El gobierno y los industriales debaten por los niveles de protección pero ignoran los intereses populares

La polémica desencadenada entre el gobierno y la Unión Industrial Argentina (UIA) por el nivel de importaciones entraría en el terreno de lo cómico si no fuera porque se trata de cuestiones que involucran el bienestar y el patrimonio de todos los habitantes del país. Según un comunicado emitido por la UIA "el aumento notable de las importaciones durante 2010 (46% interanual) está indicando un fuerte crecimiento tanto de la actividad como de la inversión, pero también muestra que una parte significativa del incremento de la demanda no se está traduciendo en producción nacional". A esto, la ministra de industria, Debora Giorgi respondió que "las exportaciones de manufacturas de origen industrial crecieron US$ 2000 millones en 2010 respecto del año récord que fue 2008 (un 9 por ciento), al tiempo que las importaciones cayeron en ese período casi US$ 1000 millones con una economía que entre 2008 y 2010 creció un 10%, lo que habla de un claro proceso de sustitución de importaciones sustentado en medidas como las licencias no automáticas emitidas desde el Ministerio de Industria”.

Todo esto, que parece una aburrida “guerra de comunicados” en realidad muestra el nivel de ficción en el que la dirigencia argentina de todas las áreas se desenvuelve. Es necesario, por lo tanto, aclarar de qué se trata toda esta cuestión, como para que la ciudadanía lo entienda razonablemente bien.

Básicamente, los industriales se quejan de que, en la llamada “fiesta del consumo”, que el gobierno reivindica como uno de sus grandes logros, una parte de la “torta” no se la están llevando ellos sino que está derivando en adquisiciones de productos importados. Y el gobierno dice que la economía y el consumo han crecido tanto, gracias a las medidas implementadas por ellos, que la industria local protegida se ha beneficiado notoriamente de todo este proceso.

Mientras tanto, el pueblo, los consumidores, son los “convidados de piedra” en todo esto.

Es bastante probable que tanto Giorgi como los industriales tengan técnicamente razón en cuanto a los números. En lo que está absolutamente claro que ninguno de los dos tiene razón es en que no tienen derecho a esgrimir los argumentos que plantean. No tienen derecho los industriales a reclamar que el gobierno los proteja de la competencia extranjera porque eso afecta la competitividad de la economía y, por lo tanto, las posibilidades de los consumidores de adquirir los productos que les ofrezcan las mejores relaciones calidad-precio que estén disponibles y no tiene derecho el gobierno a implementar, como lo hace, políticas proteccionistas que implican, de hecho, privilegios para los negocios de los industriales a expensas de los mismos consumidores que ven restringidas sus opciones de compra porque el gobierno limita el ingreso de productos importados.

Es decir, para “traducirlo al castellano”, que los industriales, a pesar de todas las prebendas que de hecho tienen, se quejan de que no reciben más y el gobierno, en lugar de quitarles esos beneficios, argumenta que ya les ha otorgando lo suficiente. El pueblo, mientras tanto, solventa con sus impuestos los subsidios a esos mismos industriales beneficiados que demandan aún más protección y, para colmo, tiene que pagar, a precios desmesurados, mercaderías que no elegiría si tuviera libertad para hacerlo porque le ofrecen una relación calidad-precio sustancialmente inferior a la que podría tener a su disposición si la industria estuviera abierta a la competencia con productos importados.

Por supuesto, el argumento que se esgrime para justificar estas medidas proteccionistas y contrarias a los intereses populares tienen que ver con el “trabajo argentino”. “Resulta fundamental que las decisiones empresarias y las políticas públicas promuevan los procesos de inversión que aumenten la capacidad productiva, a fin de satisfacer la importante demanda con producción y trabajo argentinos", señala el comunicado de la UIA. "El incremento de la sustitución es el resultado de una política industrial en la que se priorizan la defensa del trabajo argentino y la agregación de valor; porque incentivamos al que produce y exporta a que produzca más y también al que importa para que produzca en el país y también pueda exportar", responde el mensaje del ministerio de industria.

Como se ve, en lo que menos piensan, tanto la UIA (que, al fin y al cabo, no hace otra cosa que priorizar sus intereses, es decir, actúa con un criterio lógico) como el gobierno (que debería tener una visión más abarcativa) es en los consumidores, a quienes condenan a pagar caro por productos malos, simplemente para asegurar los privilegios de un conjunto de empresarios que no desean competir con las mercaderías importadas en perjuicio de los intereses populares. El argumento de que están defendiendo el “trabajo argentino” es una mera falsificación demagógica porque si se abriera la economía en condiciones de competencia equitativa, no habría impedimento alguno para que se produjera un proceso de modernización tecnológica y capacitación de los recursos humanos que pueda poner el “trabajo argentino” en condiciones de ser tan competitivo como el de cualquier otro país, de modo que eso permitiría producir aquí en condiciones similares a las que rigen en el extranjero, dando lugar a que la economía se interrelacione con la de todo el resto del mundo, estimulando el comercio en ambas direcciones, ya que una producción competitiva en el mercado internacional podría ser exportada y eso también sería un estímulo para un “trabajo argentino” de más calidad y por lo tanto mejor remunerado que el “trabajo argentino” de escasa productividad e insuficiente remuneración que tanto los industriales como el gobierno protegen en perjuicio del bienestar del conjunto de la población.