La mentira del 82 % móvil

La ley sancionada ayer por el Congreso Nacional, que establece el pago del 82 por ciento móvil a los jubilados, no resuelve ningún problema, crea otro y, lo que es aún más grave, desenfoca el verdadero núcleo del problema. El eje de la cuestión es que el estado no tiene por qué hacerse cargo de pagar la jubilación de nadie. La verdadera solución al problema de la subsistencia durante la vejez es la apertura de un mercado de ahorros para el retiro que opere en base al principio de que cada individuo planifique su futuro de acuerdo con su propio criterio personal. Ninguno de los partidos que está representado en el Congreso planteó el problema en estos términos. Todos coinciden en que el pago de las jubilaciones debe estar a cargo del estado, nadie analiza las implicancias de estas decisiones, nadie se hace cargo de lo que el problema representa y nadie piensa en la legitimidad del sistema estatal de reparto. Toda la discusión está planteada en determinar si se puede pagar o no tal o cual monto jubilatorio y si el estado está en condiciones de financiar, con dineros ajenos, esos pagos.

En la práctica, más allá de que el Poder Ejecutivo promulgue o vete la vigencia de esta ley, lo cierto es que es muy probable de que nada de lo escrito en el texto de la normativa aprobada ayer se concrete en los hechos porque el estado tendrá constantemente problemas de financiamiento como consecuencia de la desmesura de su estructura operativa, porque los fondos jubilatorios probablemente sean desviados hacia otros fines políticos y porque la mecánica del sistema de reparto hace que constantemente los egresos crezcan a mayor velocidad que los ingresos. En un sistema de capitalización, esto no sucede porque las inversiones que se van realizando a lo largo de la vida activa permiten aumentar los montos disponibles y cuando la persona deja de tener una actividad productiva –a la edad que cada uno lo desee y no cuando una ley arbitrariamente lo determine- habrá acumulado las reservas suficientes como para sostenerse por los años que le resten de vida. Hay tablas estadísticas que permiten realizar este tipo de cálculos con pautas muy precisas, de modo que el sistema es altamente confiable. Por cierto que en un país tan imprevisible como Argentina la realización de estos análisis se dificulta bastante pero, aún así, un sistema de este tipo funcionaría mucho mejor que el reparto estatal.

Por lo demás, la fijación de un sistema equis para planificar el retiro de la actividad productiva es algo que no tiene por qué ser compulsivo. Cada persona debe ser libre para organizar su vejez como lo desee y tiene 60 años para pensar y ejecutar el plan. Lamentablemente, en este país tan convulsionado, no es usual pensar más que en el diario del día siguiente, un esquema mental que impide evaluar racionalmente el modo de abordar un problema que en la mentalidad de mucha gente se encuentra muy lejos, hasta que la vida se les fue pasando sin darse cuenta y entonces es cuando llegan a ancianos y descubren que la jubilación no les alcanza. El problema es muy extenso y complejo y no es posible agotarlo en un comentario de unas pocas líneas. Pero la ley sancionada ayer por el Congreso dio lugar a que reflexionemos sobre el tema y a que nos hagamos cargo de que la instrumentación de un apropiado sistema de jubilaciones es una cuestión pendiente y que, a pesar de la demagogia cotidiana de los políticos, nunca fue apropiadamente encarado. Con todos sus defectos, el sistema de AFJPs que se había implementado durante el gobierno de Menem, era un paso en la dirección correcta pero la brutalidad kirchnerista, la pusilanimidad de la oposición y el azoramiento de los interesados directos lo tiraron por la borda a fines de 2008. Estamos nuevamente “a fojas cero”. En algún momento habrá que pensar seriamente en el tema, en el marco de un replanteo global de todo el ordenamiento económico.