Es necesaria la apertura de un debate acerca de la legitimidad de la presión impositiva

Entre las muchas cuestiones que demandan un replanteo en la sociedad argentina, el tema referido a la presión impositiva ocupa un lugar relevante. Argentina es un país con una enorme presión impositiva, incluso comparada con otras naciones pero además la calidad de las prestaciones del estado, que se financia con esos impuestos que extrae compulsivamente de los ciudadanos, son de pésima calidad.

Los impuestos son recursos que pertenecen a los ciudadanos de los cuales el estado se apropia por medio de la sanción de leyes que, técnicamente, legitiman su recaudación. Dentro de ciertos límites –que deben ser lo más reducidos que sea posible- es aceptable y entendible que el estado cobre impuestos porque, de lo contrario, sería imposible solventar instituciones tales como la justicia, la seguridad y algunas otras funciones más que son del interés de todos. El problema radica en que el estado argentino cobra unos impuestos brutales por cualquier motivo –en muchos casos, no justificado- y además no los retribuye en servicios eficientes.

Todo esto configura un escenario que requiere un replanteo conceptual. No es aceptable, no es legítimo que el estado ejerza semejante presión impositiva sobre los ciudadanos y encima no devuelva nada. El problema radica en que, para la abrumadora mayoría de los políticos, está bien que haya tanta presión impositiva porque de ese modo el estado ejerce una función de redistribución de los recursos, supuestamente desde los más ricos, beneficiados, privilegiados (y “explotadores”, agregarían algunos) hacia los más pobres y marginados.

El punto crítico de toda esta cuestión es que la presión impositiva es un factor determinante de la pobreza porque desincentiva las inversiones productivas que generan riqueza y permiten aumentar de manera espontánea el nivel de vida de esa misma población a la que se pretende ayudar por medio de la redistribución de los recursos. La presión impositiva no es la única variable que incide en la calidad de vida del pueblo pero es uno de los componentes de la ecuación.

Un punto clave de toda la cuestión es que esos impuestos que el estado cobra a la población no son del estado ni de los políticos sino de los ciudadanos. Por lo tanto, si bien es aceptable, dentro de límites muy acotados, que el estado cobre impuestos para solventar algunas actividades de interés público y general, la presión impositiva debe quedar reducida al mínimo posible porque, si no se cumple ese requisito, se está vulnerando los derechos de los ciudadanos. El hecho de que el estado cobre impuestos para pagar la televisación del fútbol no sólo es inconveniente desde el punto de vista económico sino que es inmoral, es un despojo a los derechos de aquellos ciudadanos cuyos impuestos son empleados para ese fin. Y casos como ese –que es un buen ejemplo porque es muy evidente- hay innumerables. Pero como la televisación del fútbol es “gratis” parecería estar legitimado el empleo de fondos estatales obtenidos a través de impuestos con ese propósito.

Es necesario un replanteo de la cuestión. Está pendiente un debate donde se determine con claridad qué impuestos es legítimo cobrar y para ser imputados a qué partidas presupuestarias. Se trata, por cierto, de un tema polémico y que derivará en acaloradísimos debates políticos e ideológicos. Es seguro que, en un debate de esa naturaleza, los liberales estaríamos en amplia minoría pero, al mismo tiempo, encontraríamos en ese campo un amplio espacio para expresar nuestro pensamiento en términos claros y concretos, poniendo en evidencia –aunque muchos no lo quieran escuchar- de qué modo los políticos estatistas estafan al mismo pueblo al que dicen defender.

La carga impositiva es un lastre que el sistema productivo argentino lleva en su mochila. El tema encierra grandes cuestiones políticas, económicas, ideológicas y morales en todo su desarrollo. Los liberales tenemos mucho para decir al respecto. Tenemos aquí una excelente oportunidad de hacernos escuchar.