viernes, 24 de diciembre de 2010

ESPÍRITU NAVIDEÑO Y RESPETO A LA LIBERTAD


Por Gabriel J. Zanotti
Diciembre de 2010.

Había pensado un título como “Navidad y liberalismo”, pero sería un error. Nunca he intentado derivar directamente de mi fe un sistema político determinado, ni he intentado colocar a las Escrituras como la premisa de la cual se derivara directamente un sistema político. Claro, he aclarado infinitas veces que el liberalismo (con todas las aclaraciones pertinentes) no es contradictorio con mi fe, lo cual es muy diferente.

Habiendo hecho esta aclaración, voy a hacer una pequeña reflexión para creyentes y no creyentes que compartan cierto espíritu liberal. Me refiero a la no agresión, a la no invasión, a no iniciar la violencia contra otro. A veces eso se mezcla con la indiferencia ante el prójimo, pero no es lo mismo. El fundamento para no invadir no debe ser la expresión “es tu vida, morite si querés”, sino “respeto tu conciencia”, “no voy a invadir la casa de tu existencia”, lo cual es muy diferente a no preocuparnos por la vida de los demás. Muchos han deducido la invasión al otro como el resultado de la preocupación por el otro, y ese es el grave error que el liberal siempre denuncia.

Para los que somos creyentes, Cristo es Dios, para los no cristianos, obviamente no. Pero creo que ambos grupos coincidirán en algo: su nacimiento fue pacífico, una paz en serio. No fue el hijo de un monarca o emperador autoritario de la época cuyo nacimiento anunciaba quién era el próximo invasor de las vidas ajenas. Nació sin reclamar nada, sin invadir a nadie. Cuando su madre recibió el anuncio de que iba a tener un hijo, ella preguntó cómo podía ser eso, y la respuesta del ángel fue un diálogo respetuoso que quedó como modelo de diálogo entre razón y fe. María no fue coaccionada. A partir de su nacimiento, Cristo estuvo con sus padres 30 pacíficos años pacíficos viviendo de su trabajo y de la co-propiedad con su padre. Luego afirmó que él era el Mesías, el Hijo de Dios, Dios mismo, anunciando la llegada del mesías esperado por el pueblo judío. Pero Cristo, que afirmaba ser Dios, no procedió como otros que se creen Dios. Predicó, habló, no fundó un ejército ni obligó a nadie a seguirlo. Conversaba con todos, y muy especialmente con los que procedían de modo diverso a lo que él predicaba. Hablaba, estaba y comía con todos, sencillamente con todos, y sólo discutía –y se enojaba- precisamente con los que se consideraban muy pero muy buenos. Pero tampoco los coaccionaba. El ser humano, cuando se cree Dios, piensa que puede invadir a los demás, forzarlos; este ser humano, que afirmaba ser Dios, sólo mostró un Dios que dialoga. Cuando lo vinieron a buscar para matarlo, le dijo a uno de sus discípulos “guarda la espada”, y cuando afirmó ser Rey, dijo “mi reino no es de este mundo” (suerte para Pilatos J ). Desde su Cruz perdonó a todos.

Los creyentes, que a veces son autoritarios en su vida cotidiana y en sus opciones políticas, deberían pensar en el Cristo al cual dicen seguir. Un Cristo que dialoga y no coacciona. Si Cristo, que según los creyentes es Dios, no usa la fuerza para imponer sus ideas, ¿por qué sus “creyentes” sí lo hacen? ¿Tienen prerrogativas que Dios no tiene?

Y los no creyentes pueden quedarse meditando en este peculiar ser humano (que los creyentes consideramos humano también). Si, tal vez tuvo razón el soldado romano que le dijo que si era Dios, que se bajara de la cruz. No me van a negar que hubiera sido un digno final de Hollywood. Cristo bajando victorioso de su cruz y derrotando a toda Roma con sólo un soplido; sentándose en el mismo trono del emperador romano e instaurando el Reino de Dios en la Tierra que, por supuesto, iba a tener ejércitos e iba a coaccionar como cualquier gobierno. Pero no. ¿No porque no era Dios? ¿O no porque, precisamente, lo era?

Navidad otorga a todos, creyentes y no creyentes, una especial oportunidad para meditar todo esto. He allí un hombre que proclamó su divinidad y no invadió nunca a nadie. Es interesante meditar el por qué.

jueves, 23 de diciembre de 2010

Usurpaciones: el gobierno nacional está equivocado, Macri tiene razón


En la controversia suscitada a partir de las tomas de predios por parte de sediciosos que reclaman beneficios negados a quienes respetamos las leyes y los derechos ajenos, se han perfilado dos posiciones nítidas: 1) la del gobierno nacional, que es partidario de hacer concesiones a los usurpadores a cambio de que desalojen los espacios que están ocupados; 2) la del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que sostiene que no se debe hacer esas concesiones y se debe exigir el desalojo de los terrenos invadidos, eventualmente mediante el uso de la fuerza.

Es necesario declarar, con la máxima energía, que en esta controversia la razón está del lado de la posición del Gobierno de la Ciudad encabezado por Mauricio Macri y la postura del gobierno nacional representado por Cristina Fernández y su “ministra estrella”, Nilda Garré, es errónea. Esta consideración no es arbitraria sino que está basada en una evaluación racional de la situación...

Si se procede como el gobierno nacional lo propone, es decir, excluyendo por completo el uso de la fuerza y haciendo concesiones a los usurpadores, el resultado práctico será que más personas deseosas de tener una vivienda y alentadas por los buenos resultados obtenidos por los primeros intrusos, utlizarán la misma metodología... El razonamiento es simple: si mi vecino de la villa consiguió una casa cuando ocupó un terreno, yo también voy a ocupar otro terreno (o el mismo que había ocupado antes mi vecino) para que el gobierno me de una casa a mí también... ¿Por qué el gobierno nacional procede de este modo? Porque ése es el único criterio político posible que le permite eludir la responsabilidad de emplear la fuerza –aunque más no sea, como último recurso- para resolver el problema. El gobierno es coherente aunque su política sea errónea. La decisión de negarse absolutamente a emplear la fuerza sitúa al gobierno nacional en una posición de completa debilidad en el trato con los sediciosos, quienes constantemente renuevan y aumentan sus demandas, en la seguridad de que no serán desalojados por la fuerza, con lo cual no tienen inconveniente en que el conflicto se prolongue indefinidamente.

Pero la continuidad del conflicto tiene un costo político muy elevado para el gobierno nacional porque la población del país, que por abrumadora mayoría repudia las ocupaciones de terrenos, tiende a cansarse de que el problema no se resuelva y teme además que se extienda a otras zonas de la Capital y a otras regiones del país. Por eso Macri reclama que no se hagan concesiones a los usurpadores y plantea la posibilidad de emplear la fuerza para desalojarlos si no se retiran ante las intimaciones de las autoridades. Macri argumenta que no se deben dejar precedentes sentados para evitar la multiplicación del problema. La marcha de los acontecimientos, por el momento, le da la razón a Macri y no al gobierno nacional porque el problema no se ha resuelto y amenaza con perpetuarse. Si desde el primer día se hubiera aplicado una política de firmeza, a esta altura las tomas de terrenos probablemente habrían desaparecido.

Pero está claro que las diferencias de criterio político para enfrentar el problema se derivan de una diferencia en la valoración de la conducta de los ocupantes de terrenos ajenos. Para el gobierno, los ocupantes de terrenos son las víctimas de un sistema social injusto, al cual el kirchnerismo se propone corregir, de modo que el reclamo de que se les den beneficios con fondos estatales es legítimo. Para el macrismo –que tiene una posición que al menos en este caso puntual es coincidente con los principios del liberalismo- los intrusos son personas que están infringiendo las leyes y por lo tanto no tienen derecho a presentar reclamo alguno basado en la presión ejercida a través de la ocupación de predios. Los liberales debemos declarar con la mayor energía y convicción que, en relación a este tema puntual, Macri tiene razón y el gobierno está equivocado. Esa es la forma correcta de defender, frente al principal problema político del momento, los valores y principios del liberalismo.

miércoles, 22 de diciembre de 2010

La persecución a los hermanos Noble pone en evidencia los valores morales del kirchnerismo


La jueza Sandra Arroyo Salgado ordenó que los hijos adpotivos de la dueña del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble –Marcela y Felipe Noble- se sometan compulsivamente a una extracción de sangre con el propósito, supuestamente, de determinar si son hijos de desaparecidos. Los hermanos Noble ya se realizaron una extracción de sangre en diciembre de 2009 ante el Cuerpo Médico Forense, tal como son las prácticas habituales en los casos de controversia judicial pero la jueza Arroyo Salgado, que mantiene estrechos contactos con el gobierno kirchnerista, ordenó que dicha extracción debe hacerse ante el Banco Nacional de Datos Genéticos, un organismo controlado por el gobierno nacional y cuya imparcialidad es nula porque se trata de una repartición que trabaja al servicios de los intereses políticos del kirchnerismo.

Los abogados de los hermanos anticiparon que apelarán el fallo, lo que probablemente derive en una dilatación del procedimiento ordenado por Arroyo Salgado, de modo que los designios del gobierno y exigidos por la jueza presumiblemente no se llevarán a cabo, al menos por el momento. Pero esta circunstancia resulta oportuna para reflexionar acerca de los principios morales en base a los cuales el gobierno opera y el modo en que manipula con fines políticos una causa legítima como la de la defensa de los derechos humanos.

El propósito del gobierno –al cual la jueza Arroyo Salgado le resulta absolutamente funcional- es demostrar que Herrera de Noble se apropió ilegalmente de dos hijos de desaparecidos con el fin de desacreditar a la dueña del grupo empresarial al que el gobierno ha elegido como uno de sus mayores enemigos. Este hecho, el empleo de la causa de los derechos humanos como pretexto para intentar desacreditar a un grupo periodístico con el que el gobierno eligió enfrentarse, pone en evidencia los valores morales con los que el gobierno se desenvuelve.

Es necesario ser un gran canalla para envolver la delicada cuestión de los derechos humanos en una disputa política del tipo de la que el gobierno eligió tener con el Grupo Clarín. El gobierno cree, desde que estalló el conflicto con los productores agropecuarios por la Resolución 125 y el canal TN mostraba imágenes de los cortes de ruta realizados por los ruralistas, que el Grupo Clarín desea destituirlo u obstaculizar su gestión, argumento que no es cierto, a menos que supongamos –de hecho, así lo considera el kirchnerismo- que el ejercicio independiente del periodismo tiene fines destituyentes.

El Grupo Clarín nunca se propuso destituir al gobierno ni obstaculizar su gestión. Quien piensa de ese modo no comprende cómo opera el periodismo. Clarín es una empresa que vende información y no se fija demasiado, cuando se trata de temas de semejante relevancia, a quién benefician y a quién perjudican las noticias. Si hay un enfrentamiento entre los ruralistas y el gobierno, el negocio del periodismo independiente es contar lo que está sucediendo. Por supuesto que al kirchnerismo eso no le conviene. El kirchnerismo pretende que todos los medios sean voceros oficiales y defiendan su posición. Como no lo hacen, porque no es esa la tarea que le compete cumplir al periodismo independiente, el kirchnerismo eligió enfrentarse con las empresas que difunden las noticias que el gobierno desearía silenciar. Y en el marco de ese enfrentamiento el kirchnerismo motoriza la versión de que los hijos adoptivos de la señora Herrera de Noble son hijos biológicos de desaparecidos.

Es necesario ser tan canalla como lo son los dirigentes kirchneristas para proceder de esta manera. La causa de los derechos humanos y los hijos de desaparecidos involucra cuestiones morales delicadísimas, cuyo tratamiento requiere la mayor prudencia. Pero el gobierno kirchnerista no hesita en manipular la argumentación para ponerla al servicios de sus intereses políticos. No es del caso defender los intereses empresariales del Grupo Clarín. Eso es algo que la empresa debe defender por sí misma. Pero lo que sí pretendemos expresar desde estas líneas es el sentimiento de repudio y de condena que la conducta del kirchnerismo nos inspiran, algo que seguramente será compartido por cualquier persona dotada de sentido moral. La moral es un valor al que el kirchnerismo ha elegido degradar hasta niveles inimaginables. La persecución contra los hermanos Noble es un ejemplo paradigmático de esa degradación.

martes, 21 de diciembre de 2010

La política de seguridad del gobierno nacional es voluntarista y está condenada al fracaso


La decisión de la ministra de seguridad, Nilda Garré, en el sentido de que la policía opere desarmada en las manifestaciones, no tiene sentido lógico. Si la policía debe intervenir en una manifestación es porque se está transgrediendo el orden y se apela a la fuerza pública para restablecerlo. El hecho de que la policía esté desarmada es una invitación a los sediciosos para que se aprovechen de la indefensión de la policía y desoigan cualquier intimación que las fuerzas de seguridad les hagan llegar y agredan a sus efectivos. En cualquier momento en una manifestación una bala matará un policía desarmado y entonces será cuestión de ver qué respuesta ofrece Garré para aclarar este hecho.

Una mirada panorámica sobre los hechos que vienen sucediéndose desde que comenzara el fenómeno de las tomas sistemáticas de terrenos permite percibir, claramente, la confusión en la que el gobierno nacional se encuentra sumido en relación a cómo manejar el problema de la falta de seguridad. Por un lado deciden desarmar a la policía y, al mismo tiempo, deciden enviar la Gendarmería, que tiene otras funciones específicas que cumplir, a custodiar la seguridad que debería estar a cargo de esa policía a la que el gobierno eligió desarmar. Pero la Gendarmería sí va a armada. ¿Qué va a suceder cuando en una refriega aparezca un muerto por un tiro disparado por la Gendarmería? ¿Decidirá entonces Garré desarmar a la Gendarmería también?

El problema de fondo no tiene que ver con cuestiones referidas al modo de operar de las fuerzas de seguridad sino a la confusión conceptual en la que el gobierno está inmerso como consecuencia de sus raíces ideológicas. El kircherismo es una corriente política inscripta en el izquierdismo que ha hecho de la condena a la represión del terrorismo en los años ’70 una bandera política. Este prejuicio inhibe al gobierno para asumir una postura firme frente a cualquier reclamo social, con el cual se sienten íntimamente identificados porque forma parte del universo ideológico en el que el kirchnerismo está inmerso. Para el gobierno, la represión a los sediciosos es una conducta pecaminosa porque ellos íntimamente se sienten identificados con esos sediciosos. Este es el núcleo del problema. Tenemos un gobierno que simpatiza con quienes violan la ley, los derechos ajenos y las garantías constitucionales. Es inimaginable que un gobierno impregnado de semejante bagaje conceptual encuentre entre sus inclinaciones espontáneas los argumentos necesarios para sentirse justificado a imponer la vigencia de la ley a quienes ocupan terrenos, cortan calles y puentes, bloquean empresas, invaden veredas con puestos ambulantes, etc.

Pero esta inclinación política natural que el gobierno tiene choca con el hecho de que la mayoría de la población repudia ese tipo de conductas porque, en esencia, los seres humanos aspiramos, naturalmente a vivir en un contexto de orden y legalidad. Entonces, la inclinación natural del gobierno a solidarizarse con los sediciosos se refleja en una pérdida de apoyo popular perceptible a través de las encuestas. Frente a este hecho brutal, que al gobierno naturalmente le preocupa porque aspira a continuar ejerciendo el poder, aparecen estos intentos peregrinos de imponer orden por medio de la creación del ministerio de seguridad, que es una medida sin contenido efectivo pero que la Señora Cristina, en su limitada visión de las circunstancias políticas, imagina como una fórmula mágica que resolverá todos los problemas.

La conclusión que se desprende de todo este análisis es que la política que el gobierno está aplicando a los efectos de buscar soluciones al problema de la ilegalidad es puramente voluntarista y, como tal, está destinada al fracaso. Lógicamente, como toda política nueva, genera una cierta expectativa inicial pero no pasará mucho tiempo antes de que su insustancialidad quede en evidencia y la inviabilidad de estos planes resulte ostensible. Cuando eso ocurra deberemos afrontar problemas más graves aún que los que hemos tenido en las últimas semanas. Pero para entonces el crédito político del kirchnerismo habrá comenzado a agotarse definitivamente y el pueblo comenzará a buscar otras alternativas para tratar de encauzar la situación.

lunes, 20 de diciembre de 2010

El empleo de la fuerza y la condena penal no debe estar excluido de la política de seguridad


La llegada de la señora Nilda Garré al Ministerio de Seguridad tendrá como efecto que la policía seguramente acentuará su postura pasiva frente a los ataques al derecho y al orden perpetrados por delincuentes y sediciosos (piqueteros, usurpadores de espacios públicos, vendedores ambulantes ilegales, etc). El resultado de esta política será, previsiblemente, un aumento de las prácticas delictivas e ilegales de toda índole.

El interrogante que a nosotros, los liberales, nos cabe en este contexto es el de determinar qué política podríamos proponer desde el liberalismo para contribuir a resolver el problema de la inseguridad y la ilegalidad tan generalizadas que afectan a nuestra sociedad y por ende los derechos, la propiedad y la vida de cada habitante.

Lo primero que sería oportuno señalar es que la crisis de la seguridad y la legalidad se derivan y son las consecuencias prácticas y apreciables de una circunstancia anterior, que es la renuncia del estado al empleo de la fuerza y la condena penal efectiva como medios para imponer su autoridad. El estado argentino ha renunciado a emplear la fuerza y la condena penal efectiva para desalentar, impedir y eventualmente sancionar los actos delictivos e ilegales. La llegada de Nilda Garré al Ministerio de Seguridad institucionaliza esta política.

Esta renuncia tiene su origen en la descalificación del modo en el que el último gobierno militar reprimió a las organizaciones terroristas. De allí en más, todo empleo de la fuerza y de la condena penal efectiva por parte del estado pasó a ser deslegitimado, circunstancia que, naturalmente, favorece a aquellos que eligen transgredir las normas en favor de sus propios intereses y en perjuicio de los derechos ajenos.

Pero esta situación nos coloca a los liberales en una posición paradójica. El liberalismo es un movimiento que, tradicionalmente, ha estado en contra de los abusos del estado y, de hecho, los liberales argentinos reclamamos habitualmente que el estado deje de asfixiarnos. Reclamamos menos intevención del estado en el campo de la economía, de la educación, de las prestaciones de salud y muchos etcéteras más.

Pero en el ámbito de la inseguridad y la ilegalidad, el problema, actualmente, no es que el estado se extralimita sino, contrariamente, que el estado se abstiene de actuar. Es paradójico que quienes reclamamos usualmente que el estado actúe menos, tengamos que plantear, en el área de la seguridad y la legalidad, el problema de que el estado actúa demasiado poco.

En lo referido al problema de la seguridad y la
ilegalidad, el problema al que el liberalismo debería encontrarle una respuesta satisfactoria es de qué modo es posible ejercer la autoridad del estado en un contexto donde las fuerzas de seguridad y la justicia penal garanticen los derechos de los ciudadanos decentes y repriman con severidad pero sin excesos a los delincuentes y a los sediciosos. El ejercicio de la autoridad por parte del estado no debe excluir el uso de la fuerza y de la condena penal para reprimir a delincuentes y sediciosos. Lo que el estado no debe hacer es excederse en el empleo de la fuerza para imponer la soberanía de la ley. La fuerza y la condena penal deben ser instrumentos al servicio de los derechos de los ciudadanos y, por lo tanto es enteramente legítimo emplearlos cuando esos derechos se vean vulnerados por delincuentes y sediciosos. La política de Garré está orientada en una dirección opuesta a la aquí indicada y por eso está destinada a fracasar, ya que los derechos de los ciudadanos no quedarán eficazmente defendidos y eso desencadenará severos cuestionamientos generales.

El problema de la inseguridad y la ilegalidad consiste, por lo tanto, en evaluar de qué modo es posible encuadrar el uso de la fuerza y la condena penal en una política de seguridad y legalidad destinada a garantizar los derechos de los ciudadanos y que, al mismo tiempo, evite incurrir en abusos policiales que deriven en una descalificación popular del empleo de la fuerza y la condena penal, que terminen favoreciendo el accionar de los delincuentes, como viene sucediendo desde hace tiempo en nuestro país y como seguirá sucediendo bajo la gestión ministerial de Nilda Garré. El liberalismo no debe propugnar la ausencia total del estado sino un estado con funciones muy limitadas pero con presencia muy efectiva en los campos en los cuales sí es recomendable su accionar. Está bien que el estado tenga el monopolio del uso de la fuerza. Pero es responsabilidad de los gobernantes que esa fuerza sea empleada con eficacia y criterio en las circunstancias en las que se la necesite y no que se abstenga de actuar por temor a que el gobierno sea acusado de violar los derechos humanos. Los ciudadanos decentes también somos humanos y tenemos derecho a ser defendidos. La renuncia del estado a cumplir sus genuinas funciones nos ha sumido a todos en la indefensión. En este contexto, los delincuentes y sediciosos tienen más derechos que los ciudadanos decentes. Los liberales debemos promover un cambio en este cuadro de situación.

viernes, 17 de diciembre de 2010

Libertad Querida! se presentó con un acto donde la fuerza del movimiento liberal quedó una vez más en evidencia


La presentación de Libertad Querida!, realizada el miércoles en Le Gand Salon del Hotel Four Seasons, en la Capital Federal, fue un éxito rotundo. La concurrencia estuvo en el orden de las 400 personas. Aunque el número no sea impactante, la calidad y la coherencia de las exposiciones y el clima emotivo que se vivió hacen que el acto tenga una trascendencia que excede en mucho la mera valoración cuantitativa. Históricamente, el liberalismo no ha sido proclive a promover acercamientos entre sus miembros para cohesionar esfuerzos en pro de objetivos comunes. El movimiento Libertad Querida! parece estar mostrando una reversión de esa tendencia. “Esto no fue totalmente espontáneo sino que fue trabajado entre todos los miembros del grupo. Eliminamos cualquier atisbo de descalificación y estigmatización y así logamos un buen clima de convivencia. Más allá de las diferencias por algunas cuestiones marginales, coincidimos en el 90 % de los temas” explica Eduardo Marty, el impulsor de Libertad Querida!

En el salón había sendas pantallas que reflejaban frases de célebres pensadores de la libertad como Ron Paul, Alberdi, Lord Acton, Madison, Burke, Von Mises y Ayn Rand entre otros. Esas pantallas fueron utilizadas luego para ilustrar los discursos de los operadores. El acto comenzó con una introducción de Armando Ribas, quien expresó que “estamos aquí para evitar que la libertad se pierda en la Argentina”, después de lo cual el propio Ribas entonó una versión “liberal” del tango “Uno”, con letra compuesta por él mismo. Posteriormente, Guillermo Yeats y Bettina Solinger, de las fundaciones Atlas y Naumann, las dos instituciones que auspiciaron la realización del evento pronunciaron palabras de bienvenida y luego se entregaron medallas a un grupo de personas representativas del liberalismo en Argentina. Los premiados fueron Horacio García Hamilton, Guillermo Polledo, Rodolfo Vinelli, Rosa Pelz, Armando Ribas, Norberto Carca, Enrique Loncan, Meil Zylberberg, Alberto Benegas Lynch y Carlos Sánchez Sañudo.

La primer oradora que subió al estrado fue la señora Ana Caprav, quien se refirió al intento gubernamental de controlar los medios y expresó que “hay muchos partidos políticos pero ninguno que defienda la libertad. Debemos salir a la calle y hacer propaganda por la libertad. Con la excusa de desactivar un monopolio lo que se quiere es moldear la opinión pública. Proponemos eliminar todos los medios oficiales, radios, diarios y revistas que salen de nuestros impuestos. Desde los medios de comunicación y desde la educación quieren convertirnos en ovejas".


El presidente del Partido Liberal Libertario, Gonzalo Blousson, fue el siguiente expositor y dio a su discurso una nítida impronta política, condenatoria del paternalismo estatal. Señaló que “me tocó nacer en un mundo donde los políticos creen que saben lo que yo necesito. Me gustaría escuchar por una vez en la vida a un político diciendo la verdad. ¿Cómo puede ser que los padres no puedan decidir la educación de sus hijos? Hemos logrado que el estado se convierta en una niñera para adultos”.

El siguiente orador fue Marcos Hilding Holssonh, quien se refirió al tema de los impuestos y preguntó retóricamente si “¿está bien que tengamos que trabajar la mitad de nuestro tiempo para pagarle al gobierno? No nos damos cuenta del aumento de impuestos porque nos fueron calentando el agua de a poco y no reaccionamos. Cada uno es dueño de lo que hace y del producto de su esfuerzo. La gente quizá no conoce las ideas de la libertad pero sabe que no quiere que le saquen lo suyo”.

Luego, hizo uso de la palabra Luis Meissen, quien a tratar la temática de la seguridad, reclamó “la municipalización de las fuerzas policiales, el derecho de la población a la defensa propia y desregular la portación de armas. Un gobierno es un garrote que golpea pero se debe brindar un marco regulatorio para que no se golpee en el lugar que no corresponde”.

Con un estilo muy coloquial y didáctico, el siguiente orador fue Gustavo Lazzari, de la Fundación Atlas, quien se refirió a la candente cuestión de la pobreza y planteó que “para salir de la pobreza hacen falta políticas liberales. Impuestos bajos, gobierno limitado, competencia son las soluciones a la pobreza. Los liberales hemos sido haraganes, debemos hacer una autocrítica porque apoyamos a quienes no debíamos. Sepamos quienes son los que causan la pobreza, La pobreza es un negocio. ¿Ustedes se imaginan un peronismo sin pobreza? Ellos disfrutan de la pobreza, la necesitan. Los actos peronistas humillan a los pobres”.

Continuó en el uso de la palabra Eduardo Killner, quien reflexionó que “hace mucho que el país oscila entre el dólar barato y la hiperinflación porque no hay un estado fuerte capaz de contener las presiones sectoriales. Es imposible dar a la gente otra salida que instarla a que invierta para que obtenga el fruto de su propio trabajo. La corrupción y el clientelismo están hundiendo al país. La República Argentina depende del milagro de la soja” .

Para referirse a la temática de la educación, Francisco Bosh expresó que “el deterioro del sistema educativo tiene que ver no con la falta de presupuesto sino con la falta de libertad. No es lógico, práctico ni moral que se coarte la libertad de los padres de decidir la educación de los hijos. La educación gratuita implica transferencia desde los más pobres a los más ricos. Soy partidario de la desregulación total del sistema educativo. La educación es un aparato perfecto para difundir el pensamiento único y acallar el pensamiento crítico. Propongo que en esta etapa bombardeemos al establishment educativo con los argumentos de la libertad. Hasta ahora venimos perdiendo la pelea pero porque nos hemos retirado de la lucha. ¡Amigos de la libertad, es hora de que comencemos el escándalo!”.

Propiedad privada fue el tema tratado por el representante de la provincia de Corrientes, Alberto Medina Méndez, quien enfatizó que “no existe derecho posible sin el derecho de propiedad. La historia de la República Argentina muestra una extensa gama de formas de vulnerar la propiedad. Todos los partidos políticos han conseguido que todos creamos que la propiedad es relativa. Nosotros no decidimos sobre lo que poseemos sino que somos meros administradores de lo que es nuestro. En la calle hay gente rentada dedicada a apoderarse de nuestra popiedad. El 65 % de las tierras de Corrientes no son de libre disponibilidad de su propietario”.

El empresario Guillermo Yeatts fue el siguiente orador, quien explicó detalladamente, apoyado en sólidos datos estadísticos, de qué modo la producción de petróleo, a lo largo de la historia, ha sido inversamente proporcional a la participación del estado en la exploración, distribución y comercialización del producto.

Llegó luego el turno de uno de los discursos más elogiados de la velada, el de la doctora Carolina González Rodríguez, quien se refirió a la problemática laboral y expresó que “la manera que los liberales proponemos para eliminar la desocupación es la derogación de toda la legislación laboral, empezando por el nefasto artículo 14 bis de la Constitución. Las conquistas sociales son herramientas de extorsión a los verdaderos patriotas, que son quienes invierten. La legislación laboral vigente es la herramienta para que los Moyano y el sindicalismo monopólico se perpetúe. Proponemos volver a la Constitución de 1853”.

Subí luego al escenario Agustín Etchebarne, del Foro Republicano, quien hizo una recorrida histórica relacionada con la vigencia de la libertad en nuestro país. Aseguró que “la Argentina cuando es liberal es extraordinaria. El mundo está recorriendo el camino de la libertad. Alberdi decía que el problema más grande es el yugo de nuestra propia patria. Desde 1853 hasta 1910 Argentina creció a tasas que hoy llamamos chinas pero son las tasas de la libertad. No le tengan miedo a la inmigración, ténganle miedo a los subsidios. Cuando a la libertad le va bien, a la Argentina le va bien. Cuando a la libertad le va mal, a la Argentina le va mal. Hoy América Latina está cambiando fundamentalmente para bien, sólo que nosotros estamos en la contra-ola”.


Concluyó en el uso de la palabra el gestor del movimiento Libertad Querida!, Eduardo Marty, quien trató de hacer un balance de todo lo tratado y expresó que “todos los expositoresnos han dicho que no aceptamos la ley de medios, la inseguridad, el desborde del empleo público, la ley de contratos de trabajo, la ley de obras sociales, el despojo de los fondos jubilatorios, los controles de precios y las regulaciones económicas, las estatizaciones, los bancos del estado, la manipulación del Banco Central, los empresarios que actúan como barones feudales, los derechos arancelarios, que nos roben el 60 % de nuestra producción con impuestos, no cercenen nuestra libertad de educación, que se adueñen del sistema de salud, en definitiva, que nos traten de idiotas. Tenemos que organizar 30 actos barriales de acá al 31 de marzo. Para nuestro próximo acto trataremos de duplicar la cantidad de gente y lo vamos a hacer en un lugar más popular. Nuestro póximo acto será el 16 de abril”.

Al día siguiente y, a modo de balance, Marty señaló que “fue un acto muy lindo. Sorprende en la gente joven la solidez de los argumentos. Se nota que hay gente que ha leído mucho de la tradición liberal argentina, la escuela austríaca, el objetivismo de Ayn Rand y los autores liberales clásicos. Todos los discursos fueron netamente liberales y recibieron aplausos del público. Y tengamos en cuenta que no jugamos con la primera de Boca sino que jugamos con los juveniles porque ocho o nueve de los oradores hablaban en público por primera vez. La repercusión fue muy buena porque al día siguiente tuvimos cuatro o cinco llamados de periodistas que tenían interés en conocer sobre el tema. Quiero agradecer la colaboración de mucha gente que participó en la organización, como Pablo López Herrera, del Foro Republicano, independientes como Walter Jerusalinsky, Neiyons Romero, Darío Petrollini y los miembros de la familia Caprav, también Gonzalo Blousson, Luis Meissen y Yamil Santoro, del Partido Liberal Libertario. Santoro sostuvo toda la operatoria técnica. Estos grupos funcionan bien si se descentralizan y cada uno está a la cabeza de su tarea. Todo esto demuestra que este proyecto arrancó con fuerza. Ojalá la podamos preservar”.

jueves, 16 de diciembre de 2010

Política Laboral, y el honor de haber sido elegida como una de las oradoras en Libertad Querida

TEXTO DEL DISCURSO PRONUNCIADO POR LA DOCTORA CAROLINA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ EN EL ACTO REALIZADO AYER POR LIBERTAD QUERIDA


Trabajar es mucho más que ganar dinero. Es sentirse útil, productivo y hábil. La sensación de recibir una paga después de un arduo esfuerzo es tal, que no sería alocado decir que en ese acto, en el acto de lograr el rédito por el esfuerzo propio se encuentra uno de los principios fundacionales de la dignidad humana.
Según el INDEK (con K), la desocupación se ubicó en el 7,5% de la población activa, lo que significa que 1.23 millones de personas no tiene trabajo. 1,44 millones más están subocupadas, es decir que trabajan pero menos de 35 horas por semana (aún cuando quisieran hacerlo por más tiempo), por lo que estas dos categorías suman la obscena cifra de 2.670.000 personas sufriendo privaciones no sólo materiales, sino tal vez más grave aún, morales.

De ahí la vital importancia de desterrar las raíces del desempleo, y eso se logra derogando la totalidad de la legislación laboral vigente.
Desde sus orígenes en la Argentina pre-Revolución de Mayo, la vinculación entre un empleador y un empleado fueron vistas como especiales o de peculiares características. El empleado era (y lo sigue siendo) visto como la parte “débil” de la contratación, sujeto a la explotación y abuso del empleador maligno y desmedido.
La regulación fue empeorando. La ley bonaerense del 17 de julio de 1823 imponía la obligación de garantizar al peón agrario 40 minutos al día para... tomar mate, hasta que finalmente el brillante jurista que iluminó este suelo con la antorcha de la libertad nos legó una Constitución Nacional completamente ajena a esas exigencias y desopilantes interpretaciones. Sin embargo, el sueño duró poco y la Argentina no estuvo exenta de los movimientos marxistas y colectivistas iniciados a mediados del Siglo XIX.
En la actualidad, la moderna regulación laboral heredada de los procesos demagógicos de 1943 en adelante dejaron de ser “conquistas sociales” para convertirse en herramientas de manipulación, extorsión y –de manera llamativamente incongruente- exclusión, contraproducentes para la creación y mantenimiento de puestos de trabajo genuinos. La agobiante carga regulatoria y la existencia de ese pseudo –derecho conocido como derecho laboral atentan continua y enfáticamente contra el florecimiento de empresas y emprendimientos productivos, haciéndolos económica y financieramente inviables desde el inicio. Y si bien existen todavía patriotas que apuestan a la creación de su propio emprendimiento, por convicción y vocación o por necesidad, en general el crecimiento de la empresa está limitado a la cantidad de miembros de la familia que puedan cooperar, de manera tal de no incorporar recursos humanos ajenos, posiblemente mucho más eficientes y capacitados.
El estado de avance de la civilización, la información disponible de manera automática a lo largo y a lo ancho del mundo entero hacen que estas regulaciones vetustas y primitivas sirvan sólo y únicamente a la nueva oligarquía que es la nueva clase dominante, que encontró la veta para posicionarse y perpetuarse a través de las generaciones subsiguientes, legando a la descendencia (tal como todo título nobiliario) los puestos de poder alcanzados en sindicatos monopólicos, orquestados como condados a cargo de señores feudales ricos, que son fotografiados haciendo compras en las Galerías Lafayette de Paris.
Esa inmoralidad sólo puede darse con este marco regulatorio laboral, que desincentiva la creación de puestos de trabajo, toma de rehenes a quienes tengan la valentía, el coraje y el patriotismo de iniciar un emprendimiento productivo en la Argentina de hoy, mantiene a la gente en el desempleo y en el subempleo, y genera un juego de suma cero, en el que los únicos ganadores son los Sopranos, perdón… los Moyano.
Los intervencionistas bien intencionados (si los hubiera y no fuera esto una contradicción en términos) fundamentan estas regulaciones en el hecho de que, librada a su entera voluntad, cada parte va a buscar su propio interés. Así, y en el caso de un accidente sufrido en ocasión de desempeñar tareas para un determinado empleador, éste (precisamente por buscar su propio interés) no tendería “naturalmente” a indemnizar al empleado, ya que dicha erogación iría en contra de su propio interés. Por su parte, el empleado procuraría lograr una indemnización que cubra no sólo el daño sufrido, sino la satisfacción de, si no todas, al menos gran parte de sus necesidades presentes y futuras. De esa manera, ambos tendrían incentivos a exagerar sus posiciones, y a exigir beneficios que vayan más allá de la razonabilidad que la circunstancia puntual demandaría.
Sin embargo, como en el esquema presente en el dilema del prisionero, es imperativo considerar que 1) cada empleador contratará no uno sino varios empleados, los que a medida que la empresa crezca, serán –a su vez- también cada vez más; 2) las situaciones de riesgo, entonces, se multiplicarían obligando a ser consideradas en el cálculo económico del empleador, a quien resultaría siempre más eficiente invertir en medidas preventivas que en remedios posteriores (más caros que la prevención); 3) en un sistema de libre mercado, sería muy poco probable que el empleador resulte un empleador monopólico. Por el contrario, la competencia entre distintos productores haría que sólo subsistieran aquellos empleadores que elaboraran bienes o prestaran servicios en las mejores condiciones posibles, tanto para el consumidor de los productos o servicios como para los recursos humanos a los que necesitaría como al aire para poder alcanzar el objetivo empresarial; y 4) en este esquema, los empleados, conscientes de la necesidad de los empleadores de contar con los mejores recursos humanos, optarían por el empleador que mejores y mayores medidas preventivas, ventajas y beneficios ofreciera a los fines de contratar y retener a ese recurso tan valioso e imprescindible para la continuidad del emprendimiento.
La diferencia entre el socialismo y nosotros los liberales es una diferencia de aproximación y consideración filosófica del ser humano. Mientras los socialistas y marxistas consideran que algunos individuos se encuentran en inferioridad de condiciones con relación a otros, estiman que los pobres, además de pobres, son imbéciles incapaces de procurar su propio bien; incapaces de lograr pasar de una circunstancia menos satisfactoria a otra más satisfactoria por sus propios medios. Creen que sin su intervención “magnánima y misericordiosa”, sin su asistencialismo coyuntural e interesado, esos mismos pobres estarían condenados a una vida de miseria e indigencia. Nosotros los liberales creemos firme y vehementemente en la magnificencia del espíritu humano, del individuo por sobre sus circunstancias, y en la responsabilidad por los actos propios.
Los pobres son eso: pobres. Pero en absoluto son estúpidos, ni siquiera idiotas útiles a los intereses de la clase política que los arrea como ganado a las manifestaciones y marchas orquestadas y organizadas por el poder de turno. De serlo, irían a las marchas por la mera indicación del puntero a cargo. Sin embargo, encuentran en esa actividad el recurso más accesible para procurarse el sustento, aunque en el camino deban resignar una gran cuota de su dignidad.
La izquierda con notable mérito y éxito logró estigmatizarnos. Mienten los socialistas y marxistas al decir que somos los liberales los que pretendemos la exclusión social de miles de compatriotas. Por el contrario, creemos que sólo la inclusión de estos individuos al mercado puede significar el crecimiento y desarrollo sustentables, ya que, tal como lo identificó Friedrich Von Hayek, todos y cada uno de nosotros disponemos de información sobre las circunstancias de tiempo y lugar que nos afectan. Así, la información dispersa en cada uno de nosotros (imposible de ser reunida ni por cien Guillermos Morenos), unida a la división del trabajo ya identificada en 1776 por el genial Adam Smith como una de las fundamentales causas de la riqueza de las naciones, y la experiencia de las sociedades desarrolladas de hoy en día, todo eso en conjunto demuestra que sólo un gran mercado, con sustantiva cantidad de individuos produciendo en exceso de sus necesidades, generando excedentes para ser intercambiados y en el que ese intercambio se concrete libremente, puede llevar a lograr una sociedad pacificada, ordenada y orientada al crecimiento y al desarrollo.
Es imperativo e ineludible lograr la derogación de la totalidad del sistema del pseudo derecho laboral vigente, anclada en el siniestro Art. 14bis de la Constitución también vigente. Es imperativo patear la muleta que le da legalidad y formal legitimidad a los Moyano, a los Recalde y a toda esa casta de inmorales que apalancados en los privilegios de ser "clase dominante" se enriquecen a costa de los que teóricamente representan. Dejarlos rengos, y mancos fundamentalmente, para que dejen de "meter la mano en la lata" de los verdaderos patriotas, de los que producen, los que emprenden, los que generan riqueza. O en resúmen, es imperativo recuperar la Constitución de 1853, tal como nos fue legada por el genial tucumano.

Pero para ello es imperativo, es ineludible, creer… creer firmemente en la magnitud del individuo, del espíritu humano y en su capacidad para procurar su propia fortuna. Creer y defender con alma y vida nuestro derecho a ser libres, a velar por nuestra vida y nuestro patrimonio. Esa es nuestra deuda con nuestros hijos.

miércoles, 15 de diciembre de 2010

Los liberales tenemos soluciones para el problema habitacional


Se ha producido un apaciguamiento coyuntural en la tensa situación social y política en la que Argentina estuvo inmersa durante más de una semana. El Parque Indoamericano, foco central del conflicto que tuvo en vilo al país durante casi diez días ha quedado desocupado en respuesta a una propuesta conjunta de los gobiernos nacional y porteño en relación a la puesta en marcha de un plan de viviendas populares. Esto no resuelve el problema de fondo pero, al menos, permite destrabar el punto muerto en el que estábamos inmersos hasta ayer. Hay margen, ahora, para pensar con mayor tranquilidad en la búsqueda de soluciones definitiva.

Es necesario, ante todo, expresar con la mayor claridad que el problema no tiene solución inmediata y que la solución de fondo sólo es factible en el contexto de un programa económico global cuya vigencia sea sostenida a través del tiempo. He allí el problema más grave. Es inimaginable que el kirchnerismo sea capaz de implementar una política de esa naturaleza. Para que el problema habitacional encuentre una vía de solución efectiva es necesaria la aplicación de una política que de lugar al pleno desarrollo económico sin el estímulo del estado pero sin los obstáculos que el estado argentino interpone a la inversión de riesgo.

La cobertura del déficit habitacional que padece nuestro país y que fue el detonante de la crisis de los últimos días requiere la puesta en marcha del tipo de políticas que la población y los políticos que esa población vota no desean aplicar. Por eso este apaciguamiento coyuntural difícilmente sirva para avanzar hacia soluciones más duraderas. Es triste decirlo pero, aunque hayamos salido del atolladero en el que estábamos sumidos, no hay margen para creer que esto derivará en una mejoría sustancial de toda la situación. La gente que en su desesperación ocupó el Parque Indoamericano y otros predios seguirá viviendo misérrimamente, los delincuentes y narcotraficantes que se han apoderado de las villas seguirán con sus delitos y los políticos continuarán con sus alquimias institucionales a expensas del pueblo.

No hay, lamentablemente, esperanzas consistentes de que la situación cambie. Pero los liberales debemos decir, con voz bien alta, que nosotros estamos en condiciones de ofrecer respuestas satisfactorias y viables al problema habitacional. No son soluciones fáciles ni demagógicas. Se trata de politivcas que demandan el cumplimiento de ciertas condiciones, la primera de las cuales es la vigencia de un ordenamiento legal que asegure el pleno ejercicio de la propiedad como incentivo para que haya empresas dispuestas a realizar inversiones productivas con la seguridad de que sus ganancias no serán confiscadas. Es necesario, además, que haya una moneda estable para que la inflación no desvalorice los frutos del trabajo, de la producción y de la inversión. En ese marco de seguridad jurídica y estabilidad monetaria, las instituciones financieras encontrarán que el crédito hipotecario es un excelente negocio porque el crecimiento general de la economía abrirá fuentes de trabajo que darán lugar a que mucha gente pueda afrontar el pago de la cuota para tener su casa.

Todo esto no es ciencia ficción. Esto es algo que se puede empezar a poner en marcha ya mismo, hoy si lo deseáramos. No es una solución utópica. Es, por el contrario, un camino posible y a nuestro alcance y es, en definitiva, la solución de fondo, no es un paliativo, no es un parche ni un anuncio mediático. Hay una solución al problema habitacional pero la aplicación de esta solución requiere la puesta en marcha de una política general de orientación liberal. Esto es algo que los políticos y la mayoría del pueblo rechazan. Pero la solución está y los liberales la podemos ofrecer para que el pueblo argentino se beneficie de ella. Es una solución que exige trabajo y esfuerzo, no es una solución mágica. Pero es lo mejor que cabe hacer dentro de las posibilidades humanas. Los milagros no existen. Los liberales no prometemos milagros. Los liberales decimos la verdad. Por eso las soluciones que proponemos son humanamente viables. La alternativa es ocupar el Parque Indoamericano o vivir en una villa miseria. La decisión depende de todos nosotros.

martes, 14 de diciembre de 2010

La situación de estancamiento en el caso de las tierras ocupadas tendrá costos políticos irreparables para el gobierno


Da la sensación de que el conflicto por las tierras usurpadas no tiene solución en el corto plazo y que tendremos que habituarnos a convivir con el hecho de que un grupo de invasores se haya apoderado de espacios que no les pertenecen, sin que haya margen para darle un corte definitivo al problema en forma inmediata. La causa de este estancamiento es que el gobierno nacional se ha autoimpuesto la decisión de no emplear la fuerza para desalojar a los intrusos, motivo por el cual carece del único argumento de disuasión ante el cual los sediciosos estarían dispuestos a ceder. Esa es la razón por la cual el problema, dentro del marco operativo fijado por el kichnerismo, no tiene solución posible y, por el contrario, tenderá a agravarse porque más grupos de marginales seguirán intentando ocupar predios, amparados en la inacción del gobierno.

En este cuadro de situación, muchos intentan responsabilizar de lo que está ocurriendo tanto al gobierno nacional como al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a su líder, Mauricio Macri. Sin perjuicio de las muchas críticas que quepa hacerle a la gestión de Macri desde una perspectiva liberal, en lo referido a este caso hay que señalar que la conducta política de Macri ha sido coherente porque ha sostenido sin vacilaciones las dos posiciones esenciales que es necesario adoptar para resolver el conflcito: 1º) la negativa a negociar el otorgamiento de concesiones a los intrusos para evitar dejar sentado el precedente de que este es un método apropiado para obtener beneficios; 2º) la determinación a emplear la fuerza para desalojar a los invasores si se niegan a retirarse por medios pacíficos. Por supuesto, ambas posiciones están interrelacionadas. Sólo quien esté dispuesto a emplear la fuerza si eso resulta indispensable puede adoptar una postura intransigente como la que las circunstancias reclaman. Macri no tiene margen de maniobra para aplicar la política que él desearía porque no tiene a su disposición una fuerza de seguridad en condiciones de llevar adelante ese curso de gestión.

Es indudablemente cierto que la aplicación de la fuerza para desalojar el parque podría producir más víctimas de las que ya hubo y, por ese motivo, antes de recurrir a ese método, convendría intentar por todos los medios tratar de llegar a soluciones pacíficas. Una alternativa legítima sería la de rodear los terrenos intrusados e impedir el ingreso pero no la salida de cualquier persona, cortando los suministros de alimentos y agua pero, al mismo tiempo, ofreciendo comida y bebida a quienes salgan del predio usurpado. De ese modo, la situación de los intrusos se tornaría insostenible en poco tiempo y, a la vez, se les estarían creando incentivos para desalojar el espacio ocupado. Por supuesto que esta es una política de “mano dura” del tipo de las que el gobierno nacional repudia porque, según la postura kirchnerista, es violatoria de los derechos humanos. Pero precisamente como consecuencia de la política kirchnerista llegamos a esta situación, de modo que bien se impone un cambio de rumbo.

Pero por el momento no se vislumbra que el gobierno vaya a decidir un cambio de política, de modo que probablemente la situación no se resuelva y esto continúe así por tiempo indefinido. No es posible por el momento evaluar cuáles serán, pero es indudable que todo esto tendrá consecuencias importantes en términos políticos y que esas consecuencias seguramente incidirán en la evolución del problema. Si antes de que estas ocupaciones estallen el gobierno ya tenía un importante desgaste (aunque se hubiera revertido circunstancialmente por la muerte de Kirchner) esto seguramente terminará por hundir definitivamente la imagen y la intención de voto del oficialismo. Y en las grietas políticas que las ocupaciones de terrenos están dejando abiertas seguramente aparecerán los resquicios para que surjan proyectos que permitan dejar atrás de una buena vez a la lacra kirchnerista.

lunes, 13 de diciembre de 2010

Con un proyecto liberal de largo plazo, problemas como el de Sodati nunca existirían


La crisis suscitada en Soldati no registra por el momento avances visibles. Se ha logrado, dentro de límites muy precarios, evitar que sigan produciéndose incidentes de gravedad extrema pero, por el momento, no se vislumbra solución alguna al problema. La dificultad para llegar a una solución radica en que, como lo sostiene el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, si se accede al pedido de otorgar viviendas a los ocupantes del parque, se está estimulando a que esa práctica se generalice. Pero esto deja la situación en punto muerto porque la alternativa sería el desalojo de los intrusos, algo que el gobierno nacional no quiere hacer para no exponerse a que haya víctimas. En estas condiciones, el problema no tiene solución.

Este punto muerto provoca, irremediablemente, que la tensión en el lugar aumente y que el riesgo de que cualquier chispa haga estallar el polvorín se torne mayor minuto a minuto. Si alguien quisiera conocer una versión en pequeño de cómo es la vida en la frontera palestino-israelí, puede darse una vuelta por el Parque Indoamericano de la Ciudad de Buenos Aires y tendrá seguramente una idea aproximada. Las cuestiones que están en juego son mucho menos relevantes pero el estado de ánimo seguramente se parece bastante. Quizá la mayor diferencia es que en la frontera de Medio Oriente los ejércitos, cuando es necesario, están dispuestos a matar, algo que acá está vedado pero, en cuanto a la tensión, aquí tenemos una “muestra gratis” del problema mayor.

Es imposible predecir cómo concluirá este conflicto pero hay algo que sí es importante señalar, que es el hecho de que este conflicto acentúa las evidencias de que el ciclo político kirchnerista está agotado –lo está desde hace más de dos años pero hasta ahora el gobierno ha logrado estirar su agonía- y que se perfila un 2011 con el país inmerso en un creciente proceso de anarquización.

Todo esto, naturalmente, es la consecuencia lógica y previsible de la metodología de gestión del kirchnerismo, consistente en nunca resolver un problema sino en apelar siempre a los “parches”, dejando las soluciones definitivas postergadas para tiempos inciertos. El aporte más significativo que los liberales podemos hacer a este problema, en vista de que no podemos aportar remedios efectivos porque carecemos del poder para eso, es subrayar que la causa de que este tipo de conflictos se susciten es la habitual práctica de buscar paliativos coyunturales que sólo sirven para esconder el problema real pero no buscar soluciones de fondo y sustentables en el tiempo.

En ese sentido, el liberalismo es la contracara del kirchnerismo. La esencia del liberalismo es buscar soluciones profundas y definitivas a los problemas, a diferencia de lo que hace este gobierno –y todos los gobiernos populistas en general- que consiste en tratar de eliminar los efectos de los problemas pero no atacar las causas. Todo este problema en Soldati no existiría si el gobierno hubiese aplicado, cuando accedió al poder, una política general acertada, contribuyendo a consolidar la seguridad jurídica y garantizando la estabilidad de la moneda. En ese contexto, el crecimiento de la economía hubiese sido sustentable y el clima de confianza hubiera estimulado la inversión productiva de riesgo. En ese contexto, seguramente hubiesen aparecido entidades financieras dispuestas a otorgar créditos hipotecarios que permitirían que mucha gente obtenga su vivienda por medios legítimos y a la que podría acceder en función de que habría buenas fuentes de empleo, que darían la posibilidad de pagar los créditos recibidos.

Todo esto no es “Argentina año verde”. Todo esto es posible aquí y ahora. Sólo es necesario llevar adelante las políticas tendientes a que este proyecto se concrete. Por supuesto que la puesta en marcha de esas políticas implicaría dejar de lado todos los supuestos en base a los cuales el kirchnerismo se ha venido desenvolviendo. Pero ese es un problema de los kirchneristas. Las soluciones liberales están siempre disponibles y su eficacia está probada. La puesta en aplicación depende de quienes tienen la facultad de tomar la decisión. Si no quieren hacerlo, no se lamenten después por las consecuencias.

sábado, 11 de diciembre de 2010

"Libertad querida!" hace su presentación pública - EL MIERCOLES, TODOS LOS LIBERALES AL FOUR SEASONS!!!


“Libertad querida! – El Tea Party argentino”, será presentado públicamente el próximo miércoles a las 18 hs con un acto “a toda orquesta” donde habrá oradores representativos de todas las corrientes del liberalismo, shows artísticos, entrega de reconocimientos a figuras representativas del liberalismo y un compilado cinematográfico con escenas de diferentes películas alusivas a la temática de la libertad. La organización del acto está a cargo del educador liberal Eduardo Marty, quien destaca el hecho de que alrededor de este movimiento se han nucleado varias generaciones y varias vertientes del liberalismo.

“Esto es un movimiento, más que un partido político. Nuestra intención es reflotar las ideas liberales e instalarlas en los medios y en los partidos políticos”, explica Marty, quien enfatiza además en la solidez de la formación técnica y teórica de los actuales representantes del liberalismo.

“Hay muchos chicos que han leído a Mises, a Rothbard, a Hayek. Son muy buenos objetivistas, están muy organizados y tienen una gran capacidad para defender el sistema de la libertad desde el punto de vista moral. Además, entre los divulgadores del liberalismo hay muchos oradores que tienen una larga experiencia dando clases. Creo que el liberalismo tiene una base de por lo menos 300 tipos con una formación muy sólida”, se entusiasma Marty.

El acto del próximo miércoles será una manera de congregar a todo ese conglomerado, donde estarán presentes exponentes de diferentes corrientes del liberalismo, que usualmente solían potenciar sus diferencias pero que ahora, en buena medida sumándose al impulso inicial de Marty, han acordado sumarse de manera espontánea para sostener principios que son comunes a todos.

La reunión tendrá en su inicio un show del artista brasileño Renato Dos Santos, luego se realizará una entrega de reconocimientos a un grupo de diez personalidades que acreditan méritos como “defensores de la libertad”, después de lo cual se entonará una versión “liberal” del tango “Uno”.

Posteriormente habrá un break donde se servirá un catering, después de lo cual comenzará la primera ronda de cinco oradores, que dispondrán de entre cinco y siete minutos para expresarse, cada uno de ellos acerca de algún tema determinado. Concluida esa primera tanda, se emitirá el compilado cinematográfico realizado por María Marty. Inmediatamente habrá una segunda ronda de cuatro oradores y luego habrá otro número artístico a cargo del cantante Denis, para después dar paso a las intervenciones de los últimos cuatro oradores.

Para el final está prevista una nueva interpretación del artista brasileño Renato Dos Santos, quien promete una versión “remixada” del clásico “Vocé abusou” convertida en “Cristina abusou”. Por último, el cierre del acto estará a cargo de Eduardo Marty, quien oficiará como maestro de ceremonias a lo largo de todo el desarrollo de la reunión.

“Libertad querida!”, que nació de un modo inorgánico, espontáneo, vocacional, se presentará en sociedad el próximo miércoles a las 18 hs. en el Hotel Four Seasons, Posadas 1086, Buenos Aires y la lista de oradores está integrada por personalidades tan meritorias como Agustìn Etchebarne, Marcos Hilding Olson, Ana Caprav, Ernesto Killner, Gonzalo Blousson, Luis Meisen, Francisco Bosch, Santiago Lozano, Guillermo Yeatts, Gustavo Lazzari, Roberto Cachanosky, Alberto Medina Mendez y Enrique Duhau. No nos queda, en consecuencia, más que desear que este acto sea un gran éxito y que no sea el último sino el punto de partida de muchas más convocatorias similares, grandes y pequeñas, que contribuyan a esparcir y hacer germinar la semilla de la libertad en todos los rincones de nuestro país.

viernes, 10 de diciembre de 2010

La crisis del Parque Indoamericano no tiene solución dentro de la lógica kirchnerista


La crisis del Parque Indoamericano de la Capital Federal pone en evidencia el agotamiento del modelo de gobernabilidad kirchnerista. Lo que está sucediendo era previsible: un grupo de ocupantes de terrenos ajenos, sabedores de que el gobierno tiene como política establecida la renuncia al uso de la fuerza, aprovechan la pasividad del estado para avasallar los derechos de terceros... Era obvio que esto era lo que iba a suceder y, si no se rectifica la política que el gobierno aplica (más apropiado sería hablar de “la política que el gobierno no aplica”) el problema no sólo no se resolverá sino que se agravará porque los mismos métodos se irán aplicando en zonas más céntricas y conflictivas de la ciudad. La pasividad del gobierno estimula a los activistas a apoderarse de lo que no es suyo porque, como nadie se los impide y no sienten escrúpulos éticos porque invocan “la necesidad”, actúan con total desparpajo.

La conducta del kirchnerismo tiene una lógica, no es caprichosa. La adopción de una política firme frente a los abusos de los ocupantes conlleva el riesgo de que se produzcan víctimas, como sucedió esta semana en Soldati. Y cuando hay víctimas, el gobierno, encerrado en su visión “montonera” de los derechos humanos, considera, sin analizar la situación en lo más mínimo, que se trató de un abuso de las fuerzas de seguridad. De ese modo, el estado se queda sin recursos prácticos para evitar la acción de los ocupantes, quienes sí actúan sin temor a ejercer la fuerza física ante la cual nada se opone porque el estado kirchnerista ha renunciado a oponer una fuerza aún mayor aunque tiene derecho a hacerlo en nombre del orden social. La solución que el kirchnerismo trata de aplicar para estos casos es la de hacer algunas concesiones (por ejemplo, otorgar títulos de propiedad a quienes se apoderaron por la fuerza de terrenos o viviendas que no les pertenecen) con el fin de pactar, a cambio de eso, una limitación de los abusos. Pero esa política es inviable en el largo plazo. Después de más de siete años de practicar el mismo método, está pasando lo que era previsible, es decir, que los grupos de marginales que avanzan sobre propiedades ajenas, aumentan sus exigencias, sabiendo de que el gobierno, al haber renunciado al empleo de la fuerza, no tiene otra opción que ceder ante sus exigencias. El error radica en no aplicar una política firme frente a estos avasallamientos y en no estar dispuesto a emplear la fuerza en circunstancias extremas si eso fuera necesario. Por supuesto que el empleo de la fuerza para rechazar los avasallamientos de los ocupantes es inconsistente con la gestión de un gobierno que hace una utilización demagógica de las apelaciones a las violaciones de los derechos humanos hace 35 años y por eso el kirchnerismo está encerrado en un callejón dialéctico del que no tiene modo de salir.

El problema planteado en Soldati no tiene solución dentro de los márgenes políticos en los que el kirchnerismo se mueve. Para resolver este problema es necesario aplicar una política diferente, en la cual el empleo de la fuerza no esté descartado, al menos como última opción. El estado tiene derecho a emplear la fuerza para garantizar el orden público y, ante la acción de grupos que vulneran los derechos de terceros, no sólo es legítimo sino que es imperioso que las fuerzas de seguridad operen con firmeza para evitar las ocupaciones y eventualmente expulsar a los ocupantes de predios o propiedades públicos o privados que hayan ocupado arbitrariamente. Por supuesto que, antes de emplear la fuerza, es aconsejable concentrar los esfuerzos en lograr soluciones pacíficas, siempre que estas no impliquen el otorgamiento de concesiones que resulten inaceptables en términos jurídicos. Pero si los métodos pacíficos no producen resultados, el estado debe estar dispuesto a hacer uso de la fuerza, en la medida de lo posible reduciendo al máximo las posibilidades de que se produzcan víctimas pero asumiendo, en última instancia, ese riesgo. Como el kirchnerismo se niega a afrontar esa hipótesis, este problema no tiene solución y es probable que la situación se agrave de ahora en más. Para encontrar una solución hay que cambiar el gobierno. El año que viene hay elecciones. Que la población lo tenga en cuenta.

jueves, 9 de diciembre de 2010

El liberalismo tiene respuestas para el problema de la exclusión social


Los acontecimientos sucedidos en Villa Soldati, donde un operativo policial para desalojar un terreno tomado por marginales derivó en la muerte de dos personas y el consiguiente conflicto posterior, son, todo ello, consecuencia del fenómeno de la exclusión social, sumamente extendido en nuestro país. Es un hecho objetivamente perceptible que en Argentina hay mucha gente que no tiene la posibilidad de vivir y progresar por medio de su trabajo, principalmente porque no hay fuentes de empleo suficientes para todos los habitantes. Ante esta circunstancia, surgen el fenómeno de la ocupación de terrenos y la generación de métodos de supervivencia reñidos con la ley y con el respeto por los derechos ajenos. La cuestión que viene al caso puntualizar es que el liberalismo tiene respuestas apropiadas para esos problemas.

Las políticas estatistas e intervencionistas aplicadas durante muchas décadas han provocado un incremento en la marginalidad, la cual ha sido aprovechada por los propios gobiernos que motorizaron esas mismas políticas, precisamente porque a estos gobiernos no les conviene eliminar esos focos de exclusión social. La actitud frente a la exclusión social marca la diferencia esencial entre el liberalismo y los gobiernos populistas.

El método a través del cual los gobiernos populistas han institucionalizado la marginalidad social es la práctica que en el vocabulario político argentino se llama “clientelismo”, el cual consiste en conceder pequeños beneficios a los marginales para que puedan ir sobreviviendo día a día, en muchos casos a cambio de apoyos que aseguren la continuidad en el poder de los gobernantes que ofrecen esas limosnas. Desde un punto de vista liberal esas prácticas son repudiables porque si bien ayudan a la supervivencia diaria, perpetúan el sistema que condena a esas personas a una existencia marginal y precaria.

La respuesta que el liberalismo ofrece al problema de la marginalidad no consiste en perpetuarla sino en poner en práctica políticas que conduzcan a la inclusión social de aquellos que están excluidos del sistema económico-social. Para que una persona se inserte en el sistema y pueda vivir dignamente, es necesario que tenga trabajo, que pueda ganarse la vida por sí misma, que no tenga que depender de la ayuda estatal para sobrevivir día a día. La respuesta del liberalismo frente al problema de la marginalidad social es más eficiente que la de los gobiernos estatistas y populistas porque consiste en crear las condiciones para que la marginalidad tienda a ser reducida y eventualmente eliminada.

Hay indudablemente fallas severas en la comunicación de las propuestas liberales, que tienden a soslayar estos contenidos de sus expresiones programáticas habituales, hecho que explica en buena medida el ostracismo político en el que el liberalismo está sumido en Argentina. Si nosotros mismos nos encerramos en nuestras consideraciones conceptuales teóricas y soslayamos las oportunidades que las circunstancias nos ofrecen de presentar respuestas satisfactorias a los problemas concretos que afectan a la sociedad, es natural que no seamos capaces de obtener adhesiones populares relevantes.

No es del caso detallar aquí los argumentos que los liberales podemos esgrimir para sustentar nuestra capacidad para dar respuestas al problema de la marginalidad social. Ese tema excede los breves alcances de un artículo bloguero. Pero sí es bueno que tengamos en cuenta que debemos dar la batalla política en el terreno de los hechos y no en el plano de las ideas. Porque el pueblo demanda respuestas concretas a sus demandas concretas. Desde el liberalismo podemos generar esas respuestas. Pero debemos ponernos en sintonía con los reclamos populares y salir del laboratorio de las conceptualizaciones teóricas. De lo contrario, seguiremos teniendo razón pero los votos y el poder se dirigirán hacia otras direcciones.

martes, 7 de diciembre de 2010

Moyano, en una situación de debilidad política


El sindicalista Hugo Moyano no está pasando por un buen momento. La justicia lo acosa por maniobras sospechosas en la obra social de su gremio, donde está involucrada la propia esposa de Moyano, y el gobierno que tanto lo prohijó le está dando la espalda, lo cual es lógico porque, si no le impusieran límites, el líder camionero, consecuente con sus prácticas habituales, avasallaría a sus propios aliados. Huelga decir que el hecho de que Moyano se encuentre políticamente debilitado es un dato positivo de la realidad.

Moyano había empezado a tener problemas antes de la muerte de Néstor Kirchner y circulan versiones –nunca definitivamente confirmadas pero tampoco negadas abiertamente- de que la noche previa al fallecimiento del ex presidente ambos discutieron agriamente porque el camionero percibía que el ex presidente no le prestaba todo el apoyo político esperado. Días antes, una reunión del peronismo bonaerense convocada por Moyano había fracasado por falta de quorum ante la orden de Kirchner a sus seguidores de que no concurran al encuentro. De ahí en más, Moyano pasó a depender de Daniel Scioli para poder conseguir quorum, hecho que marca nítidamente que el proyecto hegemónico de Moyano encontró un límite que no ha podido superar.

Moyano es un personaje absolutamente impopular que había encontrado un marco favorable para su desenvolvimiento durante el gobierno de Kirchner, quien convalidaba sus actos patoteriles porque le resultaban funcionales a sus planes de conflicto permanente, en particular con cualquier foco de poder o acción que estuviera fuera del control gubernamental. De ese modo, había una alianza entre Kirchner y Moyano porque ambos se resultaban mutuamente funcionales. Pero ya en los últimos tramos de la vida de Kirchner estaba pasando que Moyano se había tornado difícil de manejar porque no se sometía a las directivas políticas del jefe sino que operaba por cuenta propia. Típicamente, Moyano promovía bloqueos contra empresas que tuvieran empleados afiliados a otros gremios a los que el camionero forzaba a volcarse hacia su sindicato. Estas prácticas provocaban serios problemas a toda la productividad de la economía. En ocasión del bloqueo a la firma SIDERAR, la carencia de acero estuvo a punto de paralizar gran parte de la industria del país, por ejemplo.

En este contexto, Moyano se encontró con falta de apoyo político y el asedio de la justicia por supuestas maniobras ilegales referidas a la comercialización de medicamentos. El negocio ilegal del que se acusa a la obra social camionera está relacionado –como tantas otras operatorias similares- con la intromisión del estado donde debería mantenerse al margen. El estado paga reintegros a las obras sociales sindicales por una parte de los costos que estas afrontan por la provisión de prestaciones medicinales (si el estado se hace cargo de los costos, no se entiende para qué existe la estructura burocrática de las obras sociales pero ése es otro debate). La acusación que pesa sobre la obra social controlada por Moyano es la de declarar un número mucho mayor de prestaciones que las que efectivamente se realizaron. De ese modo, el monto recibido por los reintegros estatales es sustancialmente mayor.

Es posible que estemos en los momentos iniciales de la decadencia política de Moyano. Aunque esto no va a implicar la desaparición ni mucho menos de la nefasta burocracia sindical peronista, al menos es positivo que su exponente más reprochable esté en una situación de debilidad política. Dentro del largo proceso que demandará el desmantelamiento del aparato burocrático del sindicalismo, la desestabilización de Moyano sería una noticia positiva. Otros líderes sindicales poderosos –Lorenzo Miguel, Ubaldini, Triaca- pasaron al ostracismo una vez superado su momento de esplendor. Quizá empiece a prefigurarse el ocaso del camionero Moyano.

lunes, 6 de diciembre de 2010

Un clima político más calmo podría abrirle oportunidades al liberalismo


A 40 días de la muerte de Néstor Kirchner, la dinámica política argentina se ha ido tranquilizando. Las posiciones y el estilo del gobierno son menos violentos que cuanto lo eran en vida de Kirchner. No hay diálogo, no hay convivencia, no hay relaciones fluidas entre gobierno y oposición pero al menos no hay la violencia verbal ni el maltrato característicos de cuando Kirchner estaba con vida. Estos hechos, al menos coyunturalmente, son positivos. Se trata de pequeños primeros pasos tendientes al restablecimiento de un clima de racionalidad que la presencia de Kirchner tornaba imposible.

Ahora bien, es necesario decir que esto no es kirchnerismo. La idea de un kirchnerismo sin confrontaciones es una contradicción semántica. La idea de que el kirchnerismo no ataque a los medios, a los empresarios, a los opositores, etc. constituye una negación de la esencia del gobierno. ¡Gracias a Dios que esto esté sucediendo! Esto significa que, efectivamente, la muerte de Kirchner parecería estar dejando la puerta abierta a una nueva etapa.

Es también probable que esta nueva etapa no obedezca a una decisión deliberada del gobierno sino, más bien, a un fenómeno espontáneo, el cual consiste en que, al no estar presente el factor que motorizaba la confrontación –Kirchner- la confrontación tiende a desaparecer porque un nivel de enfrentamiento tan encarnizado no está en la esencia del cuadro político ni del clima social del país.

Un cambio en el clima político y social del país favorece la posibilidad de una evolución –que al principio será seguramente imperceptible- hacia la posibilidad de abrir espacios para la presentación de propuestas liberales. Y éste es un hecho positivo... Es bueno que haya un clima político menos violento porque en ese contexto es posible hacer uso del recurso de la racionalidad en el cual el liberalismo es fuerte. Cuando no hay margen para apelar a argumentaciones conceptuales porque los debates se plantean en términos de “todo o nada”, de “blanco o negro”, de “amigo y enemigo”, las posibilidades de lograr que los planteos del liberalismo obtengan adhesiones se achican porque las pasiones desbordan a la razón, que es el fundamento metodológico del liberalismo.

En ese sentido, la muerte de Kirchner ha provocado un efecto político positivo. Aunque la viuda sostenga que “honra su memoria” y que actúa “como él lo hubiera hecho”, lo cierto es que esto no es así. El “cristinismo” es diferente del “nestorismo”. Cuando Kirchner vivía, la conducta de la Señora estaba condicionada por la influencia de su marido. Muerto Kirchner y puesta ante la obligación de gobernar todos los días, la Señora al menos procura no atizar el fuego de las confrontaciones irreductibles como lo hacía su marido. Probablemente lo haga menos por convicción que por necesidad. La viuda actúa de este modo porque no se siente lo suficientemente fuerte como para provocar conflictos todos los días, como Kirchner lo hacía, envalentonado por su convicción de que era invencible.

Es difícil, en este contexto, predecir cuál será el futuro político del país. Recién ahora se están decantando con claridad las consecuencias de la muerte de Kirchner. Es improbable que la buena imagen que la Presidenta cosechó como consecuencia de su viudez se sostenga indefinidamente y por eso los planes que promueven el aprovechamiento de esa coyuntura para impulsar la reelección probablemente concluyan por desvanecerse. Pero el clima de apertura existente prefigura reacomodamientos importantes, en particular en el peronismo. Las grietas que se irán abriendo probablemente dejen resquicios como para empezar a inocular, incipientemente, contenidos liberales en la dinámica de la vida política. Quizá, aunque ahora no se perciba con nitidez, se nos esté empezando a abrir una oportunidad. Si esta oportunidad se nos presenta, debemos estar atentos para saber aprovecharla.

viernes, 3 de diciembre de 2010

Ricardito Alfonsín lanza su candidatura presidencial. Que Dios se apiade de nosotros


El dirigente radical Ricardo Alfonsín lanzará hoy su candidatura presidencial con un acto en el centro de la Capital Federal. Se trata de un acto legítimo en el marco de la democracia pero que no deja margen más que para una visión que oscila entre la crítica y el desdén...

Ricardito Alfonsín no tiene otro mérito político que ser el hijo de un ex presidente que desarrolló una gestión desastrosa pero a quien algunos segmentos de la ciudadanía valoran por haber sido el símbolo del restablecimiento de la democracia. Alfonsín padre debió alejarse del gobierno seis meses antes de concluir su mandato porque su gestión desencadenó una hiperinflación descontrolada que derivó en un caos generalizado. A pesar de eso, había quienes valoraban la figura de Raúl Alfonsín y, después de su muerte, su hijo Ricardo capitalizó, sin haber hecho ningún mérito propio, las adhesiones que el padre aún suscitaba. Ante la indigencia de dirigentes políticos atractivos, el hecho de ser el hijo de Raúl Alfonsín parece ser un factor suficiente como para sustentar ambiciones presidenciales.

Ricardo Alfonsín está, naturalmente, enrolado en la misma línea político-ideológica que su padre, es decir, en una socialdemocracia improvisada, que santifica el intervencionismo del estado con el propósito de distribuir bienestar a los sectores supuestamente “postergados” para establecer una imaginariamente justa “equidad social”. Por supuesto, todo esto viene envuelto en una retórica reivindicativa contra las supuestas injusticias del ordenamiento económico y, como es habitual, endilgando al mercado las consecuencias que se producen precisamente por interferir en su desenvolvimiento. Ricardito Alfonsín no tiene ni pretende tener la menor originalidad. Que por causa de los proyectos basados en esos discursos el país esté destrozado no es algo que parezca importarle en lo más mínimo, por cierto, a él ni a sus seguidores, entre los que se encuentran conspicuos radicales, destacándose Juan Manuel Casella, ex ministro de Papá Alfonsín, autor de la frase “un prurito constitucional no nos puede hacer prescindir de una figura de la dimensión de Alfonsín” (se refería al padre, naturalmente)...

El proyecto de Alfonsín no difiere en contenido, aunque sí en las formas, por cierto, del proyecto kirchnerista. Se da por descontado que Ricardito será más democrático, más respetuoso de las libertades ajenas y tendrá menos propensiones hegemónicas (o, al menos, no serán tan ostensibles) que la lacra kirchnerista. Pero, por el mismo motivo, un hipotético gobierno de Ricardito será más débil y más proclive a derivar en anarquía que la gestión del kirchnerismo, en particular porque deberá enfrentarse con el sindicalismo peronista duro que se ocupará de “hacerle la vida imposible” desde el primer día. Si Papá Alfonsín no supo afrontar las relaciones con los sindicalistas, mucho menos podría esperarse que su heredero –que tiene muchos menos méritos probados que el padre quien, al menos, llegó al poder por sus propias condiciones, no por herencia- pueda lidiar con semejante hidra.

Es bastante probable que la población perciba las limitaciones del proyecto de Ricardito y por eso se trata de una candidatura con muy limitadas posibilidades de prosperar, a pesar de que, en este momento, las siempre mudadizas encuestas lo muestren en una buena posición. Pero el propio hecho de que asuma oficialmente su condición de “presidenciable” lo va a perjudicar porque lo va a exponer notoriamente. Cuando la ciudadanía tome plena conciencia de que podría producirse un retorno de todo lo que el alfonsinismo representa, por ese mismo motivo la candidatura de Ricardito tenderá a desgastarse. Y si así no sucede, los argentinos nos tendremos merecidas todas las calamidades que la llegada de Ricardito a la Rosada podría prefigurar. Pero, de todos modos, confiemos en que Ricardito seguirá siendo una figura folklórica y simbólica y no un político con poder efectivo. Dios quiera que así sea.

jueves, 2 de diciembre de 2010

Los anuncios presidenciales demuestran los alcances pero sobre todo los límites de la política kichnerista


Los anuncios formulados recientemente por la Presidenta, que prometen continuar en los próximos días, ponen claramente de manifiesto los alcances y también los límites de la política kirchnerista. La Presidenta anunció -y proyecta ampliar esos anuncios en los próximos días-aumentos ocasionales para los jubilados que menores haberes perciben y para los beneficiarios de pensiones no contributivas (invalidez, vejez o madres de más de siete hijos) y un incremento en los montos y los alcances de la asignación universal por hijo. ¿Qué conclusión extraemos de todo esto? Pues, que el kirchnerismo da limosna para hacer más llevadera la pobreza pero no hace nada para eliminar esa misma pobreza.

Esta forma de actuar representa la esencia del populismo. La idea es que los pobres sigan siéndolo para que siga siendo posible manipularlos pero no que dejen atrás la pobreza porque eso los hará más independientes del gobierno y los puede llevar a adoptar posturas que no convengan a los intereses políticos del kirchnerismo. Por supuesto, este mecanismo sólo puede funcionar en el contexto de un pueblo que carece de esperanzas y de ilusiones a largo plazo, que no sueña con crecer, con evolucionar, con mejorar, con tener un futuro mejor. El kirchnerismo sólo puede existir en el contexto de una sociedad desilusionada, descreída, carente de proyectos y de ambiciones.

Pero además de aprovechar la coyuntura, el gobierno se encarga cuidadosamente de evitar que el pueblo pueda tener otras ambiciones que la mera obtención de una dádiva circunstancial porque se aproxima la navidad. La demagogia kirchnerista no deja margen para nada que no sea adormecer otras demandas que las inmediatas y superficiales, que cambian una pequeña situación circunstancial pero no modifican en absoluto la situación estructural de millones de personas.

Mientras tanto, el discurso de la Presidenta enfatiza en reprobar a los empresarios, que sobreviven como pueden –y en muchos casos también dependen de las dádivas gubernamentales aunque hay quienes sacan partido de ellas- porque se producen lo que la Señora llama eufemísticamente “tensiones sobre algunos precios” que no son otra cosa que aumentos desmedidos provocados por la emisión monetaria que la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont -sumamente allegada a Cristina Fernández, por cierto- desarrolla día a día para financiar ese mismo aparato clientelístico que el gobierno ha montado y que la demagogia presidencial exhibe como un logro trascendente en sus cotidianas apariciones por la cadena nacional.

El interrogante que se plantea es si todo este aparato y toda esta operatoria demagógica serán suficientes para ganar las próximas elecciones. Esto es algo que no está claro. Los tres factores que mencionamos en una nota reciente –la inflación, la inseguridad y la corrupción- indudablemente harán mella en las posibilidades electorales del gobierno. Pero para que el kirchnerismo pierda es necesario que sobrevenga alguien que le gane. Esa perspectiva por el momento no aparece consolidada y ese factor concluye por favorecer las expectativas del oficialismo que, al ofrecer unas pocas migajas, genera en mucha gente la ilusión de que le está yendo mejor y que, al menos, está obteniendo un pequeño beneficio. Y hay que comprender, aunque no la compartamos, esa posición. Quien no tiene otra alternativa es lógico que acepte lo que encuentra a mano y lo único que hay a mano por ahora son las limosnas kirchneristas. Para desactivar ese mecanismo sería necesario ofrecer una alternativa mejor. Ojalá que esa alternativa aparezca.

miércoles, 1 de diciembre de 2010

Obama se parece a De la Rúa


Si alguna consecuencia ha tenido la revelación de los documentos diplomáticos secretos divulgados a través de Wikileaks, es que ha dejado al presidente de Estados Unidos, Barack Obama y a la secretaria de estado, Hillary Clinton, en una situación ridícula. Los documentos no han revelado hasta ahora nada resonante, no se han sabido más que consideraciones personales informales de la diplomacia norteamericana pero nadie se ha enterado de la fórmula para fabricar la bomba atómica hogareña a través de estos documentos. Que Cristina Kirchner es una histérica es algo que ya lo sabíamos desde hace mucho y no necesitamos que el departamento de estado norteamericano nos lo cuente.

Pero el sólo hecho de que toda esa documentación haya trascendido demuestra que, en el seno de los organismos de gobierno de Estados Unidos, opera gente que tiene el deliberado propósito de ridiculizar al presidente, más aún de lo que él se ridiculiza solo. Barack Obama es un verdadero inútil, equiparable, en otra escala, a Fernando De la Rúa. Si semejante masa de documentación trascendió es porque el presidente de Estados Unidos no controla la administración gubernamental de su propio país y, dentro de su propia estructura de gestión, hay funcionarios que consideran oportuno “tirarlo al bombo”. Es obvio que, después de la derrota del Partido Demócrata en las recientes elecciones legislativas, esta inclinación por sabotear la gestión de un presidente debilitado se encuentra incentivada.

Pero todo parte de la inacción, las contradicciones, las vacilaciones, las contramarchas y las indecisiones del Presidente y su equipo de gobierno. Obama apareció en la política como un personaje diferenciado de su antecesor, George W. Bush, cuya gestión sin dudas mereció muchos reparos justificados pero que, al menos, tenía un rumbo perceptible. Bush era limitado, si visión de la realidad era hemipléjica pero Obama no sabe donde está parado. El sentimiento que Bush despertaba en mucha gente era de rechazo a su política, que no era prudente en lo financiero ni en el manejo de las relaciones internacionales. Pero Obama y Clinton ni siquiera tienen una política clara y sus iniciativas carecen de contenido definido. La política de Bush era firme aunque imprudente pero la gestión de Obama es directamente intrascendente. Por eso la asimilamos a la de De la Rúa.

Hay una cierta analogía entre los procesos políticos de Argentina y Estados Unidos. Después de la política unilateral y radicalizada en un solo sentido de Menem, vino De la Rúa, con un perfil pretendidamente más amplio y moderado. El problema es que De la Rúa resultó –previsiblemente, por otra parte- un inoperante. Y la relación entre Bush y Obama responde al mismo patrón: después de un presidente “pasado de rosca” sobrevino otro más cauteloso, prudente y moderado. Pero esas cautela, prudencia y moderación terminaron derivando en una absoluta inoperancia que derivó en que sus subordinados le pierdan el respeto y por eso se prestaron para la operación ejecutada por Wikileaks.

Estados Unidos sigue siendo la principal potencia mundial y su influencia sigue siendo determinante en la marcha global de la humanidad. Pero no seguirá siéndolo indefinidamente si no se da a sí mismo gobiernos que estén a la altura de las circunstancias. Bush por exceso y Obama por defecto (más este último que el anterior) no respondieron a las expectativas que cabía esperar de ellos. Pero entre uno y otro hay claramente una diferencia: Bush creía en una política y la llevaba a cabo, Obama es un inoperante y, en ese sentido es que se parece a De la Rúa. Del mismo modo que la señora Hillary transmite la sensación de ser, más allá de su adquirido barniz de conocimientos aparentes, simplemente la esposa de un político exitoso. Mientras el electorado norteamericano continúe votando en forma tan errónea, muchos de los problemas que entorpecen la dinámica de las relaciones internacionales continuarán sin resolverse.