Sin Kirchner, el kirchnerismo se termina...

La muerte de Néstor Kirchner probablemente tenga un efecto estabilizador sobre el escenario político. Es posible que este fenómeno no se perciba durante las primeras dos o cuatro semanas, cuando los sectores más radicalizados del kirchnerismo intentarán operar sobre la Presidenta para que “profundice el modelo” porque “eso es lo que Néstor hubiera deseado”. Pero ni bien este curso de acción comience a avanzar, las dificultades para llevarlo adelante se pondrán en evidencia y, más bien por falta de alternativas que por convicción, es probable que la Señora se vea obligada a reconsiderar el rumbo se su gestión.

Si Kirchner, el kirchnerismo no tiene futuro, al menos inmediato. Néstor Kirchner era la fuerza motora y galvanizadora de todo ese conjunto heterogéneo de cuadros políticos, sindicales y sociales que constituyen su movimiento. La ausencia de la fuerza que los nucleaba no deja mucho margen para nada que no sea la disgregación. Es humanamente entendible que el primer impulso sea el de sostener el rumbo que Kirchner le imprimía a todo el conjunto pero se trata de una actitud instintiva, emocional, irreflexiva. Ni bien las pocas cabezas más criteriosas con las que el gobierno cuenta –una de las cuales es la de la propia Presidenta- se hagan cargo del cuadro de situación sobreviniente, está en la lógica de los acontecimientos que el rumbo que Kirchner imprimía al gobierno no podrá ser sostenido sin la presencia de la persona que le daba vida y que lo más prudente es procurar administrar la gestión con prolijidad durante los 13 meses que restan hasta el final del mandato de la Señora.

Si el gobierno intentara seguir adelante con el avasallamiento que Kirchner practicaba, se encontrará con que carece de la fuerza propulsora y de la visión estratégica que el fallecido ex presidente le insuflaba y, al mismo tiempo, con que todas las corrientes políticas, empresariales, mediáticas, judiciales, sociales, etc. que mantenían una postura crítica respecto del gobierno, se encuentran en una posición aún más firme, a favor de la propia debilidad del gobierno. En ese contexto, será prácticamente imposible mantener la cohesión de la propia tropa, que preferirá alejarse para buscar cada cual su propio destino individual. El kirchnerismo persistirá en la memoria colectiva de algunos sectores de la sociedad como una época romántica y colmada de sueños que el destino quiso que fueran irrealizables, quizá dando lugar a la aparición de una nostalgia similar a la que provoca para algunos la figura del “Che” Ernesto Guevara. Para esos grupos, Kirchner probablemente pase a ser un mito. Pero, en términos prácticos, la influencia del kirchnerismo, al menos por el momento, irá menguando hasta diluirse casi por completo.

Algunos temen que el sindicalista Hugo Moyano aparezca como una figura consolidada y dominante del escenario político pero es poco probable que algo así suceda. Moyano carece por completo de consenso político propio y su crecimiento político de los últimos tiempos estuvo sustentado en su alianza con Néstor Kirchner. La ausencia de Kirchner deja a Moyano sin su principal base de sustentación en el terreno político y lo obliga a recostarse únicamente en sus apoyos sindicales. Por lo demás, en el terreno sindical, Moyano es fuertemente resistido y su futuro en ese propio ámbito es incierto. No se puede crecer políticamente teniendo como único medio de gestión a la prepotencia. Ese es un límite que Moyano no está en condiciones de superar y por eso se respaldaba en la innegable capacidad política de Kirchner. Al faltarle ese sostén, la posición de Moyano también queda automáticamente debilitada.

Por último, está en el interés de la oposición ofrecerle a la Presidenta un acuerdo tácito por el cual, en tanto ella no intente seguir adelante con la política de avasallamiento que Kirchner practicaba, los opositores no le pondrán “palos en la rueda” y la ayudarán a llegar decorosamente al final de su mandato, una propuesta que, para la Señora es sumamente atractiva porque, fallecido su marido, el amor infinito de su vida, no cabe pensar que tenga otro deseo que retirarse dignamente a la vida privada y elija dar por concluida su vida política personal. Este conjunto de circunstancias avala la hipótesis inicial de que la muerte de Kirchner probablemente tenga un efecto estabilizador sobre el escenario político. Mientras tanto, se irán perfilando las opciones para las próximas elecciones presidenciales pero ése es otro análisis.

Murió un enemigo del liberalismo

El fallecido ex presidente, Néstor Kirchner, fue un acérrimo enemigo del liberalismo. Todas sus decisiones políticas, al igual que su estilo de gestión, fueron rotundamente anti-liberales. Kirchner despreciaba la libertad individual, el pensamiento crítico, la tolerancia frente al disenso, la pluralidad de opiniones, el culto a la verdad. La metodología de gestión de Néstor Kirchner apuntaba sistemáticamente a la confrontación, al avasallamiento, a la arbitrariedad, a la intolerancia. Kirchner era un hombre perverso, malintencionado, cínico, demagogo y mentiroso.

La política desplegada por Kirchner, aún desde antes de acceder al poder presidencial, estaba regida por esas condiciones personales y apuntaba, claramente, a convertirse en un dictador de hecho, aún guardando las apariencias democráticas formales. Una de las prácticas habituales de Kirchner –ayudada por la pusilanimidad de otros, por cierto- era la de cooptar, por medio de dádivas, las voluntades de políticos opositores, como el célebre Borocotó o, más recientemente, los senadores Carlos Menem o Roxana Latorre. En cuanto al contenido de sus políticas, estaban orientadas claramente a desvirtuar la vigencia de toda norma de derecho, para lo cual no hesitaba en mentir del modo más descarado, como por ejemplo al afirmar de manera sistemática que el Grupo Clarín es un “monopolio”, entre innumerables ejemplos más. Kirchner no toleraba que hubiera actividad alguna de relevancia en el país que no pasara por su control y por eso confrontó ferozmente con los productores agropecuarios, con los medios independientes y con el sector del Poder Judicial que no respondía a sus directivas, en especial, en los últimos tiempos, la Corte Suprema de Justicia.

En el campo de la economía, la política de Kirchner apuntó a desactivar lo que hubo de bueno en la gestión de Carlos Menem. Estatizó múltiples empresas privatizadas, como Aerolíneas Argentinas y Aguas Argentinas, entre otras. También estatizó, por medio de un acuerdo con la AFA, la televisación de los partidos de fútbol, haciendo que el servicio que antes era pagado por aquellos que consumían ese producto pasara a ser pagado por todo el pueblo argentino. Kirchner era un hombre para quien los contratos firmados no tenían valor alguno porque si él consideraba que había razones para romperlos unilateralmente, lo hacía sin escrúpulos y sin temor a las consecuencias legales a partir de su accionar para asegurarse la adhesión de la justicia. La política económica kirchnerista hizo reaparecer la inflación y no aportó nada al efecto de erradicar la pobreza a pesar de su pretensión de asumir la representación de los más humildes en contra de los supuestos abusos de los más favorecidos. Nada de lo que Kirchner hizo contribuyó a estimular la inversión productiva de riesgo, verdadero motor del progreso y el bienestar

En el plano social, Kirchner practicó el más descarado clientelismo, obligando a las personas necesitadas a someterse a sus necesidades políticas a cambio de un mendrugo cotidiano que le permitiera una precaria supervivencia, aprovechándose así de las angustias de esas personas para obtener réditos políticos personales. En lo político, sus colaboradores fueron las mayores mediocridades dispuestas a someterse obsecuentemente a sus órdenes y ejecutarlas con presteza y sin discusiones, como Agustín Rossi, Miguel Picheto, Amado Boudou, Guillermo Moreno, Carlos Heller, Carlos Kunkel, Luis D’Elia, etc. Entre sus aliados, había figuras tan "prestigiosas" como Hugo Moyano, Hebe de Bonafini y Hugo Chávez, por ejemplo.

En definitiva, más allá de la compasión que cabe sentir por razones puramente humanitarias, no se puede decir que Kirchner haya sido un hombre positivo para nuestro país y para nuestro pueblo. Su muerte no representa una pérdida sino una liberación. Le expresamos nuestras condolencias a su familia pero creemos que, en términos de análisis estrictamente político, la desaparición de Néstor Kirchner le hará un bien a nuestro país y a nuestro pueblo.

El kirchnerismo es el responsable político de la muerte de Ferreyra

El kirchnerismo, por cierto, no tiene responsabilidad directa alguna en la muerte de Mariano Ferreyra. Nadie puede seriamente atribuir a ningún estamento del gobierno participación alguna en los episodios de la semana pasada en los cuales Ferreyra fue asesinado. No sería legítimo, en el afán de ejercer una postura opositora, intentar establecer una implicancia del gobierno en un hecho en el cual no existen razones de ninguna índole para sostener que el kirchnerismo tiene alguna vinculación directa. Quien procediera de ese modo estaría actuando exactamente igual que el kirchnerismo que, ante la muerte del activista involucrado, intentó inventar una responsabilidad del ex presidente Eduardo Duhalde. Quienes nos erigimos en críticos severos de los Kirchner no podemos ni debemos actuar como ellos lo hacen. De lo contrario, nuestra posición quedaría automáticamente invalidada en términos políticos, morales y conceptuales. Para desactivar al kirchnerismo hay que emplear métodos diferentes de los que el gobierno utiliza.

Pero el kirchnerismo sí tiene responsabilidad política en la creación de las condiciones que condujeron a que el crimen de Ferreyra sea algo lógico, previsible, natural. El kirchnerismo es culpable de haber institucionalizado el ejercicio de la violencia callejera como método para dirimir las diferencias políticas y gremiales. Con el argumento de que “no se debe criminalizar la protesta social”, el kirchnerismo aceptó que los piquetes, los cortes de calles y rutas, los escraches se tornaran legítimos. La policía siempre tuvo la orden de no reprimir. Muy bien, ahora aguántense las consecuencias, señores kirchneristas. Ustedes eligieron esta metodología para gobernar, ustedes entendieron deliberadamente que esto era lo que convenía hacer, ustedes crearon el monstruo. Ahora, háganse cargo. Nadie los obligó a cobijar a todos los activistas a los que ustedes les dieron cabida en la estructura social y en muchos casos estatal. Si ustedes lo consideraron apropiado, aquí tienen el resultado. Si no les gusta lo que está pasando, lo hubieran pensado antes.

Está muy bien, es muy positivo que el kirchnerismo tenga que afrontar el costo político por la muerte de Ferreyra. Están cosechando lo que sembraron, ellos eligieron este camino, que se intoxiquen con su propio veneno, se lo tienen merecido. Es lamentable que para llegar a este resultado haya tenido que producirse la muerte de una persona pero está dentro de la lógica de los hechos que algo así ocurra. La muerte de Ferreyra es un hecho deplorable pero cuando Ferreyra fue a cortar las vías del ferrocarril debía saber que no iba a una kermesse benéfica y que se estaba situando en la “línea de fuego”. Esto no excusa ni mucho menos el crimen pero explica el contexto en el que se produjo.

Argentina necesita dejar atrás este nefasto período kirchnerista. Hay mucho para debatir en nuestro país. Es aceptable y entendible, aunque desde acá por supuesto que no lo compartimos, que haya quienes consideren que se debe hacer hincapié en la “redistribución de la riqueza”. Seremos severos críticos de esa política si el próximo gobierno procura aplicarla. Pero lo que no es posible es que se instituya un sistema violentamente antidemocrático, extorsivo y prepotente como el legitimado por la pandilla kirchnerista, acompañada de Moyano, Moreno, Bonafini, D’Elia y Kunkel, entre muchos otros más. Hay que terminar de una buena vez con esta gente. La memoria de ese pobre muchacho, Mariano Ferreyra, víctima no totalmente inocente pero víctima al fin de este gobierno canallesco, nos lo exige.

Si hubiera más ricos, habría menos pobres

Las estadísticas conocidas ayer acerca de la desnutrición infantil en la Provincia de Misiones, constituyen una buena plataforma para abordar, en forma más general, el problema de la pobreza. La opinión ampliamente mayoritaria en nuestro país, no sólo de los políticos sino de la población en general –esa misma población que vota a los políticos que gobiernan- es que la riqueza está desigualmente distribuida y que la pobreza de muchos se explica porque existe la riqueza de unos pocos. Los niños subalimentados de Misiones vendrían a ser una de las manifestaciones visibles de ese fenómeno más general. "Cuando no se distribuye equitativamente la riqueza, cuando no hay políticas serias y efectivas, continuará la tragedia”, declaró la presidenta de la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social (Faapss), Silvana Martínez.

Las afirmaciones de Martínez, hechas desde la buena fé y no desde la chicana ideológica o política, sintetizan el error generalizado de la amplia mayoría de los argentinos, que creen que el problema es la distribución de la riqueza. El kirchnerismo eligió erigirse en abanderado de esta posición y por eso uno de los argumentos centrales de su discurso político es la crítica a los “capitales concentrados”. Pero después de ocho años de gobierno populista las cifras de mortalidad infantil de Misiones revelan el fracaso de la política redistribucionista del gobierno nacional.

La verdad es que el problema no es la existencia de muchos pobres sino la escasez de ricos. La verdad es que, si hubiera más ricos, habría menos pobres. Esta argumentación, naturalmente, contradice por completo el enfoque dominante pero como no existen motivos racionales que convaliden el pensamiento mayoritario, bien podríamos deducir que tal vez la mayoría de los argentinos estén equivocados. Tal vez no sea cierto que la pobreza de muchos sea una consecuencia de la riqueza de unos pocos. Tal vez esa idea sea errónea.

Para que haya menos pobres, Argentina necesita tener más ricos. Argentina necesita empresarios exitosos, que impulsen inversiones productivas de riesgo, generadoras de empleo, estimuladoras del consumo y, por lo tanto, realimentadoras de la inversión. El problema de fondo de Argentina es que, como todos los esfuerzos están dirigidos a redistribuir la riqueza, se deja de lado la creación de condiciones favorables para la producción de riqueza y, por lo tanto, lo que queda como resultado es la pobreza, de la cual la indigencia infantil es un ejemplo triste y doloroso.

La desnutrición infantil en Misiones es un caso particular pero plenamente representativo de las consecuencias del modelo de país orientado a la redistribución y no a la producción en condiciones de competencia plena, abierta y equitativa. Si la actividad empresarial orientada al riesgo contara con condiciones favorables, los índices de pobreza comenzarían a reducirse sostenidamente. Chile, una vez más, es un ejemplo a considerar. Brasil es otro caso que merece ser observado con atención. Quizá deberíamos reflexionar detenidamente acerca de las inclinaciones políticas de cada uno de nosotros y aquellos que de buena fé piensan que es necesario redistribuir la riqueza deberían acaso analizar si, involuntariamente, no están contribuyendo a promover la pobreza. Sería positivo que hagamos ese análisis. Tal vez extraigamos de él conclusiones que operen en beneficio de todos los habitantes del país, principalmente, de los más pobres.

Si el gobierno controlara los medios, la muerte de Ferreyra hubiese "pasado de largo"

Si, como el kirchnerismo intenta hacerlo, los medios de comunicación estuvieran bajo el control del gobierno, el homicidio de Mariano Ferreyra hubiese tenido una significación política completamente diferente. Imaginemos el crimen de Fereyra en el contexto de un universo de medios controlados por el kirchnerismo. Es claro que, mientras Ferreyra agonizaba y finalmente moría, los medios kirchneristas estarían emitiendo programas femeninos, partidos de fútbol o sesudos comentarios políticos referidos a los logros del gobierno en programas cuidadosamente planificados con el propósito de proyectar la visión oficialista de la realidad.

El crimen de Ferreyra, en ese contexto, hubiese “pasado de largo” y no hubiera tenido lugar el costo político que ahora está afectando al gobierno por ese episodio. Seguramente, los informativos de la televisión pública y los de los medios afines al gobierno, hubieran informado que “en una escaramuza con delincuentes comunes que ya fueron apresados, tuvo lugar la muerte de un trabajador, cuya madre recibió las condolencias de la Presidenta”. En tanto, los diarios kirchneristas seguramente habrían dedicado un recuadro de diez líneas en la sección “Policiales” a “la muerte de un trabajador en circunstancias que rápidamente fueron aclaradas por la policía”. En este “relato” (permitámonos la licencia de apoderarnos del lenguaje cristinista) no habría patota sindical, presuntos homicidas fotografiados con ministros, barras bravas ligadas al poder político, generación de un clima de tensión omnipresente como consecuencia de la acción del gobierno, cuestionamientos de la oposición, síntomas de desintegración del aparato de gestión del kirchnerismo, búsqueda arbitraria de culpables, reacomodamientos políticos de oficialistas que perciben el fin de una etapa... Con los medios controlados por el gobierno, nada de todo lo que se viene diciendo desde el último miércoles tendría entidad pública.

Este fenómeno (que si el gobierno controlara los medios la visión pública de los hechos sería totalmente diferente) es poco perceptible porque nadie ve lo que no sucede y explica claramente por qué el gobierno desea desesperadamente controlar los medios de comunicación. La idea es que no se sepa lo que al gobierno no le conviene que trascienda y que se ofrezca, en cambio, una versión amañada de la realidad. La ley de medios, el asedio a Papel Prensa y la creación de un multimedios oficialista que nadie lee, escucha ni ve son los instrumentos de esa estrategia de manipulación de la realidad que el gobierno intenta llevar a cabo para tratar de impedir que episodios que lo salpican, como la muerte de Ferreyra, adquieran la trascendencia que verdaderamente merecen. Por eso, el enemigo del gobierno no es el Grupo Clarín sino el concepto de verdad objetiva. El enfrentamiento del kirchnerismo con los medios independientes está vinculado con el hecho de que estos medios son los que ponen la verdad objetiva al alcance del pueblo.

La muerte de Ferreyra y todas las connotaciones que este crimen ha traído aparejadas, es un buen ejemplo de los efectos que la existencia de medios independientes tiene sobre la sociedad y, al mismo tiempo, este ejercicio imaginario que hemos compartido permite intuir cuál sería la situación si esos medios no existieran y la información estuviera monopolizada por el gobierno como lo pretende el kirchnerismo. Es bueno comparar ambos escenarios porque los efectos políticos serían seguramente sustancialmente distintos.

Madura la candidatura presidencial de Reutemann

La evolución de las circunstancias políticas va gradualmente tornándose más favorable para que el senador Carlos Reutemann finalmente presente su candidatura a la Presidencia de la Nación para las elecciones de 2011. El desgaste del kirchnerismo y la situación de estancamiento del peronismo disidente, que no encuentra otro candidato presidencial, son los factores que tienden, espontáneamente, a crear las condiciones para proyectar a Reutemann a la candidatura presidencial. Por el momento, no hay margen para esperar que el Lole modifique su postura de mantenerse en el más hermético mutismo. Reutemann es el único político que habla con sus silencios.

Pero el silencio de Reutemann no es simple pasividad. El silencio de Reutemann es una forma deliberada de tomar distancia de las pequeñas anécdotas políticas cotidianas para preservarse hasta el momento de las definiciones irrevocables. El silencio del Lole es un silencio estratégico. Por supuesto que se trata de una actitud que genera exasperación y despierta un sentimiento de impaciencia. ¿Se va a lanzar Reutemann a la carrera presidencial o no se va a lanzar? ¿Se decide o no se decide? Estas preguntas desvelan a todos los actores y observadores del devenir político.

Reutemann sólo lanzará su candidatura presidencial en la medida en que perciba que existen condiciones políticas favorables para embarcarse en ese proyecto. La razón por la cual el Lole elude por el momento cualquier definición es que no encuentra elementos de juicio suficientemente válidos como para tomar la decisión de lanzar su candidatura pero vislumbra la posibilidad de que esas circunstancias favorables se presenten en los próximos meses. Algunos creen que esta indefinición de Reutemann se debe a que tiene una personalidad dubitativa –hay quienes lo asimilan a De la Rúa- pero la realidad es que el Lole duda porque las circunstancias políticas de nuestro país son intrínsecamente confusas, cambiantes e inestables y, por lo tanto, es excesivamente riesgoso lanzarse a una carrera presidencial que puede terminar de mala manera si repentinamente los acontecimientos se tornaran demasiado desfavorables.

Pero gradualmente las condiciones políticas van tornándose apropiadas para que Reutemann sea candidato a Presidente de la Nación. El ostensible desgaste del kirchnerismo y la imposibilidad del peronismo disidente de instalar un candidato atractivo son factores que convergen hacia una definición favorable de parte de Reutemann en relación a la presentación de su candidatura presidencial. Aún esos argumentos no son lo suficientemente consistentes como para que el Lole tome la decisión irrevocable de presentar su candidatura. Aún hay cuestiones por aclarar antes de que una decisión de este tipo sea adoptada y, además, aún no es tiempo de hacerlo. Pero el desgaste del kirchnerismo y la ausencia de otros candidatos consistentes en el sector peronista disidente son factores objetivos que favorecen la candidatura presidencial de Reutemann porque le permiten, en el caso de que tome la decisión de presentarse a las elecciones, fijar las reglas y no verse obligado a aceptar los condicionamientos que procuren imponerle los demás, ya sea el kirchnerismo a través de una estrategia de desgaste de su figura o los demás representantes del peronismo disidente por medio de una cooptación de toda la estructura que sostenga su gestión. El Lole aceptará ser candidato siempre y cuando pueda gobernar de acuerdo con sus propias inclinaciones. Si no tiene la seguridad de poder hacerlo, no se presentará y el problema será entonces de quienes no tengan un candidato presidencial atractivo.

Los disturbios de ayer ponen en evidencia la descomposición del kirchnerismo

Los acontecimientos de ayer -la muerte de un militante durante una protesta sindical y la convulsión que ese hecho provocó- no son responsabilidad directa del gobierno aunque sí del clima colectivo en el que estamos inmersos como consecuencia del modo de proceder del kirchnerismo. Todo lo que sucedió ayer y sus efectos posteriores son nítidos síntomas de que el proceso de descomposición del gobierno empieza a acelerarse. En todos los casos en los que un gobierno ingresa en una etapa terminal como derivación de su empecinamiento en sostener políticas impracticables, la irreversibilidad del cuadro se pone en evidencia con algún episodio de violencia callejera. Pueden mencionarse infinidad de ejemplos, desde el “cordobazo” hasta los desmanes que le costaron la presidencia a De la Rúa, pasando por la marcha del 30 de marzo de 1982, que marcó el principio del fin del “proceso”, los saqueos desencadenados durante la hiperinflación alfonsinista o las muertes de Kosteki y Santillán en el interinato de Duhalde. No hay síntoma más nítido de que el fin de un ciclo político es irremediable que el descontrol callejero. Los Kirchner, naturalmente, se niegan a tomar nota de esto y por eso tratan de inventar versiones absurdas respecto de las causas y la naturaleza de los episodios de ayer. Intento absolutamente inútil, por cierto, porque, digan lo que digan, la credibilidad del kirchnerismo está más enterrada que los mineros chilenos rescatados la semana pasada.

El gobierno es como un boxeador que está sentido pero resiste de pie los golpes de su adversario, quien, al ver a su rival disminuido, procura seguir castigándolo para terminar de demolerlo. El rival del kirchnerismo es la realidad, a la cual el gobierno, con los jirones de poder que aún están en sus manos, intenta burdamente de descalificar y desvirtuar, tratando de instalar versiones absurdas, falsas y antojadizas que desvíen la percepción de los hechos hacia un escenario que los exima de responsabilidad y del costo político que estos acontecimientos les están “facturando”. Volviendo a la metáfora del boxeador sentido, lo que el gobierno procura hacer es un “clinch”, es decir, trabarse y enredarse con el rival para tener la posibilidad de tomar aire e impedirle al adversario que continúe golpeándolo.

Este espectáculo lamentable, que no parece encaminarse a tener otro desenlace que no sea el colapso definitivo del gobierno, se produce porque el kirchnerismo se empeña en tratar de empujar el curso de los acontecimientos por caminos que no concuerdan con los sentimientos populares mayoritarios y procura tercamente aferrarse a cursos políticos que sólo cuentan con el apoyo de sectores y liderazgos minoritarios e impopulares como el de Hugo Moyano, por ejemplo. Cuando se quiere hacer lo que las circunstancias no aconsejan, termina sucediendo lo que los protagonistas no desean.

En esto estamos por estos días, asistiendo al desmoronamiento y la descomposición de un gobierno que fue muy fuerte pero que, como todo proceso político, tiene su punto final. Esto, que en cualquier democracia consolidada es un hecho obvio y sabido, es algo que en Argentina los políticos no comprenden y por eso procuran perpetuarse, para lo cual realizan, en cada circunstancia, actos políticos desesperados que no hacen más que incrementar su descrédito. Los Kirchner no aprendieron la lección que dejan experiencias anteriores y así les está yendo por creerse omnipotentes. Finalmente, la realidad les dará lo que se tengan merecido.

Moyano no tiene futuro político

El secretario general de la CGT, Hugo Moyano, viene desarrollando una intensa acción política en los últimos meses. No está claro cuáles son las intenciones de Moyano en el campo específicamente político. Un individuo como Moyano no puede ignorar que su imagen pública es muy negativa y que carece de chances reales de obtener la victoria en cualquier comicio. Moyano no aclara cuáles son sus intenciones y, por lo tanto, no queda otra alternativa que hacer conjeturas y deducciones a fin de interpretar sus intenciones políticas.

Si Moyano es conciente de que su imagen pública es impresentable, lo imaginable es que no intente ejercer el poder político en forma directa porque sus posibilidades en ese sentido son prácticamente nulas. La lógica de la dinámica política es que Moyano intente operar políticamente a través de representantes, como lo está haciendo ahora por medio del diputado Héctor Recalde. El interrogante que cabe plantearnos es cuáles son los planes de Moyano. El líder camionero no muestra un perfil que lo exhiba como representante de proyecto político alguno. En ese sentido Moyano es diferente a su aliado Néstor Kirchner, quien sí tiene un perfil político nítido.

Quizá la carencia de un proyecto visible sea la principal debilidad de Moyano en cuanto figura política. Nadie, excepto un círculo muy estrecho de cortesanos, puede sentirse contenido en una convocatoria política lanzada por el jefe de los camioneros. Si, a pesar de eso, Moyano es un sujeto con relevancia pública y que aspira a proyectarse políticamente, es porque no tiene escrúpulos en emplear la violencia –en principio verbal y si fuera necesario, también física- para concretar sus objetivos. Pero un proyecto basado en la mera violencia es políticamente inviable y ése es el problema que Moyano no está en condiciones de resolver y no hay la menor razón para suponer que esta situación pueda modificarse.

Kirchner, que sí es un político hábil, le “da soga” al desenvolvimiento de Moyano porque percibe que el moyanismo no tiene futuro en términos políticos. De ese modo, la acción de Moyano le sirve a Kirchner para debilitar a sus adversarios políticos comunes pero quien puede cosechar los beneficios de esa acción es el “pingüino” y no el camionero. ¿Hay alguna posibilidad de que, por medio del empleo de la fuerza, la acción de Moyano conduzca a algún desenlace político definido? No parece probable que eso pueda ocurrir porque la fuerza no sirve para lograr un clima de estabilidad política. La oposición con la que se encontraría un régimen controlado directa o indirectamente por Moyano sería tan enconada que la gobernabilidad sería imposible. Ese es el sentido en el que Kirchner es más hábil que Moyano.

Es bastante probable que la incidencia de Moyano en cuanto actor de la vida política vaya desapareciendo a medida que se consolide el escenario electoral para 2011. El protagonismo de Moyano es posible porque la situación política se encuentra en un impasse y, en ese vacío, una figura lamentable como la del líder camionero encuentra el resquicio para ocupar un espacio que, por el momento permanece vacante. Es indudable que Moyano intentará colocar gente propia en las listas de candidatos del kirchnerismo –y, eventualmente, de otros partidos también- en las próximas elecciones. Si se presenta por sí mismo, es impensable que obtenga un buen resultado, a menos que perpetre un fraude escandaloso. Pero si el kirchnerismo, como es previsible, fracasa en las elecciones, no se ve que Moyano pueda tener un futuro político promisorio, gracias a Dios...

El gobierno procura institucionalizar el engaño

Un plenario de cinco comisiones de la Cámara de Diputados tratará hoy un proyecto del Poder Ejecutivo para declarar “de utilidad pública” a la producción y distribución de papel para diarios con vistas a justificar la regulación estatal en el sector. La Presidenta anunció ayer la inauguración de cinco plantas transmisoras de la cadena estatal de televisión digital. Ambos hechos están estrechamente vinculados porque forman parte del mismo plan estratégico, el cual consiste en operar desde el gobierno sobre el flujo de contenidos de los medios de comunicación a fin de presentar la versión de la actualidad que mejor convenga a los intereses del oficialismo. Por un lado, por medio de una argumentación demagógica, se intenta buscar pretextos para interferir en el desenvolvimiento de la prensa gráfica independiente y, al mismo tiempo, se procura crear, con fondos estatales, una red masiva de televisión destinada a presentar ante la población la versión de los hechos que el gobierno elija ofrecer. La maniobra es tan burda que, si no fuera peligrosa, daría risa.

El argumento en el sentido de que es necesaria la intervención del estado para asegurar la provisión y distribución de papel para diarios tiene como propósito condicionar la entrega de ese insumo y retaceárselo o negárselo a los diarios cuyos contenidos no sean del agrado del gobierno y facilitárselo a los diarios “amigos”. Esto, naturalmente, vulnera al mismo tiempo la Constitución, la libertad de empresa y la libertad de prensa. Meros detalles, en la visión kirchnerista de los acontecimientos. Lo cierto, sin embargo, es que jamás hubo el menor conflicto en relación a la producción y provisión de papel para diarios, un mercado que está totalmente desregulado y que se abastece por medio de la empresa Papel Prensa, de producción local y se completa con importaciones que no pagan arancel alguno. Nunca hubo un problema, excepto que al kirchnerismo no le gusta lo que muchos diarios publican y procura, de ese modo, estrangular la circulación de información para que el pueblo no se entere de lo que al gobierno no le conviene.

La difusión de la TV digital estatal es el complemento de la otra medida. Así como el gobierno procura impedir la circulación de la información que no le agrada, intenta generar canales para reemplazar la información desplazada por contenidos que presenten la versión de la realidad que sí le satisfaga. El proyecto del gobierno consiste, esencialmente, en institucionalizar el engaño. La televisión digital estatal es uno de los instrumentos creados con ese propósito, al igual que la programación de Canal 7, la creación de diarios propios como Tiempo Argentino, El Argentino y BAE, la cooptación de medios privados como C5N, Crónica TV, Canal 26, Canal 9 y, en parte TELEFE y buen número de radios, programas o periodistas, como, por ejemplo, Víctor Hugo Morales y la estatización de la televisación del fútbol.

Lo que está en debate, en todo esto, es nada menos que la vigencia de la verdad, de la narración de los hechos conforme ellos se sucedieron o la desnaturalización de esos hechos para acomodarlos a los intereses políticos del kirchnerismo. El gobierno procura apoderarse del concepto de verdad para manipularlo de acuerdo con sus propios planes. Sucede, sin embargo, que la verdad no es opinable, no es un concepto sujeto a consideraciones sectoriales, partidarias o subjetivas. El concepto de verdad expresa aquella narración que coincide con los hechos tal cual se sucedieron realmente. El kirchnerismo quiere desvirtuar el concepto de verdad. De eso se trata esta batalla, de vivir conforme a la verdad o de quedar sometidos a una parodia de la verdad inventada para servir a los intereses y los deseos del actual gobierno.

La participación en las ganancias perjudica a los trabajadores

El Congreso Nacional está comenzando a tratar un proyecto, presentado por el diputado moyanista Héctor Recalde (en la foto, junto a Hugo Moyano) que promueve la participación de los empleados en las ganancias de las empresas. Cabe presumir que ese proyecto contaría con el apoyo ampliamente mayoritario de la población del país, circunstancia por la cual sería políticamente legítimo que los legisladores lo aprueben y la normativa sea puesta en aplicación. Cuando la mayoría del pueblo desea algo, las reglas de la democracia determinan que dicha iniciativa debe ser puesta en aplicación. Esas son las reglas de la democracia y la alternativa sería que una minoría, supuestamente esclarecida, imponga sus decisiones sobre el conjunto de la población, tal como lo hacían Pinochet, Castro, Hitler, Stalin o Mussolini. Por lo tanto, si el proyecto de Recalde cuenta con la adhesión mayoritaria del pueblo, entraría dentro de la lógica política del sistema democrático que los legisladores lo sancionen. Estaría bien que eso hagan, faltarían a su responsabilidad política si rechazaran ese proyecto.

El hecho de que dicho proyecto tenga consenso popular, no implica, por supuesto, que sea una iniciativa que vaya a beneficiar al pueblo. Bajo una apariencia de ser una legislación favorable para el bienestar de las grandes mayorías, el proyecto presentado por Recalde no tendría, si se aplica, otro efecto que provocar un aún mayor aumento de la pobreza, la desocupación, el hambre y la marginalidad. El proyecto presentado por Recalde es cuestionable desde el punto de vista ético porque implica obligar a quien asume un riesgo empresarial a compartir sus ganancias con quien no asumió ese riesgo –lo cual implica una inequidad porque sitúa en un mismo plano a personas que tuvieron conductas diferentes- y también es criticable desde el punto de vista económico porque, al reducir las perspectivas de rentabilidad, desalienta y encarece la inversión productiva de riesgo, que es la única fuente genuina de riqueza, crecimiento, desarrollo y bienestar.

El proyecto presentado por Recalde es demagógico y engañoso pero por ese motivo tiene grandes probabilidades de despertar la adhesión popular. El pueblo argentino tiene el grave defecto de que se deja encandilar por las apariencias de las iniciativas políticas pero carece de la aptitud para apreciar la significación práctica y concreta de esas políticas. Así es como, aún hoy, después de casi 70 años de desaguisados cotidianos, el peronismo sigue siendo el mayor partido político del país. El proyecto presentado por Recalde, que ocupa uno de los primeros lugares en el listado de reclamos de la CGT moyanista, está nítidamente inscripto en la tradición política justicialista y no hace más que reproducir y acentuar todos los efectos nefastos que la política peronista -nunca definitivamente erradicada y reactualizada en los últimos años por el kirchnerismo- provocó sobre el progreso de nuestro país y sobre el bienestar del pueblo argentino. Si el pueblo apoya la iniciativa de Recalde, no estará más que repitiendo todos los errores que el propio pueblo argentino viene cometiendo desde los años ’40 del siglo pasado, que son la causa de que ningún gobierno –tampoco los de facto- haya tenido margen de maniobra política para erradicar el régimen peronista y todos sus desastrosos efectos. Hay todavía margen para que prime la cordura y no se sancione el disparate propuesto por Recalde. Ojalá que algo así suceda porque, si esta iniciativa prospera, el resultado práctico será más miseria, más hambre, más marginalidad y menos progreso y menos bienestar.

Imaginemos a Cobos Presidente...

El vicepresidente, Cleto Cobos, es una figura política que inspira una mirada bastante desdeñosa en gran parte de los círculos vinculados al liberalismo. Cobos es un político cuyo perfil está nítidamente relacionado con el dirigismo, el intervencionismo y el distribucionismo estatales, es decir, con todas las orientaciones políticas y económicas que los liberales señalamos como las causantes de la declinación general de nuestro país y de la disminución de la calidad de vida de los habitantes. El voto de Cobos en favor de la aplicación del 82 % mínimo, vital y móvil a las jubilaciones es un ejemplo nítido en este sentido. La posición de Cobos en relación a esta cuestión es un ejemplo paradigmático de todo aquello que los liberales cuestionamos. En rigor de verdad, debemos señalar que, en lo que tiene que ver con este tema, hasta el kirchnerismo actuó con más responsabilidad que Cobos.

Pero a pesar de todo esto, Cobos es, desde un punto de vista liberal, una figura política que presenta un perfil interesante. Por debajo de la superficie, Cobos es un personaje distinto de lo que presenta a simple vista.

En Argentina no hay margen para la asunción de una postura genuinamente liberal con posibilidades de tener éxito político. No hay en el escenario político de nuestro país cabida para el liberalismo por la sencilla razón de que el pueblo no desea que un programa liberal sea puesto en aplicación. En este contexto, un personaje como Cobos no es tan negativo... Es probable que un buen número de liberales no esté de acuerdo con esa apreciación. Pero debemos tener en cuenta, por ejemplo, que el adversario interno de Cobos es nada menos que Ricardito Alfonsín y que, en su momento, fue Cobos quien dinamitó las retenciones móviles que el kirchnerismo pretendía aplicar a la producción agropecuaria.

Cobos se ha reposicionado como “presidenciable” después de desempatar la elección del miércoles pasado en el Senado. ¿Qué sucedería si los avatares políticos depositaran finalmente a Cobos en la Casa Rosada? ¿Sería tan trágico un gobierno encabezado por Cobos? ¿Sería lo mismo Cobos que Alfonsín como Presidente de la Nación? La respuesta a estas preguntas es negativa. Cobos, por debajo de su aparente indecisión o inseguridad, es un político sutil, que sabe actuar en medio de presiones cruzadas y tiene una gran capacidad para oscilar entre posturas antagónicas y mantener el equilibrio sin dejarse arrastrar. Esta capacidad es la que lo torna interesante desde una visión liberal. Porque Cobos, aún siendo básicamente un representante del dirigismo, es al mismo tiempo una persona dispuesta a escuchar razones, argumentos, explicaciones. En eso se diferencia de Ricardito Alfonsín, que también es dirigista pero es además totalmente dogmático y sigue adelante con sus inclinaciones sin atender razones en sentido opuesto y sin dejarse influenciar por las evidencias de las consecuencias negativas de sus posiciones políticas. Cobos tiene una disponibilidad para atender razones y argumentos de la que Alfonsín carece. Y en ese terreno los liberales es donde somos fuertes y podríamos hacer valer nuestras posiciones. Cobos nos ofrece no una oportunidad concreta pero al menos nos deja abierta una puerta que, con otros políticos de su misma tendencia, nos quedaría irremediablemente cerrada. Considerando el nulo espacio político con el que el liberalismo cuenta, esa puerta abierta no es poco...

La mentira del 82 % móvil

La ley sancionada ayer por el Congreso Nacional, que establece el pago del 82 por ciento móvil a los jubilados, no resuelve ningún problema, crea otro y, lo que es aún más grave, desenfoca el verdadero núcleo del problema. El eje de la cuestión es que el estado no tiene por qué hacerse cargo de pagar la jubilación de nadie. La verdadera solución al problema de la subsistencia durante la vejez es la apertura de un mercado de ahorros para el retiro que opere en base al principio de que cada individuo planifique su futuro de acuerdo con su propio criterio personal. Ninguno de los partidos que está representado en el Congreso planteó el problema en estos términos. Todos coinciden en que el pago de las jubilaciones debe estar a cargo del estado, nadie analiza las implicancias de estas decisiones, nadie se hace cargo de lo que el problema representa y nadie piensa en la legitimidad del sistema estatal de reparto. Toda la discusión está planteada en determinar si se puede pagar o no tal o cual monto jubilatorio y si el estado está en condiciones de financiar, con dineros ajenos, esos pagos.

En la práctica, más allá de que el Poder Ejecutivo promulgue o vete la vigencia de esta ley, lo cierto es que es muy probable de que nada de lo escrito en el texto de la normativa aprobada ayer se concrete en los hechos porque el estado tendrá constantemente problemas de financiamiento como consecuencia de la desmesura de su estructura operativa, porque los fondos jubilatorios probablemente sean desviados hacia otros fines políticos y porque la mecánica del sistema de reparto hace que constantemente los egresos crezcan a mayor velocidad que los ingresos. En un sistema de capitalización, esto no sucede porque las inversiones que se van realizando a lo largo de la vida activa permiten aumentar los montos disponibles y cuando la persona deja de tener una actividad productiva –a la edad que cada uno lo desee y no cuando una ley arbitrariamente lo determine- habrá acumulado las reservas suficientes como para sostenerse por los años que le resten de vida. Hay tablas estadísticas que permiten realizar este tipo de cálculos con pautas muy precisas, de modo que el sistema es altamente confiable. Por cierto que en un país tan imprevisible como Argentina la realización de estos análisis se dificulta bastante pero, aún así, un sistema de este tipo funcionaría mucho mejor que el reparto estatal.

Por lo demás, la fijación de un sistema equis para planificar el retiro de la actividad productiva es algo que no tiene por qué ser compulsivo. Cada persona debe ser libre para organizar su vejez como lo desee y tiene 60 años para pensar y ejecutar el plan. Lamentablemente, en este país tan convulsionado, no es usual pensar más que en el diario del día siguiente, un esquema mental que impide evaluar racionalmente el modo de abordar un problema que en la mentalidad de mucha gente se encuentra muy lejos, hasta que la vida se les fue pasando sin darse cuenta y entonces es cuando llegan a ancianos y descubren que la jubilación no les alcanza. El problema es muy extenso y complejo y no es posible agotarlo en un comentario de unas pocas líneas. Pero la ley sancionada ayer por el Congreso dio lugar a que reflexionemos sobre el tema y a que nos hagamos cargo de que la instrumentación de un apropiado sistema de jubilaciones es una cuestión pendiente y que, a pesar de la demagogia cotidiana de los políticos, nunca fue apropiadamente encarado. Con todos sus defectos, el sistema de AFJPs que se había implementado durante el gobierno de Menem, era un paso en la dirección correcta pero la brutalidad kirchnerista, la pusilanimidad de la oposición y el azoramiento de los interesados directos lo tiraron por la borda a fines de 2008. Estamos nuevamente “a fojas cero”. En algún momento habrá que pensar seriamente en el tema, en el marco de un replanteo global de todo el ordenamiento económico.

En manos de los K, los resultados del censo no serán creíbles

Cualesquiera que sean, los resultados que arroje el Censo 2010 no serán creíbles. La razón de esa inverosimilitud es que el censo es un instrumento de la planificación electoral y esa herramienta, en manos del matrimonio Kirchner, es sospechosa de antemano. Los Kirchner mienten demasiado como para que se crea en la veracidad de los datos que ellos mismos producirán y que podrán ser empleados para redistribuir la cantidad de bancas en el Parlamento. Es presumible que el censo arrojará una disminución de la población en los distritos donde el kirchnerismo es candidato a una derrota y un aumento de población en las provincias donde el Kirchnerismo tiene más probabilidades de ganar. De ese modo, tendrán la posibilidad de aumentar la cantidad de diputados en los distritos que les son favorables y de disminuirlos en las provincias que les son adversas. Por lo demás, en lo referido a las cifras de pobreza, carencia de educación, necesidades sociales sin cubrir y otros rubros similares, los K probablemente “dibujarán” cifras muy inferiores a las reales para luego decir que “estos son los beneficios del modelo de redistribución de la riqueza”.

¿Tiene el autor de estas líneas prueba alguna de que así será como el gobierno actuará? No, por cierto que no la tiene. Y tampoco las necesita porque esto es una mera especulación periodística (aclaremos que no nos paga Clarín, para que no haya confusiones) y no una denuncia judicial. ¿Es el propósito de esta nota desacreditar al censo porque quien lo realiza es un gobierno de una orientación política ante la cual este blog tiene una postura crítica? En absoluto. El gobierno no necesita de este blog para desacreditarse, lo hace muy bien solo. Estas líneas, simplemente, previenen lo que presumiblemente sucederá en relación a los resultados que el gobierno informe sobre el censo. Lo decimos antes de que suceda para que, cuando las polémicas por los resultados del censo aparezcan, haya constancia de que habíamos anticipado de que esto iba a ocurrir. De ese modo, nadie podrá alegar que no estaba advertido. Cuando los Kirchner están de por medio, ninguna desconfianza es excesiva.

Un censo es una herramienta muy valiosa a los efectos de orientar muchísimas actividades. No es del caso explicar en tan poco espacio todas las aplicaciones posibles de la información provista por un censo. Pero sí es necesario recalcar que esa información debe ser indubitablemente confiable, algo que los Kirchner no garantizan por obvias razones vinculadas con sus antecedentes. Valga decir, a modo de simple dato informativo, que el censo será realizado por el mismo Indec que mide mensualmente la inflación. ¿Quién podría tomar seriamente y confiar en los datos presentados por una institución como el Indec controlado por Guillermo Moreno?

El censo kirchnerista, en definitiva, se encamina a convertirse en un burdo “dibujo” destinado a convalidar las maniobras fraudulentas por medio de las cuales el gobierno procura perpetuarse en el poder. Probablemente todas estas maniobras concluyan fracasando en las elecciones de 2011 porque el descrédito del kirchnerato es demasiado profundo como para ser revertido con un mero fraude estadístico. Pero la confusión y las polémicas que se derivarán del relevamiento proyectado para el próximo miércoles 27 son previsibles y es bueno advertirlas con anticipación para que, posteriormente, nadie pueda “hacerse el sorprendido” en el muy probable caso de que las cifras no resulten creíbles.

Oposición y tiempos políticos

Quizá el mayor interrogante que el escenario político argentino presenta está referido a si las corrientes de oposición llegarán a presentar proyectos alternativos al kirchnerismo en las próximas elecciones presidenciales y si el gobierno que surja de las elecciones estará en condiciones de iniciar un proceso de reparación de todos los desaguisados cometidos por los K en un contexto donde la gobernabilidad esté asegurada. Existen razones para conjeturar que eso sí sucederá aunque ahora las evidencias de que algo así ocurrirá no se perciban a simple vista.

Entre el gobierno y la oposición hay una diferencia sustancial: el gobierno es homogéneo y tiene un liderazgo claro y definido, en tanto que la oposición es heterogénea y está pugnando por definir sus liderazgos. Como los proyectos opositores están en proceso de gestación, en tanto que el gobierno es un proyecto plenamente en curso, da la sensación de que la oposición no está en condiciones de enfrentar con éxito al kirchnerismo y que esa dispersión favorece al gobierno, que encuentra así la posibilidad de obtener la victoria en las próximas elecciones y mantenerse en el poder.

Pero esta visión es un espejismo que confunde y le provoca decepción a mucha gente que dice, escépticamente, que “no hay una oposición fuerte”, explicando así que les parece difícil que el kirchnerismo sea desalojado del gobierno, precisamente porque no habrá quién le gane. Y es bastante cierto que, aquí y ahora, no hay un proyecto armado para ganarle al kirchnerismo. Esto es así porque los tiempos políticos están condicionados por las circunstancias institucionales. Para la oposición no tiene sentido tener ahora un proyecto electoral y de gobierno definitivamente delineado si las elecciones serán dentro de un año. Si la oposición tuviera definidos ya mismo sus candidatos, sus proyectos, sus programas, lo que sucedería es que, para el momento de las elecciones, esas iniciativas se habrían desgastado. Por eso en las corrientes de oposición no hay aún grandes definiciones y eso es lo que lleva a muchas personas a percibir que “la oposición no existe”. No es exacto que la oposición no exista sino que está madurando sus proyectos para someterlos a la consideración popular en el momento decisivo, es decir, el día de las elecciones, no antes. No tendría sentido que los proyectos opositores se muestren consolidados antes de las elecciones porque eso le facilitaría el trabajo al kirchnerismo que, con su habitual falta de escrúpulos, no dudaría en enlodar a quienes procuren desalojarlo del gobierno.

Por este motivo, por ahora, las corrientes de oposición van gradualmente saldando sus diferencias internas, acomodando sus prioridades, negociando espacios entre sus referentes y elaborando sus programas de gestión. A medida que se acerque el momento de las definiciones electorales, todas esas cuestiones se irán dirimiendo y la oposición sí presentará sus proyectos definitivamente consolidados. En eso se basa la percepción de que es posible derrotar al kirchnerismo y que sobrevenga un gobierno que sea razonablemente ordenado y que respete los principios institucionales y económicos básicos. En es contexto también es probable que aparezcan nuevas oportunidades para proyectar las iniciativas liberales al debate público. Pero ahora la prioridad es erradicar al kirchnerismo. Lo importante vendrá más adelante.

Hacia una reformulación del principio de autoridad

Si hubiera que sintetizar en una única expresión el conjunto de problemas que afectan a Argentina, probablemente sería apropiado emplear la frase “crisis de autoridad”. Es altamente probable que de ese fenómeno emanen, por diferentes vertientes, todos los demás factores e ingredientes que configuran las circunstancias argentinas. Quizá no está de más en este momento, cuando poco a poco nos acercamos al final de un ciclo de gobierno y no sabemos qué orientación puede sobrevenir después, que reflexionemos acerca de este fenómeno de la ausencia de autoridad.

La crisis de autoridad es un fenómeno cuyo origen podría rastrearse hasta 1983, cuando finalizó el último gobierno militar y comenzó la vigencia del orden democrático. Los militares representaban un determinado principio de autoridad. Ese principio feneció porque era ilegítimo, ya que se trataba de una autoridad que no contaba con la anuencia del pueblo. En 1983, con la victoria de Alfonsín, quedó expresamente establecido –no sólo en los textos legales sino, lo que es más importante, en el sentimiento colectivo- que la única autoridad legítima es la que emana del voto popular.

Pero con esa decisión colectiva no se resolvió la otra cuestión esencial que involucra al problema de la autoridad, que es la de definir el propósito del ejercicio de esa autoridad. Porque el ejercicio de la autoridad no es un fin en sí mismo sino un medio para orientar el desenvolvimiento social en alguna dirección determinada. Esta es la cuestión que, desde 1983 hasta ahora, nunca quedó resuelta. La institución de la autoridad está en crisis en Argentina por ese motivo, porque su ejercicio se agota en el hecho de haber sido elegida en forma legítima.

Este es probablemente el déficit que, imperceptiblemente, empiece a cubrirse de manera gradual de ahora en más. El sentido de la autoridad en un ordenamiento democrático es el de promover el bienestar de todos sin afectar los derechos de ninguno. Dicho de otro modo, el propósito de la autoridad en un sistema democrático es organizar una convivencia donde las diferencias de intereses, aspiraciones, proyectos y valores se diriman por canales institucionales y no por medio del empleo de la fuerza. Esta forma de ejercer la autoridad implica, de hecho, poner límites a aquellos que avasallan los derechos de los demás. Si es necesario, en circunstancias extremas, el gobierno debe estar dispuesto a hacer uso de la fuerza para obligar, a quienes se rebelen, a que se sometan a la autoridad. Esto es algo que, hasta ahora, ha estado vetado porque se sobreentendía –erróneamente, por cierto- que el empleo de la fuerza era inaceptable en el marco de un orden democrático, que tenía que marcar diferencias con la autoridad dictatorial que se ejercía antes de 1983. Pero el resultado práctico de esta concesión ha terminado siendo que, en nombre de la democracia y de la libertad, grupos de activistas se atribuyen el derecho de avasallar los derechos ajenos. Esta es la práctica a la cual las nuevas formas de ejercer la autoridad deben modificar, en principio por medio de la persuasión pero expresando claramente que, en circunstancias extremas, también el empleo racional de la fuerza es un mecanismo legítimo para garantizar el orden y los derechos de todos los ciudadanos, que no pueden ser vulnerados por quienes reivindiquen aspiraciones sectoriales. Estos son los conflictos para cuya resolución existen instituciones y es en ese marco donde los debates y los argumentos deben plantearse. La autoridad debe garantizar que ese ordenamiento se cumpla estrictamente y debe impedir que sea vulnerado por cualquier grupo que presente demanda alguna, sin perjuicio de la legitimidad y la justicia de ese reclamo.

Se viene un futuro mejor

La situación general de nuestro país seguramente comenzará a mejorar una vez que concluya el ciclo de gobierno del kirchnerismo. Es factible que muchos no compartan o tengan una mirada escéptica respecto de la validez de este pronóstico. Sin embargo, existen argumentos como para darle sustento a esa apreciación.

El kirchnerismo es un intento sistemático de implantar en Argentina un régimen autoritario donde la vigencia de todos los derechos quede anulada y sujeta a la voluntad del gobierno. Este proyecto es antagónico con la orientación que el pueblo argentino eligió seguir a partir de 1983, cuando taxativamente se pronunció por la vigencia de un sistema basado en el estado de derecho a través de la elección de Raúl Alfonsín por sobre Italo Lúder en las elecciones presidenciales de ese año. Desde entonces hasta ahora, la sociedad argentina ha venido tratando –con grandes dificultades, por cierto- de darle consistencia concreta a esa decisión inicial.

El kirchnerismo representa a todas las corrientes de la sociedad que se oponen a la vigencia de un ordenamiento republicano y todo lo que éste representa. La agresión sistemática del actual gobierno a las instituciones de la república ha provocado, por oposición, la aparición de una revalorización de esas instituciones. Y ese fenómeno es el que hace presumir una mejoría en la situación general del país. Una vez concluido el gobierno kirchnerista ya no habrá margen para que los futuros gobiernos tengan aspiraciones hegemónicas. La alternancia republicana quedará definitivamente consolidada como el ordenamiento vigente, ya no sólo como una expresión declamativa sino como un hecho arraigado en el sentimiento y en las convicciones colectivas.

En este contexto, en un ordenamiento democrático consolidado y sin espacio para las aspiraciones hegemónicas –algo que jamás sucedió en la historia argentina- los mecanismos autocorrectivos que son característicos de la democracia irán ejerciendo gradualmente su influencia. No será fácil, no será un recorrido exento de dificultades y seguramente habrá muchas iniciativas discutibles y desaconsejables. Pero estará garantizado el marco para el ejercicio del debate. Y en ese contexto sucederá, como siempre ocurre, que las buenas ideas irán, a la larga, desplazando gradualmente a las ideas inconvenientes, principalmente porque habrá la posibilidad de evaluar racionalmente los resultados.

Este proceso no será lineal. Habrá, indudablemente, marchas y contramarchas, vacilaciones, desviaciones, dudas, estancamientos y errores que deberán ser corregidos más tarde. Pero habremos iniciado un proceso promisorio. El futuro de nuestro país no es tan malo aunque a simple vista la mayoría no lo perciba de ese modo. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, pueden entreverse perspectivas alentadoras. El tiempo y la marcha de los acontecimientos seguramente las pondrán en evidencia y las harán realidad.

No al corte de la 9 de Julio

El centro de Buenos Aires estuvo esta semana literalmente “bloqueado” durante 24 horas entre martes y miércoles porque una organización de activistas consideró que sus demandas ameritaban realizar un campamento ante el ministerio de desarrollo social en plena Avenida 9 de Julio. Como sus demandas no fueron satisfechas, anticiparon que, de no obtener las respuestas que requieren, repetirán el “operativo” la semana próxima durante dos días. Como es habitual en este tipo de circunstancias, no hubo esta semana ni cabe esperar que la haya la semana próxima acción alguna de parte del gobierno para impedir o al menos atenuar los perjuicios que esta acción de protesta le provocará al conjunto de los ciudadanos que necesitan circular por la avenida para desarrollar sus actividades particulares. El motivo de esta inacción gubernamental es que no están dispuestos a “criminalizar la protesta”, una acción que, en la consideración del actual elenco gubernamental es impulsada por “la derecha”.

Es ya muy reiterativo seguir asumiendo posturas críticas frente a los desaciertos (por emplear una palabra amable) del actual gobierno. En rigor, suceden en nuestro país cosas mucho más graves que las incomodidades provocadas por los cortes de calles. Pero sí es bueno que expresemos, de una vez por todas, nuestro rotundo desacuerdo con el argumento de que impedir un corte de una arteria es una conducta ilegítima (porque el argumento de la “criminalización de la protesta” implica, de hecho, deslegitimar el derecho del estado a asegurar el orden público, transformando la convivencia en una anarquía).

Digamos las cosas con claridad: las calles están hechas para que la gente circule y nadie tiene derecho a cortarlas para exigir que el gobierno le conceda lo que demanda. En el caso de los cortes de ruta promovidos por los productores agropecuarios durante el año 2008 en ocasión de las protestas frente a la Resolución 125, fue diferente porque lo que se estaba planteando era un rechazo a una acción del gobierno. Es sustancialmente distinto oponerse a un avasallamiento del gobierno que exigir que el gobierno otorgue algo que se reclama. No se puede equiparar el corte de una ruta para defender un derecho con el corte de una calle para reclamar un privilegio. Son situaciones diferentes que admiten tratamientos diferentes.

¿Qué es lo que el gobierno debió haber hecho ante el corte de la Avenida 9 de Julio? Debió haber advertido a los activistas que no permitiría el corte. Y si los activistas hubiesen desoído la advertencia se debió recurrir a los métodos que la policía tiene para reprimir disturbios, que no ponen en peligro la vida de nadie pero son los suficientemente disuasivos como para despejar las calles. Con algunos camiones hidrantes y una acción abrumadora y sorpresiva, los activistas se hubieran visto impedidos de sostener su bloqueo de la avenida. La amplia mayoría de la población, sin duda alguna, hubiera aplaudido silenciosamente la acción gubernamental. Va siendo hora de que el estado cumpla la función que le compete y que, de una vez por todas, terminemos con esta práctica de que, porque alguien reclama algo, tiene derecho a perjudicar a quienes no tienen vinculación alguna con la cuestión. No es cierto que el mantenimiento del orden público sea “criminalizar la protesta”. El motivo de fondo de que se esgrima este argumento es que el kirchnerismo simpatiza con los cortes de calle. Pero el pueblo está cansado. De lo cortes de calles y del kirchnerismo...

La "sensación de impunidad"

Todos los debates referidos a la cuestión de la inseguridad están basados, esencialmente, en hipótesis pero no en datos ciertos. La carencia de estadísticas confiables, tanto actuales como de años anteriores, impide cuantificar con precisión si la inseguridad ha crecido, se ha mantenido estable o ha disminuido. Esta inexistencia de estadísticas confiables es lo que obliga a evaluar el problema de la inseguridad en base a “sensaciones” y, por supuesto, eso permite manipular la argumentación en el sentido que cada uno lo desee. Si hubiera estadísticas confiables se podría afirmar, con números incuestionables que “en los últimos cinco años la cantidad de robos aumentó tanto por ciento, la cantidad de homicidios se mantuvo estable, la cantidad de violaciones disminuyó”, etc. Pero la carencia de esas estadísticas obliga a manejar el problema en el terreno de las “sensaciones” porque es el único parámetro con el que contamos para cuantificar el tema.

Pero este fenómeno de la “sensación de inseguridad” inmediatamente remite al combate del gobierno contra los medios de comunicación. Según los portavoces del kirchnerismo, la “sensación de inseguridad” está instalada porque los medios de comunicación supuestamente “monopólicos” remarcan constantemente los casos aislados de inseguridad para desacreditar al gobierno. Y este es también un argumento imposible de refutar numéricamente porque no hay modo de demostrar que la “sensación de inseguridad” no esté alimentada por la información transmitida a través de los medios de comunicación.

Sucede, sin embargo, que los medios de comunicación siempre contuvieron información sobre casos policiales, aún en épocas donde la inseguridad era muchísimo menor que ahora y donde había menos influencia de la televisión. Son inolvidables aquellos titulares en tipografía gigante del diario “Crónica” que decían, por ejemplo, BAÑO DE SANGRE o conceptos similares. Sin embargo, en aquella época, no se hablaba de “sensación de inseguridad” sencillamente porque no había tal cosa. El sentimiento generalizado era que Argentina era un país razonablemente seguro, lo que no eximía la posibilidad de que efectivamente se produjeran hechos delictivos circunstanciales, como en cualquier otro lugar.

Pero lo que estimula la actual “sensación de inseguridad” es la percepción de que no sólo hay inseguridad sino, lo que es más frustrante, es que hay una gran impunidad... Esta es, probablemente, la clave de la cuestión y es un aspecto del problema que se debería considerar. Más intensa aún que la “sensación de inseguridad” es la “sensación de impunidad” y eso es lo que asusta y multiplica el sentimiento de impotencia frente al crecimiento de la delincuencia. Es probable que éste, la “sensación de impunidad” sea el núcleo del problema de la inseguridad, más aún todavía que la “sensación de inseguridad”. Es bastante probable que si el eje del debate se desplazara desde el concepto de “inseguridad” a la idea de “impunidad”, podríamos encontrar un punto de partida para encauzar el tratamiento del problema, al menos en el plano conceptual. Porque el ministro Aníbal Fernández puede decir, apoyado en la ausencia de estadísticas, que la inseguridad es sólo una “sensación”. Pero le va a resultar mucho más difícil explicar que la impunidad es simplemente una “sensación”. La “sensación de impunidad” por cierto que existe. Pero se trata de una “sensación” fundada en hechos mucho más nítidamente verificables que la cantidad de delitos. Y es, por cierto, muy deprimente el sentimiento no sólo de que se cometen delitos sino que los autores de esos delitos quedan impunes porque el estado se desentiende de la obligación de aplicar las sanciones penales correspondientes. Esa omisión estatal es la principal causa que provoca la “sensación de impunidad” y los responsables, quienes deberían hacerse cargo, son los funcionarios del gobierno, los mismos que niegan el aumento del delito y lo atribuyen a una imaginaria “sensación de inseguridad”...

El liberalismo, sin presencia electoral

Ningún proyecto de orientación liberal tendrá presencia alguna en el proceso electoral de 2011. Esto sucederá en parte por factores objetivos que dificultan la presencia política del liberalismo pero también en buena medida por errores de los propios liberales. Más allá de cuáles sean las razones para que esta ausencia electoral del liberalismo se produzca, lo cierto es que, a esta altura, resulta imposible revertir la situación porque no hay tiempo para instalar un proyecto liberal y tornarlo mínimamente competitivo en términos electorales. Por lo tanto, una vez más, no habrá quien represente expresamente al liberalismo en los cuartos oscuros y, por ende, en las urnas.

La puesta en marcha y el desarrollo de un proyecto político demanda el cumplimiento de ciertas condiciones, la más importante de todas es la de tener un discurso y un programa políticos inteligibles. Esto es algo en lo cual los liberales estamos severamente en déficit, principalmente porque tendemos a privilegiar los contenidos doctrinarios por sobre las demandas populares, sin comprender que quienes votan son, en definitiva, los que deciden. Esto no significa que el liberalismo deba desnaturalizar sus propuestas para obtener más votos, lo cual sería un acto demagógico, sino que es necesario buscar, entre los conceptos que configuran los principios teóricos del liberalismo, aquellos que puedan ofrecer respuestas satisfactorias a las demandas populares.

Se trata, por cierto, de una tarea bastante árida porque las posibilidades de obtener un reconocimiento significativo son relativamente escasas. Quizá sea por eso que nadie ha sentido la vocación por asumir para sí esa responsabilidad. Pero lo cierto es que ése es el camino que es necesario seguir para lograr que el liberalismo se instale en el escenario político. Por lo demás, es también indispensable que el desenvolvimiento político de quienes representen políticamente al liberalismo sea coherente en lo político sin tornarse dogmático y, obviamente, digno en el plano ético sin la pretensión de convertirse en fundamentalistas de la decencia, empeñados en descubrir cotidianamente las supuestas inmoralidades de los demás.

En definitiva, para representar políticamente al liberalismo es necesario convivir con las demás fuerzas políticas sin dejarse avasallar por los populismos predominantes pero, al mismo tiempo, tratar con ellos con la suficiente flexibilidad como para lograr las adhesiones que sean posibles para las iniciativas de orientación liberal que las circunstancias permitan ir instrumentando operativamente. Las instituciones parlamentarias ofrecen muchas oportunidades de practicar este sutil arte de sostener las propias ideas y, al mismo tiempo, interactuar con las ajenas. Después de las elecciones presidenciales del año próximo, es altamente probable que surjan oportunidades aún más favorables para que el liberalismo despliegue una acción política con contenidos específicos. Cuando ese momento llegue, habrá que elaborar las estrategias para aprovechar esa circunstancia favorable.

El mayor peligro, el fraude

Si estuviera garantizado que las elecciones presidenciales de 2011 serán limpias, no habría duda de que sólo un milagro podría hacer que los Kirchner retengan la Presidencia de la Nación por un período más. Precisamente por eso el mayor riesgo es la posibilidad de que concreten un fraude escandaloso pero que, cuando ese fraude se haya producido, ya sea tarde para lamentarlo.

No sería en absoluto extraño que, en las usinas estratégicas del kirchnerismo, estén planeando, con la mayor rigurosidad y, al mismo tiempo, con el más absoluto sigilo, ese fraude escandaloso que pueda darles la posibilidad de obtener, en forma espuria, lo que no podrían conseguir en buena ley. Pero la “buena ley”, el fair play, la ética y la legitimidad son condiciones desdeñables para la moral kirchnerista, en la cual el fin siempre justifica los medios. A los Kirchner no les importa la salud de la democracia ni los valores de la República. Los Kirchner son muy pragmáticos: a ellos les interesa el poder al precio que haya que pagar.

Por lo tanto, nosotros, que sí aspiramos a reivindicar la salud de la democracia y los valores de la República, debemos prepararnos y prevenirnos para enfrentar el único argumento que los enemigos de la democracia y la República tienen para continuar en el poder: el fraude electoral, la desnaturalización deliberada del pronunciamiento popular, el falseamiento de la voz expresada en las urnas.

Considerando la meticulosidad con la que Kirchner piensa, es altamente probable que, en los cajones ultra-secretos de su escritorio, ya figure el esquema con el resultado que espera “dibujar” para las elecciones del año próximo. Ese es el objetivo, la meta a alcanzar. De ese modo, puede calcular con exactitud cuántos son los votos que le faltarán para asegurarse la victoria y dónde le conviene y de qué modo fraguar el resultado electoral para alcanzar el objetivo propuesto.

Tengamos en cuenta este riesgo, que es real, no imaginario. Porque una vez que el fraude kirchnerista esté consumado, será sumamente difícil probarlo y aquellos que lo denuncien serán descalificados bajo el argumento de que “reciben sobres”, “representan los intereses del poder concentrado”, “defienden sus privilegios”, etc. Cuidémonos del fraude porque las elecciones son el último recurso con el que contamos para librarnos de los Kirchner. De lo contrario, estaremos condenados a soportar su hegemonía por un larguísimo tiempo...

Ley de medios: el verdadero eje del debate

La afirmación del canciller, Héctor Timerman, en el sentido de que "el eje del debate es ley de medios de la democracia o ley de la dictadura y no los dichos de Hebe", se aproxima bastante a la verdad, al menos en el sentido de la conveniencia y la legitimidad de la ley de medios sancionada por el kirchnerismo no depende de los exabruptos de la señora de Bonafini.

Los hechos son conocidos: el gobierno cree que su descrédito ante el pueblo se debe al hecho de que los medios del Grupo Clarín falsean la información que entregan y que si se limitara la influencia de esa empresa el pueblo valoraría la acción del kirchnerismo positivamente, lo cual le aseguraría al oficialismo el triunfo en las próximas elecciones. Como no se puede presentar públicamente los hechos de manera tan cruda, los K y sus lacayos revisten sus planes de argumentos que esconden sus verdaderas intenciones. La opción “ley de medios de la democracia o ley de la dictadura” esgrimida por Timerman constituye uno entre muchos de esos eufemismos.

Pero Timerman tiene razón cuando afirma que la vigencia o no de esa ley es el verdadero eje del debate. En la vigencia o no de esa ley queda planteada nada menos que la cuestión de si los medios de comunicación operarán en un ámbito de libertad o será el gobierno el que tendrá facultades para determinar quién tiene derecho a tener un medio y qué contenidos debe incluir en sus emisiones. La ley de medios sancionada por el kirchnerismo, al margen de las objeciones jurídicas que hasta ahora vienen demorando su puesta en aplicación, es una ley que cercena no sólo la libertad de las empresas de ofrecer los contenidos que consideren convenientes sino, lo que es el núcleo de la cuestión, limita la libertad de los consumidores para elegir qué empresas contratar y qué señales elegir de entre ellas. Esta cuestión, libertad o regulaciones gubernamentales es, como lo señaló Timerman, el verdadero eje del debate. En este contexto, los exabruptos de Bonafini son una anécdota. Pero la libertad de las empresas para ofrecer o no los productos que deseen y, lo que es más importante aún, la libertad de los ciudadanos para elegir qué emisoras desean ver y escuchar no es una anécdota. Ese sí es el verdadero eje del debate.