El conflicto docente en la Ciudad de Buenos Aires es una consecuencia de la estatización educativa

El conflicto salarial entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los gremios docentes es un buen ejemplo de las consecuencias que provoca la estatización de la educación. Más allá de los cuestionamientos por los contenidos de la enseñanza, lo cierto es que la educación estatal tiene como propósito la masificación, la igualación de las prestaciones educativas. Este rasgo condiciona a su vez las relaciones laborales con los docentes.

En un sistema educativo de carácter esencialmente privado, donde cada establecimiento tendría su propio perfil diferenciado, cada empleador tendría especial interés en contar con aquellos docentes cuyas inclinaciones personales coincidan con la orientación impresa a la institución por sus propietarios, quienes, a su vez, procurarán dar respuestas a las demandas de ciertos sectores específicos del mercado. De ese modo, cada docente podría ir encontrando un ámbito apropiado para sí mismo para trabajar, cada escuela contaría con los maestros que compartan sus valores pedagógicos y cada padre podría enviar a su hijo a una institución acorde con sus expectativas educativas. Un sistema de estas características pondría el acento en la variedad, en la especialización, en la individualización y en la diferenciación. Y estaría bien que esto sea así porque los seres humanos somos todos distintos y forma parte de la naturaleza humana que busquemos nuestra propia realización personal de acuerdo con nuestras respectivas inclinaciones particulares.

En este contexto, las relaciones laborales entre los propietarios de las escuelas y los docentes tendrían un carácter muy diferente del que tienen en el marco del vínculo entre el estado masificador y los gremios unificadores porque serían mucho más personalizadas y estarían regidas por proyectos compartidos y expectativas convergentes. En ese clima, las negociaciones salariales –que sin dudas deberían existir porque siempre hay intereses en conflicto entre empleadores y trabajadores- se desarrollarían, sin embargo, en un ambiente de mayor comprensión y buena voluntad mutua. No son lo mismo las negociaciones salariales personalizadas que las colectivas, esta es la clave de la cuestión. Para el estado da exactamente lo mismo que el docente sea Pérez o González; para el colegio equis no es lo mismo porque Pérez expresa los valores y proyectos educativos de esa institución mejor que González y, por lo tanto, está dispuesto a hacer una evaluación caso por caso y a considerar la retribución de unos y otros de manera particular. Si González no es la persona indicada para trabajar en el colegio equis porque sus inclinaciones no concuerdan con la filosofía educativa de ese establecimiento, tendrá la posibilidad de buscar otra escuela que sea más acorde con sus propias orentaciones y allí seguramente será mejor retribuido porque su trabajo será más valorado.

El sistema de educación estatal es, en realidad, una negación de la lógica del sistema educativo porque contraría la tendencia natural a la individualización que es característica de la condición humana. El argumento esgrimido por los defensores de la educación estatal –la igualdad de oportunidades- es, en rigor, una reivindicación de la mediocridad en detrimento de la búsqueda de la superación y el progreso personal. Los permanentes conflictos gremiales con los docentes estatales son una consecuencia de esa desacertada orientación de la gestión educativa, donde, en nombre de la igualdad de oportunidades, se procura reivindicar la enseñanza estatal y desacreditar la educación privada, eliminando el contenido de individualización y diferenciación que esta conlleva implícito. Una buena política educativa sería aquella donde el estado deliberadamente se fuera retrayendo de modo gradual de la participación en el campo de la instrucción pública y fuera ampliando el espacio para la plena acción de la gestión privada. El sistema ideal sería aquel en el cual la educación estatal dejara por completo de existir, un objetivo que probablemente nunca se alcance plenamente porque la posibilidad de que haya niños que requieran ayuda estatal para sostener su educación siempre estará presente. Y en ese contexto, este tipo de conflictos que constantemente sobrevuelan el sistema educativo estatal seguramente desaparecerían o tendrían mucha menor intensidad. Los beneficiarios, a no dudarlo, serán los niños y jóvenes en edad formativa.