El centro de Buenos Aires estuvo esta semana literalmente “bloqueado” durante 24 horas entre martes y miércoles porque una organización de activistas consideró que sus demandas ameritaban realizar un campamento ante el ministerio de desarrollo social en plena Avenida 9 de Julio. Como sus demandas no fueron satisfechas, anticiparon que, de no obtener las respuestas que requieren, repetirán el “operativo” la semana próxima durante dos días. Como es habitual en este tipo de circunstancias, no hubo esta semana ni cabe esperar que la haya la semana próxima acción alguna de parte del gobierno para impedir o al menos atenuar los perjuicios que esta acción de protesta le provocará al conjunto de los ciudadanos que necesitan circular por la avenida para desarrollar sus actividades particulares. El motivo de esta inacción gubernamental es que no están dispuestos a “criminalizar la protesta”, una acción que, en la consideración del actual elenco gubernamental es impulsada por “la derecha”.
Es ya muy reiterativo seguir asumiendo posturas críticas frente a los desaciertos (por emplear una palabra amable) del actual gobierno. En rigor, suceden en nuestro país cosas mucho más graves que las incomodidades provocadas por los cortes de calles. Pero sí es bueno que expresemos, de una vez por todas, nuestro rotundo desacuerdo con el argumento de que impedir un corte de una arteria es una conducta ilegítima (porque el argumento de la “criminalización de la protesta” implica, de hecho, deslegitimar el derecho del estado a asegurar el orden público, transformando la convivencia en una anarquía).
Digamos las cosas con claridad: las calles están hechas para que la gente circule y nadie tiene derecho a cortarlas para exigir que el gobierno le conceda lo que demanda. En el caso de los cortes de ruta promovidos por los productores agropecuarios durante el año 2008 en ocasión de las protestas frente a la Resolución 125, fue diferente porque lo que se estaba planteando era un rechazo a una acción del gobierno. Es sustancialmente distinto oponerse a un avasallamiento del gobierno que exigir que el gobierno otorgue algo que se reclama. No se puede equiparar el corte de una ruta para defender un derecho con el corte de una calle para reclamar un privilegio. Son situaciones diferentes que admiten tratamientos diferentes.
¿Qué es lo que el gobierno debió haber hecho ante el corte de la Avenida 9 de Julio? Debió haber advertido a los activistas que no permitiría el corte. Y si los activistas hubiesen desoído la advertencia se debió recurrir a los métodos que la policía tiene para reprimir disturbios, que no ponen en peligro la vida de nadie pero son los suficientemente disuasivos como para despejar las calles. Con algunos camiones hidrantes y una acción abrumadora y sorpresiva, los activistas se hubieran visto impedidos de sostener su bloqueo de la avenida. La amplia mayoría de la población, sin duda alguna, hubiera aplaudido silenciosamente la acción gubernamental. Va siendo hora de que el estado cumpla la función que le compete y que, de una vez por todas, terminemos con esta práctica de que, porque alguien reclama algo, tiene derecho a perjudicar a quienes no tienen vinculación alguna con la cuestión. No es cierto que el mantenimiento del orden público sea “criminalizar la protesta”. El motivo de fondo de que se esgrima este argumento es que el kirchnerismo simpatiza con los cortes de calle. Pero el pueblo está cansado. De lo cortes de calles y del kirchnerismo...
Es ya muy reiterativo seguir asumiendo posturas críticas frente a los desaciertos (por emplear una palabra amable) del actual gobierno. En rigor, suceden en nuestro país cosas mucho más graves que las incomodidades provocadas por los cortes de calles. Pero sí es bueno que expresemos, de una vez por todas, nuestro rotundo desacuerdo con el argumento de que impedir un corte de una arteria es una conducta ilegítima (porque el argumento de la “criminalización de la protesta” implica, de hecho, deslegitimar el derecho del estado a asegurar el orden público, transformando la convivencia en una anarquía).
Digamos las cosas con claridad: las calles están hechas para que la gente circule y nadie tiene derecho a cortarlas para exigir que el gobierno le conceda lo que demanda. En el caso de los cortes de ruta promovidos por los productores agropecuarios durante el año 2008 en ocasión de las protestas frente a la Resolución 125, fue diferente porque lo que se estaba planteando era un rechazo a una acción del gobierno. Es sustancialmente distinto oponerse a un avasallamiento del gobierno que exigir que el gobierno otorgue algo que se reclama. No se puede equiparar el corte de una ruta para defender un derecho con el corte de una calle para reclamar un privilegio. Son situaciones diferentes que admiten tratamientos diferentes.
¿Qué es lo que el gobierno debió haber hecho ante el corte de la Avenida 9 de Julio? Debió haber advertido a los activistas que no permitiría el corte. Y si los activistas hubiesen desoído la advertencia se debió recurrir a los métodos que la policía tiene para reprimir disturbios, que no ponen en peligro la vida de nadie pero son los suficientemente disuasivos como para despejar las calles. Con algunos camiones hidrantes y una acción abrumadora y sorpresiva, los activistas se hubieran visto impedidos de sostener su bloqueo de la avenida. La amplia mayoría de la población, sin duda alguna, hubiera aplaudido silenciosamente la acción gubernamental. Va siendo hora de que el estado cumpla la función que le compete y que, de una vez por todas, terminemos con esta práctica de que, porque alguien reclama algo, tiene derecho a perjudicar a quienes no tienen vinculación alguna con la cuestión. No es cierto que el mantenimiento del orden público sea “criminalizar la protesta”. El motivo de fondo de que se esgrima este argumento es que el kirchnerismo simpatiza con los cortes de calle. Pero el pueblo está cansado. De lo cortes de calles y del kirchnerismo...
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