No sometamos a los jubilados del futuro a la crueldad que sufren los abuelos de hoy

Es totalmente natural que, en un país como el nuestro, donde a duras penas sobrevivimos en el día a día, el problema del sistema jubilatorio no tenga siquiera una remota perspectiva de solución. La aplicación de una política jubilatoria acertada supone una visión de largo plazo, algo que es absolutamente inimaginable en la imprevisible Argentina de estos tiempos. La idea de que una persona de treinta años pueda imaginar cómo se encontrará cuando le llegue a jubilarse es absurda por la sencilla razón de que a duras penas podemos prever qué haremos en el curso de los días inmediatos. La visión de largo plazo es inexistente en la Argentina actual.

La posibilidad de que se instrumente un sistema de jubilaciones sustentable en el tiempo solo es posible en tanto tenga vigencia un ordenamiento económico que sea previsible, coherente y estable. Pero no es fácil en un mundo volátil estructurar un sistema económico de estas características. Y la dificultad se acentúa, por supuesto, si el estado quiere tomar globalmente a su cargo la tarea de dirigir el rumbo económico y, consecuente con ese propósito, hacerse cargo del sistema jubilatorio.

Un sistema jubilatorio, consiste, esencialmente, en guardar algo del dinero que ganamos ahora para consumirlo cuando seamos mayores y no estemos en condiciones de trabajar. Conviene por lo tanto, empezar por decir que lo lógico es que cada persona decida por sí misma cuanto quiere guardar y no que haya una ley que le imponga arbitrariamente esa decisión. El que quiera ahorrar mucho para el futuro debería estar legitimado para hacerlo y el que prefiera gastar todo lo que tiene también debería tener derecho a decidirlo así. Lo primero que se debe eliminar del sistema jubilatorio es la obligatoriedad. El estado no tiene derecho a imponer a los ciudadanos el modo de prever su vejez. Se trata de una facultad privativa de cada persona. Nos estamos refiriendo a ciudadanos adultos y hábiles, no a niños. No hay motivo para que los funcionarios del gobierno decidan por nosotros, como si ellos tuvieran conocimientos o aptitudes para resolver sobre la vida de cada individuo con mayor exactitud que el propio interesado. Esto no es así, no sucede ni sucederá nunca. La Unión Soviética se disolvió hace más de veinte años, como para que “papá estado” siga pretendiendo atribuirse facultades que no le competen.

El problema del sistema jubilatorio no se puede abordar seriamente fuera del contexto de una consideración de todo el ordenamiento económico. Por ser una cuestión orientada por definición hacia el largo plazo, se trata de uno de los eslabones más débiles y vulnerables de toda la cadena de relaciones de causa y efecto que configuran el sistema económico. La solución de fondo al problema jubilatorio implica empezar a actuar ahora para tener soluciones consolidadas dentro de 35 años. Probablemente haya pocas cosas con menos probabilidades de resultar electoralmente atractivas que una propuesta de esa naturaleza.

Pero cualquier proyecto que eluda esa consideración sería demagógico. Es posible, por medio de la aplicación de los mecanismos estatistas que se emplean actualmente, mejorar un poco la retribución que reciben los jubilados actuales. Pero estos jubilados, los de ahora, ya no tienen salvación porque el sistema vigente es intrínsecamente inviable. Es necesario reformular globalmente el sistema hacia el futuro. Mientras tanto, el sistema actual se irá agotando a medida que desaparezcan físicamente los beneficiarios -mejor sería decir las víctimas- de este régimen perverso.

La solución de fondo al problema jubilatorio requiere la implementación de un régimen de capitalización del tipo del que se había comenzado a poner en marcha durante el gobierno de Menem pero que no sea obligatorio y donde los fondos de los ahorristas no estén expuestos –como lo estuvieron durante el fenecido sistema de las AFJP- a las exacciones de los vampiros del estado. No es del caso analizar técnicamente el tema, que es muy complejo y demasiado extenso para abordarlo aquí. Lo que importa es entender cuáles son las condiciones que deben cumplirse para que el problema se resuelva realmente. El 82 % móvil que la ley actual establece es una farsa, una utopía irrealizable, una ilusión puramente voluntarista. En el marco de un replanteo global del ordenamiento económico, es altamente probable instrumentar un sistema jubilatorio sano y eficiente. Fuera de ese contexto, todo lo que se diga son mentiras. Terminemos con la demagogia. Busquemos soluciones reales, que las hay, aunque no son mágicas ni inmediatas. Pero no le hagamos a los jubilados del futuro las crueldades a las que estamos sometiendo a los abuelos de hoy...