesis, que este conflicto que afecta a los trabajadores “tercerizados” del ferrocarril, es una gran muestra representativa de los numerosos asuntos que deberían ser estructuralmente replanteados en nuestro país. No es con “parches” que todo esto se modifica sino con un gran replanteo global que implique una reinversión profunda del rumbo socialista que nuestro país viene llevando desde hace mucho tiempo, el cual debe ser reorientado hacia un ordenamiento donde el concepto de libertad sea el principio rector y la fuerza propulsora.

La intolerancia es el peor de todos los rasgos políticos kirchneristas

De las muchas formas de practicar la política que son habituales en el kirchnerismo, una de las más frecuentes consiste en echarle la culpa a otros de las situaciones que no son de su agrado. De ese modo, la oposición (personalizada en Duhalde, Macri, el Partido Obrero, etc.), los medios independientes, especialmente el Grupo Clarín y el diario La Nación, el campo, la década del ´90 o cualquier otro grupo o persona que resulte oportuno puede ser sindicado por el gobierno como culpable de algo que a la señora (y también a su marido, cuando vivía) o a sus esbirros les parezca merecedor de la condena oficial. Resulta oportuno dedicarle unas líneas a reflexionar acerca de este fenómeno.

Es evidente, en primer término, que quien le echa la culpa a los demás de algo desagradable que le sucede está reflejando una profunda inseguridad. Quien confía en sí mismo no busca constantemente culpables en supuestas conspiraciones ocultas de terceros que, imaginariamente, están confabulados para perjudicar al gobierno en nombre de intereses siniestros e inmorales. La verdad es que nadie conspira contra el gobierno pero sí es cierto que somos muchos los que estamos en desacuerdo con la gestión que el kirchnerismo desarrolla y por eso expresamos posiciones críticas.

Pero además, esta actitud del gobierno de atacar a los supuestos conspiradores y acusarlos de “destituyentes”, tiene un efecto muy perturbador sobre el clima político, provocando un marco de agresividad e intolerancia que no contribuye en nada a alcanzar acuerdos siquiera mínimos que permitan ir superando, de manera al menos coyuntural, las diferencias políticas, y definir cursos de acción alrededor de los cuales puedan alcanzarse consensos generales.

El problema de fondo es que el kichnerismo no quiere consensos, no quiere acuerdos, no quiere convivir con los adversarios políticos. Este es, indudablemente, el rasgo más definidamente antiliberal de la gestión del gobierno. Viene al caso recordar aquí ese pasaje de “La Rebelión de las masas” donde Ortega define al liberalismo como la “suprema generosidad” porque representa la voluntad de convivir con el enemigo y con la oposición, en particular si son débiles.

Este es probablemente el peor rasgo de la gestión del gobierno, independientemente de los contenidos propiamente dichos de su gestión. Porque, en definitiva, la libertad de mercados, la política internacional, la forma de paliar la crisis social, etc, son cuestiones opinables, que forman parte del debate político en cuanto tal y, en última instancia, es absolutamente legítimo que cada corriente tenga la posición que considere oportuna.

La política, en el marco de la democracia, implica el reconocimiento del pluralismo como un ingrediente central de la realidad vigente. Pero el kirchnerismo no es una corriente dispuesta a reconocer la legitimidad de quien disiente con sus posturas o planteos políticos. En ese contexto, la convivencia es imposible, esencialmente porque, al no haber voluntad de compartir espacios con otras corrientes se hace imposible siquiera negociar para convenir posiciones intermedias. Probablemente nada defina tanto la gestión del kirchnerismo como la ausencia de diálogo con la oposición. Se dirá que la oposición no tiene peso político como para que el gobierno la tenga en cuenta. Pero este es un argumento falso. El problema de la oposición es que tiene que tratar con un gobierno que no quiere reconocerle el lugar que le corresponde dentro del ordenamiento institucional. Entonces ¿qué pauta de relación es posible acordar con quien no quiere convivir?

Esta falta de voluntad de convivencia democrática es el peor de los rasgos políticos del kirchnerismo y es el primero de los cambios que deberán producirse en las etapas inmediatamente futuras de la vida política de nuestro país. Se trata de un cambio silencioso y nada espectacular pero, en rigor de verdad, sería revolucionario. Lo demás, lo sustancial, irá viniendo luego, gradualmente, por añadidura.

El reclamo de equilibrio fiscal en favor del pueblo podría ser una idea-fuerza con mucha convocatoria electoral

Uno de los problemas más usuales para el desarrollo de la acción política liberal radica en la dificultad para lograr que la población comprenda, apruebe y apoye la necesidad, la conveniencia, los beneficios del equilibrio fiscal. La posición respecto de las cuentas públicas es una de las diferencias esenciales del liberalismo con todas las corrientes populistas. Los liberales preconizamos y reivindicamos la austeridad y el equilibrio en los gastos del estado, en tanto los partidos populistas defienden y practican el derroche y el déficit estructural en las cuentas públicas. Naturalmente, el dispendio en los gastos estatales es pagado, en definitiva, por el pueblo, ya sea por medio de una presión impositiva asfixiante, una degradación de la calidad de los servicios prestados por el estado y, en última instancia, a través de la inflación.

Está muy claro que la actitud hacia el manejo de las finanzas estatales marca una diferencia entre la postura liberal y la posición de los partidos populistas y que la aplicación de los principios sostenidos por el liberalismo es beneficiosa para el pueblo, en tanto que las políticas desarrolladas por las corrientes populistas resultan perjudiciales para la población. La cuestión es que los liberales no hemos sabido extraer ventajas políticas de esa superioridad conceptual. Esto es lo que vale la pena analizar brevemente.

¿De qué modo los liberales podríamos comunicar apropiadamente nuestra postura acerca del manejo de los fondos públicos, de modo de extraer beneficios políticos y electorales de ese hecho? Hay un hecho que es un buen punto de partida y que en general los políticos liberales no han sabido explotar apropiadamente.

Las políticas en las cuales se gasta más de lo que se recauda siempre terminan provocando, a la larga, la necesidad de producir un ajuste. ¿Cuál es la forma de evitar el ajuste? Bueno, obviamente, equilibrando los gastos con los ingresos. Y ahí está la oportunidad que, en general, el liberalismo no ha sabido aprovechar políticamente.

No hay políticos que, claramente, sean identificables con la idea de que están procurando evitar la necesidad de hacer un ajuste que, en definitiva, lo tendrá que pagar el pueblo. La idea es insistir y machacar constantemente con el concepto de que se está gastando de más y que eso, finalmente, concluirá en un ajuste salvaje que afectará gravemente la calidad de vida del pueblo. Se trata de una idea simple pero sumamente rentable en términos políticos y electorales. Hay sectores de la población que responderían positivamente a un planteo en estos términos. Por lo demás, la argumentación que es necesario esgrimir para sostener sistemáticamente esa idea dejaría descolocados a los políticos populistas porque no tendrían forma de rebatir ese tipo de planteos, en particular si están sustentados en información sólida, que no es nada difícil de obtener para economistas entrenados, especialmente en niveles de desarrollo que no son muy profundos porque el debate político no demanda datos mayormente detallados.

El liberalismo nunca ha desarrollado buenas estrategias de comunicación, que le permitan aprovechar y capitalizar en términos electorales la consistencia de sus argumentaciones políticas. Parecería que los liberales, convencidos de que nuestras posturas son técnicamente correctas, creemos que no debemos esforzarnos para transmitir apropiadamente nuestras ideas. De ese modo, dejamos vacante un espacio que los radicales y los peronistas aprovechan para obtener la adhesión popular y asegurarse la ocupación del gobierno, con el consecuente efecto de que los problemas que afectan a nuestro país y perjudican al pueblo nunca tienen una solución satisfactoria. Hace muchas décadas que nuestro país está así. La solución a todos estos problemas pasa por la aplicación de políticas liberales. Pero hasta ahora, a pesar de que es relativamente fácil, los liberales no hemos sabido transmitir nuestros programas para lograr la indispensable adhesión popular para poder llevar adelante la transformación que nuestro país requiere.

Si el kirchnerismo gana en octubre, el país quedará en manos de Moyano

Si nadie hace nada para que la situación cambie, el kirchnerismo va a concluir por ganar las próximas elecciones. No se trata de que el pueblo mayoritariamente adhiera al oficialismo sino de que no están apareciendo alternativas. Hasta ahora, esto no era un problema grave porque había tiempo para generar esas alternativas. Todavía sigue habiendo tiempo. Pero los plazos son más estrechos que antes. Si de ahora a marzo o abril no surgen esas oportunidades, nos encontraremos con la situación de que, por falta de otras opciones, el pueblo tenderá a inclinarse por el kirchnerismo, no porque sea lo que le guste sino porque no habrá otra alternativa. El oficialismo tiene al menos la ventaja de que cuenta con una líder indiscutida, algo que no tiene el resto de las corrientes políticas, y siquiera una dosis de previsibilidad, algo que tampoco puede ofrecer nadie de la oposición.

Sería fantástico que hubiera una propuesta liberal pero se trata de una alternativa descartada por obvias razones de matemática electoral. Ante este cuadro de situación, es esencial que no gane el kirchnerismo. Si el actual gobierno ratifica en las urnas su supremacía, tratará por todos los medios de consolidar su proyecto hegemónico y cuasi totalitario. Un triunfo del kirchnerismo derivaría, casi con certeza, en una consolidación del papel político de Moyano, por ejemplo. Este es el peligro inmediato y contra esta amenaza es que sería deseable que aparezca alguna propuesta electoral lo suficientemente viable como para estar en condiciones de neutralizarla.

Aunque a los liberales no nos guste, la solución tiene que venir desde los partidos populistas. No hay otra alternativa. La expectativa más lógica es que la alternativa antikirchnerista se genere desde los propios sectores disidentes del peronismo. Como plan B, podría aparecer algún radical que no sea Ricardo Alfonsín. En su momento, Cobos parecía una alternativa viable pero las encuestas lo muestran alicaído actualmente y apareció el nombre de Ernesto Sanz, aunque tiene escasas chances de convertirse en un candidato presidencial potencialmente ganador porque la gente prácticamente no lo conoce.

Desde el peronismo, está claro que la alternativa al kirchnerismo tampoco puede ser Duhalde porque sus antecedentes lo condenan irremediablemente. No se vislumbra otro candidato a menos que Reutemann modifique su pétreo silencio y se lance a una candidatura presidencial. Otros, como Solá, Das Neves, Rodríguez Saa, etc. no tienen entidad como para resultar competitivos y, en el caso de ganar, ser capaces de gobernar y que el país no derive en una situación de anarquía.

Queda como alternativa el populismo de derecha representado por Macri pero si reproduce en el orden nacional las incoherencias y contradicciones en las que incurrió en su gestión como Jefe de Gobierno, va a durar dos meses en la Casa Rosada. Macri es un político que no tiene agotado su crédito pero por ahora una candidatura presidencial “le queda grande”. Otra posibilidad es que crezca la figura de la señora Elisa Carrió... Pero la pregunta que surge es ¿qué curso de gestión seguiría en el caso de acceder al gobierno? Carrió adquirió relevancia política como una figura caracterizada por sus sistemáticas denuncias y cuestionamientos hacia los demás pero jamás explicitó o al menos dejó traslucir una orientación definida de gobierno.

La conclusión de este análisis es que estamos sumidos en una incertidumbre que beneficia el gobierno, a sus planes de hegemonía política y, presumiblemente, al líder sindical Hugo Moyano que, en el caso de que el kirchnerismo revalide su victoria, encontrará seguramente la oportunidad –por medio de sus habituales métodos de prepotencia, arbitrariedad y patoterismo- de “copar” el gobierno y adueñarse de hecho del poder real, desplazando a todos sus competidores internos y sometiéndolos a su voluntad. Huelga decir que el futuro del país, en semejantes condiciones, sería catastrófico. La única solución posible es que alguien le gane las elecciones la kirchnerismo y luego consiga gobernar con razonable sensatez el país. Pero ¿quíen?

La ecuación "delito-condena" es la clave de la política liberal de seguridad

Cuando se debate en círculos liberales acerca de la política de seguridad, no suele haber ideas suficientemente claras, como cuando se tratan las cuestiones económicas. ¿Cuál es la metodología apropiada para reducir de manera efectiva los índices delictivos? Para responder a esta pregunta es importante, ante todo, elaborar un diagnóstico acertado.

¿Por qué ha crecido tanto en los últimos años el índice de delitos? La respuesta es, sencillamente, que el índice delictivo ha crecido notoriamente porque el delito es “rentable”... Esta consideración, que parece muy “economicista”, en realidad, sintetiza si no todo, gran parte del problema. Como la policía y la justicia son ineficaces en la prevención y la represión del delito, quien delinque tiene grandes probabilidades de eludir la condena y beneficiarse del producto de su crimen...

Si el acto de delinquir estuviera penado con dureza de manera efectiva, el delito no sería conveniente porque la pena resultaría más costosa que el beneficio obtenido a través del acto delictivo. Si un individuo comete un asalto y por ese asalto debe purgar una condena de un buen número de años, es mucho menos probable que cometa el asalto porque la perspectiva de sufrir una condena de mucha dureza obraría como un factor inhibitorio a la propensión a delinquir. Actualmente, como la policía es ineficaz y la justicia es permisiva, ese factor inhibitorio no opera y quien comete un delito tiene escasas probabilidades de ser detenido y, en el caso de que lo sea, tiene grandes probabilidades de quedar en libertad. De ese modo, el acto de delinquir se torna “rentable” y quien delinque encuentra, en los beneficios que la actividad delictiva le proporciona, incentivos para seguir delinquiendo.

La conclusión que extraemos de este análisis es que la ecuación “delito-condena” en la Argentina actual es beneficiosa para los delincuentes. El punto de partida para encauzar una solución de este tipo es revertir esa ecuación, de modo tal que se torne desfavorable para los criminales. Por lo demás, este enfoque del tema es consecuente con los principios filosóficos del liberalismo, ya que sitúa la causa del delito en la responsabilidad individual del delincuente y no en una supuesta “exclusión social” que conduce al individuo a delinquir como una forma de reivindicación frente a un ordenamiento social injusto.

Los liberales no estamos de acuerdo, no creemos en ese argumento socialdemócrata o “progre” de que los criminales son “víctimas del sistema”. Esto no es así. Los criminales son personas que, en vista de que han evaluado que eso es lo que les conviene, han elegido delinquir. Y, para desalentar la comisión de delitos, la política apropiada es aplicar sanciones duras de vigencia efectiva. No hay lugar para la “ternura” en el trato con los criminales, lo que no implica avasallar sus “derechos humanos” ni vulnerar su dignidad individual. El sentido de la política penal –de la cual la policía y la justicia son los instrumentos operativos- es producir una ecuación “delito-beneficio” que sea nítidamente desfavorable para el criminal, con el propósito de desalentar la comisión de delitos y, de ese modo, generar una disminución del índice de criminalidad que derivará, naturalmente, en que habrá mayor seguridad para todos los habitantes del país.

Es indudablemente necesario, para poder instrumentar una política de esta naturaleza, que las cabezas políticas del gobierno sean los primeros en practicar la honestidad y la decencia porque, de lo contrario, toda la cadena de órdenes queda desnaturalizada y contaminada por las irregularidades que surgen desde la cúpula. No se le puede pedir al policía barrial que se comprometa plenamente con la lucha contra la delincuencia si el Presidente de la Nación, el Ministro de Justicia, el jefe de policía y el comisario son deshonestos. La delincuencia y la corrupción se combaten “desde arriba para abajo”. De lo contrario, no hay modo de revertir la ecuación “delito-condena” en contra de la conveniencia de los delincuentes...

El avance del gobierno sobre EDESUR es "kirchnerismo de alta escuela"

El ministro de Planificación, Julio De Vido, ha anunciado que el gobierno analiza rescindir el contrato de concesión de la firma monopólica EDESUR como consecuencia de los cortes de energía sucedidos durante las últimas semanas. Seguramente, por medio de las argumentaciones sesgadas esgrimidas habitualmente por los operadores kirchneristas, el gobierno encontrará una extensa lista de razones para justificar esa hipotética rescisión. Seguramente, muchos de los motivos que el gobierno esgrimirá serán ciertos. Y será también cierto, indudablemente, que los incumplimientos de EDESUR se deben a la propia política que el gobierno viene desarrollando con el propósito de tornar inviable el desenvolvimiento de la empresa.

La posible rescisión del contrato de EDESUR encuadra con exactitud dentro de la metodología perversa que el kircherismo aplica habitualmente. El gobierno practica una política monetaria expansiva que genera inflación, no autoriza a la empresa a actualizar las tarifas, eso impide a la compañía contar con los fondos necesarios para hacer las tareas de reinversión y mantenimiento indispensables para sostener la calidad del servicio y, cuando se producen picos de consumo, la red colapsa. Al producirse ese colapso, el kirchnerismo acusa a la empresa de incumplir con el servicio y se agarra de esa acusación para impulsar la rescisión del contrato. Esto, en la terminología política argentina tiene un nombre y ese nombre es “kirchnerismo de alta escuela”.

Se trata de una metodología perversa e inmoral que define muy claramente cuáles son los criterios políticos con los que el kirchnerismo se desempeña. No es algo nuevo, es lo que ha tratado de hacer en otros casos y en algunos, como Aerolíneas Argentinas, lo ha conseguido. El propósito del gobierno, naturalmente, es ahogar a las empresas para tornarlas inviables y, de ese modo, poder disponer de ellas para operarlas en forma directa o cederlas en concesión a empresarios asociados al oficialismo. A los efectos de conseguir ese propósito, el gobierno cuenta con la disconformidad de los clientes, que ejercen una fuerte presión, impulsados por la frustración que les provoca la mala calidad del servicio que reciben.

Por supuesto que todo esto, aunque esté presentado bajo ropajes jurídicos y elegantes argumentaciones pseudo-económicas, no es otra cosa que una burda maniobra delictiva que no podría encontrar apoyo en ningún juzgado que esté a cargo de un magistrado imparcial. Pero como el gobierno cuenta además con un equipo de jueces oficialistas que avalan las trapisondas de los funcionarios, existe la posibilidad –según cuál sea el juzgado que tramite la causa que se inicie a raíz de este avance del kircherismo sobre EDESUR- que la justicia convalide la operación anunciada por De Vido.

Y no es del caso ejercer desde aquí una defensa de EDESUR, una empresa privatizada monopólicamente al amparo de las dudosas maniobras perpetradas durante la gestión de Menem. EDESUR está muy lejos de ser una empresa a la que quepa mencionar como ejemplo, al menos para aquellos que reivindicamos el liberalismo y el sistema de libre competencia. EDESUR es, en muchos sentidos, un ejemplo de todo lo que el liberalismo rechaza, un típico caso de capitalismo prebendario del tipo del practicado bajo a denominación “neoliberalismo” durante los años ’90. Pero a pesar de eso, tampoco podemos desde aquí convalidar las prácticas abusivas del kirchnerismo. Lamentablemente, el valor de la libertad de empresa en un marco de competencia puesta al servicio de los consumidores es un concepto que tiene pocos adherentes en nuestro país, con las lamentables consecuencias de que diferentes grupos empresariales de moralidad y legalidad discutibles se disputan el control de los servicios públicos sin la menor consideración por aquellos que deberían ser los verdaderos destinatarios de sus esfuerzos empresariales, es decir sus clientes. Es cada vez más evidente la necesidad de un replanteo de la metodología de gestión de los servicios públicos a los cuales corresponde orientar en dirección hacia un genuino sistema de libre competencia que privilegie los intereses de los consumidores por sobre las maniobras empresariales y gubernamentales solo dirigidas a la obtención de ganancias ilegítimas al amparo de estructuras monopólicas que no ofrecen la relación calidad-precio que un mercado libre y competitivo produciría.

Hay razones para creer que a fin de año estaremos mejor que ahora

El mayor problema político de la Argentina actual es, seguramente, la presencia del kirchnerismo en el gobierno. Esta consideración no significa que si se va el gobierno K “se arregla todo” pero es innegable que la presencia del kirchnerismo constituye un obstáculo que impide siquiera la discusión acerca de cómo se puede hacer para empezar a resolver los problemas. Desde este punto de vista, el año 2011 se perfila como el año en el cual el ciclo K llegaría a su fin.

Este es el punto donde suelen aparecer los argumentos en el sentido de que no se vislumbra con claridad qué gobierno podría sobrevenir en reemplazo del kirchnerismo. Hay también muchos liberales que sostienen que cualquier peronista o radical que acceda al gobierno no modificaría sustancialmente la situación respecto de la gestión desarrollada por el kirchnerismo.

Esta consideración está basada en la idea de que tanto peronistas como radicales expresan un pensamiento político estatista, incompatible con la orientación ideológica del liberalismo. Pero esa apreciación omite considerar otros aspectos contenidos en el problema.

El kirchnerismo no es un gobierno que sólo tenga inclinaciones estatistas sino que además tiene una concepción totalitaria y hegemónica de la acción de gobierno. El kirchnerismo es esencialmente antidemocrático. Y esa es la diferencia con otras corrientes que, si bien son básicamente estatistas, también están inscriptas en los lineamientos de la democracia y no tienen la inclinación a vulnerar las reglas democráticas para ejercer el poder. Este hecho, que no todos los liberales valoran debidamente, implica que las corrientes de oposición que podrían subseguir en el ejercicio del gobierno al kirchnerismo, necesitadas de asegurarse un consenso popular básico, presumiblemente corregirán por lo menos los más burdos de los desaciertos del kirchnerismo y, al mismo tiempo, dejarán despejado para debatir, en el contexto de la institucionalidad democrática, las cuestiones de fondo que tienen que ver con el rumbo general del país. En ese marco, el liberalismo presumiblemente podrá encontrar los espacios para hacerse oir, expresar sus propuestas y programas y ejercer influencia concreta acerca de la marcha del país.

El año 2011 se perfila, entonces, como el momento en el que quedará reabierto el debate democrático y eso es muy bueno para que el liberalismo encuentre un espacio favorable para desenvolverse. Es en este sentido que señalábamos al principio que el principal problema político de nuestro país es la presencia del kirchnerismo en el gobierno. La presencia del kirchnerismo en el gobierno impide el debate político genuino en cuyo contexto los liberales podríamos hacer valer la consistencia de nuestros argumentos y la validez de nuestros principios, basados en consideraciones racionales y realistas que están en condiciones de superar las posturas voluntaristas y arbitrarias de los partidos mayoritarios, los cuales tienden a desacreditarse en razón de sus propias contradicciones.

Mirado desde este punto de vista, debemos admitir que el año 2011 se vislumbra como un año positivo si es que se concreta el definitivo alejamiento del kirchnerismo del gobierno y se abre una etapa de mayor debate democrático que, bajo el régimen actualmente imperante es imposible porque la dinámica de confrontación que está impuesta no deja margen para debate conceptual alguno. Los liberales debemos mirar como un hecho positivo que se despeje el espacio para que el debate político se abra hacia una creciente dosis de racionalidad. Si, como es altamente probable, esto sucede, tenemos motivos válidos para iniciar el año 2011 con una mirada optimista y con esperanzas fundamentadas de que dentro de 365 días estaremos mejor que ahora.