La crisis del Parque Indoamericano no tiene solución dentro de la lógica kirchnerista

La crisis del Parque Indoamericano de la Capital Federal pone en evidencia el agotamiento del modelo de gobernabilidad kirchnerista. Lo que está sucediendo era previsible: un grupo de ocupantes de terrenos ajenos, sabedores de que el gobierno tiene como política establecida la renuncia al uso de la fuerza, aprovechan la pasividad del estado para avasallar los derechos de terceros... Era obvio que esto era lo que iba a suceder y, si no se rectifica la política que el gobierno aplica (más apropiado sería hablar de “la política que el gobierno no aplica”) el problema no sólo no se resolverá sino que se agravará porque los mismos métodos se irán aplicando en zonas más céntricas y conflictivas de la ciudad. La pasividad del gobierno estimula a los activistas a apoderarse de lo que no es suyo porque, como nadie se los impide y no sienten escrúpulos éticos porque invocan “la necesidad”, actúan con total desparpajo.

La conducta del kirchnerismo tiene una lógica, no es caprichosa. La adopción de una política firme frente a los abusos de los ocupantes conlleva el riesgo de que se produzcan víctimas, como sucedió esta semana en Soldati. Y cuando hay víctimas, el gobierno, encerrado en su visión “montonera” de los derechos humanos, considera, sin analizar la situación en lo más mínimo, que se trató de un abuso de las fuerzas de seguridad. De ese modo, el estado se queda sin recursos prácticos para evitar la acción de los ocupantes, quienes sí actúan sin temor a ejercer la fuerza física ante la cual nada se opone porque el estado kirchnerista ha renunciado a oponer una fuerza aún mayor aunque tiene derecho a hacerlo en nombre del orden social. La solución que el kirchnerismo trata de aplicar para estos casos es la de hacer algunas concesiones (por ejemplo, otorgar títulos de propiedad a quienes se apoderaron por la fuerza de terrenos o viviendas que no les pertenecen) con el fin de pactar, a cambio de eso, una limitación de los abusos. Pero esa política es inviable en el largo plazo. Después de más de siete años de practicar el mismo método, está pasando lo que era previsible, es decir, que los grupos de marginales que avanzan sobre propiedades ajenas, aumentan sus exigencias, sabiendo de que el gobierno, al haber renunciado al empleo de la fuerza, no tiene otra opción que ceder ante sus exigencias. El error radica en no aplicar una política firme frente a estos avasallamientos y en no estar dispuesto a emplear la fuerza en circunstancias extremas si eso fuera necesario. Por supuesto que el empleo de la fuerza para rechazar los avasallamientos de los ocupantes es inconsistente con la gestión de un gobierno que hace una utilización demagógica de las apelaciones a las violaciones de los derechos humanos hace 35 años y por eso el kirchnerismo está encerrado en un callejón dialéctico del que no tiene modo de salir.

El problema planteado en Soldati no tiene solución dentro de los márgenes políticos en los que el kirchnerismo se mueve. Para resolver este problema es necesario aplicar una política diferente, en la cual el empleo de la fuerza no esté descartado, al menos como última opción. El estado tiene derecho a emplear la fuerza para garantizar el orden público y, ante la acción de grupos que vulneran los derechos de terceros, no sólo es legítimo sino que es imperioso que las fuerzas de seguridad operen con firmeza para evitar las ocupaciones y eventualmente expulsar a los ocupantes de predios o propiedades públicos o privados que hayan ocupado arbitrariamente. Por supuesto que, antes de emplear la fuerza, es aconsejable concentrar los esfuerzos en lograr soluciones pacíficas, siempre que estas no impliquen el otorgamiento de concesiones que resulten inaceptables en términos jurídicos. Pero si los métodos pacíficos no producen resultados, el estado debe estar dispuesto a hacer uso de la fuerza, en la medida de lo posible reduciendo al máximo las posibilidades de que se produzcan víctimas pero asumiendo, en última instancia, ese riesgo. Como el kirchnerismo se niega a afrontar esa hipótesis, este problema no tiene solución y es probable que la situación se agrave de ahora en más. Para encontrar una solución hay que cambiar el gobierno. El año que viene hay elecciones. Que la población lo tenga en cuenta.