El avance del gobierno contra el empresariado no tiene pronóstico favorable

Es bastante probable que el gobierno nacional se este “comprando” un problema bastante serio con su intento de invadir los puestos de conducción de las principales empresas del país. Se trata de una iniciativa que tiene un sustento jurídico muy endeble y no es un tema que despierte adhesiones populares intensas. Sin embargo, en los sectores afectados, el tema sí genera escozores y se trata de ámbitos muy influyentes, de modo que la pulseada difícilmente se resuelva en forma inmediata. El proceso de forcejeo que presumiblemente sobrevendrá en los próximos meses no es un escenario promisorio para el gobierno porque en ese lapso la arbitrariedad, el autoritarismo y el afán hegemónico del kirchnerismo quedarán ampliamente en evidencia. Eso debería conducir, inexorablemente, a un elevado costo político para el oficialismo.

El propósito de insertarse en los directorios de las principales empresas del país es consecuente con el objetivo de “quedarse con todo”, expresado reiteradamente por el kirchnerismo. La inserción que el gobierno impulsa actualmente es un paso intermedio dentro de un proceso gradual tendiente a la estatización de las empresas o, en su defecto, a provocar ventas forzadas a empresarios allegados al kirchnerismo. El sentido de la gestión que el gobierno promueve es hacerles “la vida imposible” a los actuales propietarios de las empresas con la intención de que finalmente vendan las compañías como un “mal menor” antes que tener que afrontar todos los obstáculos que el oficialismo trata de interponerles.

Frente a este avance, la actitud de los empresarios parece ser la de estar dispuestos a resistir. El caso de SIDERAR se ha convertido en un ejemplo emblemático (en la foto de la derecha, Daniel Novagil, presidente de la compañía). Es altamente probable que comience un larguísimo proceso judicial, con medidas de amparo, apelaciones y chicanas procesales de la más diversa índole que, naturalmente, dejarán en suspenso todos los planes de inversión futura de la empresa pero tampoco le significarán un beneficio político sino más bien un desgaste constante al gobierno. Este es un error muy típico del kirchnerismo que, al tratar de ir más allá de donde las circunstancias lo permiten, suele empantanarse con iniciativas que cualquiera podría haber previsto que son inviables. Cuando quiso avasallar al campo o a Papel Prensa le sucedió algo similar.

Por supuesto, es muy positivo que el gobierno se meta en problemas. Todo lo que implique dificultades para el kirchnerismo es positivo para nuestro país. ¿Existe el riesgo de que el gobierno tenga éxito en su embate contra las grandes empresas y logre desestabilizarlas hasta llegar a apoderarse de ellas? Se trata de una eventualidad que, por supuesto, siempre está vigente. Es posible, inclusive, que algunos empresarios acepten “de buen grado” (presumiblemente a cambio de alguna prebenda desconocida públicamente) la presencia de los directores estatales. Pero en el balance general no parece muy probable que el gobierno extraiga un rédito político relevante de este movimiento de acoso hacia las principales compañías del país.

Además, está claro que, en términos económicos, el hecho de que el gobierno intente entrometerse en la dirección de las grandes empresas resulta absolutamente desincentivador para cualquier proyecto de inversión. A nadie le gusta arriesgar su dinero en un país donde el gobierno se atribuye el derecho de inmiscuirse en las conducciones empresariales y perturbar el desarrollo de los negocios. Y eso tiene el efecto de que obstaculiza las posibilidades de crecimiento, desarrollo y bienestar.

En definitiva, haciendo un balance preliminar, parecería que al gobierno “el tiro le va a salir por la culata” en esta iniciativa de avasallar los genuinos derechos de cada empresa a auto-dirigirse. El tema no está agotado ni mucho menos. En realidad, recién empieza. Pero es bueno que los pronósticos no sean favorables para el oficialismo.