Un informe presentado por ocho ex secretarios de energía indica que, a lo largo de la gestión del kirchnerismo, el aumento de la demanda de energía está fuertemente por encima de la capacidad de generación actualmente existente. Señala el documento que “esta circunstancia provoca aumento de costos de funcionamiento y restricciones de oferta. Si esto no se corrigiera en el futuro conspiraría contra el funcionamiento del sistema productivo”. La prueba de que el sistema energético no está a la altura de la demanda se encuentra en el hecho de que todos los inviernos, cuando se producen picos de consumo de energía, el gobierno debe solicitar a la industria que modere la producción para no sobreexigir al sistema.
Este es un nuevo ejemplo –uno más entre tantos- de las consecuencias de los enfoques intervencionistas sobre cualquier área del proceso productivo. La energía es un bien como cualquier otro. Hay consumidores de energía –grandes medianos y pequeños- que están dispuestos a pagar por el suministro de ese servicio. Este hecho configura la existencia de un mercado. ¿Cuál es entonces la forma de satisfacer esa demanda? Pues, sencillamente, dejar que los empresarios interesados en prestar el servicio realicen las inversiones destinadas a responder a esa demanda y que obtengan una ganancia en el marco de un mercado competitivo.
En ese contexto, la oferta y la demanda de energía se coordinarían espontáneamente. Se produciría el tipo de energía que cada segmento del mercado demande, se organizaría la distribución para responder a esos requerimientos y se optimizaría el aprovechamiento de la capacidad de generación instalada para responder a las exigencias del mercado con el propósito de lograr la mayor eficiencia en la prestación del servicio. Nada de esto requiere la intervención del estado, es un fenómeno que se produce de manera natural por medio de la información que el sistema de precios entrega tanto a productores como a consumidores, que hace que cada uno se adapte a las condiciones vigentes del modo que individualmente más le convenga.
En este contexto, si el crecimiento de la economía provoca una perspectiva de aumento en la demanda de energía, esa circunstancia opera como un incentivo para la realización de nuevas inversiones a los efectos de dar respuesta a esa mayor demanda porque se abre la oportunidad de aprovechar el negocio sobreviniente. Precisamente este proceso de inversiones en infraestructura energética es lo que no se produce cuando el estado interfiere el mercado porque la señales emitidas por el sistema de precios no llevan a los empresarios a la visión de que pueda haber una oportunidad de negocios ni tampoco existe confiabilidad en que se habrá un marco normativo estable que permita evaluar la conveniencia o no de la inversión y en qué condiciones.
La respuesta del gobierno frente a la publicación de este documento fue la descalificación lisa y llana de los autores. "Parecen cronistas del diario Clarín”, expresó el secretario de energía, Daniel Cameron. Pero esto no es una respuesta válida. La descalificación de las personas que elaboraron el informe no refuta la argumentación contenida en el documento ni desmiente el hecho de que es usual que existan dificultades para garantizar el suministro de energía cuando se producen picos de consumo.
Una de las consecuencias –entre muchas- del intervencionismo del estado en los mercados es la aparición de espacios para la práctica de la corrupción. El documento denuncia ejemplos de corrupción en la concesión de obras. “Del total de las nuevas áreas petroleras licitadas en la provincia de Santa Cruz todas se adjudicaron a empresarios amigos del Gobierno luego de ser descalificadas o desalentadas empresas petroleras nacionales e internacionales con probados antecedentes en la actividad", expresa el trabajo. En un mercado competitivo, donde cada uno asume el riesgo de su propia inversión, no hay espacio para que estas prácticas se puedan producir. Pero es precisamente por eso, para encontrar el modo de favorecer a sus amigos, que el gobierno interfiere los mercados. Cuando son los consumidores y no el gobierno quien toma las decisiones, no hay modo de que aparezcan las concesiones a los empresarios amigos. Un fuerte argumento en favor del libre mercado es que contribuye a la mayor transparencia y honestidad de la gestión económica. No es casual que el kirchnerismo lo fustigue con tanto encono...
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