El kirchnerismo ha instituido el "impuesto a la verdad"

La consultora Orlando Ferreres y Asociados fue multada en $ 500.000 por el gobierno por difundir un índice de inflación que no concuerda con la medición del INDEC. Según el gobierno, la consultora vulneró la ley de lealtad comercial. El fundamento de esta sanción es que la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Guillermo Moreno, solicitó al INDEC información acerca de si la metodología empleada por la consultora para medir la inflación es acertada y la respuesta fue que no lo es.

Esto que estamos contando no es un chiste sino una medida aplicada por el ministerio de economía. El INDEC del gobierno kirchnerista ha determinado que los métodos empleados por otra institución para medir el índice de precios son incorrectos y en base a ese dictamen el gobierno le ha aplicado una sanción a esa consultora. La empresa, naturalmente, apelará la medida y es de desear que la justicia rechace la aplicación de esa multa absurda. Pero más allá de cómo concluya todo este descabellado episodio (tan inocuo no es porque le están reclamando a la empresa un pago de $ 500.000.-) nosotros podemos reflexionar acerca de los valores involucrados en la cuestión.

¿Por qué Moreno sanciona a la consultora? Esencialmente, por decir la verdad, por hacer un trabajo profesional y objetivo donde miden las variaciones de precios sin dejarse influenciar por consideración de índole política alguna. Esto, decir la verdad, es lo que el INDEC no hace por decisión del gobierno. Y no sólo el gobierno determina que el INDEC no diga la verdad sino que, además, sanciona a quien sí la expresa. El gobierno kirchnerista ha decidido cobrarle un impuesto a quien dice la verdad...

Resulta bastante cómico que justamente el INDEC, el organismo que representa paradigmáticamente la política de distorsionar la realidad se erija en “dueño de la verdad”. Si esto pasara en otro país, nos reiríamos y nos burlaríamos hasta el cansancio. Pero como sucede entre nosotros debemos analizarlo con alguna precisión.

El gobierno pretende manipular la información y presentar como verídicos hechos que no lo son para justificar la adopción de políticas que, si fueran consideradas en el contexto de la realidad, resultarían injustificables. En el caso particular de la inflación, el gobierno necesita falsear el índice para que toda su política económica no quede invalidada.

Pero la falsificación de los hechos con fines políticos es algo que se conocía y que además es muy frecuente en todas partes y entre nosotros es “el pan nuestro de cada día”, no es algo que, en definitiva, sorprenda demasiado, al margen de que el kirchnerismo ha llevado esa práctica hasta extremos desconocidos por su desmesura.

Lo que no registra antecedentes es que alguien sufra una multa por decir la verdad que el gobierno tergiversa... Esta aplicación del “impuesto a la verdad” en contra de la consultora Ferreres y asociados es un hecho absolutamente inédito. Se conocían persecusiones, aprietes, escraches, calumnias... Pero la aplicación de un “impuesto” por decir la verdad no registra antecedentes conocidos.

Y hay que decir que es una buena técnica (para ellos) la empleada por el gobierno porque es una forma de silenciar a los disidentes por la fuerza pero sin generar demasiado revuelo. Imaginémonos que el gobierno prohibiera la difusión de los índices de las consultoras privadas que desmienten al INDEC... Nadie avalaría esa resolución porque estaría vulnerado el derecho a la libertad de expresión. Pero una multa es algo muy sutil, ya que no se prohíbe que la consultora publique su índice sino que se lo torna tan oneroso que se desincentiva absolutamente su difusión... Es una medida astutísima la que el gobierno ha adoptado. Es mucho más práctico, discreto y efectivo fijar un impuesto que dictar una prohibición... El kirchnerismo ha creado, inventado y puesto en aplicación el “impuesto a la verdad”. Los contadores deberán, de ahora en más, buscar la manera de evadir este nuevo tributo...