La bancarización forzosa que impulsa el gobierno colisiona con los intereses populares

El Banco Central y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) están trabajando en una iniciativa destinada a obligar a los minoristas que no la posean a que incorporen una terminal para procesar pagos por medios electrónicos. La iniciativa surgió después del faltante de billetes verificado en las últimas semanas y la AFIP, consecuente con su conocida voracidad para aumentar la presión impositiva, adhiere a la idea porque de ese modo espera disponer de mayores elementos para ejercer control sobre los movimientos económicos de empresas, comercios y ciudadanos. El propósito de este proyecto es inducir una mayor bancarización de la economía.

Como de costumbre, coherente con su habitual torpeza, el gobierno ataca los efectos y no las causas de los problemas. Es indudablemente cierto que el índice de bancarización de la economía argentino es bajo. Pero existen múltiples razones para que así ocurra y el hecho de sancionar una disposición para que los comercios tengan la obligación de incorporar terminales electrónicas para procesar pagos con tarjetas no contribuye en nada a resolver el problema. La gente no paga con tarjeta, sencillamente, porque no le conviene. Para pagar con tarjeta hay que tener cuenta en un banco, donde los costos de mantenimiento de las cuentas son muy elevados y además implica blanquear ingresos que luego pueden ser auditados y gravados por la AFIP. Como la presión impositiva es altísima, la gente prefiere manejar en todo cuanto sea posible su dinero por el circuito informal –es decir, en “negro”- de modo de estar fuera del alcance de los recaudadores impositivos, en particular considerando el uso que el gobierno hace de esos fondos de los que se apropia coercitiva y arbitrariamente.

La bancarización es una forma mucho más moderna de organizar la actividad comercial que el pago en efectivo. Pero la aplicación de esa metodología supone un replanteo global de la dinámica de la economía. Lo primero que el gobierno debería hacer para que se logre una mayor bancarización es bajar la presión impositiva. De ese modo, reduciría proporcionalmente los incentivos a la evasión y, por lo tanto, la gente, las empresas, los comercios tenderían a blanquear una mayor proporción de sus movimientos económicos. Si hubiera mayor seguridad jurídica y más eficacia en la operatoria judicial, el negocio bancario se iría modificando gradualmente y, en lugar de cobrar tasas que son usurarias por mantenimiento de cuentas y otros cánones parecidos, los bancos se dedicarían a lo que es específicamente suyo, que es la intermediación financiera. Con un mercado de créditos de mayor volumen, los bancos deberían competir entre sí para captar fondos de los depositantes y eso los induciría a reducir los costos operativos de sus cuentas. Con menores costos por la operatoria bancaria, el nivel de bancarización -que es el efecto que el gobierno busca producir- aumentaría espontáneamente.

El gobierno kirchnerista, ratificando su reconocida ignorancia en lo referido al modo en que opera la economía, intenta nuevamente imponer por decreto y “desde arriba” aquello que, en un orden económico liberal, sucedería con naturalidad. La diferencia entre imponer un orden en forma autoritaria y organizar la economía de manera que eso mismo suceda de forma voluntaria, es que en el orden espontáneo la gente hará lo que evalúe que le conviene, en tanto que en un régimen impuesto coercitivamente hay que apelar a la violencia legalizada para exigir el cumplimiento de las normas, ya que la gente tenderá a oponerse a realizar aquello que no la beneficia. Como siempre sucede, este tipo de proyectos pensados en los escritorios de los burócratas terminan fracasando y el resultado es el empeoramiento generalizado de la situación económica y el deterioro de la calidad de vida del pueblo. El kirchnerismo tiene la mayor de las eficacias en lograr tales objetivos.

Un candidato que presente un perfil menos confrontativo podría ser un adversario de riesgo para el gobierno

Probablemente no haya, en la política argentina actual, interrogante más grande que el referido al modo de diseñar un proyecto apto para competir, desde una posición diferenciada, con los intentos de continuidad del gobierno. Considerando, como lo señalábamos en nuestra nota de ayer, que el contenido del discurso kirchnerista es muy popular, es evidente que una línea ideológicamente diferenciada tiene pocas perspectivas en términos electorales. El pueblo no le prestaría su apoyo a quien promueva un “corrimiento a la derecha”. A pesar de eso, el kirchnerismo no tiene una imagen positiva demasiado alta y, en términos de penetración electoral, muestra flancos débiles que hasta ahora nadie ha logrado explotar satisfactoriamente.

Aunque no hay estudios sociológicos que lo muestren fehacientemente, es altamente probable que el factor que explique una posición crítica de amplios sectores de la población hacia el gobierno, tenga que ver con el estilo confrontativo del kirchnerismo. Esto es algo que genera resquemor en sectores muy amplios de la población. El hecho de que el kirchnerismo esté constantemente generando disputas con adversarios elegidos puntualmente con el fin de establecer una línea divisoria entre “ellos y nosotros” resulta muy chocante con los sentimientos populares. Esa proclividad a la confrontación, manifestada en las conductas de personajes como Aníbal Fernández, Hèctor Timermann, Hugo Moyano, Guillermo Moreno y convalidados y enaltecidos por la viuda presidencial (y bendecidos desde el más allá por "él"), constituye el principal punto débil del oficialismo y ofrece, al mismo tiempo, una oportunidad a quien sea capaz de lanzar un proyecto alternativo.

Eduardo Duhalde dijo recientemente que él será “el candidato del orden”. Por supuesto que las promesas de Duhalde son menos creíbles que los índices inflacionarios informados por el INDEC. (Este Duhalde que hace tantas promesas es el mismo que en su momento aseguró que “quien depositó dólares recibirá dólares”. ¿Por qué habría que creer que ahora sí cumplirá sus compromisos después de que incumpliera los de aquel momento?). Pero esa definición de Duhalde abre un espacio para el análisis político. ¿Qué condición debería cumplir un candidato para resultar electoralmente atractivo y al mismo tiempo presentar un perfil diferenciado del que muestra el gobierno?

Quizá una buena propuesta sería la “concordia”. ¿Qué pasaría si alguien, en una versión diferenciada del kirchnerismo, se postula a sí mismo como “el candidato de la concordia”? Por supuesto, todo depende de la credibilidad del candidato. Pero si quien encarnara un proyecto de ese tipo fuera un dirigente confiable, bien podría tener, a través de esa línea discursiva, la posibilidad de desplazar al kirchnerismo del centro de la escena política.

Algunos, en particular desde los sectores más ideologizados del liberalismo, seguramente criticarán una iniciativa de este tipo con el típico argumento de que se trata de una propuesta “ambigua” o “tibia”. Y, efectivamente algo de eso hay. Pero no se trata de la ambigüedad de no saber qué hacer ni de la tibieza derivada de la falta de convicción sino que se trataría de una estrategia deliberada, destinada a marcar claramente una diferencia con el nefasto gobierno kirchnerista.

Argentina necesita, ante todo, dejar atrás la dinámica de la confrontación “a muerte” que ha sido el rasgo determinante de la gestión del actual gobierno. En un marco de mayor tolerancia, concordia y comprensión, habrá, indudablemente, diferencias ideológicas y programáticas que desencadenarán debates intensos y quizá muy acalorados pero, al menos, respetuosos, una característica que el kirchnerismo, por definición no contiene.

La concordia, la tolerancia, la convivencia, la comprensión mutuas son argumentos válidos para marcar una diferencia nítida con el gobierno kirchnerista en el campo de la competencia electoral. Tal vez a partir de estas premisas sea posible imaginar un camino apto para desalojar al actual oficialismo del poder por medios institucionales inobjetables.

La oposición no encuentra un discurso apropiado para competir con el gobierno

Una razón importante para que resulte difícil plasmar proyectos alternativos al kirchnerismo radica en que la gestión del gobierno incluye muchos contenidos que tienen buena imagen popular. El kichnerismo vende la imagen de que es un gobierno que lucha contra los poderosos que procuran oprimir y explotar al pueblo. Ese discurso, sumado a ciertas acciones específicas que el gobierno lleva adelante, tienen buena llegada en sectores muy masivos de la población del país y resulta complejo oponerse a ese curso de gestión porque, quien intente hacerlo, queda expuesto a la diatriba, la descalificación y el aprete de los sectores pertenecientes al campo “nacional y popular”.

En base a ese desarrollo conceptual, la inflación no es la consecuencia de la política monetaria del gobierno sino de la codicia desenfrenada de los formadores de precios; los hechos delictivos no son el producto de la mala política de seguridad sino de la vigencia de un sistema injusto que excluye a la gente del acceso a las necesidades básicas; los medios periodísticos independientes no informan lo que sucede sino que manipulan la información para servir a los intereses de los grupos económicos concentrados, y así sucesivamente.

Por supuesto, todo esto son mentiras pero hay una amplia mayoría de la población del país para la cual estos argumentos son ciertos. Es real que quienes creen en esas patrañas no se preocupan por verificar la autenticidad de los argumentos gubernamentales. Se manejan con prejuicios que vienen siendo alimentados sistemáticamente desde la primera aparición de Perón en el escenario político y los creen y los aceptan como verdades absolutas sin tomarse la mínima molestia de someterlos a ninguna comprobación. Esto es lo que les resulta cómodo, lo que les permite moverse con soltura por la vida y son también las consideraciones en las que basan la orientación de su voto.

El kirchnerismo ha sabido explotar muy hábilmente, con la incomparable flexibilidad dialéctica de sus representantes, estos prejuicios mezclados con ignorancia que son el sustrato de las inclinaciones políticas de la mayoría de la población. No importa que todos estos argumentos sean falsos. Importa que la gente los crea porque esas creencias son las que condicionan las decisiones electorales. La dificultad para montar un proyecto opositor es que, para oponerse al kirchnerismo, habría que decir que aquello que la gente valora positivamente, está mal.

Esta es la razón de fondo por la cual se produce este fenómeno de que la oposición no se estructura para dar la batalla contra el kirchnerismo. La dificultad radica en que no queda claro cuál sería el lugar que la oposición debería ocupar. Si la oposición presenta un discurso demasiado “liberal” pierde chances y queda expuesta a cuestionamientos desde el gobierno o desde la izquierda. Si el discurso de la oposición se vuelca más a la izquierda, queda identificada con el gobierno.


La idea de que pueda haber un gobierno con el mismo perfil del kirchnerismo pero “más prolijo” en términos institucionales a la mayoría del pueblo no le importa. Lo que la gente espera es que los resultados de la gestión de gobierno sean positivos y, en ese sentido, cree más en la propuesta populista que en un discurso moderado con matices “liberaloides”. Para un porcentaje mayoritario de los argentinos el populismo es un buen sistema de gobierno y el kirchnerismo lo practica con la mayor eficacia. Les gustaría que haya un poco menos de inflación pero, por el momento, siguen confiando en que el gobierno logrará resolver el problema. Tampoco les simpatiza mucho que Moyano bloquee a aquellos con quienes está enfrentado pero les parece un mal menor antes que un cambio global de políticas con resultados inciertos.

Por ahora, el futuro político de Argentina sigue estando en manos del kirchnerismo, que ha logrado neutralizar todos los intentos de la oposición por plasmar un plan alternativo. Aún estamos a tiempo de que esta situación se revierta de alguna manera, aunque no se ve cuál sería el camino para que eso suceda. Estamos en problemas y lo grave es que, hasta ahora, no se vislumbran soluciones.

Vargas Llosa realizó un profundo análisis de la realidad latinoamericana en Punta del Este. Acá están todos los detalles

El escritor liberal peruano Mario Vargas Llosa expresó ayer en una conferencia pronunciada en Punta del Este que “por primera vez en la historia los países pueden decidir si quieren ser pobres, o si quieren ser prósperos, si quieren ser libres, o si quieren ser cautivos. Imitemos lo mejor y pongámonos en acción”. Vargas Llosa hizo esa manifestación al final de su alocución, pasaje en el cual se hizo eco de conceptos que había escuchado del pensador Karl Popper, quien poco antes de morir había transmitido al propio literato peruano un mensaje optimista acerca del futuro de la humanidad, según lo relató el propio Vargas Llosa.

A lo largo de su pieza oratoria, Vargas Llosa tocó diversos tópicos, todos ellos relacionados con la realidad latinoamericana. La visión del escritor acerca de la situación de la región es, en el balance, positiva. “Haciendo las sumas y las restas, la situación de América Latina en nuestros días me parece positiva, y mucho mejor que la de antaño. Creo que la comparación no hay que hacerla con la América Latina ideal con la que soñamos, sino con la América Latina que fue, que hemos vivido, y la actual”, expresó.

“Hoy en día tenemos muy pocas dictaduras. Cuba y Venezuela, que no ha llegado todavía a ser una dictadura cabal, pero se acerca cada vez más al modelo cubano. Y luego tenemos regímenes como los de Bolivia, o Nicaragua, que apenas merecen ser llamados democracias. Sin embargo, tanto Venezuela, como Bolivia, como Nicaragua y algunas otras democracias latinoamericanas, que parecen serlo de una manera relativa y caricatural, tiene, y esa es la gran diferencia con las dictaduras militares del pasado, un origen democrático”, reflexionó el escritor.

Vargas Llosa se refirió especialmente al caso de Venezuela y planteó que “no podemos olvidar que el comandante Chávez está donde está porque no una vez, sino dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces los venezolanos lo respaldaron, incluso cuando ya sabían lo que el comandante Chávez quería hacer de su país, de la economía venezolana, de las instituciones venezolanas. ¿Qué pasó?”

El propio orador respondió su pregunta diciendo que “en lugar de ideas hubo pasiones, hubo instintos, hubo un gran desencanto con la democracia, que fue incapaz de satisfacer los anhelos, las expectativas que habían sido puestas por los venezolanos a partir de la liberación. Y eso que ha ocurrido en Venezuela, por desgracia, ha ocurrido en muchos otros países latinoamericanos. Para vergüenza nuestra, la de los peruanos, ha ocurrido en mi país. Un presidente elegido constitucionalmente a los dos años de subir al poder da un golpe de estado, destruye la democracia, y en lugar de ser excretado por la opinión publica, como deberían serlo todos los golpistas, y sobre todo los estadistas que traicionan su origen democrático, una mayoría de peruanos aplaudió y legitimó al golpista”.

Inmediatamente, Vargas Llosa hizo una autocrítica, al señalar que en América Latina hay una cultura autoritaria. Expresó entonces que “las dictaduras en América Latina han caído muchas veces como un accidente natural sobre los países, es verdad. Pero este no ha sido siempre el caso. Ha habido muchos otros casos que los historiadores disimulan, porque significan un baldón en la historia de nuestros países, en que los dictadores fueron recibidos con bombos y platillos, y con fuegos artificiales”

Pero luego el escritor dejó abierto un espacio para el optimismo, al señalar que “hay un fenómeno muy interesante y novedoso respecto al pasado, tenemos una izquierda y una derecha, que creen en la democracia, por lo menos actúan como si creyeran en ella. Eso en el pasado era muy raro. Las izquierdas democráticas, las derechas democráticas eran, generalmente, sectores tan minoritarios que no conseguían imponer la democracia. Eso, hoy en día, ha cambiado. Tenemos unas izquierdas que, en países como Uruguay, como Brasil, desde luego, en el Chile de la concertación, aceptas las reglas del juego democrático, las respetan, dejan abierta siempre la posibilidad de la renovación política. Y lo que es todavía más novedoso, en el campo económico han renunciado, discretamente, sin decirlo, a las recetas tradicionales de la izquierda para el manejo de la economía. Unas izquierdas que aceptan el mercado, que aceptan la disciplina fiscal, que alientan las inversiones, que en lugar de practicar la receta populista del desarrollo para adentro, abren sus fronteras, quieren exportar y quieren la economía del mundo venga a crear industrias y a desarrollar la economía nacional. Esa es una extraordinaria transformación. Hay sectores muy amplios de la izquierda que hoy en día son una garantía democrática y hay también una derecha democrática, que ya no cree que los militares deben resolver los problemas políticos de los países, sino que defienden el estado de derecho, defienden las instituciones democráticas, y están llevando a sus países a unos índices de crecimiento muy notables. Es el caso de Colombia, de Perú, de Chile, con Piñera, desde luego, y quizás lo más sorprendente es el caso de la mayoría de los países centroamericanos, una región del continente que fue como la tierra prometida del autoritarismo”.

Sin embargo, Vargas Llosa inmediatamente dio una voz de alerta, cuando expresó que “la corrupción es una plaga que recorre el continente de un extremo a otro. En algunos países de una manera mucho más acusada que en otros, pero no hay ninguno que se libre de esa plaga. La corrupción es un cáncer para la democracia. Nada desmoraliza tanto a una sociedad como comprobar que quienes han sido elegidos en comicios legítimos dedicados a la responsabilidad política, utilicen ese poder en tráficos ilegales, para enriquecerse, para privilegiar algunas empresas y algunos individuos sobre los demás”.

“El gran problema que tenemos los latinoamericanos para combatir eficazmente la corrupción es el desapego a la ley. Los latinoamericanos no creemos que las leyes están hechas para favorecer al bien común, siempre creemos que las leyes están dadas para favorecer a quienes mandan, a quienes tienen más influencia política, económica, militar, eclesiástica, o poder de cualquier tipo. Y que por lo tanto el respeto a la ley no goza de esa urgencia de tipo moral, cívica, que goza en los países verdaderamente democráticos”, reflexionó luego el Premio Nobel.

Vargas Llosa ratificó luego su conocida posición sobre la legalización del tráfico de drogas. “Un problema suplementario en el caso de la corrupción en América Latina es la industria del narcotráfico. La idea de que la mejor idea de combatir el narcotráfico es la represión es equivocada. Yo creo que hay ya pruebas suficientes en todos los años que llevamos padeciendo esa lacra, de que la represión no acaba con el narcotráfico, que la represión en cierta forma es un apego que permite que el narcotráfico haga cada vez ganancias más extraordinarias, y que sería ya hora de empezar a discutir sobre la posibilidad de una política totalmente distinta, una política de "descriminalización" del narcotráfico”, opinó.

En un terreno más conceptual, el escritor reafirmó su convicción en los valores positivos que contiene la propiedad. “No hay nada que haga sentir tanto la importancia de la legalidad y de la libertad a una persona, como ser propietario. La propiedad es el signo visible de la libertad, y lo es también de la legalidad, si una sociedad respeta la propiedad”, consideró.

Pasó luego Vargas Llosa a tratar el problema de la educación y entonces se refirió a la Argentina. “Una sociedad democrática crea igualdad de oportunidades de muchas maneras, pero principalmente a través de un sistema de educación pública de muy alto nivel. No se necesita ser Suecia ni Suiza para tener una gran educación pública. Lo tuvo un país latinoamericano, lo tuvo la Argentina. Hoy día, cuando vemos las tragedias que vive la Argentina nos olvidamos que alguna vez Argentina fue, no un país subdesarrollado, sino un país del primer mundo. Un país industrializado, cuando tres cuartas partes de la Europa occidental eran subdesarrolladas, un país que tuvo un sistema educativo que fue ejemplar para su tiempo. Un sistema educativo que en un momento logró prácticamente acabar con el analfabetismo en Argentina”, señaló.

Vargas Llosa se refirió, sobre el final de su exposición al concepto de libertad. Señaló al respecto que “la libertad es un proceso, es un quehacer, y nada hace que aumente más esa libertad, como la cultura. La cultura no solamente son los conocimientos determinados, es también el desarrollo de una sensibilidad, de una imaginación, de una fantasía. Todo aquello que viene a través de la educación, de la información, de la prensa, de lo medios, y por supuesto, a través de la familia”.

La solución al conflicto del campo es liberalizar los mercados

La Mesa de Enlace, que nuclea a los líderes de las cuatro centrales empresarias rurales (foto), ha acordado un cese de comercialización de granos por un plazo de una semana en rechazo a las limitaciones impuestas por el gobierno a las exportaciones de trigo. Una vez más, arbitrarias medidas dirigistas impulsadas por el kirchnerismo derivan en un conflicto con los productores rurales, como sucediera durante el resonante conflicto del año 2008. Una vez más, el sector más pujante, dinámico y competitivo de la economía argentina ve limitadas sus posibilidades de desarrollar su capacidad productiva como consecuencia del intervencionismo impuesto autoritariamente “desde arriba” por el gobierno filo-totalitario encabezado por la viuda de Néstor Kirchner, bajo la inspiración intelectual, política y espiritual de la memoria de su fallecido marido.

Una vez más, será el pueblo argentino quien deberá afrontar las conscuencias de este conflicto generado en la voracidad fiscal del gobierno, que aspira a determinar en base a cupos de exportación coercitivamente fijados por funcionarios del gobierno que responden al mandato del despótico secretario de comercio, Guillermo Moreno (foto), quien puede vender cereales, a quien se los debe vender y a qué precio. Las negociaciones de los dirigentes ruralistas con el ministro de agricultura, Julián Domínguez, estaban encaminadas hacia una solución del conflicto pero la intervención de Moreno –al igual que sucedió en muchas oportunidades durante el conflicto de 2008- impidió el acceso a un acuerdo que no era ideal pero que los líderes empresariales estaban dispuestos a aceptar.

Pero todo el problema se deriva de la concepción estatista, intervencionista y dirigista del gobierno nacional, que cree que está facultado para decidir con más eficacia que los operadores libremente en el mercado, las condiciones de las transacciones comerciales. El comunicado emitido por el Partido Liberal Libertario, expresa con exactitud la significación del problema, al señalar que “a pesar de las medidas de liberalización parcial del sector por parte del gobierno, la existencia de cupos, retenciones, regulaciones y prohibiciones, en un marco de persecución impositiva, continúa expropiando impunemente al sector más pujante de la economía nacional”.

Y acá debemos hacer un inciso para congratularnos de que claramente haya aparecido una voz que, en nombre del liberalismo, condene explícitamente la política económica del gobierno, como hace mucho que no se oía en la vida política argentina.

Más contundente aún es el tramo final del comunicado del PL, que señala que “es hora de que el Estado voraz deje en paz al campo que desde hace varios años es víctima constante del saqueo de sus legítimas ganancias con pretextos mentirosos y absurdos como la defensa de la mesa de los argentinos, mientras que en la realidad tienen como único fin incrementar las arcas del clientelismo político”. Desde este espacio donde día a día procuramos aportar una reflexión liberal acerca de la realidad política argentina, debemos decir que nos sentimos gratificados por claridad y la profundidad de la respuesta del Partido Liberal Libertario a este nuevo atropello del kirchnerismo.

Es imposible saber cómo concluirá este conflicto. El gobierno, pese a su declamada política de redistribución del ingreso, está operando a favor de los intereses de unas pocas empresas exportadoras de harina, a las que le pretende garantizar los precios por medio de regulaciones que claramente limitan la competencia en perjuicio de la capacidad de negociación de los productores.

Como siempre, la solución al problema es la liberalización inmediata y absoluta de los mercados, para que los productores agropecuarios puedan evaluar y decidir libremente sus inversiones, sus estrategias de producción y de comercialización y dispongan libremente de sus ganancias para reinvertirlas de acuerdo con sus propias percepciones acerca de las oportunidades comerciales que se presenten, según los datos que el mercado les transmita para determinar cuál es la demanda de los consumidores en cada circunstancia.

El conflicto con los ferroviarios tercerizados es una muestra representativa de la crisis general del país

Entre las cuestiones que han desencadenado conflictos políticos en los últimos tiempos, una de las más resonantes viene siendo la situación de los trabajadores llamados “tercerizados” en las empresas ferroviarias. Este conflicto se cobró ya dos vidas, la de Mariano Ferreira y la de un hombre de 70 años, de identidad no revelada, herido durante los incidentes del 23 de diciembre en Constitución. ¿En qué consiste este conflicto y qué análisis cabe hacer desde un punto de vista liberal?

Los llamados trabajadores “tercerizados” son un conjunto de empleados con los que las empresas ferroviarias cuentan pero que no forman parte del plantel estable de personal de esas empresas y trabajan bajo la modalidad de contratos firmados específcamente, lo que los deja al margen de los acuerdos que el gremio ferroviario establece como norma general de los trabajadores del sector. Las empresas aplican esta modalidad porque les resulta más económico, en particular porque se evitan todos los costos laborales adicionales que les genera el acuerdo con el gremio, que son costos que no suelen llegar al bolsillo de los trabajadores sino a la caja del sindicato y que alimentan la fortuna personal de los jerarcas gremiales. Los trabajadores “tercerizados” aspiran a ser sumados a la planta permanente de la empresa porque eso les da mayor estabilidad laboral y les suma algunos beneficios, tales como aguinaldo, vacaciones, indemnización y cobertura sindical. Inciden además en este conflicto cuestiones políticas porque los trabajadores “tercerizados” están representados por el Partido Obrero, fuertemente enfrentados con el gremialismo tradicional peronista.

Todo este conflicto se desarrolla sobre el trasfondo de la pésima política de privatizaciones desarrollada por el menemismo y por la “nafta” que constantemente arroja a este “incendio” el kirchnerismo. Cuando los ferrocarriles fueron privatizados, la intención era reducir la planta de personal, producir un fuerte proceso de inversión en infraestructura, mejorar el servicio y tornarlo rentable. Para que esto sea posible es necesario que las condiciones generales en las que el país se desenvuelva sean apropiadas. Porque en un país donde suceden los hechos que diariamente nos agobian a todos, resulta difícil imaginar que los ferrocarriles tengan la calidad de un servicio del primer mundo. Y dentro de este esquema se inscriben las relaciones de los concesionarios del servicio con su personal.

Tiene muy poco sentido privatizar las empresas de servicios públicos y, al mismo tiempo, mantener una legislación laboral de extracción tan nítidamente fascista. Seguramente, si la empresa tuviera la posibilidad de elegir, tercerizaría a casi toda su planta de personal para reducir los costos, eliminaría los improductivos gastos sindicales que no llegan al bolsillo del trabajador, probablemente desburocratizaría la organización interna de la compañía y podría disponer de recursos para reinvertir y mejorar la desastrosa calidad del servicio. En el balance global, probablemente habría menos trabajadores pero que ganarían sustancialmente más y habría más trenes –que quizá serían un poco más caros para el usuario en ventanilla aunque no debería pagar los subsidios que paga actualmente el estado- y toda la actividad se regularizaría. En este contexto hay seguramente conductas empresariales, bastante teñidas de prácticas dudosas y cuestionables, que también deberían ser revisadas.

Cabe decir, en síntesis, que este conflicto que afecta a los trabajadores “tercerizados” del ferrocarril, es una gran muestra representativa de los numerosos asuntos que deberían ser estructuralmente replanteados en nuestro país. No es con “parches” que todo esto se modifica sino con un gran replanteo global que implique una reinversión profunda del rumbo socialista que nuestro país viene llevando desde hace mucho tiempo, el cual debe ser reorientado hacia un ordenamiento donde el concepto de libertad sea el principio rector y la fuerza propulsora.

La intolerancia es el peor de todos los rasgos políticos kirchneristas

De las muchas formas de practicar la política que son habituales en el kirchnerismo, una de las más frecuentes consiste en echarle la culpa a otros de las situaciones que no son de su agrado. De ese modo, la oposición (personalizada en Duhalde, Macri, el Partido Obrero, etc.), los medios independientes, especialmente el Grupo Clarín y el diario La Nación, el campo, la década del ´90 o cualquier otro grupo o persona que resulte oportuno puede ser sindicado por el gobierno como culpable de algo que a la señora (y también a su marido, cuando vivía) o a sus esbirros les parezca merecedor de la condena oficial. Resulta oportuno dedicarle unas líneas a reflexionar acerca de este fenómeno.

Es evidente, en primer término, que quien le echa la culpa a los demás de algo desagradable que le sucede está reflejando una profunda inseguridad. Quien confía en sí mismo no busca constantemente culpables en supuestas conspiraciones ocultas de terceros que, imaginariamente, están confabulados para perjudicar al gobierno en nombre de intereses siniestros e inmorales. La verdad es que nadie conspira contra el gobierno pero sí es cierto que somos muchos los que estamos en desacuerdo con la gestión que el kirchnerismo desarrolla y por eso expresamos posiciones críticas.

Pero además, esta actitud del gobierno de atacar a los supuestos conspiradores y acusarlos de “destituyentes”, tiene un efecto muy perturbador sobre el clima político, provocando un marco de agresividad e intolerancia que no contribuye en nada a alcanzar acuerdos siquiera mínimos que permitan ir superando, de manera al menos coyuntural, las diferencias políticas, y definir cursos de acción alrededor de los cuales puedan alcanzarse consensos generales.

El problema de fondo es que el kichnerismo no quiere consensos, no quiere acuerdos, no quiere convivir con los adversarios políticos. Este es, indudablemente, el rasgo más definidamente antiliberal de la gestión del gobierno. Viene al caso recordar aquí ese pasaje de “La Rebelión de las masas” donde Ortega define al liberalismo como la “suprema generosidad” porque representa la voluntad de convivir con el enemigo y con la oposición, en particular si son débiles.

Este es probablemente el peor rasgo de la gestión del gobierno, independientemente de los contenidos propiamente dichos de su gestión. Porque, en definitiva, la libertad de mercados, la política internacional, la forma de paliar la crisis social, etc, son cuestiones opinables, que forman parte del debate político en cuanto tal y, en última instancia, es absolutamente legítimo que cada corriente tenga la posición que considere oportuna.

La política, en el marco de la democracia, implica el reconocimiento del pluralismo como un ingrediente central de la realidad vigente. Pero el kirchnerismo no es una corriente dispuesta a reconocer la legitimidad de quien disiente con sus posturas o planteos políticos. En ese contexto, la convivencia es imposible, esencialmente porque, al no haber voluntad de compartir espacios con otras corrientes se hace imposible siquiera negociar para convenir posiciones intermedias. Probablemente nada defina tanto la gestión del kirchnerismo como la ausencia de diálogo con la oposición. Se dirá que la oposición no tiene peso político como para que el gobierno la tenga en cuenta. Pero este es un argumento falso. El problema de la oposición es que tiene que tratar con un gobierno que no quiere reconocerle el lugar que le corresponde dentro del ordenamiento institucional. Entonces ¿qué pauta de relación es posible acordar con quien no quiere convivir?

Esta falta de voluntad de convivencia democrática es el peor de los rasgos políticos del kirchnerismo y es el primero de los cambios que deberán producirse en las etapas inmediatamente futuras de la vida política de nuestro país. Se trata de un cambio silencioso y nada espectacular pero, en rigor de verdad, sería revolucionario. Lo demás, lo sustancial, irá viniendo luego, gradualmente, por añadidura.

El reclamo de equilibrio fiscal en favor del pueblo podría ser una idea-fuerza con mucha convocatoria electoral

Uno de los problemas más usuales para el desarrollo de la acción política liberal radica en la dificultad para lograr que la población comprenda, apruebe y apoye la necesidad, la conveniencia, los beneficios del equilibrio fiscal. La posición respecto de las cuentas públicas es una de las diferencias esenciales del liberalismo con todas las corrientes populistas. Los liberales preconizamos y reivindicamos la austeridad y el equilibrio en los gastos del estado, en tanto los partidos populistas defienden y practican el derroche y el déficit estructural en las cuentas públicas. Naturalmente, el dispendio en los gastos estatales es pagado, en definitiva, por el pueblo, ya sea por medio de una presión impositiva asfixiante, una degradación de la calidad de los servicios prestados por el estado y, en última instancia, a través de la inflación.

Está muy claro que la actitud hacia el manejo de las finanzas estatales marca una diferencia entre la postura liberal y la posición de los partidos populistas y que la aplicación de los principios sostenidos por el liberalismo es beneficiosa para el pueblo, en tanto que las políticas desarrolladas por las corrientes populistas resultan perjudiciales para la población. La cuestión es que los liberales no hemos sabido extraer ventajas políticas de esa superioridad conceptual. Esto es lo que vale la pena analizar brevemente.

¿De qué modo los liberales podríamos comunicar apropiadamente nuestra postura acerca del manejo de los fondos públicos, de modo de extraer beneficios políticos y electorales de ese hecho? Hay un hecho que es un buen punto de partida y que en general los políticos liberales no han sabido explotar apropiadamente.

Las políticas en las cuales se gasta más de lo que se recauda siempre terminan provocando, a la larga, la necesidad de producir un ajuste. ¿Cuál es la forma de evitar el ajuste? Bueno, obviamente, equilibrando los gastos con los ingresos. Y ahí está la oportunidad que, en general, el liberalismo no ha sabido aprovechar políticamente.

No hay políticos que, claramente, sean identificables con la idea de que están procurando evitar la necesidad de hacer un ajuste que, en definitiva, lo tendrá que pagar el pueblo. La idea es insistir y machacar constantemente con el concepto de que se está gastando de más y que eso, finalmente, concluirá en un ajuste salvaje que afectará gravemente la calidad de vida del pueblo. Se trata de una idea simple pero sumamente rentable en términos políticos y electorales. Hay sectores de la población que responderían positivamente a un planteo en estos términos. Por lo demás, la argumentación que es necesario esgrimir para sostener sistemáticamente esa idea dejaría descolocados a los políticos populistas porque no tendrían forma de rebatir ese tipo de planteos, en particular si están sustentados en información sólida, que no es nada difícil de obtener para economistas entrenados, especialmente en niveles de desarrollo que no son muy profundos porque el debate político no demanda datos mayormente detallados.

El liberalismo nunca ha desarrollado buenas estrategias de comunicación, que le permitan aprovechar y capitalizar en términos electorales la consistencia de sus argumentaciones políticas. Parecería que los liberales, convencidos de que nuestras posturas son técnicamente correctas, creemos que no debemos esforzarnos para transmitir apropiadamente nuestras ideas. De ese modo, dejamos vacante un espacio que los radicales y los peronistas aprovechan para obtener la adhesión popular y asegurarse la ocupación del gobierno, con el consecuente efecto de que los problemas que afectan a nuestro país y perjudican al pueblo nunca tienen una solución satisfactoria. Hace muchas décadas que nuestro país está así. La solución a todos estos problemas pasa por la aplicación de políticas liberales. Pero hasta ahora, a pesar de que es relativamente fácil, los liberales no hemos sabido transmitir nuestros programas para lograr la indispensable adhesión popular para poder llevar adelante la transformación que nuestro país requiere.

Si el kirchnerismo gana en octubre, el país quedará en manos de Moyano

Si nadie hace nada para que la situación cambie, el kirchnerismo va a concluir por ganar las próximas elecciones. No se trata de que el pueblo mayoritariamente adhiera al oficialismo sino de que no están apareciendo alternativas. Hasta ahora, esto no era un problema grave porque había tiempo para generar esas alternativas. Todavía sigue habiendo tiempo. Pero los plazos son más estrechos que antes. Si de ahora a marzo o abril no surgen esas oportunidades, nos encontraremos con la situación de que, por falta de otras opciones, el pueblo tenderá a inclinarse por el kirchnerismo, no porque sea lo que le guste sino porque no habrá otra alternativa. El oficialismo tiene al menos la ventaja de que cuenta con una líder indiscutida, algo que no tiene el resto de las corrientes políticas, y siquiera una dosis de previsibilidad, algo que tampoco puede ofrecer nadie de la oposición.

Sería fantástico que hubiera una propuesta liberal pero se trata de una alternativa descartada por obvias razones de matemática electoral. Ante este cuadro de situación, es esencial que no gane el kirchnerismo. Si el actual gobierno ratifica en las urnas su supremacía, tratará por todos los medios de consolidar su proyecto hegemónico y cuasi totalitario. Un triunfo del kirchnerismo derivaría, casi con certeza, en una consolidación del papel político de Moyano, por ejemplo. Este es el peligro inmediato y contra esta amenaza es que sería deseable que aparezca alguna propuesta electoral lo suficientemente viable como para estar en condiciones de neutralizarla.

Aunque a los liberales no nos guste, la solución tiene que venir desde los partidos populistas. No hay otra alternativa. La expectativa más lógica es que la alternativa antikirchnerista se genere desde los propios sectores disidentes del peronismo. Como plan B, podría aparecer algún radical que no sea Ricardo Alfonsín. En su momento, Cobos parecía una alternativa viable pero las encuestas lo muestran alicaído actualmente y apareció el nombre de Ernesto Sanz, aunque tiene escasas chances de convertirse en un candidato presidencial potencialmente ganador porque la gente prácticamente no lo conoce.

Desde el peronismo, está claro que la alternativa al kirchnerismo tampoco puede ser Duhalde porque sus antecedentes lo condenan irremediablemente. No se vislumbra otro candidato a menos que Reutemann modifique su pétreo silencio y se lance a una candidatura presidencial. Otros, como Solá, Das Neves, Rodríguez Saa, etc. no tienen entidad como para resultar competitivos y, en el caso de ganar, ser capaces de gobernar y que el país no derive en una situación de anarquía.

Queda como alternativa el populismo de derecha representado por Macri pero si reproduce en el orden nacional las incoherencias y contradicciones en las que incurrió en su gestión como Jefe de Gobierno, va a durar dos meses en la Casa Rosada. Macri es un político que no tiene agotado su crédito pero por ahora una candidatura presidencial “le queda grande”. Otra posibilidad es que crezca la figura de la señora Elisa Carrió... Pero la pregunta que surge es ¿qué curso de gestión seguiría en el caso de acceder al gobierno? Carrió adquirió relevancia política como una figura caracterizada por sus sistemáticas denuncias y cuestionamientos hacia los demás pero jamás explicitó o al menos dejó traslucir una orientación definida de gobierno.

La conclusión de este análisis es que estamos sumidos en una incertidumbre que beneficia el gobierno, a sus planes de hegemonía política y, presumiblemente, al líder sindical Hugo Moyano que, en el caso de que el kirchnerismo revalide su victoria, encontrará seguramente la oportunidad –por medio de sus habituales métodos de prepotencia, arbitrariedad y patoterismo- de “copar” el gobierno y adueñarse de hecho del poder real, desplazando a todos sus competidores internos y sometiéndolos a su voluntad. Huelga decir que el futuro del país, en semejantes condiciones, sería catastrófico. La única solución posible es que alguien le gane las elecciones la kirchnerismo y luego consiga gobernar con razonable sensatez el país. Pero ¿quíen?

La ecuación "delito-condena" es la clave de la política liberal de seguridad

Cuando se debate en círculos liberales acerca de la política de seguridad, no suele haber ideas suficientemente claras, como cuando se tratan las cuestiones económicas. ¿Cuál es la metodología apropiada para reducir de manera efectiva los índices delictivos? Para responder a esta pregunta es importante, ante todo, elaborar un diagnóstico acertado.

¿Por qué ha crecido tanto en los últimos años el índice de delitos? La respuesta es, sencillamente, que el índice delictivo ha crecido notoriamente porque el delito es “rentable”... Esta consideración, que parece muy “economicista”, en realidad, sintetiza si no todo, gran parte del problema. Como la policía y la justicia son ineficaces en la prevención y la represión del delito, quien delinque tiene grandes probabilidades de eludir la condena y beneficiarse del producto de su crimen...

Si el acto de delinquir estuviera penado con dureza de manera efectiva, el delito no sería conveniente porque la pena resultaría más costosa que el beneficio obtenido a través del acto delictivo. Si un individuo comete un asalto y por ese asalto debe purgar una condena de un buen número de años, es mucho menos probable que cometa el asalto porque la perspectiva de sufrir una condena de mucha dureza obraría como un factor inhibitorio a la propensión a delinquir. Actualmente, como la policía es ineficaz y la justicia es permisiva, ese factor inhibitorio no opera y quien comete un delito tiene escasas probabilidades de ser detenido y, en el caso de que lo sea, tiene grandes probabilidades de quedar en libertad. De ese modo, el acto de delinquir se torna “rentable” y quien delinque encuentra, en los beneficios que la actividad delictiva le proporciona, incentivos para seguir delinquiendo.

La conclusión que extraemos de este análisis es que la ecuación “delito-condena” en la Argentina actual es beneficiosa para los delincuentes. El punto de partida para encauzar una solución de este tipo es revertir esa ecuación, de modo tal que se torne desfavorable para los criminales. Por lo demás, este enfoque del tema es consecuente con los principios filosóficos del liberalismo, ya que sitúa la causa del delito en la responsabilidad individual del delincuente y no en una supuesta “exclusión social” que conduce al individuo a delinquir como una forma de reivindicación frente a un ordenamiento social injusto.

Los liberales no estamos de acuerdo, no creemos en ese argumento socialdemócrata o “progre” de que los criminales son “víctimas del sistema”. Esto no es así. Los criminales son personas que, en vista de que han evaluado que eso es lo que les conviene, han elegido delinquir. Y, para desalentar la comisión de delitos, la política apropiada es aplicar sanciones duras de vigencia efectiva. No hay lugar para la “ternura” en el trato con los criminales, lo que no implica avasallar sus “derechos humanos” ni vulnerar su dignidad individual. El sentido de la política penal –de la cual la policía y la justicia son los instrumentos operativos- es producir una ecuación “delito-beneficio” que sea nítidamente desfavorable para el criminal, con el propósito de desalentar la comisión de delitos y, de ese modo, generar una disminución del índice de criminalidad que derivará, naturalmente, en que habrá mayor seguridad para todos los habitantes del país.

Es indudablemente necesario, para poder instrumentar una política de esta naturaleza, que las cabezas políticas del gobierno sean los primeros en practicar la honestidad y la decencia porque, de lo contrario, toda la cadena de órdenes queda desnaturalizada y contaminada por las irregularidades que surgen desde la cúpula. No se le puede pedir al policía barrial que se comprometa plenamente con la lucha contra la delincuencia si el Presidente de la Nación, el Ministro de Justicia, el jefe de policía y el comisario son deshonestos. La delincuencia y la corrupción se combaten “desde arriba para abajo”. De lo contrario, no hay modo de revertir la ecuación “delito-condena” en contra de la conveniencia de los delincuentes...

El avance del gobierno sobre EDESUR es "kirchnerismo de alta escuela"

El ministro de Planificación, Julio De Vido, ha anunciado que el gobierno analiza rescindir el contrato de concesión de la firma monopólica EDESUR como consecuencia de los cortes de energía sucedidos durante las últimas semanas. Seguramente, por medio de las argumentaciones sesgadas esgrimidas habitualmente por los operadores kirchneristas, el gobierno encontrará una extensa lista de razones para justificar esa hipotética rescisión. Seguramente, muchos de los motivos que el gobierno esgrimirá serán ciertos. Y será también cierto, indudablemente, que los incumplimientos de EDESUR se deben a la propia política que el gobierno viene desarrollando con el propósito de tornar inviable el desenvolvimiento de la empresa.

La posible rescisión del contrato de EDESUR encuadra con exactitud dentro de la metodología perversa que el kircherismo aplica habitualmente. El gobierno practica una política monetaria expansiva que genera inflación, no autoriza a la empresa a actualizar las tarifas, eso impide a la compañía contar con los fondos necesarios para hacer las tareas de reinversión y mantenimiento indispensables para sostener la calidad del servicio y, cuando se producen picos de consumo, la red colapsa. Al producirse ese colapso, el kirchnerismo acusa a la empresa de incumplir con el servicio y se agarra de esa acusación para impulsar la rescisión del contrato. Esto, en la terminología política argentina tiene un nombre y ese nombre es “kirchnerismo de alta escuela”.

Se trata de una metodología perversa e inmoral que define muy claramente cuáles son los criterios políticos con los que el kirchnerismo se desempeña. No es algo nuevo, es lo que ha tratado de hacer en otros casos y en algunos, como Aerolíneas Argentinas, lo ha conseguido. El propósito del gobierno, naturalmente, es ahogar a las empresas para tornarlas inviables y, de ese modo, poder disponer de ellas para operarlas en forma directa o cederlas en concesión a empresarios asociados al oficialismo. A los efectos de conseguir ese propósito, el gobierno cuenta con la disconformidad de los clientes, que ejercen una fuerte presión, impulsados por la frustración que les provoca la mala calidad del servicio que reciben.

Por supuesto que todo esto, aunque esté presentado bajo ropajes jurídicos y elegantes argumentaciones pseudo-económicas, no es otra cosa que una burda maniobra delictiva que no podría encontrar apoyo en ningún juzgado que esté a cargo de un magistrado imparcial. Pero como el gobierno cuenta además con un equipo de jueces oficialistas que avalan las trapisondas de los funcionarios, existe la posibilidad –según cuál sea el juzgado que tramite la causa que se inicie a raíz de este avance del kircherismo sobre EDESUR- que la justicia convalide la operación anunciada por De Vido.

Y no es del caso ejercer desde aquí una defensa de EDESUR, una empresa privatizada monopólicamente al amparo de las dudosas maniobras perpetradas durante la gestión de Menem. EDESUR está muy lejos de ser una empresa a la que quepa mencionar como ejemplo, al menos para aquellos que reivindicamos el liberalismo y el sistema de libre competencia. EDESUR es, en muchos sentidos, un ejemplo de todo lo que el liberalismo rechaza, un típico caso de capitalismo prebendario del tipo del practicado bajo a denominación “neoliberalismo” durante los años ’90. Pero a pesar de eso, tampoco podemos desde aquí convalidar las prácticas abusivas del kirchnerismo. Lamentablemente, el valor de la libertad de empresa en un marco de competencia puesta al servicio de los consumidores es un concepto que tiene pocos adherentes en nuestro país, con las lamentables consecuencias de que diferentes grupos empresariales de moralidad y legalidad discutibles se disputan el control de los servicios públicos sin la menor consideración por aquellos que deberían ser los verdaderos destinatarios de sus esfuerzos empresariales, es decir sus clientes. Es cada vez más evidente la necesidad de un replanteo de la metodología de gestión de los servicios públicos a los cuales corresponde orientar en dirección hacia un genuino sistema de libre competencia que privilegie los intereses de los consumidores por sobre las maniobras empresariales y gubernamentales solo dirigidas a la obtención de ganancias ilegítimas al amparo de estructuras monopólicas que no ofrecen la relación calidad-precio que un mercado libre y competitivo produciría.

Hay razones para creer que a fin de año estaremos mejor que ahora

El mayor problema político de la Argentina actual es, seguramente, la presencia del kirchnerismo en el gobierno. Esta consideración no significa que si se va el gobierno K “se arregla todo” pero es innegable que la presencia del kirchnerismo constituye un obstáculo que impide siquiera la discusión acerca de cómo se puede hacer para empezar a resolver los problemas. Desde este punto de vista, el año 2011 se perfila como el año en el cual el ciclo K llegaría a su fin.

Este es el punto donde suelen aparecer los argumentos en el sentido de que no se vislumbra con claridad qué gobierno podría sobrevenir en reemplazo del kirchnerismo. Hay también muchos liberales que sostienen que cualquier peronista o radical que acceda al gobierno no modificaría sustancialmente la situación respecto de la gestión desarrollada por el kirchnerismo.

Esta consideración está basada en la idea de que tanto peronistas como radicales expresan un pensamiento político estatista, incompatible con la orientación ideológica del liberalismo. Pero esa apreciación omite considerar otros aspectos contenidos en el problema.

El kirchnerismo no es un gobierno que sólo tenga inclinaciones estatistas sino que además tiene una concepción totalitaria y hegemónica de la acción de gobierno. El kirchnerismo es esencialmente antidemocrático. Y esa es la diferencia con otras corrientes que, si bien son básicamente estatistas, también están inscriptas en los lineamientos de la democracia y no tienen la inclinación a vulnerar las reglas democráticas para ejercer el poder. Este hecho, que no todos los liberales valoran debidamente, implica que las corrientes de oposición que podrían subseguir en el ejercicio del gobierno al kirchnerismo, necesitadas de asegurarse un consenso popular básico, presumiblemente corregirán por lo menos los más burdos de los desaciertos del kirchnerismo y, al mismo tiempo, dejarán despejado para debatir, en el contexto de la institucionalidad democrática, las cuestiones de fondo que tienen que ver con el rumbo general del país. En ese marco, el liberalismo presumiblemente podrá encontrar los espacios para hacerse oir, expresar sus propuestas y programas y ejercer influencia concreta acerca de la marcha del país.

El año 2011 se perfila, entonces, como el momento en el que quedará reabierto el debate democrático y eso es muy bueno para que el liberalismo encuentre un espacio favorable para desenvolverse. Es en este sentido que señalábamos al principio que el principal problema político de nuestro país es la presencia del kirchnerismo en el gobierno. La presencia del kirchnerismo en el gobierno impide el debate político genuino en cuyo contexto los liberales podríamos hacer valer la consistencia de nuestros argumentos y la validez de nuestros principios, basados en consideraciones racionales y realistas que están en condiciones de superar las posturas voluntaristas y arbitrarias de los partidos mayoritarios, los cuales tienden a desacreditarse en razón de sus propias contradicciones.

Mirado desde este punto de vista, debemos admitir que el año 2011 se vislumbra como un año positivo si es que se concreta el definitivo alejamiento del kirchnerismo del gobierno y se abre una etapa de mayor debate democrático que, bajo el régimen actualmente imperante es imposible porque la dinámica de confrontación que está impuesta no deja margen para debate conceptual alguno. Los liberales debemos mirar como un hecho positivo que se despeje el espacio para que el debate político se abra hacia una creciente dosis de racionalidad. Si, como es altamente probable, esto sucede, tenemos motivos válidos para iniciar el año 2011 con una mirada optimista y con esperanzas fundamentadas de que dentro de 365 días estaremos mejor que ahora.

¡Brindemos por el crecimiento de la presencia pública del liberalismo en 2011

Como sucede desde hace mucho tiempo, el liberalismo no tuvo protagonismo ni influencia efectiva alguna en la vida institucional argentina durante 2010. Sigue habiendo liberales en Argentina, en una cantidad limitada aunque con una sólida preparación técnica, pero el problema sigue siendo la dificultad no superada de transformar ese activo movimiento liberal en una corriente con peso político efectivo. No se han producido en 2010 novedades que modifiquen el escenario de los últimos años. La última presencia importante del liberalismo en el escenario político data de 2003, cuando la candidatura presidencial de Ricardo López Murphy atrajo al 18 % de los votos emitidos pero sin que ese caudal se consolide en la gestación de un proyecto consolidado. Poco después esa iniciativa se disolvió y el liberalismo no volvió a tener presencia política alguna.

En 2010, el liberalismo tuvo presencia a través del periodismo, por medio de algunos programas radiales (es destacable el trabajo realizado por FM Identidad) y publicaciones de buenos articulistas, la mayor parte de ellos referidos a temas económicos. Con sus respectivos matices, siguen existiendo diarios importantes y algunas revistas que incluyen frecuentemente contenidos con orientación liberal y una profusión de blogs y páginas web dedicadas a la divulgación del liberalismo. Por lo demás, ha habido, como es usual, abundante actividad académica por medio instituciones educativas que desarrollan carreras de grado y de posgrado donde se transmiten conocimientos liberales que en las universidades públicas están casi totalmente omitidos y un buen número de fundaciones que suelen organizar conferencias, seminarios, cursos y la edición de publicaciones que también contribuyen a mantener vigente en la sociedad argentina la presencia del liberalismo.

El problema, a lo largo de 2010, sigue siendo el mismo de siempre, en el sentido de que todo esto convierte al liberalismo en una suerte de secta encerrada en sí misma pero sin poder generar una adhesión que trascienda el círculo de los interesados directos.

Dentro de este escenario, merece ser destacado, en los últimos meses del año, la creación del movimiento “Libertad Querida”, impulsado por Eduardo Marty pero con buen acompañamiento de parte de muchos liberales de diferentes extracciones y formaciones intelectuales. Aunque se trata por el momento de una iniciativa muy incipiente, lo cierto es que se trata de un movimiento que muestra una saludable heterogeneidad y, al mismo tiempo, una muy buena predisposición –que no existía en tiempos anteriores- para priorizar las coincidencias en cuestiones de fondo por sobre las diferencias de detalle. El acto de lanzamiento del movimiento “Libertad Querida” fue indudablemente un hecho destacado a lo largo de 2010.

Es también interesante cómo viene desarrollándose la actividad del Partido Liberal Libertario, una agrupación política en proceso de formación e integrada por dirigentes muy jóvenes pero que va encontrando poco a poco los métodos de organización interna y de “trabajo de campo” en ámbitos públicos como para sacar al liberalismo del círculo reservado en el que suele moverse para proyectarse como tal y sin complejos ante el pueblo, con el propósito de llevar la disputa político al ámbito institucional por medio de la competencia electoral. En la foto, los afiches del partido en las calles de Buenos Aires.

Este conjunto de hechos da como resultado un balance similar al de todos los últimos años pero al mismo tiempo mostrando una pequeña luz al final del túnel, dejando entrever que quizá reaparezca esa dormida vocación por llevar el mensaje liberal al pueblo, más allá de las universidades y los círculos especializados. Quizá sea éste un promisorio punto de partida y cabe esperar que, en 2011, estos incipientes intentos de popularizar al liberalismo comiencen a mostrar resultados concretos. ¡Brindemos para que así sea!

Ataques del gobierno a los medios: la verdad en entredicho

Los medios de comunicación en general y el Grupo Clarín en particular son blancos usuales de las diatribas y acusaciones de los voceros kirchneristas. Con el propósito de dificultar la libre circulación de información, el gobierno ha impuesto la sanción de una “ley de medios” plagada de inconstitucionalidades y vulneraciones de derechos adquiridos, procura controlar la provisión de papel para diarios, ha atacado verbal y hasta físicamente para tratar de amedrentar a periodistas críticos y ha creado y procura ampliar un multimedios estatal que difunde informaciones deformadas a fin de presentar una imagen favorable al oficialismo. Todas estas maniobras no le han dado mayores resultados al kirchnerismo porque su imagen no ha mejorado sustancialmente y, como consecuencia de ello, el gobierno procura redoblar sus esfuerzos para lograr el control y la manipulación de la circulación de información.

El interrogante que cabe plantearnos es cuánta influencia verdaderamente tienen los medios de comunicación en el estado de ánimo colectivo. El argumento del gobierno es que su pérdida de adhesión por parte de la sociedad se debe al hecho de que los medios y en especial el Grupo Clarín deliberadamente informan falsedades con el propósito de socavar la base de sustentación política del kirchnerismo para defender supuestos intereses económicos contrarios al interés popular.

Según este enfoque, los argentinos somos unos necios que nos dejamos engañar por un grupúsculo de sinvergüenzas que, desde las profundidades de las redacciones, nos manipulan como marionetas e inoculan en nuestros cerebros venenosas creencias destinadas a servir a los oscuros intereses que esos siniestros personajes representan. Resulta oportuno que le dediquemos algunas líneas a analizar si esto es tan efectivamente así.

Nadie puede ser tan ingenuo de desconocer que los medios de comunicación son empresas cuyo desenvolvimiento está condicionado por intereses comerciales que eventualmente pueden ejercer una cuota variable de influencia sobre la línea editorial de las diferentes publicaciones. Esto siempre ha sido así y seguirá siéndolo mientras el periodismo exista. La pretensión de que el periodismo sea impoluto, inmaculado y exento de toda contaminación es una utopía irrealizable. La comunicación social es una realización humana y está sujeta a todas las grandezas y miserias que son posibles dentro del comportamiento humano. Los periodistas no somos “carmelitas descalzas”.

Pero hay un factor que el gobierno omite tener en cuenta y es el que le quita sustentación a los planteos del kirchnerismo. Ese factor es el hecho de que el principal insumo del que la comunicación social se nutre es la verdad. Un medio de comunicación cuyos contenidos dejen de ser verosímiles está irremediablemente condenado a muerte. Por lo tanto, si bien es cierto que el desenvolvimiento de los medios de comunicación está condicionado por intereses comerciales, también es incuestionable que las posibilidades de los medios de presentar informaciones falsas para defender determinados intereses tiene límites bastante acotados, ya que el falseamiento sistemático de los contenidos concluiría por comprometer la credibilidad y, por lo tanto, la propia supervivencia de quien actúa de ese modo.

Frente a este razonamiento, el gobierno podría argumentar que el problema radica en que la influencia de los medios de comunicación engaña al pueblo que, por ese motivo, desconoce cuál es la verdad. Y éste es el punto donde entramos en el terreno de la fantasía. Porque una cosa es que algunas publicaciones puedan sesgar el modo de presentar determinados contenidos para no afectar sus intereses comerciales y otra cosa muy diferente es informar falsedades. Los medios que verdaderamente son influyentes no pueden informar hechos ostensiblemente falsos porque, si lo hicieran, dejarían de ser influyentes.

Y aquí llegamos, finalmente, al núcleo de la cuestión. El propósito del gobierno al descalificar a los medios de comunicación es que los medios dejen de ser influyentes. De ese modo, el kirchnerismo tendrá un obstáculo menos para llevar adelante sus designios políticos. Pero el precio de que los medios de comunicación dejen de ser influyentes es que dejen de decir la verdad. Como los medios más influyentes se niegan a incurrir en el falseamiento sistemático de la verdad que el kirchnerismo intenta imponer, el gobierno no tiene más alternativa que tratar de desactivar a los medios que dan a conocer los hechos que son verídicos pero al gobierno lo incomodan.

La conclusión que se desprende de todo este análisis es que el conflicto que el gobierno mantiene con los principales medios de comunicación del país es, en realidad, una manifestación visible del conflicto que el kirchnerismo mantiene con la verdad. Los medios de comunicación son el vehículo a través del cual la verdad llega al pueblo y eso es lo que el gobierno procura impedir. Afortunadamente, la prédica del gobierno no tiene un eco lo suficientemente amplio como para llegar a desnaturalizar la libre circulación de la información y, por lo tanto, la verdad sigue estando al alcance del conocimiento público.

Quizá una buena forma de ilustrar la concepción que el kirchnerismo tiene de la comunicación social es comparar los programas 6,7,8, del Canal 7 y A dos voces, de TN. En el primero, sólo hay representantes del gobierno, que expresan las posiciones del oficialismo y descalifican sistemáticamente cualquier posición opositora. En A dos voces, los paneles son pluralistas, con representantes del gobierno y de otras corrientes políticas del país, como corresponde en un ordenamiento democrático. 6,7,8 es costeado con los dineros del pueblo, A dos voces es sustentado con los aportes de los abonados al cable y de los anunciantes que publicitan allí. Esta simple comparación es útil para entender cuál es el criterio que el kirchnerismo abriga como fórmula de comunicación social si pudiera imponerla. Lo que está en juego es nada menos que la posibilidad de que se siga conociendo la verdad. Con todos sus defectos, que los tiene y muchos, el sistema de pluralismo periodístico actualmente vigente es ampliamente más confiable que el modelo que propugna el gobierno.

"Los mitos setentistas", Agustín Laje Arrigoni anuncia un libro que desafía a la "historia oficial" sobre los años '70

Aparecerá en pocas semanas, fines de enero o mediados de febrero, el libro LOS MITOS SETENTISTAS - Mentiras fundamentales sobre la década de los 70, escrito por el joven ensayista cordobés Agustín Laje Arrigoni. Es oportuno decir que la sola aparición del libro y el tratamiento del tema constituyen hechos auspiciosos porque después de tres décadas en las que se ha construido una versión oficial falsa sobre los acontecimientos de la década de 1970, va llegando el momento de redefinir el contexto en el que todos aquellos acontecimientos se sucedieron.

Cuando recientemente el ex presidente de facto Jorge Videla declaró ante un juzgado que el líder radical de entonces Ricardo Balbín le hizo un guiño para que las Fuerzas Armadas derrocaran al tambaleante gobierno de la señora de Perón en un contexto de caos cien veces más grande que el que nuestro país padece actualmente, se generó un coro de reproches cuestionando las afirmaciones de Videla. Sin embargo, toda la documentación de la época –incluidas las declaraciones públicas del propio Balbín-demuestra que ese golpe de estado contó con un consenso muy amplio de parte de la dirigencia política y, por supuesto, también de la población, en vista precisamente de ese cuadro de caos en el que Argentina estaba inmersa a comienzos de 1976.

Sin embargo, la historiografía oficial posterior a 1983 inventó una versión completamente distorsionada de los hechos de aquellos años, según la cual los militares aparentemente de la nada se habrían levantado una mañana y arbitrariamente habrían decidido derrocar a un pacífico gobierno democrático. Para esa versión historiográfica oficial, todos los factores que convergieron para desencadenar el golpe de estado y la durísima represión posterior al terrorismo son elementos inexistentes. El libro de Laje Arrigoni se anuncia como un intento de impulsar, en base a documentación presentada en la propia obra, un revisionismo acerca de la versión oficial de la historia de aquella época.

Es indudable que el libro de Laje Arrigoni desencadenará polémicas y rechazos categóricos de aquellos que por interés, por prejuicio o por ignorancia sostengan la “versión oficial” de la historia de la década de 1970. LOS MITOS SETENTISTAS – Mentiras fundamentales sobre la década del 70 se perfila como un libro perturbador, de esos ante los cuales resulta difícil permanecer indiferente o ser absolutamente imparcial. Pero ojalá que el libro contribuya a clarificar la verdad, no una verdad ni una parte de la verdad sino la verdad objetiva, tal como los acontecimientos se desarrollaron.

La tesis central del libro, según la información que consta en la propia página oficial de la publicación, en facebook es que “en aquellos años se vivió una guerra interna entre las Fuerzas Armadas de nuestro país y organizaciones terroristas apoyadas y entrenadas por el aparato represivo de la Cuba del dictador vitalicio Fidel Castro” y que “las bandas guerrilleras hubiesen podido ganar la guerra y alzarse con el poder del Estado de no ser por el rechazo que padecieron por la mayor parte de la sociedad, la cual al mismo tiempo apoyó y aplaudió a las FF.AA”. Con respecto a la cuestión de las violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de facto, la misma página plantea el tema preguntándose y contestanto que “¿Hubo excesos por parte de los militares en la guerra antiterrorista? Laje sostiene que sí, los lamenta y reprueba profundamente. Pero los errores y horrores militares no incluyen en absoluto la cifra de 30.000 desaparecidos, ni un genocidio, ni terrorismo de Estado o plan sistemático de exterminio”.

Estamos, en definitiva, en vísperas de la publicación de un libro que puede convertirse en un revulsivo para cuestiones que se han convertido en tabú para la sociedad argentina. Bienvenidas entonces estas investigaciones que contribuyen a poner claridad y a destruir mitos y falsedades que confunden y distorsionan la historia reciente, condicionan el presente y ponen en riesgo el futuro de nuestro país y el bienestar de nuestro pueblo.

Se agota el crédito político de la Señora

Dos meses después de la muerte de Néstor Kirchner está claramente en evidencia que su esposa no está en condiciones de gobernar el país. El caos y la anarquía por los cuales nuestro país se está desbarrancando y que presumiblemente se acentuarán de ahora en más, demuestran que el ejercicio de la Presidencia de la Nación es una tarea que está más allá de las capacidades personales de la viuda de Kirchner. Cuando “él” (como “ella” lo llama) vivía, ella podía gobernar (a la manera kirchnerista, naturalmente) porque tenía alguien en quien apoyarse. Pero el paso del tiempo está evidenciando que sin “él”, “ella” no tiene capacidad política para ocupar la Presidencia.

El problema es que faltan once meses y medio para que se cumpla el término del mandato presidencial en curso. Esto implica que, durante este lapso, el país seguirá marchando a la deriva y cuestiones tales como la ocupación de los espacios públicos, la crisis energética, la inflación y otras calamidades similares seguirán teniendo lugar de manera cotidiana...

No se trata de hechos que nunca hayan sucedido. En rigor de verdad, Argentina ha pasado por crisis más graves que esta. En 1975/76, en 1982/83, en 1989 y en 2001/02 las crisis fueron más graves y, en definitiva, siempre apareció alguna solución, al menos coyuntural. Es bastante probable que, en el curso de 2011 también empiece a vislumbrarse alguna solución al cuadro en el que estamos actualmente inmersos. Es lógico que todavía no se perciba una solución alternativa a la continuidad del actual gobierno porque el crédito del kirchnerismo aún no está definitivamente agotado para el conjunto de la sociedad. Aún hay quienes –cada vez con menos convicción, por cierto- esperan que el actual gobierno logre revertir la crisis que se ha desencadenado. La perspectiva de una solución por fuera del kirchnerismo comenzará a aparecer cuando el crédito del gobierno se agote definitivamente para todos.

En un contexto de estas características, es poco lo que desde una posición liberal puede ofrecerse como aporte original. Estamos en un punto donde la cuestión en juego es el sostenimiento del andamiaje orgánico del país como institución formalmente organizada. En este contexto las cuestiones referidas a libertad económica, derechos civiles y otras similares que forman parte de los planteamientos habituales de los liberales dejan de tener vigencia porque la cuestión central tiene que ver con la garantización de una institucionalidad básica, donde todos los debates conceptuales están implícitos pero a la vez subordinados a la necesidad inmediata de preservar la propia existencia del país como estructura orgánica definida. El riesgo es la anarquización total de la sociedad, algo que no va a suceder porque hay recursos a los cuales acudir para impedir ese proceso de disolución política pero, de todos modos, la evitación de la anarquía es la cuestión prioritaria, que no deja margen para los debates conceptuales más profundos que el liberalismo habitualmente propone.

Nos vamos aproximando al momento en el que la actual estructura de gobierno se desmorone definitivamente. Se podría pronosticar que para el mes de marzo la situación se va a demostrar definitivamente irreversible aunque hace ya tiempo que pueden percibirse los obvios síntomas de deterioro. Sin embargo, todavía el gobierno procura dar respuestas orgánicas a la situación que diariamente se le torna más inmanejable. Llegará un momento en el que la situación se le terminará de ir completamente de las manos y entonces el escaso crédito que aún le queda se le agotará definitivamente. Ese será el momento en el que aparecerán, con vistas a las elecciones presidenciales del año próximo, las alternativas que permitan, al menos, superar la coyuntura. Una vez salvada esa situación, habrá margen para que los liberales planteemos las cuestiones de fondo a las que es necesario abordar para dar soluciones sustentables a los problemas que afectan a nuestro país.

Soluciones liberales para los cortes de energía

Entre los muchos ingredientes que componen el caos en el que Argentina está inmersa y que probablemente continúe durante todo el año 2011, se encuentran los cortes de energía, un “clásico” desde hace varios veranos que este año parece que viene inclusive con más fuerza que en temporadas anteriores. Afortunadamente para el gobierno, se han producido incidentes en Constitución, tomas de predios, disputas políticas con el gobierno de la ciudad, polémicas por el armamento policial y varios etcéteras más y, hasta el momento, la cuestión de los cortes de luz ha pasado bastante desapercibida. Pero el problema existe y, en cualquier momento, el sistema energético colapsa y tenemos un escándalo adicional a todos los motivos de zozobra que nos embargan. La cuestión es: ¿por qué hay escasez de energía?

La causa hay que buscarla en la política económica del kirchnerismo. Mal que les pese a muchos, lo cierto es que, después de las privatizaciones y las consecuentes inversiones realizadas durante el gobierno de Menem, el problema de la escasez de energía –que había hecho crisis en el último verano del gobierno de Alfonsín- se resolvió. Bajo la gestión de Menem –sin perjuicio de los muchos cuestionamientos que ese gobierno indudablemente merece- con un proceso de inversión sostenido y los precios estabilizados, se había logrado un buen equilibrio entre la prestación del servicio, la reinversión en mantenimiento y reposición de la tecnología, y rentabilidad. Con esos tres frentes bien cubiertos, el servicio de energía eléctrica funcionaba correctamente y los cortes sistémicos habían desaparecido (los cortes que hubo, incluso uno que duró muchos días en la Capital Federal eran producto de factores circunstanciales, no de fallas estructurales del sistema).

Con el colapso de la convertibilidad, la devaluación y la implantación del modelo instituido por Duhalde y profundizado por Kirchner, hizo su aparición en el escenario la "señora inflación" y la preocupación del gobierno por esconder ese problema, para lo cual instituyó la perversa maquinaria de compensar la pérdida de rentabilidad de las empresas por el congelamiento de las tarifas, con la entrega de subsidios. Pero los subsidios sólo compensaban la pérdida de rentabilidad pero no la reinversión en mantenimiento y actualización tecnológica. Por lo tanto, la red energética se fue quedando obsoleta y fue perdiendo calidad. Esa es, en esencia, la causa de los cortes de energía: el avejentamiento de la red. ¿Cuál es la solución? Bueno, la misma de siempre, fácil y conocida: la estabilización de los precios, la desregulación de la actividad y la libre disponibilidad de las ganancias por parte de las empresas. En ese contexto, el afán de lucro motorizará las inversiones que harán aumentar la calidad del servicio y el propósito de conseguir nuevos clientes impulsará a las empresas a ofrecer la mejor relación calidad-precio a los usuarios.

Todo esto es muy simple y es casi una respuesta “de manual” pero forma parte de la naturaleza de los problemas cotidianos con los que los argentinos nos encontramos y que tendrían una solución consistente y sustentable por medio de la aplicación de políticas de orientación liberal. Es necesario señalar, sin embargo, a modo de autocrítica, que no se suele escuchar a los representantes públicos del liberalismo que planteen este tipo de iniciativas, las cuales permitirían ir logrando una gradual revalorización del liberalismo por parte de la población, a favor de las ventajas competitivas que el liberalismo contiene a los efectos de la resolución de los problemas que afectan diariamente a la población de nuestro país.

Los cortes de energía son, en definitiva, uno de los problemas prácticos y concretos que afectan la calidad de vida de los argentinos, para los que el liberalismo tiene soluciones efectivas y duraderas. Los políticos liberales deberían saber aprovechar la solidez de los argumentos liberales para presentar esas soluciones ante la consideración del pueblo...