El avance del gobierno sobre EDESUR es "kirchnerismo de alta escuela"

El ministro de Planificación, Julio De Vido, ha anunciado que el gobierno analiza rescindir el contrato de concesión de la firma monopólica EDESUR como consecuencia de los cortes de energía sucedidos durante las últimas semanas. Seguramente, por medio de las argumentaciones sesgadas esgrimidas habitualmente por los operadores kirchneristas, el gobierno encontrará una extensa lista de razones para justificar esa hipotética rescisión. Seguramente, muchos de los motivos que el gobierno esgrimirá serán ciertos. Y será también cierto, indudablemente, que los incumplimientos de EDESUR se deben a la propia política que el gobierno viene desarrollando con el propósito de tornar inviable el desenvolvimiento de la empresa.

La posible rescisión del contrato de EDESUR encuadra con exactitud dentro de la metodología perversa que el kircherismo aplica habitualmente. El gobierno practica una política monetaria expansiva que genera inflación, no autoriza a la empresa a actualizar las tarifas, eso impide a la compañía contar con los fondos necesarios para hacer las tareas de reinversión y mantenimiento indispensables para sostener la calidad del servicio y, cuando se producen picos de consumo, la red colapsa. Al producirse ese colapso, el kirchnerismo acusa a la empresa de incumplir con el servicio y se agarra de esa acusación para impulsar la rescisión del contrato. Esto, en la terminología política argentina tiene un nombre y ese nombre es “kirchnerismo de alta escuela”.

Se trata de una metodología perversa e inmoral que define muy claramente cuáles son los criterios políticos con los que el kirchnerismo se desempeña. No es algo nuevo, es lo que ha tratado de hacer en otros casos y en algunos, como Aerolíneas Argentinas, lo ha conseguido. El propósito del gobierno, naturalmente, es ahogar a las empresas para tornarlas inviables y, de ese modo, poder disponer de ellas para operarlas en forma directa o cederlas en concesión a empresarios asociados al oficialismo. A los efectos de conseguir ese propósito, el gobierno cuenta con la disconformidad de los clientes, que ejercen una fuerte presión, impulsados por la frustración que les provoca la mala calidad del servicio que reciben.

Por supuesto que todo esto, aunque esté presentado bajo ropajes jurídicos y elegantes argumentaciones pseudo-económicas, no es otra cosa que una burda maniobra delictiva que no podría encontrar apoyo en ningún juzgado que esté a cargo de un magistrado imparcial. Pero como el gobierno cuenta además con un equipo de jueces oficialistas que avalan las trapisondas de los funcionarios, existe la posibilidad –según cuál sea el juzgado que tramite la causa que se inicie a raíz de este avance del kircherismo sobre EDESUR- que la justicia convalide la operación anunciada por De Vido.

Y no es del caso ejercer desde aquí una defensa de EDESUR, una empresa privatizada monopólicamente al amparo de las dudosas maniobras perpetradas durante la gestión de Menem. EDESUR está muy lejos de ser una empresa a la que quepa mencionar como ejemplo, al menos para aquellos que reivindicamos el liberalismo y el sistema de libre competencia. EDESUR es, en muchos sentidos, un ejemplo de todo lo que el liberalismo rechaza, un típico caso de capitalismo prebendario del tipo del practicado bajo a denominación “neoliberalismo” durante los años ’90. Pero a pesar de eso, tampoco podemos desde aquí convalidar las prácticas abusivas del kirchnerismo. Lamentablemente, el valor de la libertad de empresa en un marco de competencia puesta al servicio de los consumidores es un concepto que tiene pocos adherentes en nuestro país, con las lamentables consecuencias de que diferentes grupos empresariales de moralidad y legalidad discutibles se disputan el control de los servicios públicos sin la menor consideración por aquellos que deberían ser los verdaderos destinatarios de sus esfuerzos empresariales, es decir sus clientes. Es cada vez más evidente la necesidad de un replanteo de la metodología de gestión de los servicios públicos a los cuales corresponde orientar en dirección hacia un genuino sistema de libre competencia que privilegie los intereses de los consumidores por sobre las maniobras empresariales y gubernamentales solo dirigidas a la obtención de ganancias ilegítimas al amparo de estructuras monopólicas que no ofrecen la relación calidad-precio que un mercado libre y competitivo produciría.