La presidenta ratificó su preferencia por el estatismo en la educación

La inauguración por parte de la señora presidenta del nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y los conceptos vertidos por Cris nos ofrecen una buena oportunidad para reflexionar acerca de la mal llamada “educación pública y gratuita”. Conviene decir, ante todo, que probablemente no haya transferencia de recursos más regresiva que la educación universitaria no arancelada. No se puede hablar de “educación gratuita” porque tal cosa constituye una falsedad. El costo de la educación es afrontado por alguien que no es el estudiante que la recibe pero eso no significa en modo alguno que dichos estudios no exijan erogaciones.

La mal llamada “educación pública y gratuita” es costeada con fondos estatales obtenidos esencialmente a través de impuestos. ¿Quién paga esos impuestos? Todos los ciudadanos. ¿Y quién se beneficia de la instrucción impartida en las universidades estatales? Evidentemente, los estudiantes que allí estudian. Esto significa, por ejemplo, que el IVA cobrado a la gaseosa comprada por un modesto trabajador de la zafra tucumana o el paquete de azúcar adquirido por el beneficiario de un plan social del Gran Buenos Aires se destina a financiar los estudios de un joven que estaciona su auto en la Ciudad Universitaria. Sería bueno que los partidarios de la “educación pública y gratuita” expliquen el “modus operandi” de este esquema de redistribución de los recursos. La “universidad pública y gratuita” implica, esencialmente, sacarle a los pobres para darle a los ricos. A pesar de eso, se la sigue reivindicando en nombre de la “igualdad de oportunidades” y constituye una de las “banderas no negociables” de la izquierda. Los liberales, que reivindicamos el simple hecho de que la educación sea pagada por quien la recibe, somos “los malos de la película”.

Por supuesto que este enfoque supone reformular globalmente el ordenamiento social y los valores en los que se sustenta. La idea de que la universidad debe ser “pública y gratuita” está fuertemente arraigada en nuestro país y el planteo de que se reduzcan sustancialmente los impuestos para que el estado se retraiga de la participación en la prestación de servicios educativos y que estos queden a cargo de quien los usufructúa prácticamente no tiene consenso alguno en nuestro país. Más todavía, aún quienes reivindicamos la privatización del sistema educativo debemos admitir que este tema está lejos de ser prioritario. Pero sí al menos es bueno que haya conciencia de lo que ocurre, es decir, de que no existe la “educación pública y gratuita”.

Cada vez que se plantea este tema, se pone sobre el tapete el argumento de que, en su momento, Sarmiento impulsó la educación estatal y si el enfoque en favor de la privatización de la educación fuera legítimo, deberíamos concluir que Sarmiento se equivocó. Pero este es el tipo de cuestiones en las cuales hay que saber evaluar cada circunstancia en particular e insertarla en su contexto. Así como es posible reconocer que aún ahora la privatización del sistema educativo no es una prioridad, también es posible entender que en la época de Sarmiento había prioridades básicas que explicaban su política educativa.

Cada política tiene su momento pero las verdades lo son siempre. El hecho de que la “educación pública y gratuita” implica una transferencia de recursos desde el estado hacia los que reciben esa educación es incuestionable, en la época de Sarmiento, ahora y en el futuro. La posición a adoptar frente a ese tema es una cuestión política y, como cualquier otro asunto de esa índole, está condicionado por la oportunidad. Es admisible que, en el estado de postración en el que nuestro país se encuentra actualmente, no haya margen para encarar un proceso enérgico de privatización del sistema educativo. Pero no por eso esa iniciativa deja de ser correcta tanto por razones económicas como pedagógicas. La presidenta, al reivindicar la “educación pública y gratuita” –que no es tal porque es solventada por los contribuyentes- demuestra que transita en la dirección equivocada, en la misma dirección equivocada por la cual nuestro país circula desde hace 60 o 70 años. Quince millones de pobres, inflación, precariedad en todos los órdenes de la vida, inseguridad, corrupción, clientelismo y muchos males más son las consecuencias de ese sistema. Sería bueno que pensemos en recorrer un camino más promisorio.