El control sobre los gastos con tarjetas de crédito es un abuso sobre los derechos de los ciudadanos

La disposición de la Unidad de Información Financiera (UIF) según la cual los bancos emisores de tarjetas de crédito deben informar acerca de los movimientos de sus clientes, admite un análisis que excede las meras consideraciones economicistas y llega hasta el terreno de la filosofía social. El punto en cuestión es que no hay una razón legítima para que el estado esté sistemáticamente diseñando operativos de investigación sobre las actividades privadas de los ciudadanos y de las empresas –en este caso, los bancos- y de las relaciones comerciales entre unos y otras.

El pretexto para fundamentar estas investigaciones tiene que ver con la cuestión del lavado de dinero. Lo que la UIF pretende determinar es cuál es el origen de los fondos de los ciudadanos que operan con tarjetas de crédito. Y la cuestión que cabe objetar es, sencillamente ¿qué les importa, qué derecho tienen a inmisuirse en la vida privada de ciudadanos de quienes no hay sospechas a priori de que hayan incurrido en ninguna actividad delictiva? Estas preguntas no tienen respuesta satisfactoria y sólo se explican desde una concepción “policialista” y verticalista del ordenamiento social. Parecería que se cree que no hay límites a las facultades del estado a vulnerar los derechos de los ciudadanos.

Este es, más allá de la disposición en sí, el elemento que debería ser el eje del debate. Es necesario entender que el estado no tiene poderes omnímodos, como los que, de hecho, los funcionarios se atribuyen, en este caso, exigiendo a ciudadanos y bancos que informen acerca de las transacciones comerciales que pactan libre y privadamente entre sí.

El Jefe de la UIF, José Sbatella, tuvo el atrevimiento de afirmar, muy orondo que “sin controles, alguien puede utilizar cheques de viajero para hacerse de efectivo en cualquier lugar del mundo, sin que se conozca la procedencia de ese dinero”. Pues bien, efectivamente es así. ¿Por qué cualquier ciudadadno debe estar dándole explicaciones a usted, señor Sbatella, acerca de lo que hace con su dinero? ¿Quién es usted, qué títulos detenta, qué derechos se le han asignado para que haya que responder a sus indagaciones, señor Sbatella?

El principio esencial del derecho liberal es que todo individuo es inocente en tanto se demuestre lo contrario. Puede ser legítimo que, en el caso de que se observen conductas sospechosas, se solicite cierto tipo de explicación acerca de algún comportamiento inusual o misterioso. Pero para que esto sea aceptable, primero debe producirse el hecho que lo amerite. La resolución de la UIF es vulneratoria de los más elementales derechos a la privacidad propios de un ordenamiento republicano donde, por definición, la soberanía política está depositada en los ciudadanos y no en los abusos de los funcionarios. El hecho de consumir y pagar con tarjeta de crédito no es una conducta sospechosa en sí misma, como lo sostiente la resolución de la UIF y lo reafirman las declaraciones de Sbatella.

“Si una persona tiene un gasto desmedido con la tarjeta, supongamos que pasa de financiar gastos por 4000 pesos a 12.000 en un solo mes, es el banco el que debe informar sobre esto a la UIF", ha sostenido descaradamente el jefe de la UIF.

Este tipo de hechos demuestran notoriamente cómo el sistema político se ha desnaturalizado de una manera escandalosa y cómo los derechos y la dignidad de los ciudadanos han quedado vulnerados por los representantes de un sistema político-institucional que ha desbordado todos los límites y se han tomado licencias que ni la ley ni el espíritu del ordenamiento vigente les confieren, y lo han hecho abusando y excediendo las facultades y derechos de los ciudadanos de quienes emana la autoridad que los funcionarios detentan. Se hace necesario un replanteo de los límites al poder que los agentes del gobierno ejercen, no ya por meras razones de conveniencia o rentabilidad económica sino, lo que quizá es aún más importante aunque quizá menos apreciable, porque está comprometida la dignidad personal de todos los ciudadanos de la república.