El saneamiento del Riachuelo y la economía de mercado

Probablemente si hubiera que elegir un ejemplo que exprese de manera visible la ineptitud de los argentinos para organizarnos socialmente en nuestro propio beneficio, difícilmente podría elegirse otro mejor que el estado del Riachuelo que marca el límite sur de la Capital Federal con la Provincia de Buenos Aires. Este no es un problema ideológico, da lo mismo que uno sea liberal o dirigista, de izquierda o de derecha, rico o pobre... La suciedad del Riachuelo es la misma para todos, se trata de un tema donde no hay diferencias de ninguna índole.

Se han hecho infinidad de intentos de sanear el Riachuelo. El más famoso, por lo ridículo, es el de los “mil días” de la señora María Julia. Pero hubo otros antes y los hay actualmente, siempre fallidos. En general, todos los intentos fracasan porque se comete un error de estrategia en la forma de abordar el tema. El saneamiento del Riachuelo empieza por una medida muy poco atractiva y rentable en términos políticos. El paso inicial es interrumpir el proceso de contaminación, algo que no da lugar para la imagen “histórica” del funcionario que quiere lucirse ante las cámaras.

Si no se empieza por dejar de lanzar desechos contaminantes al cauce de la cuenca Matanza-Riachuelo, ninguna acción ulterior de saneamiento será efectiva. La razón de esto es simple y obvia: si se aplica un plan de limpieza de las aguas –por el método técnico que sea- pero antes no se eliminó el vertido de efluentes, todo el trabajo de depuración será inútil porque la contaminación reaparecerá. Esto seguramente parece muy obvio pero nadie lo menciona cuando se hacen los ostentosos anuncios referidos al saneamiento del Riachuelo. Parece obvio ahora porque lo estamos diciendo nosotros pero no se conoce ningún funcionario que lo haya tenido en cuenta.

Si se logra que las fábricas situadas en las márgenes de la cuenca Matanza-Riachuelo dejen de contaminar, la aplicación de alguna metodología de saneamiento pasa a ser una cuestión secundaria porque la propia circulación de agua pura irá haciendo que la contaminación disminuya de manera espontánea y gradual. Eventualmente, la acción humana puede proceder a aplicar algún proceso de purificación que aceleraría todo el proceso pero lo esencial es atacar la causa del problema, que es el vertido de desechos contaminantes en el cauce de agua.

Contrariamente a lo que muchos suponen, la aplicación de medidas que penen el vertido de efluentes contaminantes en los cauces de agua no es en absoluto incompatible con la economía de mercado, en tanto y en cuanto la aplicación de esas sanciones sea absolutamente pareja y equivalente para todas las empresas que incurran en esa práctica. Este es un caso donde la activa intervención del estado es legítima y vale la pena mencionarla para desmentir las acusaciones de que los liberales reivindicamos un estado ausente o inactivo. Lo que los liberales cuestionamos es que el estado incida en acciones donde ejerza su influencia en favor de unos y en desmedro de otros. Pero la preservación del medio ambiente es una acción en beneficio de cualquier persona por el solo hecho de vivir o incluso estar de visita en un lugar cualquiera. En un caso así, la intervención estatal es legítima porque el beneficio que proporciona es universal. Lo que sí es esencial desde un punto de vista liberal es que las normas que exijan “contaminación cero” sean absolutamente parejas y tengan vigencia general y equitativa para todas las compañías que operen en las cercanías de cualquier curso de agua e incluso en cualquier otro lugar. Si se permite a unos echar sus residuos en el Riachuelo –o en cualquier otro espacio donde se esté provocando contaminación- y no se les permite lo mismo a otros, sí se estarían vulnerando los fundamentos del libre mercado porque las reglas dejarían de ser equitativas. El tratamiento de efluentes contaminantes tiene un costo y es obvio que ese costo se trasladará a los precios finales de los productos desarrollados por cada empresa. Si se permite que unas firmas no estén obligados a realizar ese proceso y a otras sí se las obliga a ejecutarlo, se estará vulnerando el principio de equidad jurídica que es esencial para que la economía de mercado opere satisfactoriamente. Como se ve, la preservación del medio ambiente no es una práctica contradictoria con los fundamentos de la economía de mercado. Lo esencial es que absolutamente todos dejen de contaminar. Así, el doble propósito de preservar la limpieza y la transparencia del mercado y de conservar la salubridad ambiental quedarán debidamente complementadas y se sustentarán mutuamente de manera armónica.