La política de seguridad del gobierno nacional es voluntarista y está condenada al fracaso

La decisión de la ministra de seguridad, Nilda Garré, en el sentido de que la policía opere desarmada en las manifestaciones, no tiene sentido lógico. Si la policía debe intervenir en una manifestación es porque se está transgrediendo el orden y se apela a la fuerza pública para restablecerlo. El hecho de que la policía esté desarmada es una invitación a los sediciosos para que se aprovechen de la indefensión de la policía y desoigan cualquier intimación que las fuerzas de seguridad les hagan llegar y agredan a sus efectivos. En cualquier momento en una manifestación una bala matará un policía desarmado y entonces será cuestión de ver qué respuesta ofrece Garré para aclarar este hecho.

Una mirada panorámica sobre los hechos que vienen sucediéndose desde que comenzara el fenómeno de las tomas sistemáticas de terrenos permite percibir, claramente, la confusión en la que el gobierno nacional se encuentra sumido en relación a cómo manejar el problema de la falta de seguridad. Por un lado deciden desarmar a la policía y, al mismo tiempo, deciden enviar la Gendarmería, que tiene otras funciones específicas que cumplir, a custodiar la seguridad que debería estar a cargo de esa policía a la que el gobierno eligió desarmar. Pero la Gendarmería sí va a armada. ¿Qué va a suceder cuando en una refriega aparezca un muerto por un tiro disparado por la Gendarmería? ¿Decidirá entonces Garré desarmar a la Gendarmería también?

El problema de fondo no tiene que ver con cuestiones referidas al modo de operar de las fuerzas de seguridad sino a la confusión conceptual en la que el gobierno está inmerso como consecuencia de sus raíces ideológicas. El kircherismo es una corriente política inscripta en el izquierdismo que ha hecho de la condena a la represión del terrorismo en los años ’70 una bandera política. Este prejuicio inhibe al gobierno para asumir una postura firme frente a cualquier reclamo social, con el cual se sienten íntimamente identificados porque forma parte del universo ideológico en el que el kirchnerismo está inmerso. Para el gobierno, la represión a los sediciosos es una conducta pecaminosa porque ellos íntimamente se sienten identificados con esos sediciosos. Este es el núcleo del problema. Tenemos un gobierno que simpatiza con quienes violan la ley, los derechos ajenos y las garantías constitucionales. Es inimaginable que un gobierno impregnado de semejante bagaje conceptual encuentre entre sus inclinaciones espontáneas los argumentos necesarios para sentirse justificado a imponer la vigencia de la ley a quienes ocupan terrenos, cortan calles y puentes, bloquean empresas, invaden veredas con puestos ambulantes, etc.

Pero esta inclinación política natural que el gobierno tiene choca con el hecho de que la mayoría de la población repudia ese tipo de conductas porque, en esencia, los seres humanos aspiramos, naturalmente a vivir en un contexto de orden y legalidad. Entonces, la inclinación natural del gobierno a solidarizarse con los sediciosos se refleja en una pérdida de apoyo popular perceptible a través de las encuestas. Frente a este hecho brutal, que al gobierno naturalmente le preocupa porque aspira a continuar ejerciendo el poder, aparecen estos intentos peregrinos de imponer orden por medio de la creación del ministerio de seguridad, que es una medida sin contenido efectivo pero que la Señora Cristina, en su limitada visión de las circunstancias políticas, imagina como una fórmula mágica que resolverá todos los problemas.

La conclusión que se desprende de todo este análisis es que la política que el gobierno está aplicando a los efectos de buscar soluciones al problema de la ilegalidad es puramente voluntarista y, como tal, está destinada al fracaso. Lógicamente, como toda política nueva, genera una cierta expectativa inicial pero no pasará mucho tiempo antes de que su insustancialidad quede en evidencia y la inviabilidad de estos planes resulte ostensible. Cuando eso ocurra deberemos afrontar problemas más graves aún que los que hemos tenido en las últimas semanas. Pero para entonces el crédito político del kirchnerismo habrá comenzado a agotarse definitivamente y el pueblo comenzará a buscar otras alternativas para tratar de encauzar la situación.