El kirchnerismo ha instituido el "impuesto a la verdad"

La consultora Orlando Ferreres y Asociados fue multada en $ 500.000 por el gobierno por difundir un índice de inflación que no concuerda con la medición del INDEC. Según el gobierno, la consultora vulneró la ley de lealtad comercial. El fundamento de esta sanción es que la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Guillermo Moreno, solicitó al INDEC información acerca de si la metodología empleada por la consultora para medir la inflación es acertada y la respuesta fue que no lo es.

Esto que estamos contando no es un chiste sino una medida aplicada por el ministerio de economía. El INDEC del gobierno kirchnerista ha determinado que los métodos empleados por otra institución para medir el índice de precios son incorrectos y en base a ese dictamen el gobierno le ha aplicado una sanción a esa consultora. La empresa, naturalmente, apelará la medida y es de desear que la justicia rechace la aplicación de esa multa absurda. Pero más allá de cómo concluya todo este descabellado episodio (tan inocuo no es porque le están reclamando a la empresa un pago de $ 500.000.-) nosotros podemos reflexionar acerca de los valores involucrados en la cuestión.

¿Por qué Moreno sanciona a la consultora? Esencialmente, por decir la verdad, por hacer un trabajo profesional y objetivo donde miden las variaciones de precios sin dejarse influenciar por consideración de índole política alguna. Esto, decir la verdad, es lo que el INDEC no hace por decisión del gobierno. Y no sólo el gobierno determina que el INDEC no diga la verdad sino que, además, sanciona a quien sí la expresa. El gobierno kirchnerista ha decidido cobrarle un impuesto a quien dice la verdad...

Resulta bastante cómico que justamente el INDEC, el organismo que representa paradigmáticamente la política de distorsionar la realidad se erija en “dueño de la verdad”. Si esto pasara en otro país, nos reiríamos y nos burlaríamos hasta el cansancio. Pero como sucede entre nosotros debemos analizarlo con alguna precisión.

El gobierno pretende manipular la información y presentar como verídicos hechos que no lo son para justificar la adopción de políticas que, si fueran consideradas en el contexto de la realidad, resultarían injustificables. En el caso particular de la inflación, el gobierno necesita falsear el índice para que toda su política económica no quede invalidada.

Pero la falsificación de los hechos con fines políticos es algo que se conocía y que además es muy frecuente en todas partes y entre nosotros es “el pan nuestro de cada día”, no es algo que, en definitiva, sorprenda demasiado, al margen de que el kirchnerismo ha llevado esa práctica hasta extremos desconocidos por su desmesura.

Lo que no registra antecedentes es que alguien sufra una multa por decir la verdad que el gobierno tergiversa... Esta aplicación del “impuesto a la verdad” en contra de la consultora Ferreres y asociados es un hecho absolutamente inédito. Se conocían persecusiones, aprietes, escraches, calumnias... Pero la aplicación de un “impuesto” por decir la verdad no registra antecedentes conocidos.

Y hay que decir que es una buena técnica (para ellos) la empleada por el gobierno porque es una forma de silenciar a los disidentes por la fuerza pero sin generar demasiado revuelo. Imaginémonos que el gobierno prohibiera la difusión de los índices de las consultoras privadas que desmienten al INDEC... Nadie avalaría esa resolución porque estaría vulnerado el derecho a la libertad de expresión. Pero una multa es algo muy sutil, ya que no se prohíbe que la consultora publique su índice sino que se lo torna tan oneroso que se desincentiva absolutamente su difusión... Es una medida astutísima la que el gobierno ha adoptado. Es mucho más práctico, discreto y efectivo fijar un impuesto que dictar una prohibición... El kirchnerismo ha creado, inventado y puesto en aplicación el “impuesto a la verdad”. Los contadores deberán, de ahora en más, buscar la manera de evadir este nuevo tributo...

Pirovano dijo la verdad pero la Inquisición del populismo lo obligó a retractarse

El subsecretario de inversiones de la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Pirovano, propuso ayer la privatización global del sistema educativo. Su propuesta, como era previsible, cosechó encendidos reproches que, posteriormente, lo obligaron a retractarse. De hecho, este blog procuró entrevistar a Pirovano para ampliar y profundizar su pensamiento y el funcionario declinó la invitación diciendo, a través del correo electrónico que “no creo que sea conveniente en este momento. Se armó demasiado lío”.

Pirovano expresó una idea que todos aquellos que militamos en el liberalismo compartimos enfáticamente: que la educación no es una cuestión que deba situarse en la esfera estatal. Se trata, por cierto, de un pensamiento que carece completamente de consenso. No por eso, sin embargo, deja de ser una orientación acertada.

Es significativo el hecho de que alguien que forma parte de la estructura de la política se haya decidido a dar el paso de decir esa verdad en público, saliéndose por completo de las tácitas normativas imperantes. Y por eso es lógico que haya sido severamente criticado, al punto de que muchos políticos estatistas solicitaron la renuncia del funcionario. Afortunadamente, la cúpula del Gobierno de la Ciudad no cedió a esas presiones y, por el momento, no se conoce que Pirovano haya dejado el cargo que ocupa.

Es comprensible que las expresiones de Pirovano hayan desencadenado fuertes rechazos. La educación solventada por el estado con los impuestos pagados todos los ciudadanos es una institución fuertemente arraigada en nuestro país aún desde antes del inicio de nuestra vida como nación independiente. Ya el virreinato y luego Rivadavia le habían dado un sesgo estatista a la educación. Más tarde, esa tradición se reafirmó fuertemente con la acción de Sarmiento y otros dirigentes que consolidaron una intensa presencia del estado en la gestión educativa. Contra esa tradición se alzó Pirovano.

Técnicamente, las expresiones del funcionario macrista son acertadas. Sería largo y complejo explicar por qué lo son pero, en esencia, Pirovano se expresó con acierto. Pero como la abrumadora mayoría de las personas y de los políticos que representan a esas personas piensan de otro modo, sus palabras sonaron heréticas. Y así como Galileo Galilei fue condenado en 1633 por decir lo que actualmente nos parece absolutamente obvio, que la Tierra gira alrededor del sol, ahora, en una escala mucho menor, un funcionario de segunda línea de un gobierno local es poco menos que “excomulgado” por la Santa Inquisición del populismo por decir la verdad. Y, del mismo modo que Galileo fue obligado a retractarse en contra de sus genuinas convicciones, Pirovano debió admitir que “me equivoqué y no volvería a twittear esto”. Pero es obvio que Pirovano no cree ni remotamente haberse equivocado, como tampoco Galileo lo creía.

Vivimos bajo un régimen de pensamiento único donde el espacio para la expresión de iniciativas de orientación liberal está muy restringido. El incidente que tuvo a Carlos Pirovano como protagonista ha puesto claramente de manifiesto esa limitación que existe de hecho aunque nominalmente exista libertad de pensamiento. No existe, en la Argentina actual, margen para expresar públicamente propuestas liberales porque estas resultan inmediatamente denostadas. Pero no por eso el liberalismo deja de ser verdad, no porque muchas personas repitan un error éste se convierte en un acierto. El liberalismo sigue siendo verdad, aún cuando la abrumadora mayoría lo rechace, porque sus fundamentos son consistentes y racionalmente incontestables. El hecho de que los prejuicios antiliberales de las mayorías desencadenen rechazos hacia el liberalismo no significa que estemos equivocados ni que debamos dejar de reivindicar nuestras convicciones. Siempre llega un momento en el que despunta el día y la luz de la verdad desplaza a las tinieblas del voluntarismo populista. No sabemos cuando amanecerá pero debemos estar con los ojos atentos porque cuando comience a clarear, habrá llegado nuestro momento.

La desmedida presión impositiva conspira contra el progreso y el bienestar

La fuerza propulsora del sistema capitalista es el ánimo de lucro. Los empresarios invierten con el propósito de ganar dinero y, en ese afán, generan fuentes de trabajo, la gente tiene dinero porque tiene empleo, eso le permite consumir y esa demanda disponible estimula que haya nuevas inversiones destinadas a satisfacer los requerimientos de los consumidores. Esas nuevas inversiones generan más fuentes de trabajo y así el ciclo se reinicia.

Las condiciones necesarias para que haya inversiones son, por lo tanto, que existan capitales disponibles y perspectivas de rentabilidad. Pero uno de los factores que obstaculiza el desarrollo de este círculo virtuoso de inversiones, trabajo, consumo, rentabilidad y bienestar es la presión impositiva desmedida. Si el estado cobra muchos impuestos, las ganancias de los empresarios serán menores, los sueldos de los empleados serán más bajos, los precios de los productos serán más elevados. Precisamente esto, una presión impositiva absolutamente desmedida es lo que hay en nuestro país.

Uno de los factores que contribuiría para que la situación general del país mejore y la calidad de vida del pueblo se eleve es que la presión impositiva sea menor, de modo de dejar capitales liberados para ser destinados a la inversión y el consumo y para que los bienes y servicios ofrecidos a la venta sean más baratos, de modo que estén al alcance de más personas. El interrogante que se plantea es de qué modo el estado podría hacer frente a todas sus erogaciones si se redujera la presión impositiva.

La respuesta a esa pregunta es que una de las ideas centrales de este enfoque radica en que el estado se haga cargo de muchas menos actividades para que cada persona, de acuerdo con sus propias inclinaciones y preferencias, se encargue de procurarse por sí misma esos mismos servicios que actualmente están a cargo del estado. El razonamiento que sustenta este criterio de gestión es que, si la gente dispone de más dinero, no necesitará que el estado le preste los servicios que le ofrece actualmente porque podrá pagar en forma particular las prestaciones que ahora el estado financia con los impuestos.

La idea es que, en lugar de que el estado cobre impuestos y emplee esos fondos para financiar la prestación de servicios a los ciudadanos, directamente cada ciudadano pueda ganar lo necesario para pagar con su propio dinero esos servicios que actualmente recibe sin cargo del estado. Es evidente que, si el estado tiene menos obligaciones, necesitará menos recursos y, por lo tanto, no deberá cobrar impuestos tan elevados, que se sustraen de los fondos de los ciudadanos.

La clave de esta propuesta es que los ciudadanos no dependamos del estado y nos valgamos por nosotros mismos. Pero si el estado cobra unos impuestos desmedidos, eso no es posible porque no dispondremos de los recursos necesarios para materializar operativamente esa libertad. El sistema impositivo que está vigente actualmente en nuestro país tiene el efecto de que “asfixia” el fluido desenvolvimiento de la economía. Entonces, el círculo virtuoso de inversión, trabajo, consumo, rentabilidad y nuevamente inversión, se convierte en un círculo vicioso de impuestos, desinversión, falta de empleo, necesidades insatisfechas, empresas en quiebra, estado deficitario, prestaciones de mala calidad y, en definitiva, empobrecimiento generalizado de la población. Huelga decir que esto es lo que tenemos en la Argentina actual...

Si la solución a los problemas sociales fuera cobrar impuestos, es evidente que en Argentina deberíamos estar en una situación brillante, no en la crisis permanente en la que estamos inmersos. Una sustancial reducción de la presión impositiva sería una de las condiciones importantes para que las energías creativas y productivas de la sociedad que actualmente están encadenadas, se liberen y contribuyan a impulsar el bienestar generalizado. Es una forma diferente de enfrentar y resolver los problemas que la que se aplica actualmente. Los resultados prácticos que se pueden obtener por medio de esta estrategia son mucho más beneficiosos. No estaría mal que nos planteemos recorrer este camino.

Para eliminar la pobreza, hay que crear trabajo

Un factor que dificulta notoriamente la obtención de adhesión para las sanas ideas económicas es el hecho de que mucha gente, con la mayor buena fé, cree que lo bueno es aquello que, en realidad, está equivocado. Para mucha gente, el hecho de que el estado contemple la situación de los pobres es algo que está bien, es razonable, es justo. La idea de que el estado le cobre más impuestos a los ricos para redistribuirlos entre los pobres es algo que, para mucha gente bienintencionada, es lo correcto.

En buena medida, es lógico que así se piense. Las personas de bien tienen conciencia social y sienten una genuina solidaridad con aquellos a quienes la vida ha colocado en una situación desfavorable. Pero la cuestión donde se producen las desviaciones más severas tiene que ver con la forma de instrumentar operativamente las políticas que permitan afrontar la situación de quienes están inmersos en la pobreza.

Aquellos que de buena fé suponen que la forma de erradicar la miseria es sacarle a los ricos para darle a los pobres no comprenden cuáles son las causas de la pobreza. Para que no haya pobres tiene que haber fuentes de trabajo que permitan a la gente vivir dignamente de su propio esfuerzo. La pobreza estructural es la consecuencia de la escasez de fuentes de trabajo genuinas.

¿Qué es lo que genera fuentes de trabajo? Evidentemente, la inversión productiva de riesgo. El empresario que instala una fábrica, un shopping center, una empresa de servicios necesitará personal. ¿Y qué condiciones deben producirse para que crezca la inversión? Básicamente, deben producirse dos hechos: 1) que haya capitales disponibles para ser invertidos; 2) que existan condiciones que permitan intuir la obtención de ganancias. Si se cumplen estas dos condiciones, la creación de fuentes de trabajo irá gradualmente –y no en demasiado tiempo- haciendo desaparecer la pobreza.

Pero el cumplimiento de esas condiciones necesarias para estimular la creación de fuentes de trabajo entra en colisión con la política de “sacarle a los ricos para darle a los pobres”. Este es el punto en el que mucha gente de buena fé incurre en el error de dejarse dominar por el sentimiento de solidaridad y reclama que el estado se haga cargo del problema.

Pero la forma en la que el estado puede intervenir es, precisamente, cobrándole impuestos a unos para derivar esos fondos hacia los pobres. Sucede, sin embargo, que esos impuestos que el estado cobra para redistribuir entre los pobres constituyen precisamente los capitales que podrían ser invertidos en la creación de fuentes de trabajo y son las ganancias que se habían obtenido por inversiones previas. Esto significa que el hecho de cobrar impuestos para ayudar a los pobres tiene el efecto de que impide la creación de las condiciones para la generación de puestos de trabajo que harían que los pobres dejen de ser tales...

Hay mucha gente –la mayoría de los habitantes de nuestro país, en rigor- que no comprende esta contradicción. Y, por ese motivo, siguen pensando que la mejor forma de ayudar a los pobres es cobrarles impuestos a los que tienen un poco más, para transferírselos a quienes no tienen casi nada. Pero así es como se bloquea la posibilidad de erradicar la pobreza estructural en las causas que la generan, que es la escasez de fuentes de trabajo.

Los sentimientos humanitarios básicos no son una buena forma de abordar las cuestiones económicas, que requieren más bien un enfoque racional y científico si es que se pretende obtener resultados positivos en términos de progreso y bienestar. En Argentina es mucha la gente que se deja dominar por esos sentimientos y así es como asume posiciones y apoya iniciativas políticas que resultan contraproducentes con los resultados que se aspira a lograr. Esa confusión generalizada es quizá la madre de buena parte de nuestras dificultades para encontrar un rumbo acorde con las aspiraciones mayoritarias de la población.

El conflicto docente en la Ciudad de Buenos Aires es una consecuencia de la estatización educativa

El conflicto salarial entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los gremios docentes es un buen ejemplo de las consecuencias que provoca la estatización de la educación. Más allá de los cuestionamientos por los contenidos de la enseñanza, lo cierto es que la educación estatal tiene como propósito la masificación, la igualación de las prestaciones educativas. Este rasgo condiciona a su vez las relaciones laborales con los docentes.

En un sistema educativo de carácter esencialmente privado, donde cada establecimiento tendría su propio perfil diferenciado, cada empleador tendría especial interés en contar con aquellos docentes cuyas inclinaciones personales coincidan con la orientación impresa a la institución por sus propietarios, quienes, a su vez, procurarán dar respuestas a las demandas de ciertos sectores específicos del mercado. De ese modo, cada docente podría ir encontrando un ámbito apropiado para sí mismo para trabajar, cada escuela contaría con los maestros que compartan sus valores pedagógicos y cada padre podría enviar a su hijo a una institución acorde con sus expectativas educativas. Un sistema de estas características pondría el acento en la variedad, en la especialización, en la individualización y en la diferenciación. Y estaría bien que esto sea así porque los seres humanos somos todos distintos y forma parte de la naturaleza humana que busquemos nuestra propia realización personal de acuerdo con nuestras respectivas inclinaciones particulares.

En este contexto, las relaciones laborales entre los propietarios de las escuelas y los docentes tendrían un carácter muy diferente del que tienen en el marco del vínculo entre el estado masificador y los gremios unificadores porque serían mucho más personalizadas y estarían regidas por proyectos compartidos y expectativas convergentes. En ese clima, las negociaciones salariales –que sin dudas deberían existir porque siempre hay intereses en conflicto entre empleadores y trabajadores- se desarrollarían, sin embargo, en un ambiente de mayor comprensión y buena voluntad mutua. No son lo mismo las negociaciones salariales personalizadas que las colectivas, esta es la clave de la cuestión. Para el estado da exactamente lo mismo que el docente sea Pérez o González; para el colegio equis no es lo mismo porque Pérez expresa los valores y proyectos educativos de esa institución mejor que González y, por lo tanto, está dispuesto a hacer una evaluación caso por caso y a considerar la retribución de unos y otros de manera particular. Si González no es la persona indicada para trabajar en el colegio equis porque sus inclinaciones no concuerdan con la filosofía educativa de ese establecimiento, tendrá la posibilidad de buscar otra escuela que sea más acorde con sus propias orentaciones y allí seguramente será mejor retribuido porque su trabajo será más valorado.

El sistema de educación estatal es, en realidad, una negación de la lógica del sistema educativo porque contraría la tendencia natural a la individualización que es característica de la condición humana. El argumento esgrimido por los defensores de la educación estatal –la igualdad de oportunidades- es, en rigor, una reivindicación de la mediocridad en detrimento de la búsqueda de la superación y el progreso personal. Los permanentes conflictos gremiales con los docentes estatales son una consecuencia de esa desacertada orientación de la gestión educativa, donde, en nombre de la igualdad de oportunidades, se procura reivindicar la enseñanza estatal y desacreditar la educación privada, eliminando el contenido de individualización y diferenciación que esta conlleva implícito. Una buena política educativa sería aquella donde el estado deliberadamente se fuera retrayendo de modo gradual de la participación en el campo de la instrucción pública y fuera ampliando el espacio para la plena acción de la gestión privada. El sistema ideal sería aquel en el cual la educación estatal dejara por completo de existir, un objetivo que probablemente nunca se alcance plenamente porque la posibilidad de que haya niños que requieran ayuda estatal para sostener su educación siempre estará presente. Y en ese contexto, este tipo de conflictos que constantemente sobrevuelan el sistema educativo estatal seguramente desaparecerían o tendrían mucha menor intensidad. Los beneficiarios, a no dudarlo, serán los niños y jóvenes en edad formativa.

Por falta de opciones, la señora se encamina a una nueva victoria

El transcurso del tiempo sin que se vislumbre la consolidación de proyectos alternativos opera en favor de las aspiraciones de la señora Cristina de obtener la reelección en los comicios de octubre. Aparentemente, los dirigentes opositores no tienen la intención de deponer las ambiciones de todos ellos y crear alguna propuesta apta para competir seriamente con el oficialismo. Ante este vacío, debemos admitir, reconocer y lamentar que probablemente el gobierno consiga la victoria en las elecciones de octubre. Y, debemos agregar, será un triunfo merecido y legítimo porque si nadie presenta una propuesta mejor, no se puede responsabilizar al pueblo de votar lo que hay...

Si las alternativas a Cristina son Alfonsín y Duhalde, no le pidamos a los beneficiarios de un Plan Trabajar, gracias al cual comen todos los días, que resignen lo ínfimo que tienen. Es humanamente entendible que se apoye a quien al menos les da un mendrugo diario si la opción es no recibir nada. El problema radica en que el gobierno es la única propuesta nítida que se perfila con vistas a las elecciones. En la oposición, la única candidata formalmente lanzada es Elisa Carrió, quien, a excepción de sus habituales y consuetudinarias denuncias sobre negociados y coimas, no representa un proyecto político claro. Nadie puede siquiera imaginarse qué haría Carrió si llegara al gobierno. Carrió es más bien de izquierda pero no mucho, lo cual significa que probablemente aplicaría una política muy contradictoria y nada previsible. Ese hecho la sitúa claramente en desventaja para competir con un gobierno al que se le pueden hacer todas las críticas que se quiera pero no se puede negar que tiene un rumbo político muy claro y no hace nada por ocultarlo.

En general, todos los precandidatos tienen posiciones cercanas a las del gobierno, no hay proyectos que promuevan abiertamente un cambio en la orientación política. ¿En qué pueden diferenciarse sustancialmente Ricardo Alfonsín o Eduardo Duhalde del kirchnerismo? ¿Van a reducir ampliamente las intromisiones del estado en la economía, van a disminuir el gasto público para eliminar la emisión como fuente de financiación para frenar la inflación, van a bajar la presión impositiva, van a crear condiciones para que los mercados operen libremente? ¡Por favor, estamos grandes para creer en los Reyes Magos! Y allí está el problema, justamente en que no aparecen programas alternativos y todos son burdos imitadores de las políticas que el kirchnerismo aplica. Ni siquiera Macri se puede imaginar como un político con un proyecto diferenciado porque las concesiones que constantemente hace para mantener unificado a su partido lo convierten simplemente en un peronista de Barrio Norte pero, al fin, en un peronista más.

En rigor, es sumamente difícil que haya un cambio visible de orientación política porque el electorado está predispuesto a apoyar la continuidad de la actual gestión. Lo que se le cuestiona al gobierno es su actitud confrontativa, no el sentido ideológico de su política. La expectativa sería que se aplique una política similar a la actual pero con menos agresividad, menos agravios, menos enfrentamientos y menos sospechas de corrupción. Si se puede bajar un poco la inflación y la inseguridad, mejor... Pero, puestos a considerar, por diferentes razones, ninguno de los demás candidatos responde al conjunto de las expectativas de la población mejor que el actual gobierno. Y así es como, por descarte, la señora Cristina va encontrando despejado el camino para obtener un nuevo mandato...

La suerte aún no está definitivamente echada pero si no se renueva la oferta electoral va a resultar muy difícil que el kirchnerismo pierda, esencialmente porque no hay quien le gane... Debemos hacernos cargo de la posibilidad de que algo así suceda. Hasta ahora, cabía pensar que, supuestamente, en una segunda vuelta, Cristina perdería con cualquiera pero son tan inconsistentes las alternativas opositoras que, aunque no nos agrade, debemos reconocer que es difícil que, en el momento crítico, haya quien ofrezca mayores garantías que el gobierno en relación a las demandas simples y básicas de la mayor parte del electorado... Si esto no se modifica, la Señora volverá a ganar las elecciones, lamentablemente.

No nos encandilemos con Rodríguez Saa

La entrevista al precandidato a presidente por el peronismo Alberto Rodríguez Saa, publicada ayer por el diario “La Nación” ha provocado bastante revuelo en el mundillo del liberalismo. La nota está titulada “Hace falta una economía libre y competitiva”... En el cuerpo de la nota hay bastantes contradicciones porque habla de “shock keynesiano” y de que “el Estado tiene que participar para evitar las distorsiones en el mercado”. No está claro como esas consideraciones pueden compatibilizarse con una economía “libre y competitiva”.

Dice también Rodríguez Saa que “lo que hay es una intromisión del Estado en la formación de precios” y que “el ideal es bajar los impuestos, pero no se puede hacer una promesa irresponsable”. Como se ve, el gobernador de San Luis -hermano de quien fuera efímero Presidente de la Nación y estableciera el default de la deuda pública bajo la ovación de casi todo el Congreso Nacional- ha elegido recorrer un camino que al menos en parte coincide con los criterios liberales, aunque en otros sentidos colisiona con el liberalismo.

El hecho de que Rodríguez Saa tenga ciertas coincidencias con el liberalismo ha provocado que algunos liberales observen con atención e interés sus propuestas. El razonamiento que subyace en estas consideraciones es que, en vista de que es utópico por el momento esperar que el liberalismo obtenga poder político propio, no es descabellado apoyar a quien pueda llegar al gobierno y tenga la intención de aplicar un programa liberal aunque pertenezca a otro partido.

Este curso de acción registra antecedentes a través de dirigentes de orientación liberal que prestaron su colaboración con gobiernos militares y por supuesto en la época de Menem. Los casos previos demuestran que estas experiencias no suelen arrojar resultados positivos pero la tentación de acercarse al poder siempre atrae. El interrogante que surge es qué actitud cabe adoptar desde un punto de vista liberal frente a un precandidato presidencial que imprevistamente dice estar a favor de la economía libre y de bajar los impuestos.

Siempre es positivo que representantes de cualquier partido se presenten como defensores de las posiciones históricas del liberalismo. Por lo tanto, no cabe otra cosa que considerar auspicioso al hecho de que un dirigente de otra corriente exprese su propósito de aplicar un programa que al menos parcialmente coincide con las inclinaciones liberales. Pero por ese mismo motivo, porque proviene de otro partido, porque su adhesión al liberalismo es más bien ocasional que permanente, porque es sospechoso alguien que cambia tanto de opinión de la noche a la mañana, hay que tener cautela antes de tomar posición ante el “converso”.

La experiencia menemista es ilustrativa en este sentido. El liberalismo pagó muy caro el hecho de haber formado parte del gobierno de Menem. Cuando el modelo menemista se desmoronó, quien pagó el costo político de ese fracaso fue el liberalismo, no los dirigentes peronistas que habían apoyado a Menem como, por ejemplo, Kirchner. Esta posición distante no implica dejar de apoyar las iniciativas de cualquier gobierno que coincidan con los criterios liberales pero sí sugiere que nadie se embandere, en nombre del liberalismo, en un gobierno cuya genuina adhesión a las inclinaciones liberales es muy dudosa.

Rodríguez Saa asume una posición cercana al liberalismo ahora porque está evaluando que esa estrategia le resulta conveniente a los efectos de diferenciarse del kirchnerismo pero nada garantiza que, después de un tiempo y, en circunstancias políticas diferentes, no pueda convertirse en el más furibundo partidario de posiciones totalmente opuestas al liberalismo. Entonces, los liberales que se hayan embarcado en el apoyo al proyecto de Rodríguez Saa quedarán desairados por una voltereta política propia de los peronistas pero incompatible con un genuino compromiso con el liberalismo. El problema de fondo es que no se puede confiar en que Rodríguez Saa vaya a tener un compromiso duradero con el liberalismo. Por eso es riesgoso darle un crédito excesivo a los conceptos vertidos en la nota publicada ayer. El liberal que le crea desmedidamente a Rodríguez Saa puede encontrarse, el día menos pensado, prestando adhesión a un gobierno totalmente adverso al liberalismo. Ya pasó con Menem. No nos encandilemos nuevamente.

Los contenidos educativos impuestos por el kirchnerismo colisionan con los valores mayoritarios

Los cráneos del kirchnerismo han adoptado esta semana algunas decisiones que verdaderamente demuestran el retraso que nuestro país sufre en términos de política educativa. Afortunadamente están ellos para ponernos al día con las últimas y más avanzadas tendencias en el campo de la pedagogía.

El ministerio de educación de la nación ha dado una aprobación preliminar a la utilización en las escuelas primarias de un didáctico libro llamado “Che, la estrella de un revolucionario” donde se narran las peripecias de la vida del doctor Ernesto Guevara...

Para no ser menos, en la Provincia de Buenos Aires se enseñarán, entre los contenidos referidos a la participación política, metodologías tan democráticas como el escrache, los piquetes y los cortes de ruta.

La preparación de bombas molotov y el entrenamiento en táctica y estrategia de la guerra revolucionaria armada, sin embargo, no forman por el momento parte de los planes de estudio de las escuelas oficiales argentinas. Pero no sería extraño que próximamente también las incluyan.

Es realmente muy triste que en nuestro querido país esté sucediendo esto. En esta semana se conmemoró nada menos que el segundo centenario del nacimiento de Sarmiento. Podemos discutir muchas cosas, podemos tener visiones diferentes acerca del futuro que deseamos, podemos pensar que el intervencionismo del estado en la economía es mejor o peor que el libre mercado, podemos tener posturas disímiles respecto de la política exterior, podemos disentir en relación a la forma de organizar el sistema educativo...

Pero no podemos enseñarle a niños y jóvenes a enaltecer la violencia, la intolerancia, la prepotencia y la arbitrariedad. El Che Guevara fue un asesino, no un idealista, fue un personaje oscuro, tenebroso, plagado de odio y resentimiento a quien la leyenda posterior mitificó hasta convertirlo en un héroe imaginario realizador de hazañas de ficción. Y los escraches, los piquetes y los cortes de ruta son prácticas absolutamente reñidas con los principios de la convivencia, la tolerancia, la democracia y el derecho. La transmisión de esos conocimientos y los valores que llevan implícitos significa, lisa y llanamente, convertir a nuestro país en el escenario de una lucha encarnizada por la imposición, por medio de la fuerza, de los valores que cualquier sector considere que son deseables.

Debemos decir, con la mayor franqueza, que, por este camino, nos estamos dirigiendo hacia un rumbo que está en las antípodas de las inclinaciones de muchísimos argentinos. El deseo indudablemente mayoritario del pueblo argentino es convivir en paz, aceptando nuestras diferencias y procurando superarlas por medio del diálogo y, si esto no es posible, dirimirlas a través del voto en un contexto de tolerancia, pluralismo y respeto por las opiniones de las minorías. Esencialmente, la abrumadora mayoría de los argentinos queremos convivir en paz y dentro del marco de la ley.

Los contenidos educativos promovidos por las autoridades educativas están orientados exactamente en la dirección opuesta. El Che Guevara es un exponente emblemático de la intolerancia, la violencia, el pensamiento impuesto “a la fuerza”. De los piqueteros, los escrachistas, los cortadores de ruta, es innecesario decir nada. Son aquellos que procuran canalizar sus reivindicaciones por medio de la fuerza, el “apriete”, el bloqueo... Todos los días somos víctimas de sus acciones prepotentes, arbitrarias e intolerantes. No es esta la Argentina que la mayoría queremos. No es el “modelo” que nos conviene, aunque sí sea el proyecto que idealizan los Garré, los Aníbal Fernández, los Moreno, los Randazzo, los Boudou, los Kirchner, los Timerman y algunos más. Hay que terminar con todos ellos. De una vez por todas. Porque si esta pandilla sigue en el gobierno, esto terminará muy mal. Ojalá que podamos evitarlo.

¡Cristina y Galtieri un solo corazón!

La actitud del gobierno en el sentido de generar un incidente diplomático con Estados Unidos por una supuesta infracción en la carga de un avión que aterrizó en Ezeiza tiene mucha similitud con el incidente que derivó en la Guerra de las Malvinas. Para los más jóvenes, que quizá no lo sepan –y para los mayores que tal vez se hayan olvidado- la Guerra de Malvinas se desencadenó porque una delegación británica izó la bandera inglesa en las islas Orcadas del Sur. Tanto en aquel caso como en este del avión, se trató de un hecho menor, intrascendente, irrelevante, al que el gobierno argentino de cada momento magnificó para utilizar las relaciones exteriores al efecto de mejorar su deteriorada posición en la política interna. El esquema es conocido y consiste en inflamar los sentimientos nacionalistas frente a un enemigo externo e invocar a la unión nacional y al patriotismo que derivarán en una ola de apoyo al gobierno al cual mucha gente cuestiona por razones de política interna. ¡Cristina y Galtieri, un solo corazón!

Es posible que el avión norteamericano haya contenido carga ilegal. Seguramente los yanquis no son ningunos “angelitos” y es creíble que hayan querido hacer pasar de contrabando algo que no correspondía. Es incluso verosímil que en ocasiones anteriores lo hayan hecho quizá con la complicidad de autoridades argentinas, esos mismos funcionarios que ahora “se dieron vuelta” porque eligieron “indignarse” por la “violación de la soberanía” y el “menoscabo de la dignidad nacional” provocado por la llegada de ese avión a Ezeiza.

Si es efectivamente cierto que el avión contenía carga ilícita, la forma apropiada de resolver el problema era secuestrar los materiales prohibidos, retenerlos en custodia hasta que el avión partiera de regreso y devolverlos a su lugar de origen por la misma ruta por la que vinieron. No había ninguna necesidad de “armar el circo” que el gobierno generó a partir de un hecho intrascendente y muy fácilmente solucionable.

Pero para un gobierno deteriorado –Rosas en 1845, Galtieri en 1982, Cris en 2011- un conflicto con una potencia extranjera de primer orden es un “regalo del cielo” para afirmar su imagen en el deslucido frente interno. Quienes cuestionamos la postura del gobierno en el enfrentamiento con los yanquis nos exponemos a ser acusados de ser “traidores a la patria”. Pero Rosas y Galtieri, al menos, tenían mejores pretextos que unas armas fuera de lugar en un avión. En aquellos casos, las excusas eran más plausibles porque estaban relacionadas con la soberanía territorial del país. La Guerra de las Malvinas habrá sido un desatino gigantesco pero no por eso los argentinos dejamos de considerar a las Islas Malvinas como parte de nuestro territorio. Aparentemente, la viuda o sus estrategas quieren reeditar el conflicto “Braden o Perón” que tan buenos réditos le dejara al General en los albores de su carrera pública.

Todo este conflicto con USA por la cuestión de las armas en el avión no es más que una payasada demagógica carente de sentido en sí misma y sólo explicable como parte de una escenografía montada deliberadamente por el kirchnerismo con el fin de extraer beneficios políticos en el frente interno, como el campeón de la soberanía frente al “ultraje” de una potencia extranjera. Lo que Cris y sus muchachos se olvidan es que Argentina no es Venezuela y que el discurso del “imperialismo” aquí se escuchaba hace 40 años –en la época en la que los actuales gobernantes militaban en los Montoneros- y ahora ya no conmueve a nadie.

Seguramente, dentro de pocos días toda esta pantomima habrá quedado olvidada y volveremos a las cuestiones domésticas que son las que verdaderamente nos preocupan. El futuro del país y la posibilidad de restablecer un ordenamiento republicano, usurpado por los últimos gobiernos, es la cuestión central de la política argentina de estos tiempos. Las payasadas de Timerman son una cuestión absolutamente secundaria.

Con fondos del pueblo, el gobierno proyecta consolidar su estrategia de manipulación informativa

El gobierno kirchnerista, consecuente con su concepción nazi de la comunicación social, planea incorporar nuevos medios a su oferta propagandística. Además de los diarios, revistas, radios y canales de TV afines, el kirchnerismo proyecta ampliar y darle alcance general a su cadena gratuita de televisión por cable. Según una fuente gubernamental citada por el diario “La Nación”, "esto va a tener mucho impacto en el mercado. Si uno puede ver gratis 25 canales, ¿para qué va a pagar Cablevisión?".

Bueno, la respuesta sería que uno podría preferir Cablevisión a la cadena oficialista para tener una visión un poco más amplia de la información. Si uno puede ver gratis “6 7 8” por 25 canales, eso no significa que esa programación le resulte atractiva...

El propósito del gobierno en el sentido de tratar de controlar la información es inviable. Los recientes acontecimientos en Egipto así lo demuestran. No se puede impedir que los designios del pueblo sean materializados cuando existe un consenso general en una dirección determinada. La creencia del gobierno en el sentido de que podrá, por medio de la implementación de una red de medios oficialistas, condicionar las inclinaciones populares es irremediablemente ingenua.

La mayoría del pueblo argentino no sabe qué es lo que desea en su reemplazo pero está segura de que no quiere la continuidad del actual gobierno. Así lo demuestran las encuestas, que el gobierno se empeña en tratar de torcer, manipular e interpretar capciosamente. Los medios oficialistas le cuestan fortunas al pueblo porque están financiados con fondos fiscales y, en última instancia, con emisión de moneda que tiene efectos inflacionarios. Y, a pesar de todos esos esfuerzos, el consenso del gobierno sigue sin crecer. Entonces, como no logran resultados, los cerebros kirchneristas maquinan nuevos artilugios, que cuestan aún más dinero, para intentar con mayor intensidad el alcance de esos objetivos que les resultan esquivos...

Es verdaderamente increíble el grado de desvinculación con la realidad que el gobierno tiene. Se trata de un fenómeno ostensiblemente patológico, que no tendría ninguna importancia si no fuera porque administran los recursos que nos roban a todos los ciudadanos, encima invocando que lo hacen en nuestro propio beneficio. El grado de esquizofrenia en el que el gobierno está inmerso es insólito.

El problema, no obstante, no es que el kirchnerismo sea como es (sería como quejarse de que el león tiene melena o el elefante trompa; hay rasgos que son constitutivos a cada especie y el kirchnerismo no es una excepción) sino la dificultad para desplazarlo por medio de la aparición de alguna corriente más equilibrada (no pedimos que sean liberales; nos conformamos con que no estén locos; la batalla por el liberalismo vendrá más adelante).

Es bastante probable que estos proyectos faraónicos que el gobierno está pergeñando en relación a la creación de una cadena estatal gratuita de TV por cable nunca se concrete, como tantos otros planes kirchneristas que han fracasado por falta de financiación, tecnología, medios operativos y recursos humanos. La diferencia entre los locos y los cuerdos es que los locos creen posibles realizaciones que los hechos demuestran que son imposibles y por eso las intentan. Luego, la realidad se les impone. De hecho, según la misma información de “La Nación”, el proyecto está demorado porque “están enredados en cuestiones engorrosas, como la definición de las áreas de cobertura, las frecuencias que están libres y las que deberán "correrse" del espectro”. Esto significa, sencillamente, que están empantanados en un berenjenal del que no saben cómo salir.

Pero, mientras tanto, esto le cuesta fortunas al erario público y no hace más que aumentar la pobreza, la marginalidad y la exclusión social cuya eliminación, se supone, son los objetivos del gobierno kirchnerista nacional y popular. Esperemos, deseemos, recemos para que esto se termine pronto. La presencia de estos dementes en el gobierno ya no se soporta más. Que venga cualquier otro, que aplique otro programa de gobierno pero que sea cuerdo. Al menos así podremos debatir ideas y programas en un contexto de racionalidad. Porque con esta gente no se puede siquiera hablar.

Los liberales nos gratificamos de que Duhalde-Moyano le hayan torcido el brazo al gobierno

Los episodios de la semana pasada, cuando las presiones políticas determinaron la detención e inmediata liberación posterior del sindicalista Gerardo Venegas, son una expresión categórica, nítida y ostensible del grado de deterioro institucional al que el kirchnerismo nos ha llevado. Ese episodio, en sí mismo, pone en evidencia la necesidad imperiosa de terminar de una buena vez con el kirchnerismo y tratar de iniciar una nueva etapa en la que los valores republicanos vayan gradualmente siendo revalorizados.

El hecho de que las exigencias sindicales hayan obligado al gobierno a presionar al juez Norberto Oyharbide para que libere a Venegas antes de que la situación política se desborde, después de que el propio gobierno hubiera inducido al mismo magistrado para que encarcele al dirigente gremial ruralista, es una secuencia oprobiosa para la dignidad de nuestro país y, por supuesto, demuestra la absoluta falta de garantías jurídicas en el marco del sistema político vigente.

En el contexto político actual, el hecho de que Venegas haya resultado finalmente liberado es positivo porque representa una derrota para las aspiraciones hegemónicas del kirchnerismo puro, que pretende copar al movimiento justicialista para imponer a la fuerza la candidatura a la reelección de la viuda de Kirchner. En este contexto se libra la batalla que pretende imponer a Martín Sabbatella como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en reemplazo de Daniel Scioli, a quien los ultrakirchneristas no consideran confiable.

Dando por hecho que todo este panorama representa la negación taxativa de todo lo que el liberalismo representa, debemos admitir que la victoria de los sectores opositores al gobierno es un hecho político positivo. Esto significa –nada menos- que los liberales nos congratulamos del ocasional triunfo político de Hugo Moyano, en alianza con Duhalde. ¡Hasta dónde hemos llegado!

Pero no es nuestra culpa. La situación política se ha deformado hasta un punto donde la cuestión clave es el enfrentamiento entre la dirigencia político-sindical corrupta con el ultra-kirchnerismo de propensiones totalitarias. Como el mayor riesgo está configurado en la posibilidad de que el kirchnerismo se consolide en el poder, una derrota de este sector, aunque sea a manos del eje Moyano-Duhalde, es una buena noticia.

La imposibilidad del kirchnerismo puro de asumir el control de la totalidad del peronismo probablemente obligue a los diferentes sectores del justicialismo a abrir una instancia de negociación, de la cual presumiblemente saldrá el candidato oficialista a la presidencia para las elecciones de octubre. El kirchnerismo no puede imponer a su candidato pero sin dudas tiene peso como para fijar condiciones. En este escenario, es obvio que la candidatura de la viuda quedará descartada.

Esto es lo que hace que los liberales veamos con buenos ojos la victoria del tandem Moyano-Duhalde. El hecho de que el ultrakirchnerismo encuentre obstaculizada su continuidad en el poder es un dato político positivo, en particular porque eso no implica una victoria absoluta de la otra corriente. Tendría poco sentido festejar una derrota kirchnerista si eso implicara la consolidación de un proyecto liderado por Moyano y Duhalde, sería salir de Guatemala y caer en guatepeor.

Pero el hecho de que la situación política interna del peronismo quede en una situación de estancamiento podría abrir la posibilidad de que, por transacción, se termine llegando a una solución que, dentro del cuadro de situación en el que estamos inmersos, podría no ser tan mala. El “punto muerto” político en el que el peronismo se encuentra actualmente favorece las posibilidades de que Reutemann termine emergiendo como candidato a presidente y seguramente ganando las elecciones... Si algo así sucediera –un hecho nada imposible, dado el cuadro de situación que parece estar presentándose- las perspectivas que sobrevendrían después de las elecciones de octubre serían favorables para el desenvolvimiento del liberalismo porque el debate político se abriría y dejaría margen para el aprovechamiento de la superioridad argumental que el liberalismo tiene respecto de las demás corrientes políticas, en un cuadro general relativamente tranquilo por la presencia del Lole en el gobierno. Es una posibilidad, nada utópica y quizá una consecuencia positiva de los vergonzosos hechos de la semana pasada. En las próximas semanas probablemente haya más novedades...

Semanas decisivas para la interna peronista que condicionan el futuro político del país

Las próximas seis u ocho semanas posiblemente sean decisivas para el futuro político argentino. No más allá de ese lapso debería, presumiblemente, definirse la solapadamente caliente interna peronista que divide a los ultrakirchneristas –que son minoritarios pero son los más activos y los que cuentan con más recursos porque emplean todos los resortes del estado en su beneficio sectorial- los kirchneristas por conveniencia o por comodidad (probablemente la mayoría) y los peronistas críticos, que configuran un grupo heterogéneo. La clave de la cuestión pasa por determinar si las presiones del ultrakirchnerismo logran “torcer el brazo” y cooptar a los kirchneristas por conveniencia y comodidad para que continúen apoyando al gobierno o no lo consiguen. Hasta ahora, estos dos grupos, los ultrakirchneristas y los kirchneristas por conveniencia y comodidad vinieron manteniendo una alianza porque ambos se necesitaban mutuamente. Pero ese acuerdo parece haberse agotado porque las ambiciones hegemónicas del ultrakirchnerismo lo llevan a adoptar cursos de acción que comprometen el poder de sus aliados, quienes, de ese modo, dejarían de resultarle necesarios al ultrakirchnerismo, el cual, a la larga, apuntaría a prescindir de ellos.

Esta sorda puja tiene su materialización más visible en el impulso del gobierno a la candidatura a gobernador de la Provincia de Buenos Aires de Martín Sabbatella en contra de las aspiraciones de Daniel Scioli y, en concordancia con esa iniciativa, la instrumentación de las llamadas “listas colectoras” que afectan el poder de los intendentes, en particular, los del conurbano. El punto crítico de toda la cuestión, en definitiva, es que, en el afán de hegemonizar el poder nacional, el ultrakirchnerismo está procurando apropiarse del peronismo en su conjunto. El interrogante es si lo logrará o fracasará en su propósito.

Por mucho que detestemos a la mayor parte de los dirigentes peronistas, es obvio que los liberales –que somos meros espectadores de este conflicto- no podemos menos que desear que esta puja sea ganada por los enemigos del gobierno. Si el sector que gana la interna peronista es mínimamente democrático, la posibilidad de que el liberalismo siga teniendo un espacio y una influencia potenciales en la vida política del país sigue vigente. Si el kirchnerismo se consolida, nos encaminaremos hacia un régimen totalitario donde los espacios para la libertad de expresión –y todas las demás libertades también- quedarán reducidos prácticamente a la nada.

En medio de este conflicto se presenta la duda respecto de la real voluntad de la viuda de Kirchner de presentar su candidatura presidencial en octubre. En principio, por los datos que podrían inferirse de sus últimos movimientos públicos, parecería que Fernández de Kirchner está planeando la presentación de su candidatura pero bien podría suceder, también, que esté actuando como si fuera a competir en octubre pero sin haber tomado aún una decisión. Necesita preparar el terreno para presentarse como candidata a la reelección por las dudas de que finalmente vaya a hacerlo y para mantener la expectativa vigente a su alrededor. Pero bien podría suceder, también, que estos preparativos no sean más que una escenografía para anunciar su decisión de no competir en octubre...

Si Fernández de Kirchner elige no complicarse la vida con una participación en las próximas elecciones, es casi inevitable que el movimiento ultrakirchnerista se disgregue y que la interna peronista tome un rumbo imposible de prever. Pero bien podría suceder –y éste es quizá el escenario más factible- que la viuda determine alejarse de la política pero establecer ciertas condiciones a cambio de dar un paso al costado. Esas condiciones presumiblemente consistan en bloquear las investigaciones sobre los negociados del actual gobierno. De ese modo, si bien el ciclo kirchnerista habría concluido y sus representantes más conspicuos habrían llegado al final de su carrera política, lo cierto es que podrían disfrutar plenamente de todo lo robado sin riesgo de que nadie los perturbe.

Todas estas cuestiones, sumamente inmorales, por cierto, pero que forman parte de la realidad política del país y, por lo tanto, afectan la vida de todos nosotros, probablemente se diriman en los próximos dos meses porque los plazos electorales no dejan margen para más demoras. Para la supervivencia del liberalismo es coyunturalmente esencial que no se institucionalice un régimen totalitario como el que intenta consolidar el ultrakirchnerismo. Si se impide eso, habrá margen para “barajar y dar de nuevo” y, quizá entonces, podamos encontrar un “lugarcito bajo el sol”, que actualmente no tenemos, en gran medida por nuestra propia responsabilidad.

Se buscan líderes liberales que sepan emplear la verdad como argumento político

La diferencia esencial entre el liberalismo y cualquier otra corriente ideológica radica en que el liberalismo está basado en fundamentaciones racionales sustentadas en relaciones de causa y efecto entre los fenómenos sociales, en tanto que todas las demás corrientes político-ideológicas configuran elaboraciones voluntaristas que no resisten un análisis sistemático. Pero esta ventaja conceptual del liberalismo respecto de todas las demás orientaciones ideológicas no se traducen en réditos políticos porque no existen políticos liberales que sepan aprovecharla.

La verdad es una poderosísimo instrumento de acción política. La razón de que esto sea así es que la verdad se sostiene por sí misma y las mentiras requieren de complicadas ingenierías argumentales para sustentarse. Por supuesto que, en Argentina, como en muchos otros lugares, existe una dificultad objetiva para reivindicar el liberalismo y la verdad –se trata, en rigor, de sinónimos- porque existe una abrumadora propensión al autoengaño de parte de grandes corrientes de la población. Pero no por eso la verdad deja de serlo ni de sostenerse por sí misma ni la mentira deja de ser falsa ni de requerir silogismos para justificarse. Finalmente, siempre sucede lo mismo: la mentira cae por su propio peso y la verdad se sostiene. No por otra razón que esa el liberalismo sigue existiendo y sigue siendo denostado a pesar de ser absolutamente minoritario. Contra la verdad no se puede, no hay refutación posible porque los hechos terminan por convalidarla.

¿Por qué entonces, si tenemos un arma tan contundente en nuestras manos, los liberales tenemos tan escasa presencia política? Probablemente, la respuesta a esta pregunta tenga que ver con una gran falta de cintura política para emplear con habilidad esa herramienta. Tan convencidos estamos los liberales de la superioridad de nuestras posiciones que no nos preocupamos por tratar de persuadir a quienes disienten con nosotros de aquello de lo que para nosotros es absolutamente evidente.

Y obsérvese que, en la actualidad, la verdad es un bien muy demandado en el mercado político. Como todos los políticos mienten, quien dice la verdad está ofreciendo un bien escaso. Por ejemplo, frente al problema de la inflación, ningún político dice claramente que le problema es que el banco central emite moneda indiscriminadamente. Lo dicen algunos economistas, por supuesto, pero ese tema no forma parte del debate político. Y se trata de un tema que suscita una enorme preocupación a nivel popular (porque la gente percibe semana a semana cómo el dinero cada vez le alcanza menos) y sin embargo no hay ningún político que salga abiertamente a denunciar no sólo por qué se produce la inflación y cómo evitarla sino también a acusar a todos los demás partidos de mentir, algo que sería sumamente importante en términos de táctica porque situaría a las corrientes populistas en una posición política defensiva y las obligaría a desmentir al político liberal que los acuse de faltar a la verdad.

Como este, podrían mencionarse muchos otros ejemplos similares que, sin dudas, le darían una ostensible presencia política al liberalismo si hubiera quien los supiera elegir como temas de su agenda de comunicación. Hay una ostensible falta de criterio estratégico-comunicacional en el liberalismo, que nos lleva a la dilapidación de la ventajas competitivas que tenemos en el campo conceptual. Parecería que creemos que, con la superioridad conceptual es suficiente, como esos futbolistas talentosos pero poco proclives al esfuerzo y que terminan quedando anulados por jugadores menos dotados pero con mayor contracción al esfuerzo.

Quizá el mayor desafío político pendiente para el liberalismo sea, justamente, encontrar los métodos operativos que nos permitan hacer valer la verdad como argumento de comunicación política y de gestión proselitista. Es una tarea ardua, cotidiana, a veces rutinaria y carente de brillo, pero necesaria, productiva, positiva. Ese es el camino para que el liberalismo encuentre un rumbo político promisorio. Lo que hasta ahora no se ha afirmado de un modo perceptible es quién podría recorrer ese trayecto. Se trata de un espacio vacante que demanda quienes lo llenen. Hay un lugar vacío en la política argentino. Le corresponde al liberalismo llenarlo.

No sometamos a los jubilados del futuro a la crueldad que sufren los abuelos de hoy

Es totalmente natural que, en un país como el nuestro, donde a duras penas sobrevivimos en el día a día, el problema del sistema jubilatorio no tenga siquiera una remota perspectiva de solución. La aplicación de una política jubilatoria acertada supone una visión de largo plazo, algo que es absolutamente inimaginable en la imprevisible Argentina de estos tiempos. La idea de que una persona de treinta años pueda imaginar cómo se encontrará cuando le llegue a jubilarse es absurda por la sencilla razón de que a duras penas podemos prever qué haremos en el curso de los días inmediatos. La visión de largo plazo es inexistente en la Argentina actual.

La posibilidad de que se instrumente un sistema de jubilaciones sustentable en el tiempo solo es posible en tanto tenga vigencia un ordenamiento económico que sea previsible, coherente y estable. Pero no es fácil en un mundo volátil estructurar un sistema económico de estas características. Y la dificultad se acentúa, por supuesto, si el estado quiere tomar globalmente a su cargo la tarea de dirigir el rumbo económico y, consecuente con ese propósito, hacerse cargo del sistema jubilatorio.

Un sistema jubilatorio, consiste, esencialmente, en guardar algo del dinero que ganamos ahora para consumirlo cuando seamos mayores y no estemos en condiciones de trabajar. Conviene por lo tanto, empezar por decir que lo lógico es que cada persona decida por sí misma cuanto quiere guardar y no que haya una ley que le imponga arbitrariamente esa decisión. El que quiera ahorrar mucho para el futuro debería estar legitimado para hacerlo y el que prefiera gastar todo lo que tiene también debería tener derecho a decidirlo así. Lo primero que se debe eliminar del sistema jubilatorio es la obligatoriedad. El estado no tiene derecho a imponer a los ciudadanos el modo de prever su vejez. Se trata de una facultad privativa de cada persona. Nos estamos refiriendo a ciudadanos adultos y hábiles, no a niños. No hay motivo para que los funcionarios del gobierno decidan por nosotros, como si ellos tuvieran conocimientos o aptitudes para resolver sobre la vida de cada individuo con mayor exactitud que el propio interesado. Esto no es así, no sucede ni sucederá nunca. La Unión Soviética se disolvió hace más de veinte años, como para que “papá estado” siga pretendiendo atribuirse facultades que no le competen.

El problema del sistema jubilatorio no se puede abordar seriamente fuera del contexto de una consideración de todo el ordenamiento económico. Por ser una cuestión orientada por definición hacia el largo plazo, se trata de uno de los eslabones más débiles y vulnerables de toda la cadena de relaciones de causa y efecto que configuran el sistema económico. La solución de fondo al problema jubilatorio implica empezar a actuar ahora para tener soluciones consolidadas dentro de 35 años. Probablemente haya pocas cosas con menos probabilidades de resultar electoralmente atractivas que una propuesta de esa naturaleza.

Pero cualquier proyecto que eluda esa consideración sería demagógico. Es posible, por medio de la aplicación de los mecanismos estatistas que se emplean actualmente, mejorar un poco la retribución que reciben los jubilados actuales. Pero estos jubilados, los de ahora, ya no tienen salvación porque el sistema vigente es intrínsecamente inviable. Es necesario reformular globalmente el sistema hacia el futuro. Mientras tanto, el sistema actual se irá agotando a medida que desaparezcan físicamente los beneficiarios -mejor sería decir las víctimas- de este régimen perverso.

La solución de fondo al problema jubilatorio requiere la implementación de un régimen de capitalización del tipo del que se había comenzado a poner en marcha durante el gobierno de Menem pero que no sea obligatorio y donde los fondos de los ahorristas no estén expuestos –como lo estuvieron durante el fenecido sistema de las AFJP- a las exacciones de los vampiros del estado. No es del caso analizar técnicamente el tema, que es muy complejo y demasiado extenso para abordarlo aquí. Lo que importa es entender cuáles son las condiciones que deben cumplirse para que el problema se resuelva realmente. El 82 % móvil que la ley actual establece es una farsa, una utopía irrealizable, una ilusión puramente voluntarista. En el marco de un replanteo global del ordenamiento económico, es altamente probable instrumentar un sistema jubilatorio sano y eficiente. Fuera de ese contexto, todo lo que se diga son mentiras. Terminemos con la demagogia. Busquemos soluciones reales, que las hay, aunque no son mágicas ni inmediatas. Pero no le hagamos a los jubilados del futuro las crueldades a las que estamos sometiendo a los abuelos de hoy...

Los reclamos salariales son una bomba de tiempo

Las relaciones entre el gobierno y la CGT están atravesando un momento de tensión -que todos procuran esconder- porque los reclamos de aumentos salariales ponen en riesgo el desenvolvimiento de la política económica. El gobierno teme que se genere una fuerte presión sindical y que, si no se conceden los aumentos que los gremios reclaman, el problema derive en conflictos que tendrán, inevitablemente, consecuencias políticas. No sería cómodo, para el gobierno, tener que enfrentarse con los gremios encabezados por Hugo Moyano. Por supuesto, buena parte de este problema se deriva de la inflación que el propio gobierno provoca. Si los precios estuvieran estables, este foco de tensión no existiría o sería mucho menos intenso. Pero la inflación no es la única causa del problema. La cuestión de fondo es el modo en el que las relaciones laborales están organizadas.

Las negociaciones por las retribuciones que las empresas pagan a su personal son una cuestión en la cual el gobierno no tendría por qué participar. Los sueldos que la gente gana son un asunto privado entre cada compañía y cada empleado. El gobierno no tiene nada que decir acerca de ese tema. La razón por la cual el gobierno se inmiscuye donde no debería es que, si el tema no se resuelve satisfactoriamente, todo el precario equilibrio del andamiaje social se podría desmoronar y quien debería hacerse cargo de las consecuencias políticas sería el oficialismo. Por eso la viuda procura persuadir a los caciques gremiales de que no se excedan en los reclamos de aumentos salariales. Pero ¿cómo puede un líder sindical justificar ante sus bases una moderación del reclamo salarial con una inflación como la que existe? Se suponía que este era un gobierno que estaba del lado de los pobres.

Una vez más, la causa de todo este explosivo conflicto latente -que, por ahora, se mantiene reprimido pero que podría estallar en cualquier momento- es el hecho de que el estado no cumple acabadamente con las funciones que le competen y, en cambio, se involucra donde no corresponde. Si el estado se preocupara por mantener estable el valor de la moneda, redujera la carga impositiva, desregulara la economía y liberara las energías creativas actualmente ociosas, el problema salarial prácticamente no existiría. La razón de esto es que esa política generaría un proceso de crecimiento genuino que daría lugar a un aumento gradual, constante y sustentable de la productividad laboral, abriendo permanentemente nuevas oportunidades para quienes necesiten conseguir empleo y obligando a los empresarios a ofrecer buenas retribuciones para atraer a los trabajadores. En cambio de esto, el gobierno aplica una política económica plagada de impedimentos para que la economía se desarrolle libremente y eso no tiene otro efecto que limitar, por carácter transitivo, las oportunidades para los trabajadores, que se encuentran con muchas dificultades para conseguir empleo y, por lo tanto, si lo tienen, están obligados a ceder a las condiciones que la empresa les impone. Frente a este cuadro de precariedad en el que los trabajadores se encuentran –y que desaparecería si se modificara toda la estructura del sistema económico- es que aparecen, como supuestos garantes de los intereses obreros, los gremialistas de la CGT que, a cambio de una pequeña mejora en favor de sus afiliados, rapiñan buena parte de sus ingresos.

Aunque lo oculten bajo sus sonrisas hipócritas, el gobierno y los líderes gremiales están fuertemente enfrentados por la cuestión de las actualizaciones salariales. Es necesario decir, claramente, que el problema no tiene solución satisfactoria dentro del actual modelo económico. Es inexorable que, con el transcurrir del tiempo, las presiones para obtener más aumentos se acentuarán y no habrá manera de satisfacer esos reclamos. Llegará un momento en el que la situación se tornará inmanejable y ese será un ingrediente más de la crisis hacia la cual nos vamos encaminando lenta pero inexorablemente si no se modifica el rumbo general de la política económica. Si no cambiamos a tiempo, la bomba estallará. Entonces, será tarde para lamentos. Las consecuencias nos afectarán a todos.