El gobierno procura institucionalizar el engaño

Un plenario de cinco comisiones de la Cámara de Diputados tratará hoy un proyecto del Poder Ejecutivo para declarar “de utilidad pública” a la producción y distribución de papel para diarios con vistas a justificar la regulación estatal en el sector. La Presidenta anunció ayer la inauguración de cinco plantas transmisoras de la cadena estatal de televisión digital. Ambos hechos están estrechamente vinculados porque forman parte del mismo plan estratégico, el cual consiste en operar desde el gobierno sobre el flujo de contenidos de los medios de comunicación a fin de presentar la versión de la actualidad que mejor convenga a los intereses del oficialismo. Por un lado, por medio de una argumentación demagógica, se intenta buscar pretextos para interferir en el desenvolvimiento de la prensa gráfica independiente y, al mismo tiempo, se procura crear, con fondos estatales, una red masiva de televisión destinada a presentar ante la población la versión de los hechos que el gobierno elija ofrecer. La maniobra es tan burda que, si no fuera peligrosa, daría risa.

El argumento en el sentido de que es necesaria la intervención del estado para asegurar la provisión y distribución de papel para diarios tiene como propósito condicionar la entrega de ese insumo y retaceárselo o negárselo a los diarios cuyos contenidos no sean del agrado del gobierno y facilitárselo a los diarios “amigos”. Esto, naturalmente, vulnera al mismo tiempo la Constitución, la libertad de empresa y la libertad de prensa. Meros detalles, en la visión kirchnerista de los acontecimientos. Lo cierto, sin embargo, es que jamás hubo el menor conflicto en relación a la producción y provisión de papel para diarios, un mercado que está totalmente desregulado y que se abastece por medio de la empresa Papel Prensa, de producción local y se completa con importaciones que no pagan arancel alguno. Nunca hubo un problema, excepto que al kirchnerismo no le gusta lo que muchos diarios publican y procura, de ese modo, estrangular la circulación de información para que el pueblo no se entere de lo que al gobierno no le conviene.

La difusión de la TV digital estatal es el complemento de la otra medida. Así como el gobierno procura impedir la circulación de la información que no le agrada, intenta generar canales para reemplazar la información desplazada por contenidos que presenten la versión de la realidad que sí le satisfaga. El proyecto del gobierno consiste, esencialmente, en institucionalizar el engaño. La televisión digital estatal es uno de los instrumentos creados con ese propósito, al igual que la programación de Canal 7, la creación de diarios propios como Tiempo Argentino, El Argentino y BAE, la cooptación de medios privados como C5N, Crónica TV, Canal 26, Canal 9 y, en parte TELEFE y buen número de radios, programas o periodistas, como, por ejemplo, Víctor Hugo Morales y la estatización de la televisación del fútbol.

Lo que está en debate, en todo esto, es nada menos que la vigencia de la verdad, de la narración de los hechos conforme ellos se sucedieron o la desnaturalización de esos hechos para acomodarlos a los intereses políticos del kirchnerismo. El gobierno procura apoderarse del concepto de verdad para manipularlo de acuerdo con sus propios planes. Sucede, sin embargo, que la verdad no es opinable, no es un concepto sujeto a consideraciones sectoriales, partidarias o subjetivas. El concepto de verdad expresa aquella narración que coincide con los hechos tal cual se sucedieron realmente. El kirchnerismo quiere desvirtuar el concepto de verdad. De eso se trata esta batalla, de vivir conforme a la verdad o de quedar sometidos a una parodia de la verdad inventada para servir a los intereses y los deseos del actual gobierno.